Las reformas a los sistemas especiales de seguridad social que tienen tanto las Fuerzas Armadas cuanto la Policía Nacional están en su recta final.

Las reformas, que incluyen modificaciones de fondo a la manera en la que operan tanto el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA) cuanto el Instituto que sirve a la Policía (ISSPOL) serán discutidas en segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional en esta semana.

Se estima que grupos de militares retirados y familiares de militares en servicio activo realizarán protestas ante el Palacio Legislativo. Varios militares, tanto de asociaciones de oficiales retirados cuanto desde las filas de las Fuerzas Armadas, en especial, de la Armada del Ecuador, se han manifestado en contra de cualquier reforma a sus sistemas de seguridad social. El propio comandante general del Ejército, general de División Luis Castro, llegó a solicitar, en una ceremonia pública, en agosto, el archivo de las reformas, que han sido discutidas en el seno de la Comisión de los Derechos del Trabajador del Legislativo. 

Pero todas las protestas han sido desestimadas tanto por el Gobierno, que envió las propuestas de reformas, cuanto por los legisladores, en su mayoría oficialistas, que elaboraron el informa para segundo debate, que consta de  44 páginas tiene 92 artículos, tres disposiciones derogatorias y una final.


Fue el  presidente Rafael Correa quien el 18 de julio propuso reformas a ambos institutos, con la intención de reducir las desigualdades que, a criterio del Gobierno, se producen entre las pensiones de los uniformados cuando se retiran. El Ejecutivo cuestionó también que altos oficiales del Ejército ganen pensiones jubilares que alcanzan los cinco mil dólares, pagadas, según estimó, en su mayoría con recursos del Estado y no con el ahorro de los uniformados a lo largo de su carrera.

Una de las reformas más polémicas fue la reducción de los oficiales generales. Actualmente un general de Ejército, un general del Aire o un almirante (rangos de cuatro estrellas) pueden llegar a recibir al retirarse USD 4 890, pero la reforma establece que la pensión máxima será USD 2 013, que es el tope de los civiles afiliados al IESS.

Los incrementos de las pensiones ya no estarán atados al aumento de sueldos del personal en servicio activo, sino a la inflación. Los oficiales retirados que ganen más del techo de USD 2013, no recibirán aumento anual, según la reforma. 

La comisión de los Derechos de los Trabajadores recibió el ministro de Defensa,  Ricardo Patiño; al experto en Seguridad Social, Fabián Vallejo y al Comandante de la Policía Nacional, presidente del  ISSPOL.

Entre las reformas previstas en la norma constan aspectos como un cambio en la integración de los consejos directivos tanto del ISSFA cuanto del ISSPOL. 

Así los integrantes de esos consejos serán nominados por los ministros de Defensa y del Interior. Se establece que los delegados deberán tener títulos en tercer nivel y  conocimientos técnicos y sobre seguridad social. Los directores del ISSFA y del ISSPOL, serán elegidos de una terna presentada por los ministros, deberán tener cinco años de experiencia en gerencia y durarán cuatro años en sus cargos. 

En el caso del ISSPOL será el ministro del Interior quien lo presida, y no el comandante general de Policía como hasta ahora. 


Otra reforma propuesta por el Gobierno tiene que ver con la forma de calcular las pensiones. Se hará un promedio de los 60 mejores sueldos y no solo del último ingreso antes de la baja. 
Actualmente, la pensión se establece según el último sueldo que ganó el militar o policía en el servicio activo.

El Gobierno propuso también que los años de servicio en las Fuerzas Armadas y de Orden aumenten de 20 a 25 años. Esto regirá para quienes se enlisten a partir de la vigencia de la ley. Para quienes sirven actualmente, seguirán siendo solo 20 años. 

En otro aspecto de los cambios propuestos, el aporte mensual de los uniformados bajará del 23% de su sueldo al 11,45%   Lo mismo ocurrirá con el aporte patronal de los ministerios de Defensa y del Interior, que pasará del 26% actual al 9,15%. 

Finalmente, otra reforma clave consiste en un seguro de vida único para tropa y oficiales ​ Esto se debe a que la Ley del ISSFA, vigente desde 1992, fija montos diferentes para tropa y oficiales en caso de muerte o lesiones, lo que el Gobierno ha presentado como una clara muestra de desigualdad.

Actualmente, por la muerte de un oficial los deudos reciben USD 49 809, mientras que si el fallecido en el cumplimiento del deber solo era soldado de tropa se le asegura por USD 31 110.

Según la reforma, se pagará por muerte  USD 50 000 cualquiera sea el rango del militar. El mismo monto regirá para los policías. Para los aspirantes a policías y militares el pago será de USD 10 000.

Demandas, críticas y correos electrónicos

Ante el aluvión de protestas, que inclusive motivó un tenso contrapunteo con oficiales de la Marina de Guerra, que respondieron los correos de una campaña de mailing con la que el Gobierno intentó explicar el alcance de sus reformas, el presidente Correa admitió las severas tensiones que se han producido entre el poder civil y la fuerza pública, las más severas desde que Correa llegó al poder en 2007.

Fue en ese marco, que se produjo la polémica por la sanción al capitán de Corbeta Edwin Ortega, oficial de la Infantería de Marina con asiento en Guayaquil, quien contestó un correo al presidente instándole a que "no mienta" en el tema y anunciando que le había perdido "el respeto moral". Ortega, tras un cruce de demandas ante la justicia del Guayas, fue finalmente sancionado con diez días de arresto de rigor por parte del Consejo de Disciplina de la Armada. 

Varios oficiales llegaron inclusive a presentar, a título personal, acciones de protección en contra del ministro de Defensa, Ricardo Patiño, de la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, y de los 11 legisladores que integran la Comisión de los Derechos del Trabajador, con el argumento de que el mero trámite del proyecto legal en la Función Legislativa vulneraba sus derechos. Los reclamos fueron desestimados por la Función Judicial. 

Los asambleístas tampoco convocaron al Alto Mando militar a la Mesa, lo que aumentó el descontento de los oficiales, en especial, de la Armada. El jefe del Comando Conjunto, y los comandantes del Ejército, la Armada y la Aviación solicitaron ser recibidos, sin éxito. 

El ministro de Defensa, Ricardo Patiño, compareció ante la presidenta de la Comisión, la asambleísta de PAÍS  Marllely Vásconez, pero no se les autorizó participar a los generales y almirantes. 

El pasado 8 de octubre del 2016, en el enlace ciudadano, el presidente Rafael Correa volvió a explicar el tema, y dijo que las reformas solo afectarán a quienes ingresen a la fuerza pública luego de la aprobación de la ley.  “¿Qué tiene que hacer un uniformado administrando el Issfa, qué sabe un almirante de cálculo actuarial?”, sostuvo el presidente, al defender los cambios en la integración de los consejos directivos.