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14 de Julio del 2020
Historias
Lectura: 18 minutos
14 de Julio del 2020
Redacción Plan V
Las deudas pendientes del Legislativo con la diversidad sexual
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A pesar de los pronunciamientos de la Corte Constitucional, los legisladores no adelantan la reforma de varias leyes clave.  Foto: Luis Argüello / Archivo PlanV

 

Aunque la Corte Constitucional ha emitido en los últimos años una serie de sentencias emblemáticas para la diversidad sexual, la Asamblea Nacional no ha realizado los ajustes necesarios en la legislación para que tengan plena vigencia. La Fundación Pakta, que defiende legalmente a algunos colectivos GLBT, realizó el inventario de las tareas pendientes del Legislativo en la materia. Piden que se analice destituir a los responsables de los incumplimientos.

Las deudas de la actual Legislatura con la diversidad sexual son varias. La necesidad de reformas en varias leyes importantes, como el Código Orgánico Integral Penal, el Código Civil y la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles siguen sin realizarse a pesar de las sentencias emitidas por la Corte Constitucional y de la la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que recomendó a los países del hemisferio ajustar sus legislaciones para evitar la discriminación a las parejas del mismo sexo. Y aunque en 2016 la Asamblea se comprometió, en una solemne resolución, con los derechos de la diversidad sexual, hasta el momento ninguna reforma legal se ha tramitado en el pleno del Legislativo. 

Mateo Ruales y Christian Paula son abogados de la Fundación Pakta. 

El pasado 8 de julio, los abogados Christian Paula y Mateo Ruales Espinosa de la Fundación Pakta, que agrupa a jóvenes juristas de la diversidad sexual, presentaron un escrito en la Corte Constitucional. Se trata de una solicitud para que la Corte realice un seguimiento del cumplimiento de sus disposiciones, la mayoría de las cuales, hasta el momento, no han sido cumplidas por la actual Asamblea Nacional. 

Según Pauta y Ruales, en la Constitución se menciona como competencia de la Corte Constitucional "Conocer y sancionar el incumplimiento de las sentencias y dictámenes constitucionales", así como también en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en los artículos 21 y  22 numeral 4 que inclusive faculta a los jueces constitucionales ordenar "el inicio del procedimiento para su eventual destitución". 

Para determinar si sus disposiciones han sido cumplidas, la Corte puede iniciar un proceso de Seguimiento de las Sentencias y Dictámenes Emitidos.

Pero este seguimiento no se ha realizado, destacaron los dos abogados. En efecto, Paula y Ruales señalan que la Corte Constitucional, a partir del año 2017 "emitió una serie de sentencias en las cuales se establecía una obligación directa a la Asamblea Nacional para legislar en función de los estándares e interpretaciones que esta Corte realizó a determinados derechos de la población LGBTIQ+". La mayoría de estas nuevas legislaciones aún no se tramitan, explicó a este portal Paula. 

los abogados Christian Paula y Mateo Ruales Espinosa de la Fundación Pakta, que agrupa a jóvenes juristas de la diversidad sexual, presentaron un escrito en la Corte Constitucional. Se trata de una solicitud para que la Corte realice un seguimiento del cumplimiento de sus disposiciones que no han sido cumplidas por la actual Asamblea Nacional.


Los activistas piden que el Legislativo organice mesas de trabajo con la diversidad sexual.
Foto: Twitter de Mateo Ruales

Cuatro sentencias clave de las que la Asamblea no se enteró

Los dos abogados han centrado su atención en cuatro sentencias emblemáticas, dictadas por la Corte Constitucional  el  27 de abril de 2017, el 10 de mayo de 2017, el  29 de mayo de 2018 y el 12 de junio de 2019  así como en el cumplimiento de la la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por ejemplo, la sentencia del 10 de mayo de 2017 trata sobre el cambio de la identidad en los documentos oficiales en beneficio de las personas intersex y trans dentro del Ecuador. La Corte reconoció al derecho a la identidad de género como un derecho fundamental que resulta de la aplicación del derecho al libre desarrollo de la personalidad y derecho a la identidad. Para aplicarla, se debería reformar la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles y la Corte dispuso que "en el plazo no mayor al de un año contados desde la notificación de esta sentencia,  la Asamblea Nacional adopte las disposiciones legales necesarias para regular el procedimiento de cambio de sexo de personas transexuales, observando los criterios vertidos por esta Corte en el análisis de los derechos constitucionales al libre desarrollo de la personalidad e identidad personal". Hasta el momento, la Asamblea no lo ha hecho, a pesar de que el plazo ya se cumplió. 

"El pasado 19 de mayo de 2020 serán tres años de incumplimiento de la Asamblea Nacional en aplicar lo dispuesto por la Corte Constitucional sobre este tema", dijeron los juristas gais.

Otro caso es la sentencia del 29 de mayo de 2018 (Caso Satya) en la Corte dispuso a la Asamblea que "como medida de garantía de no repetición, en procura de la tutela de los derechos de las mujeres y familia a su integridad personal, libertad reproductiva, y el goce de los beneficios y aplicaciones del progreso científico; se dispone en el plazo no mayor al de un año contado desde la notificación de esta sentencia, adopte las disposiciones legales necesarias para regular los procedimientos médicos de reproducción asistida en forma armónica con los preceptos constitucionales, observando para aquello los criterios venidas por esta Corte Constitucional en el análisis del derecho constitucional al reconocimiento de las familias en sus diversos tipos".

En ese mismo caso, la Corte dispuso a "los servidores administrativos encargados del registro de nacimiento que no podrán alegar falta de ley que reconozca expresamente la doble filiación paterna o materna, para desconocer los derechos a la identidad, la igualdad y no discriminación y al reconocimiento de los diversos tipos de familia, por medio de la negativa de inscripción". Pero al igual que en el caso anterior, recuerdan Paula y Ruales, "el pasado mes de mayo de 2020 se cumplieron dos años del plazo dado por la Corte Constitucional para la realización de las modificaciones legales que permitan a las parejas del mismos sexo el registro de sus hijos e hijas con sus apellidos" sin que la Asamblea se haya dado por enterada al respecto.

"El pasado mes de mayo de 2020 se cumplieron dos años del plazo dado por la Corte Constitucional para la realización de las modificaciones legales que permitan a las parejas del mismos sexo el registro de sus hijos e hijas con sus apellidos" sin que la Asamblea se haya dado por enterada al respecto.

Otra situación similar es la de la sentencia dictada por la Corte el  27 de abril de 2017 en donde solicitó a la Asamblea Nacional que desarrolle lo dispuesto en el artículo 81 de la Constitución que se refiere a los crímenes de odio.  En es caso, admiten Paula y  Ruales, la sentencia sí ha sido considerada en las reformas del Código Orgánico Integral Penal de 04 de diciembre de 2019. Pero señalan que "los cambios que se realizaron respecto a los procedimientos especiales y expeditos dentro de los artículos 641 al 646 se particularizan solo para “Procedimiento expedito para la contravención contra la mujer o miembros del núcleo familiar” dejando por fuera los “crímenes de odio” bajo los términos constitucionales del artículo 81.

Para los dos juristas, es importante que las reformas planteadas también mencionen a la comunidad GLBT como potenciales víctimas de delitos de odio por su orientación sexual e identidad de género, aspectos que quedan por fuera del texto que se propone.

Para los dos juristas, es importante que las reformas planteadas también mencionen a la comunidad GLBT como potenciales víctimas de delitos de odio por su orientación sexual e identidad de género, aspectos que quedan por fuera del texto que se propone.

Recordaron que Ecuador ya fue observado internacionalmente por el  Comité de Derechos Humanos enen 2016, cuando le recomendó "redoblar sus esfuerzos para combatir los estereotipos y prejuicios contra las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales y para garantizar que: se prevengan los actos de discriminación; se investigue, procese y sancione con penas apropiadas a quienes sean responsables de los actos de violencia en su contra de manera eficaz; y se otorgue reparación integral a las víctimas. Asimismo, debe redoblar sus esfuerzos para erradicar de manera efectiva la práctica de internamiento de dichas personas para someterlas a “tratamientos para curar la identidad sexual o la identidad de género"; adoptar las medidas necesarias para investigar, procesar y sancionar con penas apropiadas a los responsables de dichos “tratamientos”; y otorgar reparación integral a las víctimas, incluyendo rehabilitación e indemnización", medidas que la legislación ecuatoriana actual no contempla.

El pedido fue formulado también en 2017 por  el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Aunque la discriminación y los delitos de odio por orientación sexual ya constan en el Código Orgánico Integral Penal, para los dos abogados de la Fundación Pakta "el Procedimiento Especial y Expedito debe abarcar todas las categorías y tipos de víctimas que ordena la Corte Constitucional en su sentencia, considerando tipos de delitos y especificidades en las víctimas". "La población LGBTI merece ser incluida en la protección de Procedimiento Especial y Expedito por ser uno de los grupos protegidos por los Delitos de Discriminación y de Odio (Art.176 y 177 del COIP), además, que tres Comités de Tratados dentro ONU le han recomendado al Ecuador este tipo de protección específica por el nivel de violencia que aún vive esta sección de la población ecuatoriana" enfatizan.

Por otro lado, el 12 de junio de 2019 la Corte Constitucional emitió dos sentencias que reconocen el derecho de las parejas del mismo sexo  al matrimonio, en donde se dispusieron reformas al Código Civil y a la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles. En el caso del Código Civil, la Corte dispuso que el artículo 81 diga: "Matrimonio es un contrato solemne por el cual dos personas se unen con el fin de vivir juntos y auxiliarse" y el artículo 52 de la la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles debería decir: "autoridad ante quien se celebra e inscribe el matrimonio. El matrimonio es la unión entre dos personas y se celebra e inscribe ante la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación. Fuera del territorio ecuatoriano, se celebra e inscribe ante el agente diplomático o consular, si al menos uno de los contrayentes es ecuatoriano".


Más de 100 matrimonios igualitarios se han producido en el último año en el país. 
Foto: Luis Argüello / Archivo PlanV

En referente al matrimonio igualitario, la Asamblea debe reformar el Código Civil y a la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles pero no lo ha hecho aún. 

Pero como en los casos anteriores, las reformas no han sido hechas todavía. Y las dos leyes están igual que antes de la sentencia que posibilitó el matrimonio igualitario en el Ecuador.

Entre tanto, la Asamblea tampoco ha hecho nada para lograr la plena implementación de la Opinión Consultiva OC-24/17 titulada como “Identidad de género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo”, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, Costa Rica. "La obligación de la Asamblea Nacional para realizar cambios legislativos a favor de los derechos de la población LGBTIQ+ provienen de las más altas instancias judiciales nacionales e internacionales, es así que la Corte Constitucional del Ecuador y la Corte IDH han obligado al poder legislativo ecuatoriano tomar medidas para que estos derechos puedan plasmarse en los textos normativos", explicaron los dos juristas.

Buenos propósitos de los asambleístas

Paula y Ruales recordaron que el 16 de junio de 2016, luego del atentado criminal contra la discoteca gay Pulse en Florida, la Asamblea Nacional aprobó una resolución.

Los legisladores ecuatorianos resolvieron en esa ocasión "ratificar el compromiso del Estado Ecuatoriano para garantizar la aplicación de los derechos humanos fundamentales y constitucionales, la inclusión de políticas de acción afirmativa y la lucha permanente en contra de la homofobia, estigma y discriminación por orientación sexual e identidad de género". También se comprometieron a "impulsar la ratificación y cumplimiento de la Declaración sobre orientación sexual e identidad de género de las Naciones Unidas, en tanto este instrumento internacional reafirma el principio de no discriminación, y compromete a los Estados a la promoción y protección de los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su orientación sexual e identidad de género". 

Para Paula y Ruales, "esta resolución muestra la voluntad de la Asamblea Nacional en legislar a favor de la población LGBTI, sin embargo, hasta la fecha no se han visto avances legislativos sobre el tema desde la fecha de emisión de esta resolución".

Los dos abogados recuerdan que pidieron el 10 de mayo de 2018  a la Asamblea que certifique si ha realizado las modificaciones legislativas pertinentes. La respuesta de la Asamblea fue que hay un proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles dentro de la Comisión de los Derechos Colectivos, Comunitarios e la Interculturalidad, relacionada con los derechos de la diversidd sexual. Entonces, Paula y Espinosa pusieron una nueva solicitud, en este caso, dirigida al asambleísta Jorge Corozo quien presidía esa comisión en 2018. Les pidieron ser recibidos y que la Comisión legislativa conforme una mesa de trabajo con activistas y organizaciones. Hasta ahora esperan respuesta. 

Nuevamente, el 17 de julio de 2019 la Fundación Pakta volvió a ingresar otra comunicación solicitando que la Asamblea se pronuncie sobre qué había pasado con las reformas legales a las que estaban obligados por cuatro sentencias de la Corte Constitucional. 

Pauta y Ruales destacan que se encuentra en trámite la reforma al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, pero en el borrador para primer debate se constata que la Asamblea "vuelve a ignorar los mandatos de la Corte Constitucional, sin incluir las reformas ordenadas en las sentencias".

Pauta y Ruales destacan que se encuentra en trámite la reforma al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, pero en el borrador para primer debate se constata que la Asamblea "vuelve a ignorar los mandatos de la Corte Constitucional, sin incluir las reformas ordenadas en las sentencias".

"No existe voluntad en la Asamblea Nacional para cumplir con los mandatos de la Corte Constitucional", afirman los abogados de Fundación Pakta, quienes destacan que el artículo 84 de la Constitución obliga a la Asamblea a adecuar las leyes ecuatorianas a los derechos previstos en la Constitución y en los tratados internacionales, pero esta no ha sido una prioridad del actual Legislativo. También la legislación interamericana obliga a la misma tarea del Legislativo ecuatoriano, destacan. 

De ahí que los abogados de la Fundación Pakta han pedido a la Corte Constitucional que "determine el incumplimiento por parte de la Asamblea Nacional de las sentencias" y la "obligue a presentar una agenda de trabajo el 27 de noviembre de 2020, donde se indique a detalle los proyectos de reformas legales en aplicación de las sentencias objeto de la presente solicitud".

Pidieron que en su llamado de atención al Legislativo, la Corte pida a la Asamblea "la planificación de mesas de trabajo con activistas y colectivos LGBTIQ+ de Ecuador y la academia que permitan recabar las opiniones y perspectivas sobre las reformas legales", entre otros temas. También pidieron "un proceso de capacitación con la Defensoría del Pueblo y el Consejo Nacional de Igualdad de Género, en apoyo de la academia, sobre los derechos de la población LGBTIQ+ para todas y todos los funcionarios de la función legislativa, incluidos los y las asambleístas". Además, "realizar un acto de disculpas públicas el 27 de noviembre de 2020 por no haber acatado en el tiempo ordenado las sentencias objeto de la presente solicitud que benefician a la población LGBTIQ+ en Ecuador".

Finalmente, los dos abogados han solicitado además que "la Corte Constitucional llame a un peritaje para que estime las responsabilidades individuales y colectivas de los y las servidores de la función legislativa, incluido legisladores y legisladoras, sobre quienes recae la obligación de implementar las sentencias de la Corte Constitucional dentro de la Asamblea Nacional", que pueda llevar a destituciones de los responsables. 

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