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21 de Diciembre del 2019
Historias
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21 de Diciembre del 2019
Susana Morán
¿Ecuador mintió a la CIDH sobre la seguridad a periodistas?
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Foto: Luis Argüello / PlanV

Dolor e indignación dejó a las familias y amigos de los periodistas de El Comercio el informe final de la CIDH. En la imagen, una panorámica la misa tras el hallazgo de los cuerpos en junio de 2018.

 

Tras el asesinato del equipo de El Comercio, el Gobierno aseguró que sí había realizado acciones para prevenir situaciones de riesgo contra los periodistas que fueron a cubrir la frontera. Presentó dos protocolos sin fechas y aseguró haberlos “socializado” con la prensa. El Equipo de Seguimiento Especial no encontró evidencia de aquello y evidencia de eso hubiera ayudado a mejorar la seguridad de los comunicadores. Las políticas y el Comité para la Protección a Periodistas van a paso lento.

En marzo próximo se cumplirán dos años de estar en investigación previa el crimen contra los periodistas de El Comercio. En ese momento, la Fiscalía deberá resolver si avanza a una siguiente etapa o cierra el caso. La CIDH y el informe del Equipo de Seguimiento Especial (ESE) que se conformó para investigar los hechos relacionados con el secuestro y asesinato de los comunicadores ha señalado una serie de inconsistencias en las diligencias judiciales, la gran mayoría coincidentes con las investigaciones periodísticas Rehenes -de Arturo Torres y María Belén Arroyo- y del proyecto binacional Frontera Cautiva.

Exactamente, el informe que el ESE entregó a las familias contiene 164 observaciones, entre acotaciones, recomendaciones y falencias, donde Ecuador queda mal parado ante el organismo internacional y hay unas cuentas más desarrolladas en un informe reservado entregado a las familias. Ellas han reclamado insistentemente en redireccionar las investigaciones y han pedido diligencias que la Fiscalía no ha respondido o ha demorado. “Este acto no puede ser visto como un cierre (del caso)”, pidió Yadira Aguagallo a Ecuador y Colombia, el pasado 12 de diciembre en la sede de la CIDH en Washington. Un reclamo que se volvió a elevar el 16 de diciembre cuando el canciller José Valencia insistió en que los periodistas cruzaron a Colombia de forma “voluntaria”. Una declaración más que se suma a otras tantas, de las más altas autoridades, que han puesto sobre los hombros de los comunicadores la responsabilidad de su propio asesinato.

Pero además de las fallas en las indagaciones judiciales, el reporte del ESE revela las inconsistencias del Gobierno ecuatoriano en relación a la protección de los periodistas durante la crisis en la frontera norte, un contexto que derivó en la muerte de 10 personas, entre ellos Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, el equipo de El Comercio que llegó a esa zona y no volvió más.

¿Qué hizo el Gobierno para precautelar la seguridad de los periodistas? Lo primero que señala el Anexo 3 del informe del ESE, al que Plan V accedió, es que el Ministerio del Interior —hoy Ministerio de Gobierno— informó que el 16 de febrero de 2018 aprobó el “Protocolo de seguridad para coberturas mediáticas en situación de alto riesgo”, tres semanas después que se produjera el atentado con coche bomba en la estación policial de San Lorenzo.

El dato llamó la atención a la experta independiente que hizo un análisis del caso desde los estándares internacionales sobre la protección al ejercicio periodístico. El documento, dijo la investigadora, “carece de una fecha que permita datarlo y no fue posible localizarlo en Internet; sin embargo, cita el Informe Anual 2017 de Reporteros Sin Fronteras que fue presentado el 1° de febrero de 2018 y se identifica como fecha de consulta abril de 2018”. La fecha real del protocolo, según su conclusión, es del 14 de mayo de 2018.

“Cuando el ejercicio libre del periodismo y la libertad de expresión se ven amenazadas, los Estados deben reforzar su cumplimiento y evitar cualquier acto que pueda provocar violencia contra periodistas, silencio o falta de información”, peritaje independiente.

Plan V publicó ese protocolo el 28 de marzo en el artículo “El riesgo constante de dar cuenta de la realidad”. Es un texto firmado por el departamento de Comunicación del Ministerio de apenas dos páginas. Pero esa versión no contiene lo mencionado por la experta de la referencia al informe de Reporteros sin fronteras. Al parecer, el Gobierno pudo haber enviado otra versión a la entregada a los periodistas en febrero de 2018. Este texto oficial recomienda “no negociar ni pactar con información de alto riesgo”, “conducirse con imparcialidad en retenes, entrevistas, charlas o encuentros ocasionales”, entre otros ocho escuetos consejos, sin citar fuente.

Protocolo de seguridad para coberturas mediáticas en situaciones de alto riesgo. Ver el PDF

Ese no fue el único protocolo con el que el Gobierno justificó supuestas medidas de prevención para garantizar la seguridad de los periodistas con otro documento. También presentó un documento sobre “buenas prácticas para coberturas en zonas de riesgo” con el mismo problema de la fecha. El Gobierno dijo que lo “socializó” el 4 de abril de 2018. Esa “socialización” se hizo a través de un chat de prensa. Este protocolo era más extenso y daba consejos para el antes, durante y después de la cobertura periodística, pero repitió algunas recomendaciones del otro. El peritaje cuestiona que allí se haya mencionado límites al trabajo periodístico. “El actuar de los medios de comunicación debe modificarse para responder de manera específica a las particularidades del estado de excepción y su decreto de aplicación”, decía el texto oficial.

“No obstante, ni el Estado ecuatoriano acreditó el contenido y notificación, difusión o socialización de los citados protocolos, ni las personas entrevistadas dieron cuenta de ello”, dice el peritaje.

Esas inconsistencias se suman a otras observaciones que hizo la experta en seguridad. Resalta, por ejemplo, que ni siquiera las autoridades a cargo de la frontera sabían de esos protocolos. El personal del Ministerio de Defensa, entrevistado por el ESE, aseguró que esas recomendaciones eran competencia de Interior, “sin que el Mando Único hubiese socializado documento alguno”. John Merlo, a cargo del Mando Único en esa época, fue consultado por el relator de Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, sobre la existencia de protocolos y medidas de seguridad para proteger a la ciudadanía y a los periodistas que cubrían la zona de riesgo. Sorprendentemente, el jefe militar dijo que él no creía que la población civil estaba en riesgo. “El Contralmirante John Merlo destacó la inexistencia de registros de actividades delictivas en contra de la ciudadanía y la ausencia de percepción de una situación de inseguridad para ésta”.

Pero los propios documentos militares lo contradicen. En el informe del ESE se recogió la bitácora militar de los incidentes en Mataje, en días previos al secuestro de los periodistas de El Comercio. Son ocho hechos que describen detonaciones de bombas, disparos y sobrevuelos sobre Mataje. El ESE apuntó que esos hechos ilustraban la grave situación que vivía la población civil. A esto se suman los anuncios de atentados graves que se hicieron por chat entre un mayor de la Policía con miembros del Frente Óliver Sinisterra, quienes cometieron el crimen.


Bitácora militar previa al secuestro del equipo de El Comercio. Imagen del informe final de la CIDH. 

El peritaje hace fuertes observaciones al Estado ecuatoriano. Calificó como “insuficientes” las medidas tomadas por el Gobierno, enmarcadas únicamente en dos protocolos, de los cuales no existe evidencia de su socialización, implementación y uso, y menos acciones específicas para salvaguardar la integridad de los periodistas y demás personal de la comunicación.

Las (no) decisiones fatales

El peritaje es claro sobre la actuación de las autoridades durante la crisis del secuestro de los periodistas: “los agentes estatales con presencia en el campo actuaban en aparente descoordinación con quienes dialogaban con los captores, trataban con los familiares de las víctimas y desarrollaban las labores de inteligencia”. El estado de excepción, dice el informe, “agravó aún más los riesgos de un grupo tan vulnerable como el de las y los periodistas, que de por sí actuaban en una zona de alto riesgo”.

Ese es un punto clave en el informe final del ESE que lo ilustra con lo ocurrido en el retén militar previo a Mataje, donde fue visto por última vez el equipo de El Comercio. “Como se relató en el informe, la última llamada que Javier Ortega efectuó fue precisamente al Jefe del Mando Único, quien, según se infiere, consideró que como no había prohibición de paso salvo en la noche, ni alteraciones del orden público en Mataje que tornaran inviable su acceso a esa parroquia, los autorizó. Lo anterior, no obstante que Mataje atravesaba por serias dificultades de seguridad. Según el ESE, la descoordinación contribuyó a que ninguna autoridad, ni militar ni de policía, adoptara medidas específicas de carácter idóneo en el asunto, pues según la información disponible estimaron que era competencia de la otra”.

Pero Ecuador, pese a las declaraciones de Merlo, negó que hubo autorización del Jefe del Mando Único para que los periodistas ingresaran. El Gobierno dio al ESE esta respuesta: “no es posible autorizar una cosa que no está prohibido realizar, por lo tanto, no existe dentro de lo expuesto en el Decreto Ejecutivo, ni en el Acuerdo Interministerial, ni en el Instructivo del Comando Conjunto, ni en la Orden de Operación del CO1 NORTE del mes de marzo o por mensaje militar, disposición alguna de prohibir el ingreso de la población al sector de Mataje. Se deja en claro que autorizar su paso significa asumir funciones que el Mando Único no tenía”.


Foto: Luis Argüello

“Es importante que los Estados reconozcan constitucionalmente la existencia de grupos vulnerables o en riesgo de exclusión por razón de su origen, oficio o naturaleza dentro de una sociedad, pues requieren de una especial protección del Estado”, peritaje independiente.

El peritaje también sostiene que hace falta más investigación sobre la afirmación de Colombia sobre la supuesta negativa de Ecuador a negociar la puesta en libertad de los tres hombres que pedía Guacho a cambio de los periodistas de El Comercio. “Con las pruebas con las que se cuenta hasta ahora, no se puede inferir directamente esa conclusión”, dice el peritaje, pero agrega que el desarrollo de una supuesta estrategia para liberar a los hombres de ‘Guacho’ nunca se informó a los secuestradores, “quienes intercambiaron mensajes por días sin recibir a cambio información clara respecto a sus solicitudes”.

El peritaje también cuestiona a Colombia. “Preocupa que se llevaron a cabo pocas acciones en los momentos más decisivos (del secuestro) salvo por la intervención del teléfono empleado por los secuestradores y la realización de algunas labores de búsqueda”. “De la información con la que se cuenta se evidencian fallas diversas por parte de ambos Estados al momento de garantizar los derechos de los periodistas y sus familiares, particularmente en la prevención de los hechos y en el manejo del secuestro”, sostuvo. Colombia respondió al ESE diciendo que sí existieron operaciones militares de búsqueda de información, pero que no habrían sido operativos “ofensivos”.


Control militar a la entrada de Mataje. Los uniformados revisaban los vehículos y a los visitantes a esta población fronteriza. Foto: Periodistas sin cadenas

La seguridad para periodistas, en letra muerta

El peritaje hizo una serie de recomendaciones basadas en diversos documentos de organizaciones internacionales y expertas sobre las acciones para mejorar la seguridad de los periodistas. Por ejemplo, una de esas acciones es “condenar la violencia contra periodistas y mandar un mensaje de cero tolerancia y cero impunidad en relación con dichos actos de violencia”. Sostiene que adoptar estas prácticas permite evitar “normalizar” esa violencia y condenar los actos violentos contra periodistas. Para de esas tareas es la implementación de sanciones ejemplares y públicas contra agentes del estado y cualquier otra persona o colectivo que ataque a periodistas.

Otra sugerencia es tener un sistema de alertas continuas. “Una vez que se ha detectado una situación por una situación de violencia, por ejemplo, la implementación de un toque de queda como en el presente caso, es importante que se emitan alertas para prevenir y proteger a las y los periodistas y otros grupos vulnerables”.

Otra recomendación es que los periodistas que van a zonas de riesgo cuenten con herramientas de trabajo adecuadas que, al menos, disminuyan su nivel de exposición. Una de ellas es un sistema de comunicación y contactos que funcionen como "enlaces" entre las redacciones y las autoridades.

Asimismo, el peritaje establece que es importante hacer una "evaluación de riesgo", una práctica que debería ser realizada por parte de los periodistas, los medios de comunicación y las autoridades. “Esa evaluación debería ponderar el riesgo enfrentado con el valor de la cobertura periodística en sí”.

¿Qué está haciendo el Estado al respecto? El Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación (Cordicom) no aceptó el pedido de entrevista que envió Plan V por motivos de agenda. El organismo está a cargo de crear una política pública para la seguridad de periodistas .

Una política pública a paso lento

Tras el crimen contra los periodistas de El Comercio, el tema de la seguridad de los periodistas entró al escenario. ¿Qué pueden hacer el Estado, los medios y los comunicadores? Fundamedios convocó a diversos actores para dar un paso a la conformación de una mesa que coordine entre varias instancias, incluido el Estado, acciones que mejoren la seguridad de los periodistas en el Ecuador. Pero lograr ese objetivo ha sido todo un reto, según César Ricaurte, director de Fundamedios. Recuerda que en el camino secretarías y otras entidades como la Secom mutaron o cambiaron de competencias. Eso ha trabado la conformación de un Comité para la protección de periodistas, cuya primera activación se dio tras el paro de octubre pasado. Esta es la cronología de su recorrido: 

2018

  • 25 de junio. Periodistas convocados por Fundamedios se reunieron con Andrés Michelena, entonces secretario de Comunicación. El funcionario prometió apoyar la conformación de un comité para la protección de periodistas y se comprometió a buscar un mecanismo para que el Estado implemente un seguro universal para los periodistas. A estas reuniones se sumó el exsuperintendente de la Información y Comunicación, Édison Toro. 
  • 25 de agosto. Durante la visita oficial del relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Édison Lanza, el Gobierno ratificó la creación del Comité multisectorial que integra al Gobierno, periodistas, medios y sociedad civil.
  • 27 de septiembre. Ecuador se adhirió, por primera vez, a una resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre la seguridad de los periodistas y la impunidad. 
  • 5 y 11 de octubre. La Relatoría Especial de la ONU sobre Libertad de Expresión visita el Ecuador y apoya la creación de un Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas. Pide fortalecer la seguridad digital y la prohibición de la vigilancia digital a los periodistas y sus fuentes; desarrollar un código periodístico de ética y un mecanismo de autorregulación;  y reforzar el acceso a la información pública. 
  • 22 de noviembre. Se conoce que el Gobierno ha elaborado un primer borrador de resolución para la creación del Comité, que solo aparece conformado por entidades gubernamentales. No se establecía la participación de periodistas, de la sociedad civil o medios. Tampoco tenía presupuesto y buscaba reunirse solo una vez al año. También se ignoró el pedido de un seguro para periodistas. 
  • 18 de diciembre. Se aprueban las reformas a la Ley de Comunicación y se incorpora el artículo 42.1 que dice: “Protección a los trabajadores de la comunicación. El Estado y los medios de comunicación, protegerán a los trabajadores de la comunicación, que por sus actividades profesionales su vida esté en riesgo, para lo cual el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, elaborará y coordinará con las instituciones respectivas, políticas públicas, protocolos, proyectos, planes y programas. Se entenderá por actividades de riesgo, entre otras: a) Producción, tráfico, transporte, almacenamiento o comercialización de estupefacientes; b) Contrabando de mercaderías; c) Trata de personas; y, d) Corrupción. El Estado dispondrá los recursos económicos, materiales y humanos para este fin”.

2019

  • 29 de abril. Los ministerios de Relaciones Exteriores y del Interior, y la Secretaría General de Comunicación firman el convenio de la creación del Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas y Trabajadores de la Comunicación. Se anunció que la Secretaría Técnica del Comité será la responsable de coordinar las acciones con periodistas, medios de comunicación, gremios y academia para el desarrollo de acciones de protección, informó Fundamedios. Para el anuncio, el Gobierno usó el hashtag #EcuadorConLosPeriodistas. 
  • 31 de mayo. Michelena convoca a la primera reunión del Comité. Un día antes, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia envió la invitación a decenas de periodistas por correo electrónico. Fundamedios y la UNP lamentó que no hayan sido convocados. “Siempre estaremos dispuestos a dialogar sobre las mejores medidas para asegurar la seguridad y protección a periodistas, pero eso nunca significará un cheque en blanco y menos la instalación de mecanismos sin la participación activa de periodistas y sociedad civil”, dijo Fundamedios. 
  • 17 de septiembre. El Cordicom emite una propuesta de política pública para la seguridad de trabajadores de comunicación. Allí se menciona: “Implementar un mecanismo de financiamiento de aseguramiento de vida obligatorio para la protección de los trabajadores de la comunicación en situación de riesgo al 2021”. Se establece también campañas nacionales de capacitación para la implementación de protocolos de seguridad y protección de los trabajadores de la comunicación.También se menciona la elaboración de un mapa de riesgos para el trabajo de la comunicación en el Ecuador y alertas tempranas de riesgos. A los diálogos para esta propuesta fueron 25 medios, de los cuales la mayoría eran radios. 
  • Noviembre. La ministra María Paula Romo convoca al Comité tras las protestas de octubre. Se insiste en que los periodistas participen en la toma de decisiones y que arranque una campaña sobre protección a la prensa. También se pide firman un nuevo convenio que reemplace al del 29 de abril. Fundamedios cree que es importante que el Estado reconozca que ha sido el principal agresor contra la prensa. 
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