2002. Ese fue el año en que Paola Guzmán fue víctima de violencia sexual. Tenía 16 años cuando el vicerrector del colegio público al cual asistía la violó. Producto del abuso, ella quedó embarazada y aseguró que ese hombre la presionaba para abortar con ayuda del médico de la institución educativa. En diciembre del mismo año, Paola murió tras la ingesta de diablillos. Se suicidó.

El pasado 19 de octubre el caso se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La denuncia, encabezada por el Centro Ecuatoriano Para La Promoción y Acción de la Mujer -Cepam Guayaquil-, expone la inoperancia del Estado ecuatoriano ante la violación de los derechos a la vida, integridad personal, seguridad personal, garantías judiciales… El país careció de un representante durante la audiencia.

La historia de Paola no responde a un caso aislado. Según datos proporcionados por la Fiscalía General, de agosto de 2014 a julio de 2015 se registraron 591 denuncias por  presuntas violaciones a víctimas menores de edad. Menores de 14 años para ser más precisos.

“En Quito, el lunes 28 de septiembre de 2015, en el sector de la Loma de Puengasi, Pamela, de 3 años, fue violada por Henry O. Posteriomente murió por una hemorragia provocada por un desgarro a nivel anal y vaginal. Se conoce que el lunes, cerca de las 16h00, ella jugaba en el patio de un conjunto de viviendas, en compañía de unos niños del barrio. De pronto, Henry O. se acercó hacia Pamela y se la llevó ofreciéndole dulces. Cuando su madre se dio cuenta que su hija no estaba, avisó a los vecinos para que ayuden a encontrarla. Ante esta situación, los moradores trataron de linchar al hombre ingresando a su casa, por lo cual la policía tuvo que intervenir. Él esta en prisión preventiva”. Este caso consta en el registro de femicidios de niñas desarrollado por la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu). Entre marzo y octubre de 2015 se cuentan cinco de historias de este tipo.

En Ecuador este sería un comportamiento permanente. “La violencia contra las mujeres y las niñas es un fenómeno regular que está presente en la sociedad ecuatoriana, y en el mundo”, afirma Susana Valarezo, directora de Cepam-Quito. En sus palabras, pareciera que se trata de un mal crónico. Lo que resulta más alarmante es que en su mayoría la violencia proviene del entorno familiar. “En un 60% de los casos los padrastros son los victimarios”, asegura. 

“En la Cooperativa 5 de diciembre, sector de Pascuales, en el norte de Guayaquil, a las 06h30 del viernes 2 de octubre de 2015, un vecino del sector encontró un saco de yute en la puerta de su casa. Al revisarlo encontró el cuerpo de Dilady, de 8 años. Dio aviso a los familiares de la menor, pues supo de su desaparición la noche anterior cuando, supuestamente, fue enviada a comprar en la tienda y no regresó.

Las investigaciones determinan que la niña fue brutalmente violada y luego estrangulada. Las evidencias señalan como responsable al padrastro y como cómplices a la madre, abuela materna y otro pariente. Ellos habrían colaborado para deshacerse del cadáver. Los cuatro acusados se encuentran con prisión preventiva. La niña habría avisado que era víctima de violaciones por su padrastro”, señala el registro de la Cedhu.

Según César Duque, vocero de la Comisión Ecuménica, el Plan nacional de erradicación de la violencia de género hacia niñez, adolescencia y mujeres no ha sido actualizado. De hecho, data de 2007 y, a su criterio, es necesario que el Estado lo actualice, analice los avances, resultados y las nuevas estrategias que deben darse. “Los hechos siguen, no basta con respuesta penal, falta educación, concienciación”.

Una agresión sexual que se comete contra una menor, generalmente, empieza por una cierta seducción del adulto que quiere aproximarse a la niña. Lo hace con halagos, regalos, y con ello produce el acercamiento. “En ese entorno, donde se mezclan relaciones afectivas y familiares, la niña no es capaz de mirar el peligro y acceden a acercamientos con los adultos. Luego de la agresión se produce un proceso de ocultamiento, para lo cual el agresor usa el chantaje. Las amenazan y las menores no saben discernir lo que está pasando”, sostiene la Directora de Cepam-Quito.

“El viernes 6 de marzo de 2015 en la Comunidad de Quinchibana Alto, en Pelileo (Tungurahua), se denunció la desaparición de Marilyn de 5 años. El domingo, detrás de la casa de unos familiares y tras excavar unos 40 centímetros de profundidad, encontraron un saco de yute que contenía su cuerpo.

Se conoce que Stalin, de 14 años y pariente de la víctima, ese día en la mañana la convenció para que lo acompañara a coger capulíes, llevándola luego a su casa, donde vieron videos y la violó. Como ella gritaba y dijo que le contaría a su mamá, él tuvo temor e ira, por lo que la estranguló para que no dijera nada. Fue detenido, enjuiciado y condenado por femicidio”, apunta la Cedhu.

La muerte no es la única consecuencia de la violencia sexual contra niñas. El embarazo no deseado es otra constante para la cual todavía no existen respuestas, dicen las activistas. .

“En Ecuador, uno de los problemas respecto a la violencia es que no se visibiliza”, acota Virginia Gómez. La Presidenta de la Fundación Desafío sostiene que, anualmente, en el país se embarazan 2000 niñas producto de la violencia sexual. La cifra se habría incrementado entre un 70 y 80 por ciento durante los últimos 10 años.

“Hay un telón de fondo de violencia estructural que invisibiliza el impacto del embarazo en este sector de la población. Son niñas que, producto de relaciones violentas, se quedan embarazadas y el Estado no las ve, ni las toma en cuenta”, agrega Gómez.

Fundación Desafío presenta este 27 de octubre Vidas Robadas. El informe recoge una investigación que expone la situación de la maternidad forzada en Ecuador.

Por lo general, las víctimas de este tipo de violencia son niñas que crecen en entornos de familias violentas, en la pobreza, discriminadas y excluidas por el sistema. Por su parte, los agresores, coinciden los expertos, son hombres que creen que ese cuerpo de niña, por ser chiquita y mujer, es violable y hasta desechable. “Las poseen sin la menor preocupación ni culpa”, enfatiza la representante de Fundación Desafío.

La infección con enfermedades de transmisión sexual es otro de los fantasmas que atormenta a las niñas que viven episodios de este tipo de agresiones. Durante las entrevistas realizadas para la investigación la Fundación Desafío elaboró, todos los testimonios dan cuenta de infecciones de vías urinarias y vaginales.

Hay casos todavía más complicados. La Directora de Cepam-Quito narra el caso de una niña de cinco años, en Ibarra, quien habría sido contagiada con VIH por su padrastro.

El Estado no ofrece respuestas integrales ante este problema social que, en lugar de disminuir se mantiene o, incluso, se incrementa. En el primer trimestre de este 2015 el Gobierno presentó lo que sería el Plan Familia, una propuesta que pretende fortalecer el núcleo familiar como punto de partida de la educación sexual. No obstante, hasta la fecha (octubre) no se realiza una presentación formal y/u oficial de las estrategias para llevarlo a cabo. También, el 10 de agosto de 2014 entró en vigencia un Código Orgánico Integral Penal reformado, el cual incluye al femicidio como un delito que puede ser penado con hasta 26 años de cárcel.

Pero, según los consultados, el país carece de estrategias de protección que garanticen la seguridad de las mujeres, así como de las niñas. Si bien hay una posición punitiva, que pena y castiga al agresor cuando se logra conseguir una sentencia, faltan acciones preventivas que blinden a la niñez ante estos peligros.