"El canciller puede decir misa", dijo César Ricaurte, director de Fundamedios, durante la rueda de prensa del 15 de julio de 2016, en la que algunas de las organizaciones de la sociedad civil que concurrieron a Ginebra, Suiza, sede del Comité de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hicieron un balance de las 33 recomendaciones que el Comité formuló al Estado ecuatoriano sobre la materia. 

Ricaurte estuvo acompañado por la activista política Martha Roldós, por la activista LGBT Pamela Troya, y por Karla Kalapaqui y Lotty Andrade, quienes representan a varias organizaciones sociales y de derechos humanos. 

La rueda de prensa tuvo cerca de 40 minutos de demora, debido, principalmente, a que la misma hora fue convocada una alocusión del Gobierno, en la Secretaría de Comunicación, con la participación del canciller Guillaume Long, la ministra de Justicia Lety Andrade, y el secretario de Comunicación, Patricio Barriga.

Las dos lecturas del mismo informe no pudieron ser más divergentes. Mientras para César Ricaurte y las activistas de derechos humanos calificaron como "contundentes"  a las recomendaciones de la ONU, para el canciller Long el informe fue "positivo" aunque se quejó de un cierto "sesgo".

Varios activistas dieron una rueda de prensa el 15 de julio de 2016 y comentaron el informe de la ONU.

Para César Ricaurte, las 33 recomendaciones formuladas por la ONU se concentran en tres ejes: la Comisión de la  Verdad, la libertad de expresión y reunión pacífica y la jurisdicción indígena. Ricaurte recordó que el Comité ha dado un plazo de un año al Ecuador para que tome medidas eficaces en cada uno de esos temas. Para el principal de Fundamedios, el informe de la ONU tomó nota de "sobre los casos de personas críticas al Gobierno, incluyendo periodistas y usuarios de redes sociales, que habrían sufrido acoso y amenazas luego de ser mencionadas específicamente por oficiales del Gobierno".

Una de las recomendaciones de la ONU cuestiona la Ley de Comunicación, por lo que Ricaurte sostuvo que "desde la sociedad civil, exigimos que la Asamblea Nacional inicie inmediatamente el proceso de reforma a la Ley de Comunicación, con participación activa de la sociedad civil, para garantizar el ejercicio pleno de la libertad de expresión".

Para Lotty Andrade, el informe de la ONU destaca que es necesario hacer más esfuerzos en el tema de la equidad de género, pero, en especial, mencionó que el informe cuestiona que el nuevo Código Integral Penal criminaliza la interrupción voluntaria del embarazo, por lo que respaldó la recomendación de la ONU en el sentido de que nuestra legislación penal debe permitir el aborto en casos de violación. 

De su lado, Pamela Troya trató el tema de la falta de información del Estado a la ONU sobre las acciones legales contra las llamadas "clínicas para curar la homosexualidad"e insistió en que el Estado debe combatir los estereotipos y prejuicios contra personas LGBT y garantizar que se prevengan actos de discriminación.

A su turno, Martha Roldós insistió en que las autoridades del Gobierno deben leer con atención el informe, en especial, en lo relacionado con la independencia de los jueces, pues, en el país, se ha habría perdido la autonomía de la Función Judicial en beneficio de presiones y agendas del poder político. 

Karla Kalapaqui, quien representa al Frente Popular y otros sectores sociales, destacó que la ONU ha observado el excesivo uso de la fuerza por parte del Estado en contra de las movilizaciones sociales, y su criminalización, con figuras como el sabotaje y el terrorismo. 

La ONU recomendó también el respeto a la jurisdicción legal de las comunidades indígenas, lo que también fue señalado por Kalapaqui.

Los activistas destacaron que la ONU lamentó la falta de información tanto verbal cuanto escrita de la delegación del Gobierno, que encabezó el canciller Long. Según los activistas, las recomendaciones son de cumplimiento obligatorio y el Estado tiene un año para implementar cambios, por lo que no se descarta la visita al país de relatores de derechos humanos de la ONU para analizar estos temas. 

La lectura del Gobierno

Por su parte, tres de los ministros del Gabinete del presidente Rafael Correa hicieron su propia lectura del informe. Para el canciller Long, el informe fue "muy positivo", aunque, según la agencia oficial "Andes", contrastó los términos de este informe en comparación con otros “muy severos” e incluso “demoledores”, realizados a algunos países, pero reiteró que en el caso ecuatoriano es un “muy positivo” y “que por supuesto hace recomendaciones que también son valiosas”.

Consideró que hay recomendaciones “de pronto menos objetivas”, que se basan en el ejercicio de organizaciones que "a veces se creen representantes de la llamada sociedad civil" y que en su opinión son organizaciones de la oposición “un poco disfrazadas de sociedad civil y ONGs, y que usan el membrete de derechos humanos para tener acceso a las Naciones Unidas”.

En Ecuador están registradas unas 77.000 organizaciones sociales, pero unicamente un grupo de seis, y que habitualmente activan en foros suprarregionales, fueron las que viajaron a Ginebra para presentar los denominados "informes sombra", precisó la agencia oficial. 

De su lado, el secretario de Comunicación, Patricio Barriga, defendió la Ley de Comunicación y aseguró que en el país no hay un solo preso por delitos de opinión.

Las recomendaciones más destacadas

Al inicio del informe, la ONU menciona, escuetamente, algunos aspectos positivos del sexto examen realizado al Ecuador. Entre estos, destaca aspectos como la "Adopción del Código Orgánico Integral Penal, en 2014; Adopción de la Ley Orgánica para los Consejos Nacionales para la Igualdad,en 2014; Adopción de la Ley para la Reparación de las Víctimas y la Judicialización de Graves Violaciones de Derechos Humanos y Delitos de Lesa Humanidad Ocurridos en el Ecuador entre el 4 de Octubre de 1983 y el 31 de Diciembre de 2008, en 2013; Adopción del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017; Adopción de la Ley Orgánica de Discapacidades, en 2012; Adopción de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en 2011;  Adopción del Plan Nacional Integral para erradicar los delitos sexuales en el sistema educativo, en 2011; Adopción del Plan Plurinacional para Eliminar la Discriminación Racial y la Exclusión Étnica y Cultural, en 2009, asi como la ratificación por parte del Ecuador de instrumentos como  el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el 20 de julio de 2010; El Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el 11 de junio de 2010; La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada, el 20 de octubre de 2009, entre otros. 

A continuación, el informe pasa a realizar 33 recomendaciones. Por ejemplo, sobre la igualdad de género, sostiene que "El Estado parte debe continuar e intensificar sus esfuerzos para garantizar la aplicación efectiva de la legislación y las políticas sobre igualdad de género existentes con miras a alcanzar la plena igualdad de derechos entre hombres y mujeres en todos los ámbitos, incluyendo en el ámbito laboral. Debe también adoptar medidas efectivas para aumentar la participación de las mujeres en los cargos de elección unipersonal a nivel local. Asimismo, el Estado parte debe intensificar sus esfuerzos con miras a eliminar los estereotipos de género sobre el papel y las responsabilidades de los hombres y de las mujeres en la familia y en la sociedad".

La ONU, en el tema de las minorías sexuales, sostuvo que "El Estado parte debe redoblar sus esfuerzos para combatir los estereotipos y prejuicios contra las personas LGBTI y para garantizar que: se prevengan los actos de discriminación; se investigue, procese y sancione con penas apropiadas a quienes sean responsables de los actos de violencia en su contra de manera eficaz; y se otorgue reparación integral a las víctimas. Asimismo, debe redoblar sus esfuerzos para erradicar de manera efectiva la práctica de internamiento de personas LGBTI para someterlas a “tratamientos para curar la identidad sexual o la identidad de género”; adoptar las medidas necesarias para investigar, procesar y sancionar con penas apropiadas a los responsables de dichos “tratamientos”; y otorgar reparación integral a las víctimas, incluyendo rehabilitación e indemnización".

Con relación a la violencia contra la mujer, la ONU consideró que "El Estado parte debe redoblar sus esfuerzos para prevenir y combatir todos los actos de violencia contra la mujer e investigar, procesar y sancionar con penas apropiadas a quienes sean responsables de tales actos. El Estado parte debe también redoblar sus esfuerzos para fortalecer las capacidades de los operadores de justicia en todo el territorio a fin de garantizar una respuesta adecuada a las denuncias y velar por que todas las víctimas obtengan sin demora una reparación y medios de protección adecuados. Asimismo, debe garantizar la supervisión continua de la aplicación del Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género con miras a alcanzar puntos de referencia específicos".

Sobre el tema del aborto, el Comité  hizo un llamado a "El Estado parte debe revisar el Código Orgánico Integral Penal a fin de introducir excepciones adicionales a la interrupción voluntaria del embarazo, incluyendo cuando el embarazo sea consecuencia de un incesto o una violación, aun cuando la mujer no padezca discapacidad mental, y en caso de discapacidad fatal del feto, y asegurar que las barreras legales no lleven a las mujeres a recurrir a abortos inseguros que puedan poner en peligro su vida y su salud. Asimismo, debe incrementar sus esfuerzos con miras a garantizar que las mujeres y las adolescentes puedan acceder a servicios adecuados de salud sexual y reproductiva en todo el país y reforzar los programas de educación y sensibilización sobre la importancia del uso de anticonceptivos y los derechos en materia de salud sexual y reproductiva".

El secretario de Comunicación Patricio Barriga, la ministra de Justicia Ledy Zuñiga, el canciller Guillaume Long y el viceministro del Interior Diego Fuentes comentaron el informe  de la ONU en nombre del Ejecutivo.

La ONU se pronunció también sobre la Comisión de la Verdad, y afirmó que "El Estado parte debe adoptar todas las medidas necesarias para agilizar las investigaciones judiciales relativas a los casos de violaciones de derechos humanos detallados en el informe de la Comisión de la Verdad y garantizar que los presuntos responsables sean juzgados y, de ser declarados culpables, sancionados de conformidad con la gravedad de sus actos. El Estado parte debe también incrementar sus esfuerzos con miras a garantizar que las víctimas y sus familiares tengan pronto acceso a una reparación integral, tomando todas las medidas necesarias, incluida la indemnización".

Sobre la independencia de la Función Judicial, la ONU recomendó: "El Estado parte debe incrementar sus esfuerzos con miras asegurar y proteger la plena independencia e imparcialidad de la judicatura, garantizando que pueda desempeñar sus funciones judiciales sin ningún tipo de presiones o injerencias. El Estado parte debe asegurar que los jueces no sean destituidos a causa de los contenidos de sus decisiones y garantizar la seguridad en el cargo de los jueces en actividad".

Con relación a la polémica Ley de Comunicación, el comentario de la ONU fue que "El Estado parte debe adoptar las medidas necesarias para garantizar el pleno y efectivo ejercicio del derecho a la libertad de opinión y de expresión en todas sus formas, de conformidad con el artículo 19 del Pacto. Al respecto, debe velar por que su legislación, en particular la Ley Orgánica de Comunicación, sea plenamente compatible con el artículo 19 del Pacto y que cualquier restricción del ejercicio de la libertad de expresión cumpla plenamente con las estrictas exigencias establecidas en el artículo 19, párr. 3, del Pacto y desarrolladas en la Observación general núm. 34 (2011) sobre libertad de opinión y libertad de expresión del Comité. Asimismo, el Estado parte debe ofrecer protección efectiva a todos aquellas personas que sean objeto de actos de acoso o amenazas por ejercer su derecho a la libertad de opinión y de expresión y asegurar que todas las alegaciones relativas a actos de esa naturaleza se investiguen de manera pronta, exhaustiva, independiente e imparcial y que los autores sean llevados ante la justicia".

Finalmente, y con relación a la justicia indígena, el Estado deberá "El Estado parte debe tomar las medidas necesarias para adoptar un marco legal e institucional específico que regule la división de competencias entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria y que garantice el respeto de los derechos e intereses de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, siempre asegurando el goce pleno por todos los miembros de esas comunidades de sus derechos en virtud del Pacto".

El Comité de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos finaliza su informe afirmando que "El Comité pide al Estado parte que presente su próximo informe periódico a más tardar el 15 de julio de 2021 y que incluya en dicho informe información concreta y actualizada sobre la aplicación de las recomendaciones formuladas en las presentes observaciones finales y del Pacto en su conjunto. El Comité pide también al Estado parte que, al preparar su próximo informe periódico, celebre amplias consultas con la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales que actúan en el país".