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24 de Agosto del 2016
Historias
Lectura: 11 minutos
24 de Agosto del 2016
María Teresa Galarza
Dos mujeres, un procedimiento, 48 horas lejos de casa

Fotograma de la película 4 meses, 3 semanas, 2 días.

 

En la falta de datos oficiales, actuales, claros y confiables que puedan ser analizados en un proceso de debate serio acerca de esas “excepciones adicionales a la interrupción voluntaria del embarazo”, recomendadas por el CDH-ONU, radica buena parte de las “imprecisiones” con las que se ha tratado el tema de la despenalización del aborto en el Ecuador, en general, y ciertas formas y modos del fenómeno, en particular. Imprecisiones que el propio presidente de la República, economista Rafael Correa Delgado, ha reconocido.

Una investigación acerca de las narrativas cinematográficas puede (tal vez debe) llevarla a una por caminos inesperados. Desde la distancia, se ven ciertas cosas más claramente.

 

El director y guionista Rumano, Cristian Mungiu, cuenta con una prolífica obra cinematográfica. En el 2007, una de sus películas más notables, 4 meses, 3 semanas y 2 días, ganó la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes. La historia está ambientada en la Rumania de los años 80, convulsionada por un régimen comunista, en el cual el aborto era un delito castigado con pena de muerte. En esa coyuntura en la que lo ilegal impone lo subrepticio, una amiga es “cómplice” de otra en el proceso de ejecución de su aborto clandestino. Contar el final arruina la película.

El título de este artículo, Dos mujeres, un procedimiento, 48 horas lejos de casa, bien pudiera ser el tagline  de la obra que otorgó el palmarés a Mungiu. Pero no lo es. Entre el 19 y el 21 de agosto del 2016, el hashtag de Twitter #TwoWomenTravel se volvió tendencia en varios países anglosajones. Dos mujeres, desde la cuenta  @TwoWomenTravel, en 28 mensajes de máximo 140 caracteres, dieron cuenta del viaje que realizaron desde Irlanda (país en el que, igual que en Ecuador, el aborto está penalizado) hacia Inglaterra. El viaje tenía como objetivo primordial de que una de ellas se realizara un aborto, en un país en el que éste no es considerado un delito penal sino un procedimiento médico.

En Ecuador, el aborto es un delito. El Código Orgánico Integral Penal, en su Artículo 149 establece pena privativa de la libertad para la mujer que causare su propio aborto o para aquella que diera su consentimiento para que otro lo ejecutara; en este caso, también se establece pena privativa de la libertad para la persona que realiza el procedimiento. El Artículo 150 anota las excepciones; el aborto no será penalizado cuando la vida de la mujer embarazada estuviere en riesgo, o cuando el embarazo es consecuencia de violación a una mujer con discapacidad mental.

El Estado parte debe revisar el Código Orgánico Integral Penal a fin de introducir excepciones adicionales a la interrupción voluntaria del embarazo, incluyendo cuando el embarazo sea consecuencia de un incesto o una violación: recomendaciones del Comité de DDHH de la ONU.

A grandes rasgos, el debate sobre el aborto, en Ecuador, como en Irlanda y en otras partes del mundo, se puede resumir en dos posiciones contrapuestas: por un lado, la de los autodenominados grupos “Provida”, que proclaman la existencia de la vida (virtual y posible, cuya individualidad se confirmará con el nacimiento) desde la concepción; vida que consideran distinta a la de la mujer embarazada y, por tanto, estos grupos destacan la obligación estatal de velar por “ella”.

Por otro lado, están los grupos “Pro-Decisión”, que defienden el derecho de la mujer, en tanto que vida actual, material y concreta, a elegir sobre su propio cuerpo y lo que ocurre dentro de éste y a decidir cuándo y cuántos hijos tener. Estos grupos destacan la obligación estatal de generar la condiciones que garanticen ese derecho a decidir.

El debate es complejo y, en el Ecuador, en años recientes, durante las discusiones acerca del Código Orgánico Integran Penal (COIP), mostró sus muchas aristas, entre lo social y lo biológico, lo político y lo teológico. Siendo un tema altamente polémico, encuentra uno de sus puntos críticos en la discusión acerca de la despenalización del aborto, cuando el embarazo fuera resultado de violación o incesto, o cuando se comprobare malformaciones graves (incluso, potencialmente fatales) del feto.  

Recomendaciones del Comité de DDHH de las Naciones Unidas. Ver el PDF aquí

A propósito del tratamiento que el COIP otorga al tema del aborto y de los resultados de la aplicación del Código, vale mencionar que el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (CDH-ONU), en la sesión No. 3294, celebrada el 11 de julio de 2016, emitió una serie de “Observaciones finales sobre el sexto informe periódico del Ecuador” . Entre éstas y bajo el subtítulo de “Principales motivos de preocupación y recomendaciones” se incluye la siguiente:
"16.

El Estado parte debe revisar el Código Orgánico Integral Penal a fin de introducir excepciones adicionales a la interrupción voluntaria del embarazo, incluyendo cuando el embarazo sea consecuencia de un incesto o una violación, aun cuando la mujer no padezca discapacidad mental, y en caso de discapacidad fatal del feto, y asegurar que las barreras legales no lleven a las mujeres a recurrir a abortos inseguros que puedan poner en peligro su vida y su salud. Asimismo, debe incrementar sus esfuerzos con miras a garantizar que las mujeres y las adolescentes puedan acceder a servicios adecuados de salud sexual y reproductiva en todo el país y reforzar los programas de educación y sensibilización sobre la importancia del uso de anticonceptivos y los derechos en materia de salud sexual y reproductiva.

En función de estas recomendaciones y de varias, en la misma línea, emanadas previamente por otras instancias internacionales (la CEDAW y el Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha (CAP), Dr. Ramiro García Falconí y la Directora del Observatorio de Género y Diversidad del CAP, Dra. Pilar Rassa solicitaron a la Asamblea Nacional, mediante oficio, la despenalización del aborto en caso de violación, incesto e incapacidad fatal del feto. El pedido formulado desde el CAP está amparado, entre otras cosas, en los resultados de la más reciente Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres, realizada por el INEC. El levantamiento de datos efectuado entre noviembre y diciembre de 2011, arrojó que “En Ecuador 1 de cada 4 mujeres ha vivido violencia sexual.”  Cabe anotar que la encuesta se planteó como “unidad de análisis” a las mujeres mayores de 15 años. En ese horizonte, se puede comenzar a entender las dimensiones ocultas de la problemática del aborto por violación. Si consideramos, también que esta encuesta no ahondó en temas de violencia intrafamiliar (concentrándose, más bien, en explorar la violencia de género desde la perspectiva de las relaciones de pareja) se puede entender que tampoco haya aportado mucho al establecimiento de una línea base acerca de la incidencia del embarazo/aborto por incesto en el país.

En la falta de datos oficiales, actuales, claros y confiables que puedan ser analizados en un proceso de debate serio acerca de esas “excepciones adicionales a la interrupción voluntaria del embarazo”, recomendadas por el CDH-ONU, radica buena parte de las “imprecisiones” con las que se ha tratado el tema de la despenalización del aborto en el Ecuador, en general, y ciertas formas y modos del fenómeno, en particular. Imprecisiones que el propio Presidente de la República, economista Rafael Correa Delgado, ha reconocido. 

El invisibilizar o relativizar la violencia sexual ejercida contra la mujer ecuatoriana, desconociendo sus proporciones y posibles consecuencias, puede llevar a extremos insospechados.

Difícilmente se puede llevar adelante un debate serio acerca de la despenalización del aborto en general o, en particular, de las “excepciones adicionales” que podrían ser planteadas para despenalizar el aborto en circunstancias de violación, incesto o discapacidad fatal del feto, si no se cuenta con los datos necesarios para dimensionar más claramente una problemática oscurecida por el estigma social.

El invisibilizar o relativizar la violencia sexual ejercida contra la mujer ecuatoriana, desconociendo sus proporciones y posibles consecuencias, puede llevar a extremos insospechados; como por ejemplo, en el caso de la entrevista al mandatario, puede conducir a definir el “aborto clandestino” como propio del “adulterio” (cabría preguntarse, entonces, si la vida concreta-real de una mujer adúltera vale menos que la vida concreta-real de un hombre adúltero, o de una mujer no adúltera -soltera, casada-, o de un hombre no adúltero). Tal invisibilización puede, además, afianzar posturas marcadamente patriarcales que sostienen que las acciones de las mujeres (su conducta y el ejercicio de sus derechos) deben ser revisadas desde el prisma de la “vergüenza”. 

Retomando los cinéfilos inicios de esta reflexión, debo decir que yo, como otros,  no concibo a la cinefilia como una relación con el cine, sino como una relación del mundo a través del cine. Y desde allí, procuro proponer otras lecturas de lo social y político, más o menos mediadas por imágenes y textos de distintas latitudes. En esta línea, vale la pena decir que lo que pudo haber sido el perfecto tagline de la cinta de Mungiu, Dos mujeres, un procedimiento, 48 horas lejos de casa, da cuenta, en 28 tweets, de una realidad que enfrentan muchísima mujeres en todo el mundo, de modos muy diversos (dependiendo de recursos, de servicios disponibles, de contextos culturales, de otros factores). El objetivo manifiesto del recuento que estas Dos Mujeres... hacen de semejante viaje, se resume en un largo texto (en inglés) incluido como imagen en su tweet número 28 (del 22 de agosto de 2016, a las 7:15, cuando el viaje ya ha concluido), yo retomo un extracto de este texto: “Queríamos mostrar la ordinariedad de la situación, queríamos mostrarla por lo que es, una serie de salas de espera, momentos en tránsito, una secuencia de tedios prolongada por estigma.”

Ojalá que la solicitud presentada por el Colegio de Abogados de Pichincha, que coincide con las recomendaciones formuladas por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas al gobierno ecuatoriano, sea recibida y revisada por las autoridades pertinentes, con la seridad y urgencia que demanda una realidad social desatendida, por una serie de prejuicios disfrazados de “imprecisiones”. Ojalá que el padecimiento de muchas mujeres que, por razones insospechables, se juegan la vida a diario sometiéndose a abortos clandestinos no siga siendo “un prolongado estigma".

@MaiteGalarza

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Dos mujeres, un procedimiento, 48 horas lejos de casa
 


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