Han pasado seis meses desde cuando el cadáver de Valentina, de 11 años de edad, apareció una mañana en el patio de su escuela, y nada ha pasado. La escuela no ha sido sancionada, reclama la defensa de la madre, y no hay respuestas a las causas de su muerte, que ella presume fue por violencia sexual. 

No solo es su caso. Mario, un niño de cuatro años de edad, fue víctima de abuso sexual y violación por parte de un profesor de su escuela. En su caso, a pesar de existir su  testimonio en cámara de gessel y varias pericias psicológicas  donde  el  menor  identificaba  inequívocamente a su agresor, este fue sobreseído por una supuesta duda razonable.

Al apelarse a la sentencia, la misma fue  anulada, volviéndose a instrucción  fiscal, no obstante irrespetando todos los estándares internacionales y nacionales en materia  de juzgamiento de delitos sexuales, la Corte Superior ordenó otras pruebas de identificación del agresor altamente revictimizantes.  

En Ecuador, durante el 2014 fueron registradas 271 denuncias de delitos sexuales en instituciones educativas. En el  2013, de  las 634 denuncias de violencia  sexual  contra niñas  y adolescentes  registradas, el 85% se  relacionaba  con  violaciones  contra  niñas y adolescentes (Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica ANDES, 2014). En el 2013, menos del 6% de este tipo de denuncias fueron procesadas (Naciones Unidas, 2015), siendo la impunidad, el silencio y la tolerancia frente a este tipo de agresiones la regla general en el país.

Estas cifras corresponde al Informe Sombra —con datos condensados hasta el 2014— de la Coalición de Mujeres del Ecuador, para el examen al Estado ecuatoriano en el Comité de las Naciones Unidas para los Derechos del Niño.

El informe fue presentado en octubre de 2016. Recoge la situación de las niñas, niños y adolescentes en el Ecuador, su estado de indefensión y violación sistemática de sus derechos, y muestra casos sobre lo denunciado.

Este es un extracto:

En el capítulo de violencia sexual en las escuelas, se han presentado al Comité varios casos que  suceden con frecuencia en Ecuador, "donde la violencia sexual desde las instituciones educativas es encubierta por las mismas instituciones, las cuales generalmente culpabilizan a las y los niñas y adolescentes o a sus madres de estas agresiones, generando incluso estigma contra los mismos, lo que disuade a otras personas de denunciar. Y donde a pesar de la existencia de una ruta para la “erradicación  de delitos sexuales en el ámbito educativo” esta no se  implementa, existiendo una falta de diligencia absoluta del Ministerio de  Educación para actuar sancionando a las instituciones educativas,  llegando incluso en el caso de asesinato y violación a niñas donde, contrariamente a la verdad, ha manifestado “no tiene responsabilidad sobre este hecho, por ser una institución educativa privada”, dejando a niñas, niños y adolescentes en una situación de vulnerabilidad en instituciones educativas con dudosa responsabilidad sobre su cuidado, protección y bienestar.

"En todos los casos mencionados en este informe, ninguna de las instituciones escolares públicas ni privadas donde se perpetraron los hechos han sido sancionadas administrativa ni judicialmente, aun cuando en los mismos la mala fe y el encubrimiento han sido evidentes; así como tampoco han sido condenados los violadores, denotando una clara tolerancia por parte del Estado ecuatoriano frente a este tipo de delitos", dice el Informe de la Coalición de Mujeres.

La violencia sexual es una pandemia en el Ecuador. Pero el tema es más dramático —por su estado de indefensión— en las niñas, niños y adolescentes.

La Encuesta Nacional de  Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres, realizada  por la Comisión de Transición y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2011), evidencia la magnitud de mujeres que en Ecuador han vivido violencia de género, estableciendo que seis de cada diez mujeres y niñas de 15 a 64 años han sido víctimas de violencia en algún  momento de su vida, es decir 3.260.34013 según el Atlas de la desigualdad, de Senplades.

La encuesta muestra también que un cuarto de mujeres en el país han sido víctimas de violencia sexual, de las cuales 25.7% fueron agredidas antes de los 18 años.

Según datos de la Fiscalía General del Estado —cita el informe— de cada diez víctimas de violencia, seis corresponden a niños, niñas  y  adolescentes, siendo en un 80% de los casos las víctimas mujeres, lo cual nos permite concluir que las niñas y adolescentes menores de 14 años son consideradas como las principales víctimas de violencia sexual en el país. Los datos sobre los responsables de la violencia sexual,  muestran que esta ocurre principalmente en el “ámbito  familiar”, educativo y cercano. Sin embargo, la gran mayoría de los casos no se denuncian.

Sólo el 10,8% de todas las mujeres, adolescentes y niñas víctimas de violencia logran efectuar la  denuncia, y el: “40% de niñas y  adolescentes abusadas no dieron a conocer el hecho a ninguna persona; esto debido a que al 28 % de las que avisaron no les creyeron; y al 16,3 % les pidieron que no digan nada de lo sucedido. El resultado es que sólo una  tercera parte del  total de niñas y adolescentes abusadas  fueron atendidas o recibieron alguna respuesta.”

La Fiscalía reporta que recibe tres denuncias de violación a niñas menores de 14 años al día, de acuerdo a datos que se presentaron para la discusión del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Integral Penal, presentada por el Defensor Público el 6 de julio del 2016.

En el Ecuador, el 58,3% de las mujeres que dijeron haber tenido su primera relación sexual antes de los 15 años,  reportó haberlo hecho con un hombre mayor de edad. Todos estos casos son considerados como violencia sexual según la legislación ecuatoriana. Muy pocos casos  son  denunciados pues este tipo de  relaciones inequitativas se encuentran naturalizadas inclusive por la misma víctima.

Se estima que en Ecuador existe un fuerte subregistro de los delitos de violencia sexual contra niñas y adolescentes, que se debe a la naturalización de los mismos y al estigma existente sobre las víctimas. En el caso de M., presentado en este informe, varios padres y madres de niños agredidos se negaron a presentar denuncias por miedo a que sus hijos e hijas sean estigmatizados en el futuro.

La imposición de relaciones y prácticas sexuales utilizando la fuerza, amenaza o intimidación, es quizás la más brutal expresión de las  desigualdades de género, y refleja claramente el ejercicio de poder masculino para someter o controlar los cuerpos de las mujeres. El 6,7% de mujeres de 15 o más años fueron violadas, esto significa que alrededor de 380 mil mujeres han vivido este tipo de agresión.

Una de las consecuencias previsibles de la violación es el embarazo forzado. Este se define como cualquier embarazo que la mujer considera  peligroso para su salud, su vida y su integridad. Varios estudios establecen que alrededor del 10 al 15% de las mujeres que fueron violadas resultan embarazadas. A pesar de la petición realizada por la ONG Surkuna para acceder a datos que permitan vincular el delito de violencia sexual y el embarazo, las instituciones encargadas no han remitido esta información, razón por la cual no es posible determinar el número de embarazos en adolescentes que fueron producto de una violación. La existencia de 2.470 embarazos en niñas de 10 a 14 años,  todos  considerados como embarazos producto de una violación de acuerdo a nuestra legislación, muestran lo común de un embarazo producto de una violación y la falta de acceso a la justicia en estos casos.

Las niñas madres y la violación

Violada por su padrastro a los 10 años,  L. se embarazó y abortó espontáneamente. Luego tuvo una pareja 7 años mayor a ella, quien la violentó física y psicológicamente. De esa relación tuvo 3 embarazos y dos abortos producto de  los golpes recibidos por parte de su pareja. Este hombre la obligó a prostituirse y le quitó a su hija. Luego ella escapó y con ayuda de la Policía recuperó a su hija, quien  había sido duramente maltratada. Duda ahora  si denunciar a ese hombre por ser el padre de su hija. Actualmente, la niña tiene 13 años.

Entre 1500 y 2000 niñas ecuatorianas menores de 14 años ya son madres estos últimos cinco años según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos-INEC producto en más del  80% de casos por violación por perpetradores que se encuentran en el entorno más cercano de su vida. La Coalición, a través del Informe, ha denunciado al Comité la afectación que viven estas niñas en su vida cotidiana y en las dimensiones de su salud integral: física, mental y social.

Según cifras del Anuario de Estadísticas Vitales del INEC, 1950 niñas se embarazaron el año 2014. Entre algunas de las principales causas  relacionadas con el embarazo en adolescentes en Ecuador, se reconoce el abuso sexual. Según datos del Servicio de Atención Integral de la Fiscalía se asegura que las niñas y adolescentes menores de 14 años son las principales víctimas de abuso sexual, casi siempre en entornos  familiares o conocidos. De cada 10 víctimas de violación, 6 corresponden a niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, la gran mayoría  de  los  casos no se denuncian.

Solo el 10,8% de todas las mujeres víctimas de violencia sexual logran efectuar la denuncia y el 40% de niñas y adolescentes abusadas no dieron a conocer el hecho a ninguna persona; esto debido a que al 28% de las que avisaron no les creyeron, y al 16.3% les pidieron que no digan nada de lo sucedido. El resultado es que solo una tercera parte del total de niñas y adolescentes abusadas fueron atendidas o recibieron alguna respuesta”.

Para el año 2014, la Fiscalía Nacional del Ecuador, informó que tres niñas menores de 14 años, denuncian diariamente violación sexual. Finalmente, las complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto en niñas menores de 14 años se ven reflejadas en las estadísticas del INEC con patologías gravísimas, desde la presencia de tumores placentarios, embarazos ectópicos, embarazos múltiples y complicaciones derivadas de alteraciones en la labor de parto, entre otras.