En la región existen 18 proyectos financiados y construidos por instituciones chinas que han afectado diversos derechos humanos, según organizaciones de cinco países. Pero de ellos, Ecuador tiene 8 de esos proyectos que abarcan desde minería, petróleo e hidroeléctricas. Así lo revela el informe “Evaluación de las Obligaciones Extraterritoriales de la República Popular de China desde Sociedad Civil: Casos de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú”. El documento será presentado el próximo 6 de noviembre en el Examen Periódico Universal (EPU) de China.

En el caso ecuatoriano, los proyectos señalados son Toachi Pilatón,  Múltiple Chone Fase 1 - Presa Río Grande y Desaguadero San Antonio, Coca Codo Sinclair, Bloques 62, 14 y 17, Río Blanco, Mirador, San Carlos Panantza y la explotación petrolera en los Bloques 79 y 83. Pero el informe profundiza en los últimos tres proyectos que suman 58.388 hectáreas.

El informe fue elaborado por la Coalición de sociedad civil sobre derechos humanos y empresas chinas en Ecuador, que incluye al Centro de Derechos Económicos y Sociales, a los Pueblos Shuar Arutam, a la Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador y al Eje de Derechos Humanos de la Red Eclesial Panamazónica de Ecuador. Estas son sus principales conclusiones:

Proyecto Mirador

Proyecto minero Mirador en la provincia de Zamora Chinchipe. Foto: Ministerio de Minas

Tiene una extensión de 9.928 hectáreas y está ubicado en el cantón El Pangui, en Morona Chinchipe, una zona conocida también como la ‘Cordillera del Cóndor’. Es uno de los ecosistemas más frágiles donde cada hectárea alberga a más de 220 especies.

Pero Mirador es un proyecto minero a gran escala de cobre, plata y oro que se asienta en ese sector fronterizo con Perú. Fue concesionado desde 2010 a la empresa Ecuacorriente S.A. (ECSA), subsidiaria del consorcio China Railway Construction Corporation Limited CRCC y Tongling Nonferrrous Investment Co. Ltd. El proyecto se encuentra en su primera fase de explotación.

El proyecto, según el informe, ha violado derechos de las comunidades a una consulta previa, derechos de la naturaleza, el derecho a vivir en un ambiente sano, entre otros. También recoge denuncias de organizaciones de desalojos violentos y de ocupación de tierras de los campesinos. El reporte indica que al menos 29 comunidades han sido afectados por la minera en esa zona.

El 30 septiembre de 2015 fueron desalojadas varias familias de la comunidad de Tundayme por la empresa minera.

El documento sobre todo recoge las denuncias de la Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador (Cascomi). Por ejemplo, según esta organización representante de los afectados una de sus principales preocupaciones ha sido la falta de consulta previa a las comunidades para la concesión del proyecto. El informe recuerda que por esa razón “es uno de los proyectos más conflictos en Ecuador”. recuerda , por ejemplo, la masiva marcha a pie desde El Pangui hasta Quito, en 2012, después de la firma del contrato entre el Gobierno y ECSA. Tras eso hubo, los manifestantes pusieron una acción de protección contra la empresa porque el contrato violaba “los derechos humanos y de la naturaleza reconocidos en la Constitución del Ecuador”.

Otra denuncia de Cascomi tienen que ver con las “tácticas cuestionables para ocupar las tierras de comunidades indígenas y campesinas, a fin de instalar las facilidades del proyecto”. Según la organización, los moradores aseguraron que la empresa “manipuló los precios de la tierra aprovechándose las necesidades económicas de la gente y ofrecer plazas laborales, a cambio de confrontar a los vecinos que se oponían a vender sus tierras y al desarrollo del proyecto”. Las denuncias señalan además que hubo testaferros en la compra de las tierras.

La empresa china también ha recurrido a tres juicios civiles de tierras, según el reporte. Su objetivo era la salida de familias campesinas cuyas posesiones no contaban con títulos formales de propiedad. Según el informe, “la empresa habría adquirido propiedades sin considerar que estas incluían posesiones campesinas constituidas con anterioridad. En dos de los casos localizados en la parroquia Tundayme, las sentencias judiciales no favorecieron a la empresa: en el primero por vicios formales en la demanda y en el segundo por abandono de la causa. Sin embargo, en el tercer caso, la empresa logró una sentencia favorable a través de la cual logró que una familia campesina de la zona de Santa Cruz (El Güismi) fuera desalojada de sus tierras y su vivienda quemada en mayo de 2011. En este evento habrían participado la policía y empleados de ECSA”.

Los desalojos de familias que viven cerca al proyecto es otra de las vulneraciones a las que ha recurrido ECSA, según el informe. “Estos iniciaron en 2010, previo a la firma del contrato de explotación, donde la compañía desplazó engañosamente a 13 familias del poblado de San Marcos, con ofrecimientos de dinero y la reubicación de sus hogares. No obstante, frente al incumplimiento de la empresa las familias fueron reubicadas por la comunidad en un espacio contiguo a San Marcos”. En total registran 32 desalojos de familias de El Pangui, que representan 136 afectados, de los cuales son 52 niños y adolescentes, 12 personas de la tercera edad y 58 adultos. “Estos acontecimientos atentan contra el derecho a la vivienda digna”, asegura el informe.

Pero la empresa también ha solicitado la medida administrativa de ‘servidumbre minera’ ante el rechazo de las comunidades. Esta permite al Estado, explica la investigación, apropiarse de tierras comunitarias para garantizar las operaciones de la empresa. Desde el 2013, se han aplicado 47 servidumbre mineras que afectan a 14 territorios de Cascomi.

El 12 de mayo de 2014 se dio uno de los primeros desalojos. El informe dice que ECSA respaldado de decenas de policías, guardias de seguridad privada de la empresa demolieron la iglesia de San Marcos y la Escuela ‘Tres de Noviembre’ y se destruyó parques y juegos infantiles) de la comunidad de San Marcos para construir la estación de lavado del material aurífero. El 30 de septiembre de 2015 sucedió la demolición de las viviendas de 16 familias. El 15 y 16 de diciembre del mismo año también se realizó el desalojo de otras 14 familias asentadas a lo largo de la microcuenca del río Tuntaim. El 4 de febrero 2016 también “desalojaron de manera engañosa a Rosario Waar, anciana de 114 años, asentada a orillas del río Tuntaim, y 13 de mayo de 2016, durante la noche, son despojados de sus tierras las 6 familias Tendetza Antun”.

Las denuncias incluyen además maltrato, despidos ilegales y accidentes previsibles por parte de ECSA. El malestar llevó al comité de trabajadores Katmandú “que se unió a 150 trabajadores que se hicieron cargo del campamento minero protestando por las violaciones de sus derechos”.

A eso se suman las preocupaciones sobre los impactos de la actividad minera en 227 nacederos y fuentes de agua que están ubicados en la zona de influencia de la explotación. El 2015, el Ministerio del Ambiente alertó sobre el incumplimiento de la Licencia Ambiental e incumplimientos en “el mal manejo de combustibles; falta de actividades de rehabilitación de las laderas y quebradas afectadas; plantación de especies herbáceas como gramalote para estabilizar el suelo; inadecuado tratamiento para la disposición final de los lodos de perforación en algunas plataformas; entre otras observaciones”, recuerda el reporte.

Proyecto San Carlos-Panantza

Este proyecto de explotación de cobre y otros minerales está a cargo de la empresa china Explorcobres S.A (EXSA),  que pertenece a la compañía china CRCC, Tongguan Investment CO. Comprende 41.760 hectáreas y está ubicado en las parroquias de San Miguel de Conchay y Santiago de Panantza, cantón San Juan Bosco y Limón Indaza, provincia de Morona Santiago. Actualmente se encuentra en su fase de exploración avanzada. El reporte señala que al menos 47 centros comunitarios del pueblo Shuar Arutam donde habitan más de 2 mil familias serían las afectadas por este proyecto.

Este proyecto inició en el 2006 en el gobierno de Alfredo Palacio. En noviembre y diciembre de ese año se registraron enfrentamientos entre pobladores y la policía. La comunidad intentó desalojar a la compañía de Tundayme, donde la empresa realizaba trabajos de exploración. Palacio suspendió el avance de los proyectos mineros que fueron retomados por Rafael Correa en el 2008, relata el informe.

“Entre 2008 y 2016, se llevaron una serie de diálogos entre el pueblo Shuar Arutam y representantes del gobierno nacional para tratar de lograr mediación pacífica. Cuando en agosto de 2016, ya con la presencia de las empresas chinas, se efectuó el desalojo forzoso de la comunidad shuar de Nankints”, agrega el informe. Asegura que en el desalojo de Nankints participaron aproximadamente 2.000 militares y policías, “quienes completamente armados despojaron de sus hogares a todas las familias de la comunidad, destrozando sus bienes materiales y matando a sus animales”.

Plan V publicó en febrero de 2017 la historia de ese desalojo contada por las mujeres de Nankints. Mercedes Chinkuin, 20 años, contó lo siguiente: “Patearon la puerta para entrar. Sacaron las ropas, las ollas, las cocinas. Todo botaron afuera. Desarmaron todito. Mi casa era de dos pisos, vivíamos con mi papi, mis dos hermanos, mi esposo y mis tres hijos (de 4 años, de 2 años y 9 meses). Mi papi siempre vivió allí. Es agricultor. Recién había sembrado cacao cuando al siguiente día ya lo desalojaron. Todo lo que teníamos sembrado (plátanos, papas chinas, yuca) lo dejaron limpio, cortaron con macheque. Vinieron con un chancador y dejaron aplastando todito. Todas las guabas tumbaron. Como vivíamos cerca del río, la casa la botaron al río”.

En esta acción, según los denunciantes, hubo cuatro derechos violados: al debido proceso, a la notificación o acuerdo previo, al derecho a la posesión de tierras ancestrales y al derecho a no militarizar territorios indígena. Diez casas shuar fueron destruidas en esa ocasión para instalar un nuevo campamento de la empresa china y de “campamentos provisionales para efectivos de las fuerzas armadas, quienes protegían los confines del proyecto”.

Una de las principales preocupaciones que aborda el reporte es la presencia militar en esos territorios indígenas. Tras los enfrentamientos entre noviembre y diciembre, el gobierno declaró el estado de excepción en la zona y el ingreso de tanques de guerra y helicópteros. También dirigentes indígenas fueron detenidos por la muerte de un policía durante esas manifestaciones.

Militares durante la ocupación de la localidad shuar de Nankints en 2016.

“Nankints ya no existe, lo único que se encuentra en esta zona es al campamento minero de la empresa china”, señala el informe que además hace énfasis en que el desalojo afectó sobre todo a mujeres y niños, “quienes tuvieron que huir al interior de la selva para salvaguardar su integridad, algunas de ellas madres con bebés en brazos”. Uno de los lugares donde se refugiaron fue Tiink. La Conaie y Confenaie concluyeron que en Nankints, Tsuntsuim, San Pedro y Kutukus hubo “heridos producto de bombas incendiarias, heridos de bala de alto calibre, más de 80 niños, mujeres embarazadas y adolescentes desalojados forzadamente de sus casas, y más de 60 niños que perdieron el acceso a la educación en sus respectivos establecimientos”.

Los Bloques 79-83

Zhao Xinjun, presidente ejecutivo (e) de Andes Petroleum Ecuador, y los exministros Rafael Poveda y Carlos Pareja Yanuzelli durante la firma del acuerdo para la exploración de dos campos del suroriente. Foto: El Universo

Andes Petroleum suscribió el contrato con el Estado ecuatoriano el 25 de enero del 2016 para la exploración y explotación de los Bloques 79 y 83. Los primeros en cuestionar el convenio fue el Consejo de Gobierno de Sarayaku. Dijo que la explotación petrolera del Bloque 79 afectará 6.700 hectáreas de su territorio y eso además viola la sentencia de 2012 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que prohíbe nuevas exploraciones petroleras en su territorio. “Sin embargo, a pesar de la sentencia se ha continuado con incursiones inconsultas en su territorio”, dice el informe. Las comunidades Sápara y Shiwiar son otras afectadas. Tienen una población aproximada de 559 y 697 personas respectivamente.

De igual forma se repite los cuestionamiento a la consulta previa. En este caso, hubo una consulta, pero fue desconocida porque “no responde a los estándares internacionales de derechos humanos y la Constitución del Ecuador”, según el informe. Relata que  la Secretaría de Hidrocarburos del Ecuador informó que participaron 278 comunidades, sin precisar el número de personas de cada comunidad.

Otra falencia la detectaron cuando la Secretaría dijo que fueron consultadas 10.469 personas, pero de nuevo sin desagregar por edad, género y comunidad. “Sin embargo, si se considera que las personas aptas a participar en el proceso de consulta ascienden 141.497 de afectados por la extensión de la XI Ronda Petrolera, solamente se consultó al 7% de la población, tornando al proceso inefectivo”.

El informe concluye que pese a se informadas de estas violaciones, “las instituciones chinas no respondieron a las mismas haciendo caso omiso de las denuncias y continuando sus operaciones con conocimiento de causa”. De ahí que entre las recomendaciones que hace el informe es implementar mecanismos de rendición de cuentas, regulación y control sobre las empresas y filiales que realicen actividades fuera del territorio chino.