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12 de Agosto del 2019
Historias
Lectura: 16 minutos
12 de Agosto del 2019
Redacción Plan V
Ecuador, el lento y polémico camino de la lucha anticorrupción
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Foto: Presidencia de la República

El acto de presentación de la CIECCEC fue en la Capilla del Hombre, en mayo del 2019. Han pasado ya más de tres meses de este formalismo.

 

El punto clave sobre la Comisión de Expertos Internacionales en Lucha contra la Corrupción, CIECCEC, que instauró el gobierno de Lenín Moreno, es cuánta autonomía e independencia van a tener los comisionados para definir un derrotero y entrar a un abordaje sistémico e integral de la corrupción en el Ecuador.

Las primeras observaciones de los miembros de la Comisión de Expertos Internacionales de Lucha contra la Corrupción en Ecuador, CEICCE, luego de tres meses de haber sido presentados por el gobierno, son tres. La primera es que en Ecuador hay iniciativas de lucha contra la corrupción para todos los gustos. La segunda, que los comisionados han detectado luego de conversar con cientos de personas e instituciones, es que un elemento clave para comprender la corrupción en el sector público es el sistema de compras públicas y de contratación del Estado ecuatoriano. Y la tercera es que Ecuador adolece de recursos humanos comprometidos política y moralmente en la lucha contra la corrupción, y esa deficiencia se traslada también al área técnica: ¿cómo se asegura el Ecuador de que fiscales, jueces y demás administradores de justicia tienen la capacidad técnica, pero sobre todo la idoneidad para investigar y sancionar la corrupción? Entre las charlas que han tenido, los comisionados dicen haber detectado el consenso de que el factor humano es clave.

El 26 de julio de este año, los comisionados entregaron al presidente Lenín Moreno el proyecto de Estatuto de la Comisión. Los expertos internacionales consideran fundamental para su trabajo presente y futuro que de la Asamblea y/o de la Presidencia salga un aval vía proyecto de ley, decreto o resolución. Esto básicamente para que varios sectores (no precisaron cuáles) impongan la idea de que la Comisión Internacional sea solo un grupo de asesores técnicos del Presidente, sin capacidades de reales de impactar con sus acciones en el sistema estructurado y normalizado de corrupción que vive el Ecuador.

No fue fácil el ingreso de los expertos internacionales al sistema político ecuatoriano y a la cancha del gobierno de Moreno. La creación de una comisión internacional de apoye en la lucha contra la corrupción fue una oferta de campaña del actual presidente. Tardó más de dos años en concretarla, con el auspicio de Naciones Unidas. En febrero del 2019, mediante cadena nacional, el presidente Moreno había anunciado la creación de la Comisión. Moreno había informado al país que disponía al canciller José Valencia iniciar de inmediato reuniones con la Organización de las Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos, la Organización No Gubernamental Transparencia Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y cuerpo diplomático "para poder implementar esta iniciativa de forma inmediata".

Lo "inmediato" se demoró tres meses. Para mayo el presidente suscribió el Decreto Ejecutivo para la creación de la Comisión de Expertos Internacionales de Lucha contra la Corrupción en Ecuador (CEICCE) ante representantes de la Organización de Naciones Unidas (ONU), sociedad civil y academia. El acto oficial tuvo como escenario la Capilla del Hombre en el marco del Primer Congreso Internacional Anticorrupción.

En su discurso de orden, el Jefe de Estado expresó que el evento era significativo “para la historia del país y, quizá, inclusive de la región”, por cuanto se le hace frente la corrupción, uno de los flagelos más destructivos de las naciones, especialmente de las que están en vías de desarrollo. “Es deber primordial del Estado garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción”, remarcó, según la versión oficial.

El decreto ejecutivo disponía que los objetivos de la Comisión eran: asesorar y fortalecer a las instituciones del Estado ecuatoriano encargadas de prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción.

En ese evento, Moreno instó al secretario Anticorrupción, Iván Granda, a la creación de ‘unidades de integridad en el desempeño’ en todas las oficinas públicas para alcanzar el ISO 37001, el Sistema de Gestión Antisoborno, en todos los niveles del gobierno y del Estado. 

Arnaud Peral, coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Ecuador, felicitó la iniciativa de incorporar una Comisión de Expertos en la cirugía mayor de lucha contra la corrupción emprendida en su gestión. “El trabajo que empieza hoy no será investigar casos, pero sí de dar asistencia especializada para fortalecer las instituciones del Estado, para fortalecer la participación de la sociedad civil y también en la resolución de casos de ayer, hoy y mañana. Nos enorgullece como ONU dar nuestro grano de arena y apoyar en esta lucha contra la impunidad y corrupción”, subrayó.

El decreto ejecutivo disponía que los objetivos de la Comisión eran: asesorar y fortalecer a las instituciones del Estado ecuatoriano encargadas de prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción; de la recepción de denuncias, del control, auditoría y fiscalización; así como de la recuperación de recursos producto de estos actos; mediante propuestas normativas y políticas públicas. También, articular con la sociedad civil el combate integral contra la corrupción. Su secretaría técnica la constituirá la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONUDD).

Los comisionados fueron invitados a participar en ese evento de mayo, pero la primera sorpresa para ellos fue que los presentaron como "asesores del Presidente", lo cual no había sido pactado y el decreto determinaba un contrato de tres meses como asesores, y les pidieron los documentos personales para la contratación, pero ellos no aceptaron ser funcionarios públicos del gobierno ecuatoriano. El argumento oficial fue que no había otra ruta para pagarles, porque la ONU les habría dicho que el proceso de contratación era muy largo. Se fueron a los dos días del país con esa preocupación: no se puede conformar una comisión internacional de expertos que sea dependiente presupuestariamente (y políticamente) del Ejecutivo.


El presidente Lenín Moreno firma el decreto para instaurar la presencia de la Comisión Internacional de Expertos.

Los Comisionados reafirmaron "que la legalidad, la independencia y la transparencia han sido y serán principios básicos para garantizar la labor de la CEICCE, para así poder cumplir con el anhelo del Estado.

Se fueron y han vuelto en varias ocasiones con el dinero propio. "Tenemos copadas las tarjetas de crédito", dijo un comisionado a este portal, pero no iban a renunciar a dos principios básicos que fueron el arranque de las conversaciones con el gobierno ecuatoriano: independencia y autonomía totales. Ni a los tres elementos clave del mandato original: la Comisión acompañará al Estado ecuatoriano en casos de alto impacto; la Comisión definirá una política pública de lucha anticorrupción y articulará los esfuerzos con la sociedad civil en esta lucha.

Tres meses después, los comisionados emitieron su primer comunicado público, anunciando que se había entregado el proyecto de Estatuto al presidente Lenín Moreno. Otros puntos del comunicado consideraban que "el diseño y contenido dado al proyecto de Estatuto por los Comisionados es un instrumento valioso para contribuir de manera firme y decidida a la prevención y combate a la corrupción en el Ecuador, a partir de los lineamientos fijados en el Decreto Presidencial n.º 731, de 13 de mayo de 2019"

Los Comisionados reafirmaron "que la legalidad, la independencia y la transparencia han sido y serán principios básicos para garantizar la labor de la CEICCE, para así poder cumplir con el anhelo del Estado y los ciudadanos ecuatorianos de luchar frontalmente y de manera eficaz contra la corrupción". Estas tres condiciones debían tener una ruta institucional en los órganos de decisión política del Estado ecuatoriano".

Los Comisionados se mostraron "confiados" en que las distintas fuerzas políticas representadas en la Asamblea Nacional respaldarían el proyecto de Estatuto de la CEICCE y su trabajo como un proyecto-país estable, con actuación y competencias más allá de coyunturas y mandatos políticos.

Una vez aprobado el Estatuto, los comisionados ofrecieron tener listo el Plan Estratégico y de Acción de la Comisión. Según fuentes de la Presidencia, el Estatuto fue aprobado ya por el presidente Moreno, y remitido a la oficina de la ONU para su trámite respectivo. Esto lo confirmó uno de los comisionados, y agregó que la Presidencia estaba de acuerdo con el contenido del Estatuto; incluso la Fiscalía General dio algunas sugerencias. El documento está ahora en la ONUDC, que es la oficina de las Naciones Unidas para la droga y el delito. Y aquí está el meollo del asunto: para observadores de la sociedad civil, existe en el seno de Naciones Unidas la intención de mantener a la Comisión como un organismo de asistencia técnica, sin autonomía ni independencia. Algo que se justifica desde la ONU por el fantasma de la CICIG, la comisión de la ONU en Guatemala.

para observadores de la sociedad civil, existe en el seno de Naciones Unidas la intención de mantener a la comisión como un organismo de asistencia técnica, sin autonomía ni independencia.

Para los comisionados, el Estatuto debiera ser ratificado por el Pleno de la Asamblea, con los procedimientos acordes para la aprobación de un convenio internacional. La CIECCE espera que el organismo dure cinco años, un periodo que trascienda los gobiernos de turno. Otro de los temas de preocupa a los comisionados es precisamente el del factor humano, y lo piensan resolver a través de traer expertos internacionales en auditoría forense y en lavado de activos, para consolidar una unidad élite en la Ministerio Público para que tenga la solvencia técnica en lucha contra la corrupción.

El otro punto es el financiamiento de la CIECCE, que al interno de la comisión se calcula entre USD 25 a USD 30 millones para un quinquenio. El costo es aparentemente alto, dice un comisionado, pero depende de las capacidades instaladas en el Estado ecuatoriano, sobre todo en la Fiscalía y lo que costaría implantarlas y sostenerlas en el tiempo: instalación, programación y mantenimiento de software para análisis de datos financieros, por ejemplo; la logística que conlleva una unidad de alto nivel, es otro ejemplo. Una comisión similar en Honduras cuesta USD 16 millones por año.  Para financiar la comisión se están viendo alternativas en la cooperación internacional, y se habla del apoyo de la Unión Europea, por ejemplo. En la comisión se entiende que su autonomía financiera es fundamental para seleccionar personal, por ejemplo, y definir prioridades. Y también se refiere, por ejemplo, a que las entidades públicas no pongan condiciones para ese personal, exigiendo que sea gente "de su confianza" o que se canalicen los pedidos de información de modo directo y no a través de filtros.  Lo contrario, sería tener una comisión descafeinada, con los colmillos limados y presta, sobre todo, para el show político.

USD 25 millones es el presupuesto de la CIECCEC para un quinquenio. se espera financiarla con fondos de la cooperación internacional.

Sin embargo, hay algunas reservas y límites sobre su propio accionar, según reconocen. Los ejemplos en Centroamérica tienen sus momentos luminosos pero también oscuros. Por ejemplo, en Guatemala, tras 11 años de vigencia de la Comisión, esta logró, junto al sistema judicial de ese país, poner en la cárcel a altos cargos y ex altos cargos del gobierno, hechos que impactaron la política del país, pero luego de ese tiempo no lograron impactar en el sistema estructural de la corrupción.

Lo que una comisión de este tipo no puede hacer es sustituir los esfuerzos nacionales de lucha contra la institución; fortalecer sí, pero no reemplazar a su sistema investigativo ni judicial, pues la comisión no puede permanecer siempre en el país, ni reemplazar al Estado. El otro punto es la necesidad del abordaje sistémico e integral de la corrupción, en ese sentido no cabe un abordaje "populista", pues hay sectores fácticos, envueltos en corrupción, que adoptan el discurso anticorrupción para protegerse. En Guatemala y Honduras, estos sectores lograron vender la idea de que la lucha anticorrupción era una forma de persecución política.  El proceso de Centroamérica no es considerado el mejor ejemplo de lo que se debe hacer en Ecuador, y el las Naciones Unidas existe el temor de replicar estas experiencias con los efectos traumáticos que hubo en el campo político.

¿Y el Ecuador? La contraparte del país es un problema aparte y no menos serio. Aunque se tiene confianza, dentro de la comisión, con la nueva fiscal general, Diana Salazar, se tiene claro los límites que tiene una persona frente a la Fiscalía como institución. Otra de las dudas de la comisión es el proceso de evaluación y calificación de los jueces, las actuaciones del Consejo Nacional de la Judicatura y si el proceso emprendido garantizará una verdadera independencia judicial. En la comisión se considera que la institucionalidad judicial en Ecuador es sumamente débil.  Una de las salidas es empujar la especialización de jueces anticorrupción, sometidos a medidas de confianza (polígrafo, análisis socio económico, evaluación psicológica...). En otras experiencias, apareció gente con antecedentes excelentes pero estaban al servicio del narcotráfico. 

La conformación de las llamadas islas de integridad también es una tarea pendiente, pero en la comisión de expertos se mantienen las dudas si una medida, así de generalizada, puede enredar aún más el problema. Una salida adecuada podría ser la conformación de estas islas de integridad en sectores proclives histórica y estructuralmente a la corrupción.

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