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6 de Junio del 2016
Historias
Lectura: 8 minutos
6 de Junio del 2016
Redacción Plan V
Ecuador con derechos civiles y políticos amenazados

Foto: Luis Argüello

Una plataforma de organizaciones sociales hizo un inventario de las trabas legales e institucionales a las libertades ciudadanas en el Ecuador.

 

Un reporte elaborado por una plataforma de organizaciones sociales, medios de comunicación y asociaciones gremiales destaca el estado de los derechos humanos en el Ecuador. Según el documento, hay violaciones constantes en el país en especial de derechos como la libertad de expresión y asociación, de las que se puede responsabilizar al actual Gobierno.

Un informe, enfocado en algunos derechos civiles y políticos reconocidos por tratados internacionales, evidencia que la disidencia en el Ecuador, frente al actual Gobierno, es obstaculizada más allá de los criterios de la democracia occidental.

En efecto, el Informe alternativo de la Plataforma por la Defensa de la Democracia y los Derechos Humanos en el Ecuador sobre la aplicación del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, pone en evidencia una serie de limitaciones legales y políticas implementadas, en su mayoría, durante la administración de Rafael Correa, que afectan a quienes viven en el territorio del Ecuador. 

La Plataforma está conformada por la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos –AEDEP-, la Asociación Red de ONG de Guayaquil –AROG-, la Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos SURKUNA, el Colectivo Antropólogos del Ecuador, el Colectivo YASUNIDOS, la Confederación Mujeres por el Cambio, la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador –ECUARUNARI-, la Confederación Unitaria de Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos del Ecuador –CUCOMITAE-, el FBQ, la Federación de Médicos del Ecuador, la Federación Nacional de Periodistas –FENAPE-FIP, el Frente Ecuatoriano de Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, la Fundación Mil Hojas, la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios –FUNDAMEDIOS-, la Fundación DESAFÍO, el Internacional de Servicios Públicos –ISP-, la Junta Cívica de Guayaquil, el Observatorio Electoral Ciudadano, el portal Plan V, la Red de Mujeres Políticas del Ecuador –REMPE-, la Red Internacional de Derechos Humanos –RIDH-, la Unión Nacional de Educadores –UNE-, y la Unión Nacional de Periodistas –UNP. 

El informe, que fue elaborado con "la concurrencia plural de muchas instituciones y personalidades, pretende mostrar la forma como en Ecuador los mecanismos democráticos pueden llegar a transgredir a los derechos humanos, estimulados por un inadecuado diseño institucional". Será presentado en Ginebra, ante un Comité de la Organización de las Naciones Unidas. 

Derechos como el de la información han sido sumamente afectados, precisa el documento, por lo que "se recomienda la derogación de la Ley Orgánica de Comunicación  y, por lo tanto, la figura de linchamiento mediático", así como "dejar de usar los medios públicos e incautados para descalificar, desacreditar y poner en riesgo a los actores que piensan de manera diferente al Gobierno".

Derechos como el de la información han sido sumamente afectados, precisa el documento, por lo que "se recomienda la derogación de la Ley Orgánica de Comunicación  y, por lo tanto, la figura de linchamiento mediático", así como "dejar de usar los medios públicos e incautados para descalificar, desacreditar y poner en riesgo a los actores que piensan de manera diferente al Gobierno".

El Informe recomienda también que "se debe revisar la desproporcionalidad que tienen los servidores públicos en el uso de los medios frente a los ciudadanos comunes".

Con relación al derecho de asociación, "el Estado debe garantizar que la sociedad civil se organice de manera libre, sobre la base de lo que establecen el Pacto y la Constitución ecuatoriana, además que no cierre a las ONG sin respeto al debido proceso. Esto es concomitante con la libertad de sindicalización", sostiene el informe.

En cuanto al derecho de las mujeres, "se recomienda suprimir la judicialización del aborto mediante delación de los profesionales de la salud".

Sobre el derecho de las minorías, "el Estado debe velar porque este segmento goce de todas las garantías que establecen la Constitución y el Pacto".

En ese marco, el Informe sostiene que "es imprescindible que se evalúe el desproporcionado uso del estado de excepción".

Para que se cumpla el derecho de participación, "se recomienda despolitizar el nombramiento de cargos públicos, transparentar los procesos y que la designación de las principales autoridades vuelva a la Asamblea", lo que implica la supresión del Poder de Transparencia y Control Social, creado por los constituyentes de Montecristi. 

En cuanto a la justicia, "es indispensable la independencia de los operadores", afirma el Informe. 


"La secuencia de los temas presentados en el Informe  muestra como el modelo ecuatoriano se complejiza desde el quebrantamiento de las libertades de pensamiento, expresión, opinión y asociación, que impiden la formación del cuestionamiento ético y político de los ciudadanos, pasando por diversas formas de segregación y opresión contra derechos específicos de las mujeres y grupos étnicos, hasta cerrar el círculo opresivo en formas democráticas sustantivas como son una justicia dependiente del Ejecutivo y la participación ciudadana en las elecciones sin garantías competitivas, el reconocimiento discrecional de organizaciones políticas y el cercenamiento de la soberanía popular en la nominación de autoridades", sostiene el documento.

La situación estructural del país también es analizada, por lo que el documento sostiene que "Ecuador presenta numerosos déficits sociales que han sido aprovechados por el Estado para generar sistemas clientelares, especialmente de intercambio entre, por un lado, la aceptación al quebrantamiento de derechos civiles y políticos y, por otro lado, beneficios económicos y sociales originados en el gasto estatal".

Esto fenómeno se explicaría por un fundamento conceptual  que sostiene "la prevalencia de los derechos económicos y sociales por sobre los derechos civiles y políticos, forma abiertamente propalada por el Estado y utilizada contra la sociedad. La consecuencia es el progresivo deterioro de la democracia y el quebrantamiento de las instituciones, las que muestran y operan a través de sus inadecuados diseños. En especial, el Estado utiliza a las instituciones, respaldado en una abusiva extensión de la mayoría electoral de origen para oprimir a las minorías sociales y políticas tanto como a formas inescrupulosas de personalismo y manipulación autoritaria de la Ley, contrarias al imperio del derecho y de la deliberación y la concertación".

"Ecuador presenta numerosos déficits sociales que han sido aprovechados por el Estado para generar sistemas clientelares", sostiene el Informe. 

El diseño institucional de Montecristi evidencia que "el modelo de transgresión de los derechos civiles y políticos vigente en Ecuador se basa en la expansión del control del Estado contra la sociedad civil y la sociedad política. Coartada la autonomía de la sociedad civil, neutralizadas las formas históricas de organización social, y debilitados los mecanismos de representación política ha podido operar una forma estatal, que no se basa necesaria y únicamente en la abierta estrategia de control, sino en la utilización de una institucionalidad que guarda apariencias de legalidad pero, en los hechos, opera al servicio de un proyecto político. Estas dimensiones que operan flagrantemente en Ecuador requieren de la mirada internacional para conseguir el ejercicio de los derechos fundamentales de la humanidad superando los estrechos círculos de la manipulación doméstica de las instituciones" asegura el documento.  

Finalmente, el Informe señala que "el sistema del Estado ecuatoriano contrario al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos requiere ser reconocida por la comunidad internacional  veedora del cumplimiento de los derechos fundamentales de la humanidad, superando a los estrechos círculos de la manipulación doméstica de las instituciones".

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