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23 de Septiembre del 2020
Historias
Lectura: 30 minutos
23 de Septiembre del 2020
Redacción Plan V
Ecuador, donde la vida es un derecho que se gana en los tribunales
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Todas las personas que tienen enfermedades catastróficas y de alta complejidad que demandaron judicialmente al Estado, han solicitado medicamentos para enfermedades oncológicas, metastásicas, avanzadas; para enfermedades de baja prevalencia; y de marca o biosimilares.

 

Miles de ecuatorianos, pacientes de enfermedades crónicas y catastróficas han tenido que reclamar al Estado, por la vía judicial, su derecho a acceder a medicamentos y tratamientos que les salven la vida o les permitan una mejor calidad de vida. Personas con cáncer, transplantes o las enfermedades raras presentaron demandas contra el Estado, las cuales se acumularon en la Corte Constitucional. En una sentencia histórica e inédita, la CC, puso al sistema público de salud a cumplir con el derecho de estas personas, y de todos los ecuatorianos, a vivir.


En la segunda entrega: los argumentos del MSP y del IESS para negar nedicamentos y tratamientos a los pacientes.


I. La carta

Apreciados y apreciadas pacientes:

La Corte Constitucional ha conocido cada uno de sus casos. Hemos leído sus demandas, hemos visto sus diagnósticos, hemos sufrido pensando el dolor que ustedes sienten por las enfermedades que padecen, nos hemos conmovido con todos los trámites que tuvieron que hacer y por todo el tiempo que tuvieron que esperar para tener resultados.

Quisiéramos poder ayudar para que ustedes tengan la mejor atención que merecen en hospitales, centros de salud o sus hogares. Esta sentencia es un esfuerzo para mejorar esos servicios. Hemos estudiado varios meses sobre la salud, las políticas públicas, los medicamentos, la información, los
intereses que están atrás de la salud pública.

Les hemos escuchado con atención a ustedes y también a personas expertas en el tema.

Tenemos la convicción de que toda persona tiene derecho a tener tan pronto como necesite medicamentos de calidad, seguros y eficaces. También tenemos la convicción que toda persona tiene derecho a una vida digna, que no siempre depende de un medicamento. No todo medicamento tiene esas características. Algunos medicamentos no logran mejorar la calidad de vida y depende de cada persona, así como de la progresión de la enfermedad que impacta directamente sobre su estado de salud, para que el medicamento tenga resultados.

El medicamento, bien administrado, podría brindar beneficios. Hay muchas personas que mejoran su salud y sus condiciones de vida. Pero también estamos conscientes de que un medicamento mal administrado en personas que no son elegibles puede ocasionar daño, empeorar su salud o puede no servir para nada.

Nos hemos dado cuenta que nuestros servidores de la salud, por la cantidad de personas que atienden, a veces no les dan el trato de calidez, no sienten lo que significa estar enfermos y, por el poco tiempo que tienen, no les dan toda la información.

Hay que saber que en las enfermedades no todo se resuelve con medicamentos, también hay que pensar en la familia, en los efectos secundarios del medicamento, en los gastos que se puede incurrir.

Todo esto lo hemos intentado desarrollar en esta sentencia. Solo esperamos que esta sentencia ayude a que personas que han sufrido como ustedes, puedan tener un trato más digno, más calidad de vida y una atención más adecuada a sus necesidades.

Les agradecemos por haber venido a compartir sus testimonios, esperamos que tengan toda la información sobre su estado de salud y que tomen las mejores decisiones para ustedes y su familia. Esta sentencia está hecha con mucha dedicación y compromiso con sus derechos y con lo que ustedes están atravesando. Ojalá ustedes puedan comprender que nuestra decisión está pensada en su bienestar y su derecho a tener medicamentos de calidad, seguros y eficaces, como promete nuestra Constitución.

Ramiro Ávila Santamaría, juez constitucional, ponente de la sentencia.

Esta carta que los jueces de la Corte Constitucional dirigieron a los pacientes con enfermedades catastróficas —que presentaron sus demandas ante el máximo organismo de justicia del Ecuador— es inédita. Primero porque nunca antes unos jueces, de la jerarquia que fueran, habían escrito una carta personal a los demandantes de un caso, y segundo porque la carta es parte de la sentencia y sienta un precedente, y un compromiso. 

Es la Sentencia 679-18-jp y acumulados, derecho a medicamentos de calidad, seguros y eficaces fue aprobada por el Pleno de la Corte Constitucional, el 5 de agosto del 2020, con siete votos a favor, de los jueces constitucionales Karla Andrade Quevedo, Ramiro Ávila Santamaría, Carmen Corral Ponce, Agustín Grijalva Jiménez, Alí Lozada Prado, Teresa Nuques Martínez y Hernán Salgado Pesantes; un voto en contra del Juez Constitucional Enrique Herrería Bonnet. La jueza constitucional Daniela Salazar Marín no consignó su voto porque se excusó en esta causa.

II. La vida o la muerte en manos de un juez

El derecho a vivir no debiera estar en manos de un juez. Tampoco el derecho a morir sin dolor. Pero en el Ecuador, los pacientes del sistema de salud pública que tienen enfermedades raras o catastróficas, como diversos tipos de cáncer, deben acudir a tribunales, gastar en abogados, y perder su tiempo escaso de vida en obtener un medicamento que les palie el dolor o aminore los impactos de una cruel y limitante enfermedad.  La sentencia de 104 páginas emitida por la Corte Constitucional, no solo reconoció los derechos de decenas de demandantes ante el sistema de jusiticia por la negativa del Estado a proporcionarles los medicamentos que les salvarían la vida, sino que impuso al Estado el cumplimiento de varias políticas públicas respecto al acceso a los medicamentos, el manejo transparente de los mismos, y otras que tienen que ver con el sistema de salud pública en beneficio de los ecuatorianos. Una sentencia que en sí misma constituye un compendio de obligaciones para el sistema de salud pública del Ecuador y sus responsables. 

Todo esto tiene que ver con lo humano, y aterriza en las personas. Como dicen en su carta los jueces: "Hemos leído sus demandas, hemos visto sus diagnósticos, hemos sufrido pensando el dolor que ustedes sienten por las enfermedades que padecen, nos hemos conmovido con todos los trámites que tuvieron que hacer y por todo el tiempo que tuvieron que esperar para tener resultados". 

Se lo dijeron a todas y cada una de las personas cuyos casos evacuaron. Se lo dijeron a:

Néxar Iván Párraga Moreira, de 20 años de edad, adolecía de cáncer de pulmón, en estado IV desde el año 2016, la enfermedad le causó metástasis pleural, ósea, hepática, y daños en la retina que le ocasionaron ceguera en el ojo izquierdo. El paciente era beneficiario del seguro social campesino. Para tratar su grave dolencia, se le prescribió el medicamento xalkori crizotinib sólido oral de 250 mg, dos tabletas diarias. El medicamento tiene un costo aproximado de USD 84,66 cada dosis, y con un costo anual del tratamiento de USD 61.801; “…desde que empezó a tomar la pastilla se sentía
normal, estuvo unos meses sin tomar medicina y se descompensó.”6 El MSP señaló la imposibilidad de adquirir el fármaco. Párraga demandó, mediante acción de protección, la provisión del medicamento. El juez de la Unidad Judicial Penal de Portoviejo aceptó la acción de protección, declaró la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, imparcial, expedita, el derecho a la salud, vida digna e integridad personal, que contempla la integridad física, moral y psíquica y el derecho a la vida, y ordenó la entrega de medicamentos. 

Bertila Villamar, de 50 años de edad, jubilada por invalidez, padece de cáncer de colón rectal. Desde el año 2013 el IESS la trasladó a SOLCA. Recibió 12 sesiones de quimioterapia, sufrió una recaída en su enfermedad y le prescribieron cetuximab.

A Bertila Domitila Villamar Moreira, de 50 años de edad, jubilada por invalidez, quien padece de cáncer de colón rectal. Desde el año 2013 el IESS la trasladó a SOLCA. Recibió 12 sesiones de quimioterapia, sufrió una recaída en su enfermedad y le prescribieron cetuximab. Por no estar en el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos, CNMB, no le suministraron el medicamento. La señora Villamar presentó acción de protección y medida cautelar para conseguir los medicamentos. La Unidad Judicial Penal de Portoviejo admitió la acción de protección, declaró la vulneración de derecho a una vida digna y salud, y como medida de reparación ordenó que en el término de diez días el IESS suministre los medicamentos requeridos. 

Se lo dijeron a José Alexander Vargas Barcia, de 19 años de edad, afiliado al seguro campesino, que padece de un linfoma no hodgkin tipo III, esclerosis nodular con síntomas B, una enfermedad tumoral metabólicamente activa nodal supra diafragmática y extra nodal ósea. A partir del 8 de noviembre de 2016 recibió tratamiento en el hospital de SOLCA de Portoviejo. Frente al avance de la enfermedad tumoral se le prescribió el medicamento brentuximab vedotin. El MSP, basado en evidencia acerca de la eficacia y seguridad del uso de dicho medicamento, concluyó que “no es opción de tratamiento” que no puede adquirir medicamentos que no han sido autorizados, y que SOLCA no les informó sobre la necesidad del medicamento. Mediante acción de protección demandó la entrega de medicamentos. La madre del señor Vargas manifestó “las medicinas que yo le compro son muy caras y yo no tengo para comprar y se gasta más de 237 dólares mensuales para obtener esta medicina, yo les pido que me ayuden para que mi hijo tenga la medicina…”. El juez declaró que el IESS vulneró el derecho a la salud y ordenó la provisión del medicamento. La Corte Provincial de Justicia de Manabí confirmó la sentencia, además ordenó que el IESS ofrezca disculpas públicas y que coordine con el MSP.

A Moisés Abadías Calderón Carreño, de 74 años de edad, jubilado, quien fue diagnosticado con una enfermedad oncológica de la médula ósea llamada panmielosis aguda con mielofibrosis. Le prescribieron el medicamento ruxolitinib, nombre comercial Jakavi de 15mg para tratar la mielofibrosis. Recibió 120 comprimidos de la medicación por parte del hospital e inició el tratamiento. Cuando se le acabó la dosis, le dijeron que no tenían el medicamento en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo y que no podían adquirirla porque no estaba en el cuadro básico. Presentó acción de protección contra el MSP, el IESS y el hospital. Como medida cautelar, el juez dispuso la entrega inmediata de la medicación. En sentencia, el juez consideró que no había violación de derechos y revocó la medida cautelar.


Foto referencial

María ramírez Presentó una acción de protección con medida cautelar contra el MSP e IESS. La jueza de primera instancia inadmitió la acción por improcedente, por cuanto el MSP señaló que el medicamento es ineficaz e inseguro.

Se lo dijeron a María Soledad Ramírez del Canto, de 66 años de edad, quien padece de síndrome mieloproliferativo denominado trombocitosis esencial, una enfermedad de la médula ósea, considerada como catastrófica. Para tratar su dolencia ha tomado durante varios años el medicamento ruxolitinib, nombre comercial Jakavi de 15 miligramos. El médico tratante indicó que la enfermedad puede presentar complicaciones como trombosis venosa periférica pulmonar, mielofibrosis o leucemia aguda, por lo que recomendó el uso del medicamento. Desde el 23 de noviembre de 2017 la farmacia de la consulta externa del Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo dejó de proveerle del medicamento, por no ser parte del CNMB. Presentó una acción de protección con medida cautelar contra el MSP e IESS. La jueza de primera instancia inadmitió por improcedente la acción de protección, por cuanto el MSP señaló que el medicamento es ineficaz e inseguro y dispuso que la paciente solicite el cambio del medicamento por un principio activo que conste en el CNMB. En el recurso de apelación, la Sala Especializada Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas aceptó el recurso de apelación propuesto por la paciente y dispuso el suministro del medicamento.

Se los dijeron a Rosa Narcisa Acosta Quiroz, Jeaneth Tania Aguirre Cruz, Diana de Jesús Cajamarca Medina, Bella Reina María Delgado García, Carlos Rafael Gamboa Villavicencio, Jaime Israel Izquierdo Balladares, Luis Enrique Goyes Angulo, Maritza Magaly Rodríguez Macías, Abel Alex Verdezoto Intriago, Manuel Alfonzo Vera Guaranda, Juan Carlos Núñez del Arco, José Luis Muñoz Oyola, Mauricio Javier Torres Hidalgo, María Elena Avelino Sevilla, Dionisio Palacios Montoya, Nélida María Galarza Torres, Luis Germania Guzmán Paredes, Leonardo Sáenz Haro, Glenda Maribel Palma Bajaña, Rosa Elvira Bonifaz Vallejo, Clara Georgina Castañeda Burgos, Aida Teresa Gallegos Villacres, María Violeta Vélez Álava, Jofre Rafael Vite Peña, Aracelly María García Macías, Jorge Luis Quintana Gálvez, Carlos Andrés González Espinoza, Norma María Vicuña Tapia, Ruth Elizabeth Granda Zambrano, Flavio Alfredo Silva Moncayo y María Esther Vanegas Alvarado; un total de 31 pacientes del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Todos ellos padecen de artritis reumatoidea deformante, espondilitis anquilosante, artritis psoriática y psoriasis y recibían tratamiento con el medicamento adalimumab. Desde noviembre de 2017, el Hospital dejó de proveerles el medicamento. El MSP indicó que dicho medicamento no está contemplado en el CNMB y que no es posible adquirirlo. Presentaron acción de protección en contra del Hospital. En la audiencia de acción de protección se escucharon testimonios en los que se demostraba su necesidad: “si no tengo ese medicamento se me cae el cabello, dolor en las articulaciones y cuando tomaba el medicamento tenía mejoría completa”, “lo que me están dando actualmente no me hace nada, es más me hace daño”; “no tengo como costear esa medicina tan cara, con esa medicina yo puedo tener una mejor calidad de vida.” El juez declaró la vulneración del derecho a una vida digna que asegure la salud, el derecho a la integridad personal que incluya la integridad física y dispuso que en 48 horas se realice la tramitación para adquirir el medicamento, ordenó la emisión de disculpas públicas, la entrega gratuita del medicamento y la investigación y sanción de la conducta de los empleados públicos, quienes, por su negligencia, demora injustificada e incorrecciones postergaron la solicitud del medicamento. En apelación, la Corte Provincial del Guayas confirmó la sentencia.

31 pacientes del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, del IESS, padecen de artritis reumatoidea deformante, espondilitis anquilosante, artritis psoriática y psoriasis y recibían tratamiento con el medicamento adalimumab. El hospital dejó de entregarles la medicina.

Presentaron acción de protección en contra del Hospital. En la audiencia de acción de protección se escucharon testimonios en los que se demostraba su necesidad: “si no tengo ese medicamento se me cae el cabello, dolor en las articulaciones y cuando tomaba el medicamento tenía mejoría completa”, “lo que me están dando actualmente no me hace nada, es más me hace daño; “no tengo como costear esa medicina tan cara, con esa medicina yo puedo tener una mejor calidad de vida.” El juez declaró la vulneración del derecho a una vida digna que asegure la salud, el derecho a la integridad personal que incluya la integridad física y dispuso que en 48 horas se realice la tramitación para adquirir el medicamento, ordenó la emisión de disculpas públicas, la entrega gratuita del medicamento y la investigación y sanción de la conducta de los empleados públicos, quienes, por su negligencia, demora injustificada e incorrecciones postergaron la solicitud del medicamento. En apelación, la Corte Provincial del Guayas confirmó la sentencia. 

Pacientes del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, del IESS, el mismo donde empezaron las denuncias de corrupción por una red mafiosa que esquilmaba a los hospitales públicos de sus medicinas e insumos médicos. 

Se lo dijeron a Maira Elizabeth Parra Lituma, de 37 años de edad, beneficiaria del bono Joaquín Gallegos Lara, quien fue diagnosticada con un adeno carcinoma de mama derecha con metástasis ósea. Inició el tratamiento en el Hospital de SOLCA de Loja con el medicamento trastuzumab. Al no obtener el efecto esperado, se le dispuso recibir quimioterapias con ciclofosfamida y trastuzumab. Ante el aparecimiento de nuevas lesiones en la mama izquierda se ordenó que tome el medicamento pertuzumab. Este último no pudo recibirlo por no estar, en ese entonces, en el cuadro básico. Presentó una acción de protección con medida cautelar, alegó la vulneración del derecho a la vida digna, a la integridad personal, igualdad material y no discriminación y a la salud. Afirmó que para ella “es urgente comprar la medicación, yo no puedo esperar como cualquier persona que goza plenamente de salud, mi situación es apremiante y de desesperación por la incertidumbre, sufrimiento y desgaste emocional, que a mí y a mi familia nos produce, sepa usted que soy madre de tres niños y me siento indefensa, sé que puedo morir mientras las autoridades analizan si me pueden autorizar la compra del medicamento...”. El juez aceptó parcialmente la acción de protección, ordenó que el MSP viabilice de forma inmediata la autorización respectiva solicitada por SOLCA para la adquisición del medicamento. La Corte Provincial de Justicia del Guayas confirmó la sentencia.

A Boris Simón García Véliz, de 63 años de edad, y Vicente Cristóbal López, de 83 años de edad y con una discapacidad del 80%, quienes padecen de mieloma múltiple, un tipo de cáncer que afecta a la médula ósea. Para tratar su dolencia a Boris le prescribieron 8 ciclos de quimioterapia y a Vicente 5 ciclos de quimioterapia. Ambos debían recibir tratamiento con el medicamento bortezomid, solución inyectable de 3.5 mg. de origen alemán. En el Hospital del IESS de Portoviejo, por haberse terminado los medicamentos, a Boris le administraron solo 5 ciclos y a Vicente 3 ciclos de tratamiento. La casa de salud adquirió otro medicamento con el mismo nombre, pero de distinto origen, que a criterio de los pacientes y del médico tratante, Aracely Aguilar Antón, no contenía las propiedades para  atender la enfermedad. El medicamento no es parte del CNMB y no se aprobó la compra del medicamento original alemán. Los dos pacientes afirman que el medicamento no fue eficaz y dejaron de recibir tratamiento. Ambos presentaron una acción de protección en contra del director general del IESS y del director del Hospital del IESS de Portoviejo. El juez de primera instancia admitió la acción de protección, ordenó que de manera inmediata el IESS suministre el medicamento de nombre comercial Velcade, de origen alemán, y además dispuso que se adquieran todos los medicamentos que prescriban los médicos tratantes.

En el Hospital del IESS de Portoviejo, por haberse terminado los medicamentos, a Boris le prescribieron 8 ciclos de quimioterapia y le administraron solo 5. y a Vicente le prescribieron 5 y le administraron 3 ciclos de tratamiento.

Se lo dijeron a Luz María del Carmen Romero Bravo, que padece de mieloma múltiple, que es un cáncer de las células plasmáticas de la médula ósea, y recibió tratamiento en el Hospital Carlos Andrade Marín del IESS. El 13 de julio de 2016 recibió el último esquema de quimioterapia y, a partir del mes de agosto de 2016, la enfermedad entró en remisión. El 11 de mayo de 2018, a través de una cirugía de alta complejidad, se le realizó un trasplante de médula y, por indicación del médico hematólogo trasplantólogo, debe recibir tratamiento con el inmunomodulador. Por ello, se le prescribió el medicamento original lenalidomida 10 mg, que está fuera del CNMB y no recibió el medicamento. Presentó una acción de protección. El MSP señaló en la audiencia que no se ingresó una petición formal para la inclusión del medicamento al CNMB y que el IESS cumplió con entregar el tratamiento necesario. El tribunal declaró improcedente la acción de protección. La Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha aceptó el recurso de apelación, declaró la vulneración al derecho a la salud y ordenó que MSP, previo informe inmediato del IESS, adquiera el medicamento.

A Diana Karolina Jaramillo Castillo, Vivian Rosario Tapia López, Carlos Enrique Suárez Mejía, Zoila de Jesús Cueva Pardo y Víctor Manuel Vásquez Poma, quienes  sufren de cáncer y deben recibir tratamiento con medicamentos que no constan en el CNMB: pertuzumab, bemurafenib, pazopanib, y nilotinib. Los cinco pacientes presentaron acción de protección. En primera instancia, la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en el cantón Loja declaró la vulneración al derecho a la salud y ordenó que el MSP autorice a SOLCA para la adquisición inmediata de los medicamentos y que continúe prestando el servicio especializado a estos 5 pacientes.

Se lo dijeron a Geovanna Gisella Vera Gómez quien tenía una discapacidad física del 40% y con diagnóstico de síndrome mielodisplástico, que es un tipo de cáncer. Para su tratamiento, en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo le recetaron quimioterapias con el medicamento azacitidina, que no está dentro del CNMB y no recibió el tratamiento. El 11 mayo de 2018, por medio de préstamos, pudo adquirir el medicamento y se realizó algunas quimioterapias. Presentó acción de protección en contra de las autoridades del IESS y del MSP. En la audiencia manifestó: “…mi enfermedad no puede esperar, padezco de cáncer, y por la colaboración de mis familiares y conocidos he podido comprar hasta la fecha catorce ampollas de azacitidina… no puedo esperar del trámite burocrático de la compra de mi medicina.” El MSP señaló que se realizaron todos los trámites para la adquisición del medicamento y el Hospital Teodoro Maldonado Carbo indicó que ya se envió el requerimiento para la compra de la medicina. En primera instancia, la Unidad Judicial de Garantías Penales con Competencia en Delitos Flagrantes del cantón Guayaquil declaró con lugar la acción de protección. El 18 de octubre de 2018 Geovanna falleció. En apelación, la Sala Especializada Penal de la Corte Provincial del Guayas confirmó la sentencia impugnada, ordenó que el IESS pague a los herederos los gastos de mortuoria hasta la suma de USD 3.000 y USD 4.700 por concepto de gastos realizados por la accionante.

a oswlado alvarado El médico tratante le prescribió acetato de abiraterona y ácido zoledrónico, un medicamento supresor de las hormonas masculinas, que no consta en el CNMB. El paciente demandó en acción de protección los medicamentos.

A Luz Divina Bravo Moreira, de 77 años de edad, con el 80% de discapacidad visual, domiciliada en el cantón Chone, quien padece de un carcinoma basocelular, un tipo de cáncer que le afecta el rostro. Luz es afiliada al seguro social campesino del IESS. Se le prescribió tratamiento con vismodegib, que no está en el CNMB y no recibió tratamiento. En la acción de protección en contra del IESS, la accionante afirmó “que han transcurrido cinco meses sin que dicho medicamento le sea suministrado, resultando que el cáncer le sigue comiendo el rostro de la afectada y la situación en que se encuentra es desesperante”. En primera instancia, la Unidad Judicial Tercera de Violencia contra la Mujer o miembros del núcleo familiar de Portoviejo aceptó la acción de protección. En apelación, la Sala de lo Penal de la Corte Provincial aceptó parcialmente el recurso de apelación, ordenó que el IESS suministre todos los medicamentos que requiera la paciente y que el medicamento ingrese al CNMB.

Se lo dijeron a Absalón Oswaldo Alvarado Macías, adulto mayor, con domicilio en Portoviejo, quien tiene una discapacidad física del 65%, y desde el 2015 padece de una enfermedad neoplásica denominada cáncer maligno de próstata, estadio IV. En el año 2016 recibió varias sesiones de radioterapia, las cuales le permitieron mantenerse estable hasta el año 2017. En septiembre de 2017 se le detectó un tumor en la región pélvica y el paciente no accedió a realizarse una extirpación quirúrgica de sus gónadas. Le prescribieron el medicamento enzalutamida pero SOLCA no contaba con el medicamento. Se le trasladó a Guayaquil, en donde recibió los medicamentos por ocho meses. El paciente gestionó las primeras dosis del medicamento, hasta completar el trámite de adquisición en el IESS. En el año 2018, el paciente sufrió complicaciones, el cáncer progresó y le ocasionó metástasis en la columna lumbar, quistes hepáticos y renales. El médico tratante le prescribió acetato de abiraterona y ácido zoledrónico, un medicamento supresor de las hormonas masculinas, que no consta en el CNMB. El paciente demandó en acción de protección los medicamentos. El IESS señaló que se está tramitando la solicitud de compra del medicamento, y que por exceso de solicitudes no ha sido posible aún emitir una contestación. El MSP no compareció a la audiencia. En la primera instancia, la Unidad Judicial aceptó la acción de protección y ordenó que el MSP y el IESS adquieran y suministren el medicamento.

Todas las personas que tienen enfermedades catastróficas y de alta complejidad que demandaron judicialmente al Estado, han solicitado tres tipos de medicamentos: para enfermedades oncológicas, metastásicas, avanzadas; para enfermedades de baja prevalencia; y de marca o biosimilares.

La sentencia relata que a la audiencia pública convocada por la Corte Constitucional comparecieron pacientes con múltiples dolencias: Manuel Saltos, que tiene espondilitis anquilosante y requiere el medicamento Secukinumab; Patricio Vaca, que tiene leucemia mieloide crónica y requiere el medicamento Nilotinib; Carolina Cantuña, que tiene inmunodeficiencia primaria y requiere inmunoglobulina humana; Geyson Durán Ayerve, que tiene mucopolisacaridosis tipo II (síndrome de Hunter) y no está recibiendo medicamento alguno; Felix Delgado Galarza, que tiene distrofia muscular y requiere el medicamento Ataluren; Lilian Alcívar, que tiene síndrome de Turner y requiere hormonas de crecimiento; Alexandra Jaramillo y Angelita Viteri, que tuvieron un trasplante hepático y requieren inmunosupresores (el CNMB los tiene); Anita Izurieta, que tiene esclerosis múltiple y requieren el medicamento Fingolimod (marca Lebrina le entregan en el IESS); Fátima Morales tiene insuficiencia renal crónica (tiene trasplante) y requiere medicamentos inmunosupresores; Jaime Galán Melo, procurador judicial de Wilkins BritoCarmen Gaibor, Gregorio Vargas y Ángel Basantes, que tienen leucemia mieloide crónica y requieren del medicamento Ponatinib.

Todas estas personas que tienen enfermedades catastróficas y de alta complejidad que demandaron judicialmente al Estado, han solicitado tres tipos de medicamentos: para enfermedades oncológicas, metastásicas, avanzadas; para enfermedades de baja prevalencia; y de marca o biosimilares, dijo la Corte.

LEA EN LA SEGUNDA PARTE: Los argumentos del MSP y del IESS para negar sus derechos a los pacientes catastróficos. 

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