Han pasado más de siete años desde la publicación de la última encuesta nacional sobre el consumo de drogas en Ecuador a la población en general. En 2014, el extinto Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep) reveló los resultados de una encuesta aplicada a casi 11.000 personas, de entre 12 y 65 años, en zonas urbanas y capitales de provincias. Los entrevistados contestaron preguntas sobre el consumo de alcohol, cigarrillos y drogas ilícitas. Uno de sus hallazgos fue que el 2% de la población había iniciado, alguna vez en su vida, un tratamiento para dejar de consumir alcohol o una droga ilícita. Desde entonces, no hay el registro de otro estudio que haya abarcado un rango casi completo de edades sobre este problema de salud en el país.

Posteriormente, la Secretaría Técnica de Drogas (Seted ) -que reemplazó al Consep- aplicó una encuesta en 2015 a 36.000 estudiantes secundarios, cuyos datos se difundieron en 2016. De ellos, el 12,65% había consumido sustancias prohibidas en ese año, sobre todo marihuana, heroína o H y cocaína, en ese orden. Registró además que la edad promedio para el inicio del consumo era de 14 años. El estudio más reciente que se aplicó a este grupo fue en 2018. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición develó datos sobre el consumo de drogas legales en los menores de edad. De acuerdo a sus resultados, el 7,6% de niños de 10 a 17 años consumieron alcohol durante los últimos 30 días anteriores a la entrevista y el.4,3% ya había consumido tabaco en algún momento de su vida. Pero no incluyó las drogas ilícitas.

En 2016, la Seted también estudió a la población universitaria. Encuestó a más de 5.000 estudiantes de entre 18 y 25 años, de 10 universidades previamente seleccionadas. Registró una disminución del consumo de alcohol: de 36,9% hallado en 2012 bajó a 33,1% en 2016. También el consumo del tabaco se había reducido a 3,9 puntos porcentuales, en comparación con el 2012, año en el que se registró un 24.7%. Sobre drogas ilícitas, cerca del 30% de los universitarios ecuatorianos había probado alguna de esas sustancias prohibidas alguna vez en la vida y el 12,7% reportó haber consumido drogas en 2016.

Los más recientes estudios sobre consumo de drogas a los estudiantes tienen que ver con el alcohol y tabaco. Foto referncial

Ecuador ha realizado y publicado ocho estudios sobre la demanda de drogas, según el informe de Evaluación sobre Políticas de Drogas de 2019 a Ecuador. El análisis lo hizo la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la OEA (CICAD). El país, por ejemplo, no ha hecho encuestas a los pacientes de centros de tratamiento, ni a los de salas de emergencia, ni a poblaciones en conflicto con la ley. Su listado coincide en que la última encuesta nacional sobre consumo de drogas que fue publicada en 2014 y la de 2016 a los estudiantes secundarios. El CICAD usó esos dos estudios para su informe de 2019 sobre el consumo de drogas en las Américas. De esta manera se conoció que Ecuador ocupa el tercer lugar en Sudamérica en prevalencia de consumo de cocaína entre estudiantes secundarios y el sexto en inhalables (solventes, aerosoles, gases y nitritos).

“Estamos a palos de ciego en este campo”, dice Carla Álvarez, investigadora y catedrática del IAEN, sobre la falta de estudios recientes respecto al consumo de drogas en Ecuador. La causa -explica- es la falta de una institución pública o un observatorio de drogas en el país que levante estadísticas sobre qué y quién consume drogas en el país. Dice que las directrices que hay este tema están basadas en suposiciones y no en evidencia científica. “No se están tomando decisiones técnicas sino decisiones populistas”.

Por ejemplo, “¿cuáles son las razones técnicas y estadísticas para la eliminación de la tabla de drogas?”, se pregunta Álvarez, quien teme que esa decisión aumente la penalización de los consumidores de droga. La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, dijo que por el aumento del narcotráfico, parte de esa droga se queda en la sociedad ecuatoriana y eso ha incrementado el consumo y el microtráfico. Según sus cifras, en el país se consumen anualmente entre 84 y 200 toneladas de drogas.

Álvarez refuta ese dato oficial, pues dice que no corresponde a la realidad si se compara con las estadísticas de incautaciones y la cantidad de población. Solo en 2020, se incautaron casi 130 toneladas de droga, la cual fue la mayor cantidad decomisada en una década. “¿Son 200 toneladas de marihuana (que no genera adicción), de cocaína, de heroína (que son más adictivas), de qué es, quién es el consumidor y por qué consumimos tanto si hay mercados que pagan mucho mejor?”, insiste la investigadora. “Es una suposición (la de Vela) que no está debidamente confirmada”, sostiene.

“Tener un apagón epidemiológico de tantos años es muy doloroso”, Ricardo Loor, exdirector Nacional de Prevención de Drogas del Consep y consultor del portal Parametria. Dice que en el país no existen estadísticas, por ejemplo, de sobredosis o de otros problemas sociales que se derivan del consumo. Recuerda que mientras estuvo en ese cargo vio llegar a niñas embarazadas consumidoras, cuyos hijos nacieron con síndrome de abstinencia.

El comportamiento de la sociedad es dinámico y los datos de los informes de 2014 o 2016 no tendrán la misma validez que un estudio post pandémico, acota Álvarez. La Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) señaló que el mundo durante la pandemia sufrió un aumento significativo del consumo de drogas. Pero en Ecuador, no hay datos al respecto. “No conocer cuál es la dimensión del consumo de drogas nos lleva a adoptar políticas por imitación a otros países”.

Los expertos coinciden que la única política sobre drogas es la lucha contra el narcotráfico. Ecuador carece de políticas integrales para enfrentar este problema, dicen. Fotos: Fiscalía Ecuador

Un Ecuador acéfalo en políticas de drogas

En Ecuador, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Gobierno son las entidades responsables de ejecutar investigaciones y análisis especializados sobre el fenómeno socio económico de las drogas, así como de la formulación de políticas públicas en materia de consumo de drogas, según el CICAD. Pero, ¿qué avances han existido en los últimos años?

Álvarez afirma que el país no tiene una política de drogas ni una relacionada con la prevención del consumo de drogas. Lo que existe es una política de lucha contra el narcotráfico, que moviliza a la Policía y FFAA para incautaciones de sustancias.

“El dinero que gastamos en perseguir a los malos se lo privamos a la salud”, manifiesta Rodrigo Vélez, ex secretario Ejecutivo del Consep y también investigador de Parametría. Coincide en que la política de drogas ha estado bajo un membrete: la prohibición y una mayor atención a la oferta antes que a la demanda.

Parametria entregó en noviembre pasado a la Asamblea una de sus últimas investigaciones. Una de sus revelaciones es que la persecución, la interdicción de los cargamentos de drogas y la intervención de la justicia costó al país, entre 2015 y 2019, 200 millones de dólares por año, resume Vélez.  Es decir, según ese estudio, se habrían destinado 1.000 millones para la lucha antidrogas. “¿Cuál es el presupuesto para la salud mental, para los centros de tratamiento?”, se pregunta Vélez. “Se debe abordar la seguridad, pero estamos olvidando la salud social, no vamos a tener resultados diferentes si metemos plata solo a la misma autopista que nos lleva a ningún lado”.

El país se quedó con este vacío, dice la experta, tras la eliminación de la única institución responsable de crear este tipo de políticas: la Seted. El presidente Lenín Moreno suprimió esta secretaría el 27 de abril de 2018. Según su decreto N. 376, los ministerios de Salud y de Gobierno pasaron a estar encargados de este tema. Salud quedó al frente del Comité Interinstitucional de Prevención Integral del Fenómenos Socio Económico de las Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización.

Desde el punto de vista de Álvarez, esa descentralización fue grave porque uno de los problemas más importantes del país es la falta de una mirada, desde los derechos humanos, a los consumidores. Álvarez recuerda que en 2018 también se eliminó el Ministerio de Justicia y sus competencias en derechos humanos pasaron a una secretaría. “Tenemos la perspectiva de que un consumidor es igual a un delincuente”, dice Álvarez, quien cree que esto está directamente relacionado con el aumento de la población carcelaria.

Recalca que existe un aumento significativo de la violencia en la sociedad y de muertes violentas. La pandemia ha incidido en esa situación y la mayor precarización de las condiciones de vida de las personas. “Puede ser que esté muy vinculado al narcotráfico, hay indicadores que te hacen sospechar, pero no hay comprobaciones. ¿Por qué no las hay? Porque no hay suficientes investigaciones. Aún no se llega a conocer el impacto del narcotráfico en la sociedad a profundidad”.

Álvarez es una de las investigadoras que está a favor de la creación de una institución dedicada a impulsar políticas públicas y estudios sobre el tema. Este tipo de investigaciones son costosas y por eso la Seted y antes el Consep, ahora desaparecidos, asignaban presupuestos para esas actividades, explica la investigadora. El cierre de esas instituciones también implicó un impacto sobre la especialización y la experiencia de los técnicos que habían para levantar estas investigaciones. “A veces es mucho más caro remontar que haber mantenido estas instituciones”.

Vélez recuerda que el Consep implementó proyectos con los sectores pesqueros porque el desempleo es un factor de vulnerabilidad. La falta de alternativas de la población del perfil costero los lleva a ser cooptados por el narcotráfico.

Loor cuestiona que no exista campañas de prevención y de comunicación, que oriente a la familia sobre cómo prevenir y a dónde acudir. Sin la inclusión de las familias en estas políticas poco será el impacto. En Santa Elena, cuenta, Parametria hizo una investigación sobre el consumo de la H. Allí el Municipio detenía a los consumidores y los llevaba a otro sector, como una ‘limpieza’. En los grupos focales que hicieron, los profesores pedían a los padres que se los lleven. “Eran discriminados en las escuelas, en el sistema de salud”.