El operativo fue calificado, con ese curioso criterio que se tiene en nuestro medio para los adjetivos, como "inédito". Por lo menos 130 policías con tres perros, supervisados por fiscales, entraron al Colegio Mejía de Quito en busca de drogas. De aula en aula, de piso en piso, desde los salones oscuros y frios de la primera planta hasta los soleados del tercer piso, recorrieron el antiguo edificio neoclásico, subieron por las escalinatas de piedra andesita, hicieron sonar con sus pasos los pisos de madera vieja, que crujen cada vez que los colegiales salen o entran de clases.

Apilaron las mochilas de los chicos y chicas que asisten al centenario colegio laico, y pasaron a sus perros antidrogas, a ver si encontraban algún traficante agasapado entre las salas de clase. Los canes policiales se pasearon por sobre las pilas de mochilas de los alumnos del colegio fiscal, moviendo la cola, mientras sus amos estaban atentos al gesto que los animales amaestrados hacen cuando encuentran un paquete de estupefacientes.  

Revisaron luego las bancas de metal, que abiertas como están por todos los costados, no dejan lugar alguno para esconder nada. Miraron en el escritorio de los profesores, en los quicios de las ventanas, en el pequeño basurero que hay en cada aula, en algún agujero en los pisos. En las aulas del Mejía no suele haber ni más muebles ni más adornos. Pronto se quedaron sin lugares en donde mirar, y sus canes, con ademán de perruno aburrimiento, miraban para otro lado, porque en la gran cantidad de mochilas solo olían cuadernos y, tal vez, la ropa de educación física de los que tenían esa clase después del recreo. 

Los resultados del operativo "inédito" en el Colegio Mejía fueron insignificantes: en el colegio de 6000 alumnos encontraron en poder de cinco de ellos: "cinco fundas que contenían en su interior base de cocaína, marihuana y cripy respectivamente, un puñal, una tijera, un cuchillo, un estilete, cuatro cuchillas pequeñas envueltas en papel, una botella de licor, seis cervezas, una cartera, varias pipas, un artefacto supuestamente utilizado para moler marihuana, dos goteros de colirios, una fosforera, y dos tabacos consumidos con droga". No se han visto operativos similares -parafernalia imponente de policías y fiscales con todo y sus mascotas- en ningún colegio privado o religioso de la ciudad.

Pero evidenciaron, según un estudio de Carla Álvarez Velasco publicado por Wola, una de las contradicciones del régimen correísta: lo que parece un viraje a la derecha -otro más- en la política de drogas del país. 

Para la autora del informe, hay puntos favorables en algunas reformas legales impuestas -sin casi ningún diálogo y "desde arriba" dice-  por el correísmo. La llamada "Ley 108" que aparecía como un lunar en el sistema legal ecuatoriano, pues no respetaba la proporcionalidad de las penas -daba lo mismo matar que ser narcotraficante, pues la pena era de 12 a 16 años- había sido criticada por abogados desde el momento mismo de su puesta en vigencia, como ejemplo de la sumisión absoluta de los gobiernos de la época hacia la política antidrogas de los Estados Unidos. 

La Ley 108 no hacía distinción alguna entre los consumidores o adictos a las drogas y los grandes capos de los cárteles. Todo aquel que estuviera, de una manera u otra, involucrado con sustancias ilícitas debía ir a la cárcel, sin que hubiera posibilidad de mayores alegaciones. Un esquema legal que, señala Álvarez en su análisis, no dejaba de ser bárbaro y de evidenciar la imposición a los países andinos de una concepción sobre la lucha contra las drogas que no se detenía en matices. 

Con el advenimiento del correísmo, a partir de 2009, señala la autora, se producen una serie de acciones orientadas a recuperar un manejo soberano de algunas políticas públicas, como la referida a las drogas. Las tensiones diplomáticas con Estados Unidos, que se evidencian en un alejamiento de las políticas impuestas desde Washington, y en la expulsión de algunos funcionarios de la Embajada norteamericana, envían la señal de que el Gobierno de Correa está decidido a desmontar el control antidrogas cuya materialización más evidente era la base de los guardacostas norteamericanos en el aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. 

La medida más importante en esa línea, señala Álvarez, se produce en 2009, con una reforma legal que promueve la liberación de más de 2000 personas detenidas por ser "mulas" de drogas. La medida, señala la autora, fue acertada, pues la reincidencia de los liberados por este delito ha sido apenas del 1%. 

Un segundo momento de la flexibilización de este esquema viene dado por las normas contenidas en el nuevo Código Integral Penal. La nueva norma diferencia, precisa la autora, entre los grandes narcotraficantes y productores de sustancias ilícitas, por un lado, y los campesinos por otro. Distingue, también, entre un adicto que lleva encima una pequeña cantidad para su consumo personal, por una parte, y un microtraficante que maneja dosis para la venta en un barrio. Y al establecer estos matices, ausentes de la Ley 108, permite que las penas se ajusten a las verdaderas dimensiones de cada delito. 

Por ejemplo: mientras un vendedor de drogas de barrio arriesga una pena de seis meses, los grandes capos de un cartel podrían ir a la cárcel hasta 13 años. Para Álvarez, hay un avance evidente en estas normas, que beneficiarán además, al aplicarse la leyes más benignas, a quienes se encuentran presos tras ser juzgados con la Ley 108 en el pasado. 

El caso de un procesado por tener en su casa doce plantas de marihuana para su cultivo personal, por ejemplo, evidencia que la Ley 108 fue el instrumento de una criminización sin criterio. Esta misma persona, señala la autora, podría beneficiarse de las nuevas normas, que permiten el cultivo para uso personal. 

El giro a la derecha

Pero mientras, por un lado, hay reformas legales que parecen flexibilizar el tema de las drogas en el país, por otro lado, asegura la autora, la Policía y el sistema judicial siguen aplicando criterios draconianos. Aunque se han publicado tablas que establecen, de forma precisa, la cantidad de drogas que es punible y la que no, seguirían ocurriendo casos en el país en el que se penaliza la tendencia de drogas para consumo personal. 

Al mismo tiempo, las campañas de requisas en los colegios fiscales de Quito y Guayaquil, dirigidas en su mayoría en contra de los colegiales de las clases populares; las redadas -con o sin motivo- en las fiestas de adolescentes -las denominadas "caídas"- en busca de jóvenes teniendo sexo o bebiendo; la apelación a las normas moralistas del Código de la Niñez y Adolescencia y hasta la emisión, por parte del Ministerio de Educación, de un acuerdo ministerial que no hace distinción alguna entre pocos o muchos gramos y recomienda llamar a la Policía sin más trámite, hacen pensar a la autora en un discurso contradictorio, por decir lo menos. 

"Si bien un sector importante del Estado ha trabajado para concretar estos avances mencionados, otro sector dentro del mismo Estado ha seguido un camino con una dirección opuesta, es decir, se ha esforzado por el mantenimiento del status quo punitivo-represivo", señala Álvarez, quien prefiere decir Estado y no Gobierno en su investigación.

Para Álvarez "se podría sostener entonces que, en Ecuador no han existido diálogos serios respecto de las reformas a la ley de drogas y a sus implicaciones. La ausencia de reflexiones, socialización y debate ha generado muchas contradicciones en la consolidación de los cambios normativos, especialmente en el sistema penal ecuatoriano".

¿Estamos frente a otro caso en el que el manejo autoritario y el silenciamiento de la sociedad nos están pasando la factura? La autora cree que sí: "También ha quedado al margen la discusión sobre la asertividad de la intervención en los Colegios, o las consecuencias que podría tener la sobreposición entre las tablas de cantidades máximas de porte para autoconsumo y la de mínimos y máximos para diferenciar las escalas de tráfico ilícito", finaliza.