El debate sobre la Ley de Tierras divide al movimiento campesino en favor y en contra de las tesis del gobierno. Mientras los detractores de la Ley señalan que su principal falencia es que se trata de una ley de tierras para la producción, que fortalece la concentración de la riqueza en el campo  y atenta contra la seguridad alimentaria al evitar el debate sobre el uso del suelo para la industria agroexportadora.

La Comisión de Seguridad Alimentaria de la Asamblea Nacional recibió cinco versiones de proyectos de ley, de distintas vertientes. Finalmente produjo un borrador final. Este fue aprobado el 29 de septiembre y se llama Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales. 

Uno de estos proyectos provino de la Red Agraria. Esta es una organización conformada por la Fenocin,  la Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro y la Corporación de Montubios del Litoral y fue introducida en la Asamblea con el respaldo validado de 36 000 firmas. Convirtiéndose así no solo en el proyecto pionero en cuanto a iniciativa ciudadana, sino que la Asamblea tenía la obligación de tratar ese proyecto sino recurrir a otros y permitir a los proponentes la participación plena en las discusiones en la Comisión respectiva, con voz y voto.

De acuerdo de un documento interno de la Red Agraria, al que tuvo acceso este medio, existen serias dudas sobre el procedimiento de discusión y aprobación de la Ley de Tierras. Esta es la relación de la lucha en torno a este proceso.

La Constitución de Montecristi introdujo dentro tres disposiciones relacionadas directamente con la Soberanía Alimentaria: el artículo 281 que norma los conceptos fundamentales de la Soberanía Alimentaria; el 282 que habla de la formación por ley de un Fondo de Tierras; la transitoria primera de la Constitución donde se otorga el plazo de 120 días para que se elabore una Ley de Soberanía Alimentaria.

En marzo del 2009, se aprobó de la Ley Orgánica de Régimen de Soberanía Alimentaria (Lorsa), con la cual se creó a la Conferencia Nacional de Soberanía Alimentaria, adscrita al Ministerio de Agricultura, con el fin de que esta elabore todo aquello no abordado por la Lorsa  con el suficiente detalle, bajo el concepto de Leyes Conexas a la Soberanía Alimentaria. Posteriormente la Lorsa sería reformada y se haría de la Conferencia una entidad independiente no adscrita al ministerio y adoptará el nombre de Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria (Copisa).

La Copisa, mantenía la disposición legal de la Lorsa de construir las que luego fueron nueve leyes conexas. Esto se completó en diciembre del 2012 y se las envió al Magap, como prescribe la Lorsa.

Esta ley dice que la Copisa es creada para avanzar en la elaboración participativa de las leyes Conexas a la Soberanía Alimentaria, en ese contexto la Asamblea Nacional no debió haber admitido a trámite las otras propuestas de ley existentes, dice el documento, o debió hacerlo solo en el contexto de contribuciones al cuerpo legal elaborado por la Copisa. Esto no ha sucedido pues esos cuerpos legales han sido examinados en el mismo nivel de la propuesta de Copisa, dentro de la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional.

Las organizaciones sostienen que las propuestas elaboradas por la Copisa debían ser enviadas a trámite al Magap, el cual tenía solo 180 días para tratarlas y, posteriormente, enviarlas a la Asamblea Nacional lo cual nunca llego a hacerse. Han pasado dos años desde esa entrega y aun las propuestas no están en la Asamblea Nacional por introducción del Ministerio de Agricultura.

La Propuesta de Ley de Tierras y Territorios, sin embargo, fue introducida a la Asamblea Nacional por el mecanismo de Iniciativa Popular Normativa, previsto en la Ley de Participación Ciudadana y en la Constitución de la Republica, con el apoyo de más de 40 000 firmas de las cuales fueron validadas 36 000, con lo cual el Consejo Nacional Electoral validó el proceso y lo introdujo a trámite dentro de la Asamblea Nacional.

Esto se dio en marzo de 2012 y desde ahí se ha venido discutiendo dentro de la Comisión de Soberanía Alimentaria, sin que se llegue ni siquiera al primer debate en el Pleno de la Asamblea.

Dentro del artículo 10 de la Ley de Participación Ciudadana se deja en claro que luego de introducida la Propuesta por Iniciativa Popular Normativa, los proponentes deben participar plenamente en su discusión. Esto en el anterior periodo legislativo sí se cumplió pero actualmente los promotores del proyecto no fueron invitados a discutir, dice el documento,  "y es conocido que la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional tiene ya un texto para introducirlo al primer debate del pleno. Esto viola las disposiciones legales y constitucionales referidas a proyectos de ley introducidos por este mecanismo (artículo 103 de la Constitución de la Republica y artículo 11 de la Ley de Participación Ciudadana).

El artículo 11 de la Ley de Participación Ciudadana, también dispone que el proyecto debió haberse empezado a tratarse en un plazo límite de seis meses. La Asamblea manejaba entonces la una interpretación de que “empezar a tratar” el cuerpo legal, no necesariamente implica “aprobación”sino solo el comienzo del tratamiento, por lo cual esto ya estaría cumplido. Para las organizaciones promotora del proyecto introducido como iniciativa ciudadana la norma constitucional es diferente y estipula que se debe “tratar” y que si en un plazo de 6 meses esto no se ha hecho la ley pasa a ser Ley de la Republica.

La posición de la Red Agraria (proponentes de la ley), es que, al ser la Constitución la norma superior está por encima de la ambigüedad de la Ley de Participación Ciudadana. La Red Agraria considera que, como prescribe la Constitución de la Republica, la propuesta introducida por ellos debería pasar directamente a ser ley de la Republica.

Al discutirse proyectos de otras vertientes, la Red Agraria considera el mismo artículo 11 de la Ley de Participación Ciudadana, dictamina que si la propuesta de ley introducida por Iniciativa Popular Normativa, es alterada dentro de la Asamblea Nacional, de una manera tal que los proponentes consideran que ha perdido su forma fundamental original, ellos pueden solicitar, sin necesidad de recolección de firmas una consulta popular para decidir entre el cuerpo legal elaborado por la Asamblea o el cuerpo legal introducido por Iniciativa Popular Normativa.

Cuando la Asamblea anunciaba que estaba por llegar aun consenso en el primer borrador, la Red envió una carta al presidente de la Comisión, Miguel Carvajal, en los siguientes términos:

El 30 de marzo de 2012, luego de una previa recolección de 42 000 firmas y la validación de 36 000 por parte del Consejo Nacional Electoral, la Asamblea Nacional recibió la propuesta de Ley de Tierras y Territorios de la Red Agraria, representada por los señores Romelio Gualán, Luis Andrango y Enrique Altamirano, mediante el mecanismo previsto en la Constitución de la Republica y en la Ley de Participación Ciudadana, de Iniciativa Popular Normativa.
Es en este contexto, que durante el periodo legislativo anterior se empieza la discusión de dicha propuesta y, como prescriben la Constitución y la Ley, se incorpora a los tres representantes mencionados en calidad de legisladores populares. Dicho periodo legislativo culmina sin que la ley haya podido ser llevada por lo menos a un primer debate en la legislatura. En el presente periodo legislativo, que se inaugura en agosto del año 2013, sin embargo, se ha retomado la discusión de la propuesta de ley sin la participación de sus proponentes por Normativa Popular Ciudadana.

La Constitución de la Republica en el artículo 103, en su segundo párrafo dice literalmente lo siguiente:

“Quienes propongan la iniciativa popular participaran, mediante representantes, en el debate del proyecto en el órgano correspondiente, que tendrá un plazo de 180 días para tratar la propuesta; si no lo hace, la propuesta entrara en vigencia”

Por otro lado la Ley de Participación Ciudadana en su artículo 10 estipula lo que sigue:

“Artículo 10. Tramitación de la iniciativa popular normativa.- El Consejo Nacional Electoral, una vez notificado con la admisión a trámite de una iniciativa popular normativa, procederá a autenticar y verificar las firmas; cumplido este requisito, el Consejo Nacional Electoral notificará al órgano con competencia normativa para que éste, a su vez, inicie el trámite obligatorio para garantizar la participación directa y efectiva de las promotoras y los promotores en el debate del proyecto normativo “

La normativa legal es clara, en sus diferentes niveles, al respecto de la obligatoriedad de participación de los proponentes, en las discusiones que se desarrollen sobre los textos de ley propuestos mediante el mecanismo de Iniciativa Popular Normativa. Por esta razón, le solicitamos se instruya, a quien corresponda, para que se proporcione a los representantes de la Red Agraria el calendario de discusiones de la propuesta de Ley de Tierras y Territorios, se proporcione credenciales apropiadas para el ingreso al edificio de la Asamblea Nacional y se facilite el ingreso y ubicación de las mencionadas personas dentro de la Comisión de Soberanía Alimentaria.

Una ley para la matriz productiva del gobierno *

A fines de octubre, la Fundación Rosa Luxemburgo y el Sistema de Investigación sobre la Problemática Agraria en el Ecuador, Sipae, organizaron en la Universidad Central un seminario de un día para analizar el tema del trabajo familiar y la organización campesina. En ese mismo acto se presentó el libro Trabajo familiar y organización campesina, en el cual se revelaba el resultado de tres investigaciones sobre los impactos de al agroindustria y el monocultivo en las economías campesinas de Vinces, Quinindé y Cotacachi. 

En ese seminario, el ex ministro de Ambiente, Edgar Isch, hizo una ponencia, cuyos datos y reflexiones se reproducen a continuación.

En agosto del 2013, el Ministerio de Agricultura presentó el documento El sector agropecuario, acuícola y pesquero en el cambio de matriz productiva. En el mismo se fijaron 7 objetivos del cambio de matriz productiva en torno al sector. Cinco de estos objetivos hablan de generación de valor agregado; incremento de la oferta exportable (producir productos tradicionales con calidad); sustitución selectiva de importaciones, incremento de la productividad y calidad y producción intensiva innovación, tecnología y conocimiento. Solo otros dos objetivos procuraban la diversificación productiva y la sostenibilidad ambiental.

Al igual que con los sectores económicos considerados prioritarios por el actual gobierno, para los cuales el fin último es incrementar la productividad y sustituir las importaciones, en el agro se plantea lo mismo, repotenciado los sectores tradicionales y fortaleciendo los grandes capitales.

El mismo documento del MAGAP planteaba en agosto del 2013 una proyección  del ahorro nacional en la sustitución de importaciones y el proteccionismo en algunos sectores. Para el 2014 se estimaba que eso significaría un rubro de 183 millones de dólares para soya y canola, caña de azúcar (biocombustibles), maíz amarillo duro (con 83 millones de dólares), café robusta, derivados lácteos, carne de cerdo, y pasta de tomate.  Ese monto representa el 0,18% del Producto Interno Bruto del 2014. Y dentro de la proyección de un presupuesto de 36000 millones de dólares en el presupuesto fiscal del 2015, el monto de apoyo al agro es de 400 millones. Y las autoridades han dicho que es para fomentar la agroindustria. Para el año próximo los rubros mayores son para proteger a los aceites de soya y canola (112 millones de dólares) y los biocombustibles de caña de azúcar (39 millones). La proyección para el 2017 es de 622 millones de dólares.

Además el MAGAP se planteó como estrategia una producción intensiva planteada desde la agroindustria y el establecimiento de cadenas productivas para beneficiar al agronegocio, por encima de la agricultura pequeña y mediana.

Un ejemplo evidente de cambio de la matriz productiva se haya en el cultivo de brócoli. Los investigadores François Houtart y María Rosa Yumbla, publicaron el artículo El brócoli amargo, en la revista Ciencias Sociales de las carreras de Sociología y Política de la Universidad Central del Ecuador. Ahí revelaron que el 97% del brócoli que se cultiva en el Ecuador es exportado. Para el año 2000 se destinaban 3359 hectáreas y en el 2010 ya eran más de 5000 hectáreas. Dos años después, en el 2012, se produjeron 70 000 toneladas métricas, Ecuador era el sexto exportador de brócoli en el mundo y los ingresos eran de 69 millones de dólares.

En la provincia de Cotopaxi se produce el 68% de esa planta.  Y los investigadores encontraron la evidencia de que "dos empresas, un holding y una corporación han protagonizado el cambio productivo: Brownville Investment, con sede en Panamá, y Corola N.V. con sede en las Antillas Holandesas. Pertenecen a dos familias, que poseen, cada una, el 50% del capital de cada empresa: la camilla Correa Holguín y la familia Zeller Starcewich".

La plantación, ubicada en Pujilí, emplea 185,4 litros por segundo de un repertorio cercano, y deja solamente cuatro litros por segundo para la comunidad de Altapalag, de 5 de Junio, la que ha soportado una seria disminución de la provisión de agua para sus 80 hectáreas de su territorio. La empresa ha instalado cañones anti granizo y empezó a bombardear las nubes para evitar la caída de granizo en el monocultivo de bróculi, lo cual generó una escasez de lluvia para el cultivo de las comunidades.

En las conclusiones de este informe se señala que "se trata de una transformación radical del territorio, que implica la reproducción de la concentración histórica de la propiedad de la tierra y del control del proceso de producción".

Los costos ambientales por el uso intensivo de agroquímicos, los costos humanos y sociales por las condiciones de trabajo por la proletización de los campesinos, la afectaciones a su salud, son temas que no se quiere ver cuando se habla de cambio de matriz productiva. Y también se silencia los nombres de los grandes beneficiarios del cambio de matriz productiva en la industria de la agroexportación.

El silencio es evidente en los estudios para las represas de uso múltiple o multipropósito. En esos estudios se diagnostica la producción existente en el área de influencia, pero por lo general no se señala quiénes tienen esa producción y quiénes serán beneficiados. "Hay que considerar que esta misma información presenta dificultades debido a las nuevas formas de latifundio, disimulada en varias empresas agrícolas, que finalmente pertenecen al mismo grupo monopólico. Este es el caso, por poner un ejemplo, de cómo el grupo Wong tiene 47 haciendas bananeras en la provincia de Los Ríos", dice el informe de Édgar Isch.

La "revolución agrícola" ha significado la reconcentración de la tierra en manos de grandes grupos agroexportadores. Esas grandes extensiones de monocultivos requieren también de acaparamiento de agua, para la exportación.

Este tipo de producción crece aceleradamente en el Ecuador y presenta una rentabilidad con la cual ningún campesino, pequeño o mediano, puede competir. La palma africana, cuya producción se acerca de las 300 000 hectáreas obtiene una rentabilidad de entre 70 y 80%, solo equiparable a la de la caña de azúcar, para cuyo monocultivo se destinan 100 000 hectáreas en el país.

Estos dos productos  aumentan su producción para la elaboración de biodiesel, un biocombustible “es una falsa solución al cambio climático y supone el mantenimiento de un alto consumo de combustibles fósiles con los cuales se mezclan los agrocombustibles”.

En cuanto al banano, los datos sobre concentración de la tierra en el 2009 señalaban que 2384 pequeños productores  controlaban 7519 hectáreas, mientras que los grandes productores, con más de 50 hectáreas, controlaban 88 927 hectáreas. La caña de azúcar se concentraba en seis grandes ingenios que controlan el 90% del producto.

En la medida que crecen las áreas para estos productos se observa la reducción de cultivos de arroz, maíz  u otros que garantizan la canasta familiar.

El acaparamiento del agua se garantiza con los megaproyectos de las presas multipropósito: Esta ha sido la historia de proyectos como el Jaime Roldós Aguilera o el de Posa Honda y La Esperanza, altamente costosos pero que benefician a muy pocas personas. Por ejemplo, la presa La Esperanza, en la provincia de Manabí, costó USD 300 millones al Estado y sus beneficiarios son 800 personas. Dato que contrasta con más  de 3000 sistemas de agua hechos por las comunidades campesinas, sin ayuda del Estado, y que benefician a centenares de miles de ecuatorianos. Antonio Ureta, dirigente campesino, destaca que en el proyecto Carrizal Chone el costo superó los USD 200 millones, cuando con solo un millón de dólares se podía ofrecer riego a 250 hectáreas beneficiando a cientos de familias.

Punto de vista:
Francisco Hidalgo, sociólogo, experto en tierras.

"El problema de fondo es la tenencia de la tierra"

Los  periodos en los cuales se registran cambios en la agricultura son un poco más lentos. En general la tendencia de los últimos dos años es una tendencia a iniciar una crisis en los cultivos de palma en la provincia de Esmeraldas, particularmente en los cantones de San Lorenzo y Quinindé.

Se presentó una enfermedad que afecta al cogollo de la palma. Inicialmente eso empezó en San Lorenzo y se extendió a Quinindé. Esto está provocando una pérdida de cultivos, en Esmeraldas y un traslado de cultivos de palma hacia Los Ríos, el noroccidente de Pichincha y hacia la Amazonia. Es un tema del monocultivo, es una enfermedad muy ligada al monocultivo. Así como en décadas pasadas tuvo una crisis el monocultivo del cacao o del banano.

Eso se carga sobre las espaldas de los pequeños y medianos productores. Porque los grandes capitales trasladan su producción a otras zonas y quienes quedan con las pérdidas y están en una situación muy compleja son los medianos y pequeños productores. Lo interesante es que se empieza a hablar que no fue correcta la apuesta hacia el monocultivo de palma aceitera, una vez que es un elemento importante en la actualidad.

Tenemos por otro lado las grandes obras de riego, que están ligadas a la promoción del monocultivo. Son los trasvases, que están sobre todo en los sectores de la Costa. Ligado a esto tenemos el congelamiento de superficie cultivada en el caso del banano. Y tenemos una pérdida de cultivos en los casos de arroz y papa.

En general uno puede prever que hay una disminución de superficie cultivada hacia la soberanía alimentaria, y hay un crecimiento de superficie cultivada orientada a un tipo de exportación hacia Europa y Estados Unidos.

El cacao pasó a ser el de mayores hectáreas cultivadas.  Aproximadamente unas 400 000 hectáreas. Pero hay que ver de qué cacao estamos hablando. Es un cacao híbrido CCN51 o cacao fino de aroma. Lo que tenemos en crecimiento de superficie de cacao en favor de híbridos, con tendencia al monocultivo. Hay cierto crecimiento de cacao fino de aroma, pero lo que sostiene el crecimiento es el  cacao híbrido. El fino de aroma requiere un proceso de un tipo de cuidado que no lo puede dar en este momento la mediana y gran propiedad y un proceso de recuperación de plantas. Eso puede potenciar a las agriculturas campesinas asociativas y demanda de un distinto concepto de cómo entender la innovación productiva en el tema cacao. No es solamente a través de especies mejoradas, sino también a través de recuperar formas tradicionales de cacao.

En el lado de los biocombustibles hay una fuerte presión de sectores ligados a los agrocombustibles, por la eliminación de los precios políticos de las gasolinas. Hay un techo en Ecuador, en los casos de palma y caña, que está determinado por el precio. Evidentemente el 2017 va a ser fundamental porque en 2016 concluyen los subsidios y hay una fuerte presión de estos sectores para ir hacia el incremento de los precios de derivados, lo cual abre las puertas para que ellos puedan expandir su mercado. En las actuales condiciones el mercado de agrocombustibles en el Ecuador tiene un techo, y es el precio subsidiado. El cambio de la matriz energética está ligado indispensablemente al crecimiento de los cultivos destinados a los biocombustibles.

El producto sigue siendo, sobre todo, caña. Hay renovaciones de sistemas de riego en la península de Santa Elena donde se apuesta a la expansión de los cultivos de la caña. Lo que más tenemos es el crecimiento del maíz duro. Pero nuevamente se está jugando con el tema de las importaciones.

Volvamos a la palma: están abiertas las importaciones de aceite de palma, para poner el precio a la baja y la compra de materia prima, en el caso del mercado ecuatoriano, sea a la baja, entonces los complicados siempre van a ser los pequeños.

Entonces, hay un crecimiento del maíz duro, pero siempre hay procesos de importación. Durante toda esta década se ha sostenido una tendencia paulatina a la pérdida de superficie para cultivos de alimentos. A eso se liga un creciente proceso de urbanización. Esta modernización está llevando fuertemente a que los sectores de jóvenes migren a las ciudades, particularmente Quito y Guayaquil. Y lo que está dándose en el campo es un acento en la pecuarización, a la ganadería como un sistema de ahorro de la economía agrícola campesina familiar, que es la que sostiene la soberanía alimentaria.

La tendencia más fuerte es a la pecuarización, es una tendencia muy acentuada y está ligada al proceso de migración.

Para mí hay tres problemas muy graves en la propuesta que circuló a inicios de año. Primero, al tratar el tema de tierra no quiere tratar el tema de territorios. Debiera ser una ley de tierra y territorios y se está planteando como una ley de tierras productivas. Es un grave error; en países como Bolivia, Perú o México no es posible tratar la temática de la tierra como un problema solamente de producción agraria y no como un problema que tiene que ver con pueblos, nacionalidades y demandas indígenas. Al tratar solo como una ley de tierras productivas se está dejando de lado un tema fundamental, más aún en un país como Ecuador que se declara plurinacional. Con eso se quiere evadir la consulta previa. Hay que entrar en un proceso de consulta en el cual participen las organizaciones con sus demandas en una temática de tierra y territorios.

El segundo elemento es este concepto de tierras productivas sin redistribución. Pero la paradoja es que Ecuador es un país que no tiene tierras baldías, salvo que quieran entrar a zonas de reserva o ir hacia la Amazonia. Si se habla de tierras productivas sin redistribución, estamos sosteniendo el statu quo. La única forma de acceso es a las tierras del Estado. Pero estas representan el 1% del conjunto. El concepto de áreas protegidas vivas, como opción, implica un concepto ambiental y uno de territorios, porque a su vez en estas zonas de reserva hay poblaciones indígenas. Estamos frente a una falacia, hablamos de una ley de tierras productivas que se nieva a ser redistributiva.
El tema central es redistribución y límite máximo de tenencia de la tierra. La Constitución manda a redistribuir, volver a repartir la tierra. Así como en la Ley de Comunicación se vuelven a repartir las frecuencias.

Por otro lado se trata de incorporar una redistribución del uso del suelo en el Ecuador. Cuáles son las principales superficies cultivadas: las que están dedicadas a la agropexportación y al monocultivo. Eso debe ser puesto en cuestión, el estatus quo de tenencia de la tierra, pero también el statu quo de los destinos de producción de la tierra en el Ecuador. SI esas dos cosas no se topan es un saludo a la bandera, una Ley de Tierras para fortalecer una línea muy pequeña que es el Plan Tierras, pero que no corresponde a las demandas históricas