El incremento de USD 25  al salario básico de USD 400 por parte del presidente Lasso produjo apoyos y críticas. Las más fuertes de los que hasta hace poco eran sus coidearios y cambiaron su postura frente al gobierno desde que se anunciaron nuevos impuestos para paliar la crisis económica y fiscal que provocó la pandemia. La pregunta recurrente que desde esos sectores "liberales" se han hecho desde comunicados, intervenciones en medios o en redes sociales, es a dónde lleva el gobierno la economía del país.  En su Ley Orgánica para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal tras la pandemia Covid-19,  que pasó en la Asamblea por el llamado ministerio de la ley (es decir, como si no hubise sido discutida por el parlamento) el gobierno dio algunas pistas e hizo algunas revelaciones. 

Primero, que el déficit fiscal que trajo la pandemia fue de USD 7000 millones. También que el PIB se contrajo 7,8% en términos reales, que el PIB percápita se contrajo a las cifras del 2012 y se perdieron 687 mil empleos "adecuados" y a ello se agravó la dramática caída del precio del crudo. 

El gobierno de Lasso, en esta exposición de motivos puesta como antecedentes en el proyecto de la ley, estaba retomando el relato del gobierno de Lenín Moreno. El hecho es que el gobierno anterior firmó el 1 de octubre del 2020 un acuerdo con el FMI llamado Acuerdo de Financiamiento SAF (por sus siglas en inglés). Este acuerdo fue de USD 6.7 mil millones, por 27 meses. A este monto se sumaron otros otorgados por multilaterales como el BID, Banco Mundial, CAF... La asistencia internacional para el Ecuador llegó a USD 12 mil millones. El déficit, dijo el gobierno de Lasso se debe al "irresponsable" endeudamiento de la era correísta que alcanzó a USD 63 mil millones, y el pago del servicio de esa deuda es lo que ha afectado a la caja fiscal. 

Bajo esas consideraciones se envió el proyecto de Ley que finalmente fue aprobado en su totalidad y sin cambio alguno, a pesar de que el propio gobierno había admitido errores en su concepción, como el hecho de que se suba el impuesto a la renta a quienes ganan más de dos mil dólares mensuales. El gobierno y los legisladores habían consensuado en que la cifra subiera a USD 2.600 mensual, pero la abstención de UNES en la votación dejó la propuesta original.

Plan V reunió en su Mesa de Análisis  a dos economistas expertos, Fausto Ortiz y Pablo Dávalos, con experiencia en finanzas públicas y amplia formación académica, con posturas de economía política distintas, para analizar por dónde conduce el gobierno a la economía en el mediano plazo y si esta ley cumplirá los objetivos para los que dice fue emitida: "la implementación de medidas para la sostenibilidad de las finanzas públicas, la reestructuración de determinados impuestos que resultan complejos e ineficientes, que desincentivan la inversión y la consecuente generación de plazas de trabajo y la creación de mecanismos de evaluación de las regulaciones que generan trámites o procesos innecesarios, duplicados o ineficientes".

FAUSTO ORTIZ

Ex ministro de Finanzas, asesor y consultor económico de sectores empresariales y catedrático. 

La nueva ley va a retrasar el crecimiento económico

El gobierno envió la Ley con la expectativa de recibir 1900 millones en los próximos dos años, 2022 y 2023. La ley cubre varios aspectos, pero podemos enfocarnos en los impuestos: los permanentes que es el incremento de la recaudación que pretende hacer el gobierno por el aumento en el IR que tienen que pagar los que ganan más de USD 2000 al mes. Y el otro es el impuesto temporal al patrimonio de las personas y las empresas. Si uno separa los ingresos permanentes, estos son unos 600 millones de dólares en el 2023 y los otros USD 1300 millones serán solo para los próximos dos años y no se repiten. Esos 600 millones equivalen a un punto del IVA, lo cual corresponde a lo acordado con el FMI, que es un incremento equivalente a 3 puntos del IVA.

Si uno compara con lo que este gobierno logró, con lo que el gobierno anterior había logrado, la recaudación recurrente es mucho menor a lo que se tenía planteado anteriormente. Esto va a retrasar el inicio del crecimiento económico y va a pasar algunos mensajes incorrectos al sector empresarial que puede decir que cada vez que hay un problema me incrementan el impuesto patrimonial, es decir, que están diciéndome que cada vez que hay utilidad no la capitalice, porque resulta que esa capitalización aumenta el patrimonio y te van a cobrar cada vez más.

Creo que el gobierno debiera ir encontrando soluciones por el lado del gasto para dar un mensaje a largo plazo de lo que quiere hacer, porque hasta ahora no se entiende lo que quiere hacer el gobierno en la parte económica a largo plazo.

Los que ya venían pagando impuestos, pagarán más

Estamos pagando más impuestos los que ya veníamos pagando impuestos. No hay una ampliación de la base imponible. Lo que está diciendo el gobierno, en sus números, es que si alguien ganaba 2000 dólares al mes pagaba el equivalente al 0.07% de su ingreso total, ahora con la reforma va a pagar 1.4%. Es una afectación porque estás quitando a la gente un recurso que no lo tenía presupuestado. Porque no olvidemos que no se trata de un trabajador, sino de un hogar que atiende temas de salud, educación y otros gastos que se eliminaron como deducciones del Impuesto a la Renta. Entonces el porcentaje de población se amplía cuando se habla de hogares.

Pero, la alternativa que tenía el gobierno era subir tres puntos al IVA, que nos caía a todos por igual, pero el concepto de que el IVA es regresivo se ha mantenido y no hemos entrado en esa discusión, a pesar de que los organismos internacionales lo ven como factible. La solución que encontró el gobierno va a impactar en el flujo en el 2023 y en retenciones periódicas desde el 2022.

La repatriación de capitales trae dudas

El gobierno dice varias cosas en el campo de la repatriación de capitales. Dice que espera que esa medida le pueda dar USD 200 millones. Si eso equivale al 5% de la tasa que está cobrando por repatriarlo y registrarlo formalmente, significa que el gobierno espera que sean unos USD 4000 millones los que puedan incorporarse al país. Y eso sería un poco más del 10% de los 30 mil millones que se calcula están en el exterior según datos del Banco Central.  Pero igual ese dinero pudiera regresar al país como inversión. Lo que está diciendo el ministerio de Finanzas es que esta es la última oportunidad para formalizarte, si sacaste la plata por motivos lícitos aprovecha esta especie de oportunidad, porque ya hay convenios con más de 140 países donde se puede hacer el seguimiento de fondos. Hubiera sido factible también que el gobierno no tome esta medida y que vaya con todo a buscar esta plata que no está tributando en el Ecuador. Pero era un tema que ya se lo venía discutiendo en el anterior gobierno, pero era un tema que ya se venía trabajando en varios países de Sudamérica, y Ecuador llegó tarde a esta discusión.

No había necesidad de nuevos impuestos no permanentes

Lo que menos esperábamos es que la ley pasara tal cual como fue enviada por el ejecutivo. Se pensaba que no iba a pasar la ley y que haya pasado tal cual fue una primera gran sorpresa para el sector empresarial y recién se está mirando los impactos de la ley.

Si uno toma la ley y mira que hay un incremento de impuesto de ahora para siempre, y un impuesto patrimonial que es de aquí a dos años, y si uno se pregunto ¿cuál de los dos impuestos no tenía sentido plantearlo?, debió haber sido mejor no plantear el tema patrimonial, porque este es un tema temporal para supuestamente ayudar en la pandemia, pero por la pandemia el Ecuador ya recibió la ayuda de casi mil millones de dólares del  FMI, en lo derechos especiales de giro, que deben estar ya registrados como deuda en el ministerio de Finanzas cuya tasa de interés es bajísima. Pero, también hay 1500 millones de dólares adicionales que el Estado va a recibir por aumento del precio del crudo. Ahí está la plata para la pandemia. Al inicio del año el gobierno tenía un déficit de 5 000 millones y a fin de este año llegará a cerca de 3 500 mil millones, así no había necesidad de un impuesto patrimonial. Pero este es un gancho porque si algo podía tener el voto favorable de los legisladores porque el concepto de que paguen los ricos es algo que se está moviendo a escala global. Pero extrañamente había más oposición en la Asamblea a que los ricos paguen más impuestos.

Hay que hacer algo distinto a lo que se está haciendo

El proceso de esta ley va a dejara enseñanzas a los asambleístas. Por lo que pasó en la votación, el proyecto de lo laboral, salvo que el proyecto presentado por el gobierno sea muy bueno, no tendría la misma “suerte” de contar con un grupo de asambleístas que se abstenga para que pase por le ministerio de la ley. El tema laboral será mucho más complicado. Al gobierno le falta también comunicar sobre el tema del ajuste del gasto. Por ejemplo, en el Plan de Desarrollo se plantea a una recaudación del IR de 12 mil millones a 16 mil millones de dólares, y es un crecimiento enorme. Pero el gobierno puede decir a la gente que esos 12 mil millones del 2020 representa cerca del 13% del PIB y los 16 mil millones del 2025 representarán el 12,7% del PIB. Lo mismo en el tema del gasto. La gente dice: el gobierno no está haciendo nada y tampoco se ve algo en el largo plazo para la reducción del gasto porque los 9 mil millones que está gastando ahora en salarios los va a seguir gastando en dos o tres años. Pero si el PIB crece, ese gasto de nómina va a ser menor en relación al tamaño de la economía.

Lo importante es ver cómo haces que la economía crezca y que lleve el empleo hacia adelante. Y necesariamente hay que hacer algo distinto a lo actual, porque poner más impuestos no ayuda a hacer crecer la economía ni a generar más empleos. Hay que ir conversando y creando condiciones y en esa parte hay mucha tarea para el gobierno y sus voceros, al interior de la Asamblea y hacia afuera.

Gracias a la política económica, el correísmo puede volver

Pablo Dávalos ha descrito la situación que se apega a la realidad del momento actual. Lo que ha descrito es el camino hacia adelante. En mi opinión, el gobierno exagera en el tema del ajuste y, políticamente el gobierno está asegurando que el Presidente no va a ser reelecto, asegurar malestar y que al futuro político sea pendular. El gobierno dice que el déficit fiscal del año pasado fue 7 mil millones de dólares. Este año va a ser la mitad por le precio del petróleo y la recuperación de la recaudación de impuestos.  El próximo año el déficit podría ser apenas de 1500 millones de dólares y a la vuelta de dos años podríamos tener súperavit. La pregunta es: ¿Por qué un ajuste tan drástico, en un momento en que la economía está saliendo de la recesión? No es solamente contentar al FMI, porque la drasticidad del ajuste puede asegurar el retorno del péndulo político, y que el otro lado del péndulo (la revolución ciudadana) encuentre una situación económica perfecta, sin déficit, y empieza entonces, de nuevo, el gran festín que vuelve a destruir la economía. Creo que el gobierno exagera y hay que dosificar adecuadamente para tratar de bajar el déficit que es causado por el gasto excesivo, porque hay gasto corriente que no está bien registrado y lo quieren pintar de gasto de capital. El 21% del ingreso permanente va a los municipios, juntas parroquiales y prefecturas. Ese es un gasto permanente que se lo ubica como gasto no permanente.

Dale suave, sería mi recomendación al gobierno. Ya este año va a tener 3500 millones y debe suavizar las políticas fiscales para tratar de que la economía no se frene para que tenga un déficit controlado y adoptar las políticas que puedan mejorar el empleo y la reactivación económica. Apretar mucho a la economía es enviar el péndulo hacia el otro lado.

PABLO DÁVALOS

Ex subsecretario de Economía, investigador, asesor de sectores sociales y catedrático.

El golpe es a la clase media

Es una sorpresa que el gobierno, que aparentemente no tenía capital político, ni tampoco los votos para aprobar este proyecto, finalmente logró una aprobación sin mover una sola coma de la versión original. El país vivió con mucho asombro la forma por la cual este proyecto se publica por el ministerio de la Ley.

Aquí hay algunos temas importante que debiera saber la ciudadanía y es que esto se orienta básicamente  a la clase media. Los datos del INEC nos dicen que la clase media la conforman dos terceras partes de la sociedad, alrededor de un 58% al 62% de la población. Esto significa que una familia que gana a partir de dos mil dólares, que puede ser un técnica público o privado o que trabaja vía facturas, tiene que empezar a destinar una porción mayor de ese ingreso para al pago de impuesto a la renta, que ahora equivale casi a un salario completo. Esto altera la ecuación ingreso/gasto de los hogares, porque cuando ya se han pagado todas lo recibos, las deudas, y los gastos básicos, la liquidez se va reduciendo. Destinar entre un 8% al 10% mensual para el pago de impuestos altera la liquidez en la clase media. Y no hay cómo dejar de pagar, porque ante cualquier atraso el SRI carga contra el contribuyente. Y si un ciudadano trabajo con facturas, si se atrasa en los pagos ya no tiene autorización para sacar facturas. Esto hace que muchos ciudadanos acudan al crédito para cubrir sus obligaciones y desplacen el gasto. Y el agravante es que ese pago al Estado no se traduce en obra pública o en atención social.

La regularización de activos abre la puerta a capitales sucios

Esta ley tiene además aspectos delicados. En el artículo donde se plantea la regularización de activos en el exterior no se establecen requisitos previos del origen de estos recursos y que pueden estar vinculados al crimen organizado, sobre todo el narcotráfico. Esto podría convertir al Ecuador en un inmenso lavadero de dinero y blanqueo de capitales, habida cuenta de que los capitales que provienen de orígenes oscuros, por decirlo de algún modo, buscan la posibilidad de reciclarse en las economías y lavarse. Mi advertencia ante la Comisión de Desarrollo Económico fue recibida con suspicacia y dijeron que iban a intentar frenar eso y establecer los controles. El control a la regularización de activos no es previo, es posterior. De hecho, ese control posterior está en la Disposición General Segunda de la ley y ahí se establece que en el proceso de regularización, si se comprueba que estos provienen de actividades criminales entonces el SRI procederá a la reliquidación sin perjuicio de los procesos penales pertinentes. Esto, que debiera ser control previo, está en la ley como control posterior. En otras palabras, sometemos al país a un riesgo muy fuerte. Thalía Flores, en un artículo llamó a no permitir que los saqueadores se conviertan en inversores. Es un sentimiento nacional que expresa mucha preocupación por esta deriva que hace el crimen organizado un sujeto político y económico en el Ecuador. Esperemos que a futuro la Asamblea corrija esto porque eleva los niveles de riesgo sistémico de la economía.

La Comisión cambió algunas cosas, pero gracias a UNES el gobierno impuso su ley

Hay un problema con esta nueva ley. Primero están las dificultades de las familias para que sus gastos personales sean descontados en función del Impuesto a la Renta, y se baja a siete veces el costo de la canasta básica (USD 712) lo que los ciudadanos podrían deducir del IR y se multiplica por 2.13 la fracción mínima imponible, lo cual significa que si ganas más de dos mil al mes se te clava un impuesto realmente grande.  Entonces la Comisión de los Económico había resuelto cambiar esos indicadores y proteger a la clase media, y desplazar el ajuste a los sectores que más ganan. De otra  parte se recuperaba la capacidad de controles previos respecto a la regularización de activos en el exterior. Porque no se trataba tanto el hecho de que capitales que huyeron del país retornen sino de que se habrá una ventana para capitales que provienen de orígenes no legales. La comisión estaba consciente de eso y había creado mecanismos para evitar eso.

La Comisión suprimió también el título 11 de la ley, que eran reformas a la Ley de Hidrocarburos, también se habían planteado varios cambios a las reformas a la Ley Monetaria que en el proyecto original permitía que un grupo financiero podía controlar varias entidades financieras y bancarias al mismo tiempo. También se había establecido dudas respecto a las llamadas Buenas Prácticas Regulatorias, porque podían conducir a un desorden a la regulación en el sector público. Nada de eso pudo darse y me llama la atención que el bloque de UNES haya creado las condiciones para que el proyecto se promulgara por el ministerio de la ley.

El gobierno y el FMI llevarán a la economía al abismo

El problema fundamental de la economía está en el sector real, es decir en el sector productivo y no está en el sector fiscal. El sector fiscal tiene su dinámica y sus leyes. No existe eso del gasto excesivo del Estado y de acuerdo a la legislación existente; el gasto corriente no incide al menos en el cálculo del déficit fiscal. Porque el artículo 286 de la Constitución dice que el ingreso permanente financia el gasto permanente. El déficit nace de la desigualdad entre el ingreso no permanente y el gasto no permanente y este tiene que ver con el financiamiento del plan anual de inversiones. El gasto corriente no tiene nada que ver con el déficit fiscal.

Lo otro tiene que ver con cómo se usa la política fiscal para dinamizar la economía y eso lo está haciendo la mayor parte de países del mundo, los cuales están generando mecanismos con la inyección de recursos a las empresas y a los hogares para alimentar la demanda y dar un apoyo a los mecanismos de mercado para que se pueda lograr el crecimiento del empleo.

Estamos ante la presencia de un Programa de Consolidación Fiscal, que ha sido suscrito por el gobierno de Lenín Moreno y el actual gobierno se apegó a este programa. Estos programas reducen la demanda agregada. Al hacer esto, reduce la capacidad de consumo de la sociedad, y al pasar esto el comercio no tiene la capacidad de elevar el nivel de ventas, se les acumulan los stocks y dejan de demandar a los fabricantes que a su vez dejan de contratar gente. Estas políticas de ajuste se toman en contexto de híper inflación, es decir se ajusta la demanda para corregir las distorsiones en los precios, no en contextos de recesión económica como en el que viven la economía ecuatoriana y mundial.

Ajustar la economía en un contexto de recesión afectada por la pandemia significa matar a la economía, sumirla en un abismo. Eso es lo que pasa, el gobierno de Lasso, al asumir estos compromisos con el FMI lleva al abismo a la economía ecuatoriana. Lo que tenemos a futuro es conflicto social, desempleo, pobreza y un Estado que deja de invertir en la sociedad, porque el programa del FMI plantea despedir alrededor de 50 mil funcionarios hasta el 2025, ajustar el gasto fiscal en un 2% del PIB de aquí al 2025 y presentar los menores niveles de inversión pública. Es un ajuste fuerte, que sumando al contexto de recesión va a provocar un hundimiento por las políticas procíclicas. Es vamos a vivir y se verá en un pequeño rebote del 3% de crecimiento para el año entrante, mientras los otros países crecen entre el 7% y 8%.