En 1997 la homosexualidad dejó de ser penada en el Ecuador. Dejamos de ser delincuentes, sí, y a pesar de los avances en materia constitucional a favor de nuestros derechos que se han dado desde aquel año, hoy 17 años después, seguimos siendo ciudadanas y ciudadanos de segunda.

La Constitución de Montecristi tiene seis años de vigencia, en ella se habla de igualdad, no discriminación y del reconocimiento de los derechos, pero ¿qué ha hecho el Estado y este Gobierno para cumplir dicho mandato en lo que respecta a las poblaciones LGBTI? La respuesta es sencilla: poco y nada.

Habrá quienes me cuestionarán duramente por esta aseveración, pues desde la lejanía de la comodidad de quien no se ha involucrado en el activismo LGBTI o no conoce de las luchas emprendidas en favor de nuestros derechos, puede verse a este Gobierno como el más abierto a las demandas de nuestras poblaciones, finalmente, el activismo LGBTI ha tomado fuerza y resonancia mediática como nunca antes en la historia del país; el Presidente se ha reunido dos veces con algunas/os activistas LGBTI y ha dado paso a que el Registro Civil registre la unión de hecho en las cédulas de ciudadanía. ¿No es acaso este Gobierno el que más ha hecho por los LGBTI? La pregunta vuelve a ser sencilla de responder: ¡NO!

Hagamos necesarias precisiones. El activismo LGBTI ha tomado fuerza en estos últimos dos años debido al cambio de estrategia y nuevos rostros, que han dado un giro a la lógica de un activismo primitivo, salvo muy pocas y respetadas excepciones, volcado principalmente al tema VIH-SIDA para conseguir financiamiento; y de visibilizarnos cada año en un desfile lleno de algarabía, colorido, música, carros alegóricos y semidesnudos. Un activismo que no habló de derechos civiles y que se quedó cómodamente situado en costear la vida de quienes supieron "aprovechar" el boom de las ongs, y que ha colaborado con el imaginario social de que las/os LGBTI somos "locas" que vivimos "alegremente" y que la mayoría tiene VIH como consecuencia de su vida "promiscua e irresponsable". Afortunadamente, este nuevo activismo no ha perseguido fondos y ha sabido abrirse importantes espacios con acciones contundentes y discursos sostenidos, teniendo como principal aliado a los medios de comunicación.

Ahora bien, que el Presidente se haya reunido con algunas/os activistas LGBTI no es lo cuestionable, sino que luego de siete años de Gobierno lo haya hecho y se lo quiera tomar como "el gran suceso de la historia".

La primera reunión devino en compromisos que no se cumplieron y en una sabatina dos semanas luego de dicha reunión, donde el Presidente hizo alarde de un profundo desconocimiento sobre el género y el feminismo y sus demandas: "¡Ya no es igualdad de derechos sino igualdad en todos los aspectos! O sea ¡que los hombres parezcan mujeres y las mujeres (parezcan) hombres! O sea... ¡Ya basta!", dijo en aquella ocasión. Interesante. De la segunda reunión (almuerzo), se desprendieron otros compromisos, uno de ellos solventar la negativa del Registro Civil a registrar como estado civil nuestras uniones de hecho. En menos de una semana, dicho tema se "resolvió" con una resolución del Registro Civil donde se da paso a que se registren las uniones de hecho en las cédulas de ciudadanía como "dato complementario del estado civil", un término inventado que no existe en nuestro ordenamiento legal. Si realmente hay la voluntad política para subsanar esto, la Asamblea Nacional debe aprobar reformatorias a las normas del Código Civil, Ley de Registro Civil y Ley que Regula las Uniones de Hecho para que sean coherentes con la Constitución en su artículo 68, que establece que las uniones de hecho generarán los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio; una tarea que el Legislativo no ha resuelto en seis años.

Hace pocas semanas varios colectivos LGBTI presentamos ante la Comisión de Justicia y Estructura del Estado nuestras propuestas de reformas al Código Civil, aprovechando que hasta ese momento la Asamblea parecía urgida de aprobar las reformas presentadas por dicha Comisión. Planteamos no solo que la unión de hecho sea un estado civil, sino que se diga explícitamente que es la unión entre dos personas como lo establece la Constitución; que se cree un libro adicional en el Registro Civil para su respectivo registro; que probar la existencia de la unión de hecho (ante cualquier percance al no haberla registrado) se dé a través de un simple trámite sumario y no de un infinito juicio ordinario y, lo más importante, que las/os niñas/os que nazcan en el seno de las uniones de hecho (sobre todo para el caso de uniones homosexuales) con métodos de reproducción asistida, sean reconocidos con el apellido de ambas madres o padres; es decir, que prevalezca el principio de voluntad procreacional.

Por una lógica elemental, uso mi caso como ejemplo. Qué pasa si un día mi pareja, Gabriela Correa, y yo decidimos tener un hijo/a; lo hacemos, y 10 años después yo muero; pues no solo que Gaby y nuestro hijo/a estarán dolidos por mi muerte, sino que tendrán que enfrentarse ante la dura realidad de ser separados, pues Gaby no sería la madre jurídica de nuestro hijo/a y, dada esa circunstancia, el Estado se lo quitaría y buscaría un pariente cercano mío al cuál entregárselo y, en ausencia de este, empezaría un proceso de adopción, frente al cual Gaby tendría que luchar años para lograr adoptar al niño/a que ayudó a criar por 10 años y con el cual tienen un lazo de amor más fuerte que la sangre. Las y los asambleístas de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado permanecen ciegos frente a esta realidad.

Frente a esto, lo más lamentable, ha sido el juego en el que han caído algunas/os activistas LGBTI de darle la razón al Gobierno al decir que si tenemos unión de hecho (que vemos que no es suficiente), ¿para qué luchar por el matrimonio?, o peor aun, enfrentar ambas formas jurídicas de protección a las familias a una lucha de clase social: se unen de hecho quienes salen de la "cueva" de algún lugar donde aún la "Revolución Ciudadana" no ha llegado; versus, quienes se quieren casar y son tildados/as como “sufridoras/es”, “odiadoras/es”, “peluconas/os” de “derecha” por el simple hecho de reivindicar nuestros derechos civiles y el principio de igualdad. Nada más absurdo y pobre de argumento que aquello.

Las personas heterosexuales se casan o deciden vivir en pareja sin casarse, independientemente de su nivel socioeconómico; y es esa libertad y ese derecho al que debemos tener acceso las poblaciones homosexuales. Pues somos las personas de orientación sexual diversa quienes no podemos casarnos, adoptar o registrar como hija/o mutuo a las/os niñas/os que nacen por métodos de reproducción asistida en el seno de nuestras uniones de hecho. Dos personas trans de distinto género entre sí, la una vestida de blanco y el otro con traje de frac, pueden casarse, tener hijas/os biológicos propios y registrarlos con el apellido de ambos sin problema, y adoptar, pues ante la ley, una pareja así  está constituida por dos personas de distinto sexo. No se pueden confundir las luchas por hacerle juego al poder.

Es cierto, hace 17 años que dejamos de ser delincuentes, pero parafraseando las argumentaciones del Tribunal de Garantías Constitucionales de aquel entonces, que declaró inconstitucional el inciso uno del artículo 516 del Código Penal diciendo que no somos delincuentes sino enfermos: para el Estado no dejamos de ser unos "enfermos" a los que hay que apartar del acceso de las instituciones de "bien" como el matrimonio.

Pamela Troya es activista LGBTI, y vocera de DIVERSIDAD, Red LGBTI Ecuador