

El serbio Srdjan Jezdimir fue capturado en el operativo Oro Blanco en 2014. También se incautaron 153 kilos de cocaína. Pero cuatro años después se le dio la libertad. Captura de Video Ministerio de Gobierno
Parece una estrategia patentada: modificar una sentencia y abrir el camino a la prelibertad. Los actores: jueces y acusados de narcotráfico o de graves delitos. Otro caso se conoció en los últimos días que recuerda a la jugada maestra de Jorge Luis Zambrano, líder de la temida banda de Los Choneros, para salir de la cárcel anticipadamente con la ayuda del exjuez José Tamayo Arana, también procesado por prevaricato.
El pasado 13 de julio, la Fiscalía acusó al exjuez Christian R.Y por prevaricato por beneficiar a un sentenciado por narcotráfico. Se trata del serbio Srdjan Jezdimir, quién fue condenado a 17 años y cuatro meses. Su caso llegó a la Corte Nacional de Justicia, donde le fue ratificada la pena, el 20 de septiembre de 2018.
Pero un mes después de que su sentencia quedara en firme, Jezdimir presentó una acción de rebaja de pena por ley más benigna ante Christian R.Y., juez de garantías penitenciarias de Guayaquil.
Jezdimir fue detenido el 9 de septiembre de 2014 y todo el proceso en su contra se tramitó con el actual Código Integral Penal (COIP), dijo la Fiscalía. Pero el 5 de diciembre de 2018, el juez Christian R.Y. resolvió rebajar la pena a 10 años a Jezdimir y concederle el beneficio penitenciario de la prelibertad. Para ello usó una norma derogada en 2014: el código de ejecución de penas. “Por lo que lo actuado por él es ilegal y contrario a la constitución y la ley”, afirmó la Fiscalía en la audiencia. Este caso arrancó con una denuncia del Consejo de la Judicatura, que terminó con la destitución del juez.
“Ha resuelto contrario a derecho y violando disposiciones legales y constitucionales aplicando un principio de favorabilidad inexistente, ha modificado una sentencia ejecutoriada y ha aplicado un régimen penitenciario que no correspondía por las normas con que se sustanciaron el proceso penal; el procesado sin competencia y fundamento modificó la pena a 10 años”, argumentó el fiscal del caso.
Un mes después de que su sentencia quedara en firme, Jezdimir presentó una acción de rebaja de pena por ley más benigna ante Christian R.Y., juez de garantías penitenciarias de Guayaquil.
El exjuez dijo en la audiencia que no fue notificado con el avance del proceso y acudió cuando fue llamado a rendir su versión. Aseguró que no pudo acceder al expediente fiscal y defendió su actuación. “El centro de privación dijo que cometió la infracción antes del COIP, me presentan la documentación de que cumple con los requisitos de rebaja de pena, así lo indicaron. (...) Yo tenía competencia para actuar, y en vista a los elementos aportados en audiencia se bajó la pena, pues había cometido la infracción antes de la vigencia del COIP”, sostuvo.
Con la decisión del exjuez Christian R.Y, Jezdimir salió de la cárcel inmediatamente, después de cumplir solo cuatro de los 17 años que le correspondía. Debía presentarse periódicamente ante un juez en el Puerto Principal, disposición que cumplió hasta mayo de 2019 cuando un otro magistrado la Unidad Judicial Penal Norte 2 de Guayaquil resolvió la extinción de la pena del serbio. Christian R.Y. tienen orden de prisión preventiva.
¿Quién es Srdan Jezdimir?
El europeo fue considerado líder de una banda internacional de narcotráfico.
Srdan Jezdimir fue identificado por la Policía como el líder de la organización transnacional en Ecuador. Fue capturado a sus 35 años, el 17 de septiembre de 2014. Ese día, los uniformados se incautaron 153 kilos de cocaína y detuvieron a cuatro ecuatorianos, dos colombianos y al serbio. Según la Policía, la droga tenía como destino los mercados de consumo interno y de países de Europa.
El europeo tenía fuertes conexiones locales. Uno de los colombianos detenidos en ese operativo fue el hermano de Juan Evangelista Solarte Mora, a quien se lo consideró como el líder de una red internacional que procesaba droga en laboratorios ubicados en el sur de Ecuador en 2006. La droga llegaba desde Perú.
Al 2014, la organización que estaba liderada por el serbio aún traía la droga desde Perú, de ahí la movilizaba en vehículos con compartimentos ocultos hasta lugares de procesamiento y acopio en las provincias de El Oro y Guayas.
Por eso el serbio tenía antecedentes en el país vecino. La Interpol peruana informó a Ecuador que en 2011 estuvo involucrado en un caso de narcotráfico. Fue encontrado con una maleta de droga en Aguas Verdes, una ciudad peruana fronteriza con Ecuador. Pero un juzgado peruano lo dejó libre.
Laboratorio clandestino en Santa Rosa, en El Oro, destrozado en el operativo Oro Blanco. Foto: Ministerio de Gobierno
En el operativo del 2014 también se desmanteló un laboratorio, donde fue encontrado el hermano de Solarte Mora. Se hallaron diferentes precursores químicos en estado sólido y líquido, hornos microondas, lámparas de secado, balanzas electrónicas, cocinas eléctricas, recipientes y una infraestructura física de aproximadamente 150 metros cuadrados equipada para el procesamiento de droga.
La droga la enviaban a Europa por los puertos. Usaban la modalidad de ‘gancho ciego’ que consiste en ingresar la droga a los contenedores.
Mientras que el serbio fue sorprendido en Guayaquil por los policías e intentó fugarse. Jezdimir llevaba 665 dólares, un billete de 500 euros, una tarjeta de crédito, una licencia de conducir de Serbia, su tarjeta de identidad y un certificado provisional de solicitud de refugio a su nombre. También se encontró un teléfono satelital.
Para la Fiscalía, Jezdimir financiaba al grupo criminal. Él se encargaba de rentar vehículos para sus operaciones. La Policía se incautó cinco vehículos que usó la banda. La entidad acusadora dijo: “El señor Srdjan Jezdimir fue la persona compradora de la droga, ese era el rol que desempeñaba. Estuvo en el control de todos los movimientos de la organización”.
En su defensa, el serbio presentó un certificado de no tener fuga en una cárcel ecuatoriana; un certificado apostillado y sellado de Serbia, en este se afirmaba que Jezdimir no tiene antecedentes penales en su país natal; y una copia del pasaporte de la madre del acusado, que estuvo en Ecuador en 2013. Ella vino, según la versión del serbio, para comprar una finca. Pero la mujer se fue por miedo al ver ‘tanta gente armada’, según el europeo.
La banda cayó durante el operativo Oro Blanco que se realizó en tres ciudades de la costa ecuatoriana, entre ellas Machala, en El Oro.
Para llegar a ellos, la Policía interceptó sus teléfonos. La organización criminal usaba mensajes en clave para hablar de sus negocios ilícitos. “Está acomodando la camioneta para poder mover las peladas”, decía uno de esos mensajes. “Peladas”, según la versión Policía que consta en el expediente judicial, se refería a la droga.
La droga la enviaban a Europa por los puertos. Usaban la modalidad de ‘gancho ciego’ que consiste en ingresar la droga a los contenedores después de ser revisado por la Aduana con la ayuda de un funcionario del puerto. Luego colocan sellos aduaneros falsos.
El serbio había ingresado al Ecuador muchas veces durante siete años. En su versión dijo que vino con la empresa de su padre y que tenía dinero en el banco para invertir. Jezdimir contó además que llegó el 9 de agosto del 2014 y a la semana compró una camioneta en 30.000 dólares.
El serbio dijo que era deportista y que había alcanzado logros deportivos. Aseguró tener fotos con el Presidente de Serbia.
Después de salir de la cárcel de Guayaquil, en 2019, el nombre de Srdjan Jezdimir apareció en la prensa croata. Un reportaje afirmaba que había sido arrestado con un pasaporte falso.
No es la primera vez que ciudadanos de los Balcanes han sido beneficiados por la justicia ecuatoriana. En noviembre de 2018, se detuvo a seis ecuatorianos y a dos albaneses, quienes pretendía usar un velero para llevar 382 kilos de cocaína desde Salinas (Santa Elena) hasta Australia. Pero los albaneses fueron liberados y se fugaron.
Otro caso en Milagro
Gonzalo David V. B., exjuez de Garantías Penales del Guayas, también fue acusado por prevaricato el pasado 24 de junio. Según las investigaciones de la Fiscalía, el exmagistrado habría modificado una sentencia ejecutoriada por narcotráfico contra Germán A. L., Juan A. R., Eduardo V. E. y Mauricio A. V.
Ellos fueron detenidos en un operativo en Milagro, el 17 de julio de 2017, en el que se incautaron 405 kilos de clorhidrato de cocaína. El Tribunal de Garantías Penales de Milagro los sentenció a trece años de cárcel. Los procesados apelaron ese fallo, pero los jueces de la Corte Provincial de Justicia del Guayas rechazaron en parte ese recurso. El 15 de agosto de 2018 les ratificaron la sentencia contra tres de los procesados, pero rebajaron la condena para Germán A. L., a quien le impusieron una pena de cincuenta y dos meses de cárcel. Los procesados no fueron a casación, por lo que la sentencia se encontraba ya ejecutoriada, informó la Fiscalía.
Sin embargo, el 10 de julio de 2019 presentaron una acción de garantías penitenciarias. Eexjuez Gonzalo David V. B. resolvió ese pedido y redujo la sentencia de los procesados a veinticinco meses de cárcel para tres de ellos y a veinte meses para German A. L. El mismo exjuez dictó y emitió las boletas de excarcelación que beneficiaron a los sentenciados por narcotráfico.
Con esos indicios, la Fiscalía procesó a Gonzalo David V. B. Entre ellos está la denuncia presentada por el director nacional de Asesoría Jurídica, Andrés Peñaherrera, delegado de la Dirección General del Consejo de la Judicatura; también copias certificadas del juicio penal por narcotráfico seguido a los cuatro procesados, la certificación de la acción de personal del exjuez investigado y su versión rendida ante Fiscalía. Además se incluyó copias certificadas de su resolución emitida en la audiencia de régimen semiabierto, en la que determinó la reducción de la pena impuesta.
El presidente de la Corte Provincial del Guayas, Alfonso Ordeñana, acogió el pedido de Fiscalía en todas sus partes y dictó la prisión preventiva para el exjuez. Además, dispuso de un plazo de noventa días para el cierre de la instrucción fiscal y solicitó oficiar a la Policía Judicial para que proceda con la ubicación, localización y captura del procesado. El delito de prevaricato es sancionado con pena privativa de libertad de tres a cinco años.
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