Esta es la historia de Julián*, un niño de 12 años que fue recogido por la Policía en la sala de su casa, en un conjunto residencial de clase media de Guayaquil. El cuerpo inerte del menor estaba lleno de hematomas y escoriaciones. Llevaba un jean de color gris y una camiseta. Entre las evidencias que la Policía guardó estuvo una cinta con fluidos. Los investigadores supusieron que el rostro de Julián estuvo embalado por esa cinta.

En la casa estaba su madrastra y fue detenida como la principal sospechosa. Ella dijo al juez que el niño había desaparecido porque consumía drogas. Julián vivió desde los seis años con su padre y madrastra. Su madre consumía estupefacientes, dijo la mujer. Ella -según contó al juez- encontró a Julián botado fuera de su casa y lo llevó adentro. Dijo que el padre lo castigó y lo mandó a bañar. Después el niño murió. 

Pero su versión no pudo ser confirmada. El padre del niño hizo la denuncia. Aseguró que estuvo en su trabajo y su conviviente lo llamó para decirle que Julián estaba en el baño y sin signos vitales. Los policías registraron en su parte que hablaron con dos personas que corroboraron que el padre estuvo en su lugar de trabajo. Pero todo está en investigación.

También está la historia de Adriana*, una niña de 4 años cuya muerte tuvo una versión que nadie creyó. Según el padre, su hija lloró, entró al baño, se desmayó y se ahogó. Ambos se encontraban en Pedro Moncayo, cantón de Pichincha. Un reporte de la Fiscalía dio a entender que padre e hija no vivían juntos. Él la llevó a su casa desde Quito.

La autopsia confirmó que se trató de una muerte violenta. El fiscal del caso dijo al juez que el hombre habría maltratado físicamente a la niña, lo que le produjo la muerte. El día de su detención, el padre tenía 114 gramos de cocaína. También fue procesado por tenencia ilegal de drogas.

A Julián y Adriana se suma la historia de Pamela*. Ella era una niña de tres años que vivía en Ambato con su padrastro y madre. Ambos, ahora, están acusados de su asesinato. Los dos la llevaron al Hospital Docente de la ciudad. La niña tenía golpes y laceraciones. Ellos contaron que, días antes, Pamela se habría caído mientras se bañaba y que el día de su muerte se habría atorado mientras comía una sandía.

Pero la autopsia contó la verdad. La niña tenía un trauma cráneo encefálico por sacudidas repetitivas, que fue la causa de su muerte. El cuerpo de la pequeña Pamela tenía huellas de maltratos anteriores.

Estas tres muertes sucedieron entre marzo y abril, durante la cuarentena. Sus audiencias se hicieron por videoconferencia como medida de prevención. Pero también todos esos procesos están en suspenso hasta que las autoridades normalicen las actividades de la justicia tras la emergencia.

En el Ecuador se han registrado 11 asesinatos y homicidios de menores de edad desde marzo hasta el 2 de mayo. Eran siete niños y cuatro niñas. Los más pequeños tenían dos, tres y cuatro años. Los más grandes 10, 12, 15, 16 y 17 años. En la mayoría, los crímenes ocurrieron en sus casas y los principales acusados han sido sus parientes más cercanos: padres, madres, padrastros, madrastras.

La fiscal Lorena Cárdenas que investiga el caso de Pamela opinó que la cuarentena es sólo una coincidencia. Pero enseguida aseguró que en esta época ha aumentado la violencia. El estrés que sufre toda la familia por la situación y el encierro las ha afectado. El asesinato de un niño es la consecuencia de otros factores, dijo la fiscal. Uno de ellos es la psicología. Si una persona sufrió violencia en la niñez puede repetirlo, explicó.

Las cifras de las muertes violentas de menores de edad se incrementan cada año en Ecuador. En el 2018 hubo 35 crímenes; en el 2019, 47; y en lo que va del 2020 ya se registran 19. Es decir, entre enero de 2018 y el 2 de mayo de este año, 101 niños, niñas y adolescentes han sido víctimas de homicidio o asesinato. Casi el 43% de ellos, tenían 16 y 17 años.

Pero al revisar las estadísticas, los crímenes contra los niños, niñas y adolescentes sí registran un aumento durante la pandemia. En marzo y abril de 2018 hubo seis muertes; en el mismo lapso del 2019, ocho; y en este año, diez.  “Lo cual deja ver que el confinamiento, sin duda, ha sido un detonante para estos eventos violentos”, aseguró Sybel Martínez, vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de Quito.

La experta lo explicó así: “Se sabe por otras pandemias que se incrementa la irritabilidad de las personas, se siente desesperanza, desolación. Peor en una situación como la que hemos vivido ahora con pérdidas de trabajo y aumenta el riesgo de la violencia familiar. Pero lo que preocupa enormemente es que en esta situación, tomando en cuenta que hay un subregistro, quienes han pagado los costos de la pandemia han sido los niños”. 

La semana del 11 de mayo, el Servicio de Atención Integral de Derechos, conformado por psicólogos y trabajadores sociales, emitió un informe impactante. La entidad es parte de la Secretaría de Derechos Humanos y su responsabilidad es acompañar a las víctimas. Sus informes además son vinculantes al sistema de justicia, afirmó Cecilia Chacón, titular de la Secretaria.

La funcionaria informó que había la preocupación sobre todo por uno de los casos donde se registró la muerte violenta de un menor. “Tenemos que hacer un seguimiento a hermanitos o hermanitas de la niña víctima. Porque no solo es la niña que ha sido muerta en manos de su progenitor, sino sus hermanos”.

La Secretara, sin embargo, cree que no todo se puede echar culpa a la pandemia. “Nosotros hemos vistos estos casos de deformación social. Vivimos bajo patrones machistas donde se desdibuja el cuerpo de las niñas y de las mujeres”. Consideró que las restricciones de movilidad y el cierro sí son agravantes. “Estar permanentemente con el agresor aumenta el riesgo eminente. Pero esto no es de ahora, no es de este mes. Se construye además en una sociedad tolerante”.  

La desprotección en el confinamiento

En la normativa que se ha expedido en estos 78 días de confinamiento ninguna tiene una perspectiva desde el interés superior de los niños, sostiene Martínez. “Es decir, el impacto que estas tienen en sus derechos y por lo tanto no hemos podido protegerles”. En el Ecuador se debate las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia. “Nadie ha considerado la voz de los niños y su participación activa para estas reformas”. 

El único protocolo referente a niños que ha emitido el COE Nacional durante la emergencia tienen que ver las situaciones cuando los padres de un menor fallecen por COVID-19 y cuando niños, niñas, adolescentes y personas adultas mayores han contraído el virus, pero no cuentan con cuidados de la familia.

Lo que es urgente en este país, dice Martínez, es un protocolo de atención en casos de maltrato infantil, que no esté incluido en otras normativas relacionadas con la violencia de mujer. “Son dos violencias distintas, vistas desde dos ópticas. La una es adultrocéntrica y la otra tiene que ponerse a la estatura de los niños para poder dimensionar su fragilidad en nuestro poder”. 

Apunta también a que la violencia contra la niñez y la adolescencia no han disminuido. Entre el 16 de marzo y el 30 de abril, la Fiscalía ha registrado 106 denuncias de delitos sexuales contra menores de edad. De ellos 76 fueron abusos sexuales y 18 violaciones. Sin embargo, la Fiscalía ha informado que durante la pandemia ha existido una disminución del 81% de las denuncias de este tipo de delitos.

“Ya nos han dicho las estadísticas que el 80% de los casos de violencia sexual ocurren en los lugares cercanos a las víctimas. Es raro que la Fiscalía presente unas estadísticas tan bajas en violencia sexual cuando los niños se encuentran en los hogares”, dice Mayra Tirira, abogada de la organización Surkuna.

Asimismo los niveles de impunidad son altos y por eso considera que es necesario cuestionar la efectividad de las políticas públicas, agrega Martínez. “Aún no sabemos cuánto horror tenemos y cuánto debemos reparar”.

Martínez manifiesta que los niños no tienen ninguna opción de protegerse. Las mujeres ante una amenaza, al menos, pueden llamar desde algún lado. Pero los niños tienen cerradas sus vías de escape, como las escuelas que se cerraron en la pandemia. Allí sus profesores podrían detectar algún problema. De ahí la importancia de que los maestros puedan hacer chequeos virtuales a los niños con preguntas sobre si durmió bien, se ha alimentado y qué actividades realiza. Pero la experta cree que no se está haciendo este procedimiento. Otra opción pudieron ser los Guagua Centros de Quito, que también serán cerrados. Podrían haber servido para que su personal haga verificación en los hogares del estado de los niños, opina Martínez.

La abogada Tirira, en cambio, sugiere generar estrategias dentro del hogar, para que las familias hablen claramente de estos temas para prevenir estas violencias. “Esta es una responsabilidad que le correspondía al Estado que no la está asumiendo”, afirma.

*Nombres ficticios para proteger la identidad de los niños