No hay un alimento tan común y cotidiano en las mesas ecuatorianas como el arroz. En promedio, un ecuatoriano consume 53 kilos de esta gramínea al año. Es parte de los 359 productos dentro de la canasta familiar básica del país. Su alta demanda ha convertido al sector arrocero en uno de los mayores contribuyentes del Producto Interno Bruto agrícola, con el 9,1% de participación.

Sin embargo, esa gran demanda no ha paliado los permanentes conflictos entre productores, industriales y Estado. El último estalló en julio pasado y coincidió con la cosecha de la gramínea. Los pequeños y medianos productores arroceros llevan más de tres meses de protestas y cierre de carreteras por los bajos precios que reciben por su producción. Pero la cadena que sigue el arroz hasta llegar a los hogares ecuatorianos está llena de crisis desde hace décadas.

En 1924, el escritor ecuatoriano Enrique Gil Gilbert relató en Nuestro pan los esfuerzos de un hacendado por mantener el cultivo del arroz y la tragedia de los trabajadores para sostener esas plantaciones siendo el primer testimonio de la desigualdad que existe en el sector. Luis Pilalot, agricultor y representante de la Federación Única Nacional de Afiliados al Seguro Social Campesino (Feunassc), recuerda que los precios de este producto han sido una discusión de décadas. Una de las primeras medidas para resolver esta controversia fue la aparición de la Empresa Nacional de Almacenamiento y Comercialización de Productos Agropecuarios y Agroindustriales (ENAC) en 1974. La ENAC empezó a pagar un precio oficial por el arroz y que fue el resultado de la exigencia de este sector. En 1997, el gobierno de Fabián Alarcón eliminó la ENAC.

Esta iniciativa volvió después de 10 años. En 2007, Rafael Correa creó la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA), adscrita al Ministerio de Agricultura, y en 2013 la transformó en Empresa Pública. Lenín Moreno suprimió esta entidad el 19 de mayo de 2020 por razones de optimización de recursos. Pero no ha estado exenta de escándalos. El producto llegaba dañado por problemas logísticos, sus bodegas pasaban llenas y hasta se conoció que 400.145 fundas se encontraron infestadas de insectos y mariposas muertas, según un informe de la Contraloría. Esta misma entidad halló irregularidades en la compra de fertilizantes a Petrochina y estableció indicios de responsabilidad penal. La exministra de Agricultura, Tanlly Vera, también habló de supuestos actos de corrupción durante el proceso de liquidación de la UNA. “Fue una cueva de grandes negociados, fue saqueada y esa fue una de las consecuencias para su cierre”, dijo Pilalot.

Pero para este líder agricultor, la UNA garantizó la compra del arroz a precio oficial. Para Pilalot, desde que entró en liquidación empezó la “catástrofe”. “Uno lleva el arroz a la piladora industrial y nos dice: ‘ya tengo las bodegas llenas, no te puedo comprar ahorita, si quieres déjalo allí y después de unos 10 días date una vuelta para ver cómo te puedo pagar’”. Los arroceros propusieron al gobierno de Guillermo Lasso que se reabra la UNA y fije un precio oficial. Mediante Acuerdo Ministerial 019, del 23 de julio de 2021, el Ministerio de Agricultura determinó en 32 y 30 dólares la saca de arroz en cáscara de grano largo y grano corto, respectivamente. Pero las protestas continuaron y Tanlly Vera dejó el Ministerio en medio de ellas. El nuevo ministro Pedro Álava González les ofreció contratar bodegas para que el Ministerio pueda comprar el arroz al precio oficial, según Pilalot. Pero el Gobierno aún no cumple esa promesa.

El sector arrocero en uno de los mayores contribuyentes del Producto Interno Bruto agrícola, con el 9,1% de participación. Foto: Archivo El Universo

Vicente Taino, exgobernador del Guayas, la provincia que concentra la mayor producción arrocera del país, dijo que fijar el precio de sustentación del arroz por el Ejecutivo para proteger a los agricultores en las malas épocas significaba restar competitividad al país.

Para Alexandra Vela, ministra de Gobierno, los gremios arroceros que están protestando están vinculados a las organizaciones del Frente Popular y al movimiento Unidad Popular. “Salir a las calles no significa ser correístas o del Partido Social Cristiano, es la necesidad y la crisis por la que está pasando el agro”, sostiene Alexandra Plúas, una de las dirigentes visibles de los arroceros del cantón Santa Lucía, en Guayas, y que el miércoles 20 de octubre estuvo en Quito para apoyar la movilización del 26 de octubre, durante la reunión de las organizaciones que conforman el Parlamento de los Pueblos.

Pero según el Gobierno, el problema es otro. El tema de fondo, dice Vela, es que existe una sobreproducción de arroz a escala nacional e internacional. El precio de la libra de sustentación fijado por el Gobierno es de 0.35 centavos. “Los agricultores solicitan que compren a 0.35 centavos. El problema es que de un lado tienes productores que piden un precio mayor que el del mercado y por otro tienes consumidores que demandan que el precio sea mejor”. Pilalot sostiene que hay 350.000 hectáreas dedicadas a este cultivo, 50.000 hectáreas menos que hace 10 años. Es decir ha disminuido la frontera agrícola, según este dirigente. Cree que los productores han logrado tener cultivos más eficientes y eso ha provocado el aumento de la oferta.

El Gobierno ha empezado a buscar un mercado para vender el arroz fuera del país para que la pérdida no sea tan alta. “Porque dentro del Ecuador, el Estado no puede comprar a 0.35 centavos y luego venderlo a 0.28 centavos, eso significaría una glosa para cualquier funcionario”, dijo Vela en una entrevista del pasado 18 de octubre. Según Pilalot, el arroz que el Gobierno exportará es el que los dueños de las piladoras compraron “barato” a los productores y es hacerle el juego “a los industriales”.

En la actualidad, el productor recibe entre 18 y 20 dólares cuando el costo de producción por saco de arroz llega a los 30 dólares. Tampoco, asegura, hay controles para los insumos agrícolas como el fertilizante y de los agroquímicos para controlar las plagas que deben invertir en los cultivos. “Nosotros planteamos a 35 para por lo menos tener un margen de utilidad de 5 dólares”. Pero en la cadena del arroz hay otro actor importante: las piladoras.

La riqueza en las piladoras

El problema del arroz y sus crisis han sido síntomas visibles de la desigualdad en el país. Carlos Pástor, investigador y catedrático de la Universidad Andina, recuerda el trabajo previo de Roque Espinosa y de su libro Desmemoria y olvido, que trata sobre la producción arrocera en la cuenca del Guayas. Este autor demuestra que el problema del sector está más en la refinación que en la producción del arroz. Es decir, en las piladoras que son las encargadas de limpiar la gramínea. Las piladoras cobran entre un 10% y 15% del valor total de un saco de arroz por ese proceso.

Pástor afirma que la propiedad de las grandes piladoras se concentra en solo diez familias. Y en general la cadena de valor agropecuaria del país, desde la producción hasta el consumo, está en manos de 28 familias. En otras palabras, en el caso del arroz, en el segundo paso del proceso, el de refinación, ya existe una alta concentración de la que dependen los pequeños productores.

Esto lo sabe Santos Villamar, miembro de la Unión de Organizaciones de Santa Lucía, que reúne a 300 arroceros. Cuenta que, en este cantón de Santa Lucía, los agricultores deben recurrir a chulqueros y hasta a los dueños de las piladoras para tener un préstamo y así comprar fertilizantes y la semilla. En otros casos, la piladora facilita estos insumos a los productores. Pero eso provoca que en la cosecha vendan el producto al mismo industrial. “Cuando está por cosechar, el dueño de la piladora llega con los carros para llevarse la producción o llevan la maquinaria para recoger el arroz”.

Pástor dice que, en el campo de la Costa ecuatoriana, los agricultores no tienen título de propiedad, lo cual les impide acceder a un crédito productivo. Aunque son los dueños de la tierra y han vivido allí por generaciones, no tienen los títulos. 

Santos Villamar es una excepción. Nació hace 46 años en campos arroceros. Sus abuelos lograron un pedazo de tierra gracias a la reforma agraria. En Santa Lucía, Guayas, la lucha por el agro es parte de su historia. Por eso, este cantón fue el primero en levantarse en julio pasado por la crisis del arroz. Plúas, quien es vocera del Frente de Organizaciones Sociales, Agrícolas y Ganaderas de Santa Lucía, dice que las piladoras pagan el precio de 18 y 20 dólares después de un mes de haberse llevado el producto.

Villamar relata que la gente está molesta porque en campaña el presidente Lasso les prometió créditos al 1% de interés y a 30 años plazo. Este líder afirma que no hay un reconocimiento para la gente del campo que, a pesar de la pandemia, siguió trabajando para que no exista desabastecimiento de los productos.

El 14 de marzo, en plena campaña electoral, Guillermo Lasso visitó Santa Lucía, en Guayas. Ofreció riego parcelario, semillas gratuitas, créditos baratos e incentivos para el comercio y la inversión. Foto: Twitter @LassoGuillermo

Mientras tanto la intermediación es un mal que afecta a todos. Entre el productor de arroz hasta el consumidor se estima que existen entre seis y ocho intermediarios, según la provincia, afirma Pástor. Por cada centavo que gana el productor, el intermediario gana hasta tres centavos, lamenta. “El productor es el que más esfuerzo pone en la parcela, el que más se sacrifica en la finca”. Esta es una situación que se repite en otros productos agrícolas de primera necesidad.

El transporte es otro eslabón. No todos tienen acceso a un vehículo para sacar de la piladora hasta la vía. En la vía de Cuenca hacia Guayas no es raro mirar en la vía personas vendiendo sacos de arroz, dice Pástor. Pero este arroz al no tener registro sanitario y otras regulaciones que exige el Arcsa, llegan los intermediarios y lo compran a un precio de “gallina flaca”.

¿Cómo romper la cadena de intermediación? Pástor sugiere que las comunidades indígenas se pueden convertir en productoras y los consumidores pueden ser las organizaciones obreras del país para que la riqueza que se genere de su trabajo se quede en los mismos sectores.

Una opción a la crisis, dice Pástor, es la agroecología. Es decir, que una finca arrocera pueda servir para otro tipo de productos. Esto sirve, explica, para romper la concentración porque cuando los precios del arroz bajan y un agricultor solo se dedica al arroz, este se queda sin sustento. Por lo contrario, una finca con productos diversos puede mantenerse porque no depende de un solo producto.

Las piladoras, en su opinión, deberían estar en manos de cooperativas organizadas por pequeños y medianos productores de arroceros. Villamar cuenta que en Santa Lucía las organizaciones compraron una piladora hace seis años con el objetivo de vender directamente a los consumidores. Pero al no tener dinero para comprar el arroz a los productores a un buen precio este proyecto está estancado. Entre sus metas estaba vender arroz a la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) y a su vez comprar a esas organizaciones legumbres, que son muy caras en la Costa.

Para Pástor el argumento oficial de la sobreproducción es un pretexto para no mirar de manera integral el proceso productivo, y hacerlo más justo para quien labra la tierra.