Ya van nueve periodistas mexicanos asesinados en lo que va del 2018, en las últimas semanas se han dado una ola de amenazas a periodistas colombianos y antes pasó el secuestro y asesinato del equipo de El Comercio. ¿Hay un incremento de la violencia contra los periodistas en la región?¿El narcotráfico y crimen organizado están ganando terreno?

Hay dos problemas muy complejos para la libertad de expresión y la democracia en la región. Uno tiene que ver con los gobiernos que llegan al poder, luego se vuelven autoritarios,  progresivamente van suprimiendo las libertades y la independencia de los poderes en un estado de derecho y terminan en cuestiones dramáticas como las que estamos viviendo en Venezuela, Nicaragua y Cuba.

Y el otro gran problema estructural es la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos. Obviamente no es un problema generalizado de los 35 países de América. Pero sí notoriamente hay países donde hay crimen organizado, muchas veces coludido con las autoridades locales. Ellos quieren asegurar un territorio para esos fines y las víctimas permanente son los periodistas. Estos últimos son el poder de la palabra y quienes justamente a través de la investigación quieren arrojar luz y revelar que un grupo no solo está cooptando un territorio sino las instituciones de ese territorio.

Entonces, ¿hay un deterioro del clima en la región contra los periodistas?

Creo que hay un problema estructural en México respecto a la violencia contra los periodistas. De hecho hicimos una visita a Sinaloa, Guerrero, Tamaulipas, Oaxaca y Baja California. Cuando la violencia es estructural se requieren medidas especiales y además en el caso de México hay una historia de impunidad de estos crímenes. Eso provoca que para el crimen organizado sea un rubro menor silenciar un periodista.

Luego está Colombia. Este país en la década de los 90 fue el más peligroso para el ejercicio del periodismo en la región. Ahora ha tenido una recuperación gracias al trabajo de la sociedad civil y del Estado con la creación de mecanismos de protección que en muchos sentidos han funcionado. En los últimos dos años no se han registrado asesinatos de periodistas aunque esa historia queda en la memoria de quienes quieren hacer el mal y lanzar amenazas. También hay focos en algunas zonas de Brasil, Honduras, Guatemala, en la frontera entre Paraguay y Brasil, y ahora en la frontera entre Ecuador y Colombia.

También el crimen organizado no es el único factor. Muchas veces los agentes estatales son factores de violencia porque no protegen, ni dejan hacer. O porque actúan contra los medios de forma violenta. En Nicaragua tuvimos que lamentar el asesinato de un periodista durante una protesta. Sí es un problema general en la región, pero tiene lugares particulares donde es mucho más grave la situación.

Ahora, ¿cuál es la situación respecto a las responsabilidades de los Estados de proteger a los periodistas? Por ejemplo, en el caso del asesinato del equipo de El Comercio, lo primero de lo que hablaron las autoridades fue sobre la corresponsabilidad tanto del Estado como del medio. ¿Qué opina al respecto?

Desde el derecho internacional, los estados tienen una obligación primaria de proteger la integridad de quienes están en riesgo por el ejercicio de una profesión, además de ser una profesión que contribuye tanto a la democracia, a las libertades y al interés público. Hay un caso que la Relatoría elevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que se acaba de resolver. Es el caso Carvajal versus Colombia. Allí la Corte dijo que por el hecho de que se silenció a un periodista asesinándolo, en una localidad donde operaba el crimen organizado, y el Estado durante 12 años no investigó y este hecho permaneció impune, Colombia era responsable por la violación del derecho a la vida y del derecho a la libertad de expresión del periodista. Claramente, el Estado no solo cuando es el agresor tiene una responsabilidad, sino también cuando un particular silencia a un periodista y el Estado o no protege o no investiga.

Obviamente esto no quiere decir que no existan otros actores que no tengan responsabilidad. Por supuesto, los medios de comunicación tienen que proteger también a sus periodistas, no pueden enviarlos sin las debidas protecciones, sin capacitarlos, sin dotarlos de un seguro, de un salario digno que les permita trabajar, sin incurrir en riesgos adicionales como sucede en algunos lugares en México. Creo que los medios también tienen responsabilidad y los gremios periodístico, pero son de naturaleza diferente.

Frente al derecho internacional, el responsable es el Estado. Obviamente, ¿cuáles son estas obligaciones específicas? Los Estados tienen que prevenir, proteger y procurar justicia. Si hacen esto de forma integral contra la violencia contra los periodistas, se mitigará esa situación que muchas veces no la provoca el Estado

La prevención pasa por medidas específicas como no estigmatizar a los medios, no exponerlos a un riesgo mayor. También destacar desde el Estado al periodismo como una profesión importante para la democracia. Prevenir es avisar cuando hay una zona de riesgo, tomar medidas y tener un diálogo con los medios. Decirles: ‘miren en esta zona está operando tal y tal grupo y hay tales riesgos’. Y proteger significa adoptar mecanismos específicos para los periodistas en riesgo. No queremos que ellos dejen de hacer periodismo y cuando denuncien un riesgo, el Estado en lugar de darles la espalda los proteja. Si quiere hacer periodismo (el Estado debería decirles) acá vamos a tomar esas medidas, proveerles de un chaleco antibalas, de un botón de pánico, de un guardaespaldas e incluso de un auto blindado si se requiere para hacer la cobertura. Hay que coordinar las medidas de seguridad y esto cada vez está más claro en el derecho internacional.

En el caso ecuatoriano sucedió que los periodistas tuvieron un aviso en el retén militar antes de pasar hacia Mataje donde fueron secuestrados. Pero se ha cuestionado mucho el hecho de que no hubo claras advertencias por parte del Estado de que esa zona era demasiado peligrosa.

Un comentario general a esa pregunta es que tantos años de desencuentro, de hostigamiento y de estigmatización desde el poder público a los medios de comunicación en Ecuador también generaron un deterioro de la confianza y el rol que tiene que jugar el Estado frente a la promoción y protección de los medios. Entonces claro el Estado no tenía una política respecto a la protección de los periodistas sino más bien todo lo contrario. Y además la falta también de confianza de los periodistas para acudir a la protección (del Estado) y decirles: ‘mira quiero ir a cubrir esto, pero usted tiene que darme unas garantías mínimas’. Este va a ser uno de los temas que va a abordar el Equipo Especial de Seguimiento y por lo tanto no quiero adelantar una opinión cuando es parte de lo que vamos a investigar.

¿Cuáles son los objetivos del equipo y sus alcances? ¿Lograrán determinar responsabilidades en este caso?

La responsabilidad de investigar es del Estado, por lo tanto la investigación la va a conducir el Estado. El Equipo de Seguimiento fue establecido a partir de una medida cautelar que se aprobó por parte de la CIDH. Luego con la anuencia de los familiares y de los estados se establecieron cuatro objetivos básicos. El primero es acompañar a los familiares en el acceso a la información; el segundo, tener acceso directo a la investigación y hacer recomendaciones a ese proceso; tercero, dar seguimiento y verificar la reparación a las víctimas; y cuarto, lograr que la sociedad en su conjunto tenga un conocimiento completo de lo que sucedió y determinar medidas de no repetición. Vamos a ser muy claros en el cumplimiento de estos objetivos, pero los que tienen que en definitiva identificar y sancionar a los responsables son los estados.

¿Existe la posibilidad de que se extienda el trabajo del equipo si estos seis meses no son suficientes?

Sí, por supuesto. Nosotros vamos a trabajar de forma permanente en estos seis meses. Contratamos un equipo de expertos, una investigadora penal que trabajó en CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala) y ella va a trabajar a tiempo completo en esto, liderado por la Comisión y la Relatoría. Además se realizarán reuniones de trabajo periódicas entre el Estado y los familiares. En el próximo periodo de sesiones de la CIDH habrá una audiencia pública sobre esto. Es decir, todo el proceso va a estar dotado de absoluta transparencia. Entregaremos un informe final de estos seis meses y parte (de las conclusiones) podría ser renovar el mandato, pero ya lo veremos cuando lleguemos a esa situación.

Después de la cita que tuvieron en Washington con los familiares, la CIDH consideró a este caso como emblemático en la región.

Se suma a otros casos que hemos destacado como emblemáticos en la región. Claramente fueron brutalmente asesinados para silenciarlos y mandar un mensaje a toda la sociedad de miedo y contra las instituciones democráticas. Eso está muy claro en este caso. En segundo lugar, por las circunstancias de que el crimen organizado está operando en la región para sus propósitos. Estos grupos no tienen ningún límite en lo que hacen y son capaces de silenciar a periodistas. Y lo tercero que es importante es que este crimen no quede impune. Es necesario que estos actores sepan que no es gratuito para ellos y que serán perseguidos por los estados de la región cuando atenten contra la vida de forma deliberada contra quien está cumpliendo un papel tan importante como el periodista o el defensor de DDHH.

Hemos logramos tener un mecanismo de supervisión internacional mientras se está cursando la investigación. Es algo bastante novedoso en la región y va generando aprendizaje para que otros países hagan lo mismo, como pedir una supervisión internacional.

En esta investigación va a ser fundamental el aporte de Colombia, ¿qué apertura han tenido de ellos para resolver este caso?

Sin duda que el Estado ecuatoriano y las familias de las víctimas que son ecuatorianas han empujado mucho este caso. Pero Colombia ha estado en todas las instancias de trabajo que hemos tenido en estos meses desde que sucedieron los hechos. Han documentado con cartas enviadas por la propia Canciller colombiana la misma apertura que el Gobierno ecuatoriano para supervisar la investigación.

Por otro lado, Ecuador ha entrado a un proceso de reformas de la Ley de Comunicación. La Relatoría y demás organismos internacionales han cuestionado la normativa por no estar en sintonía con los estándares internacionales. En la Asamblea, usted sugirió 44 cambios. ¿Cuáles de ellos destacaría?

Primero quiero destacar la voluntad del poder Ejecutivo de reformar los aspectos más regresivos que afectaron sin duda la libertad de expresión de los periodistas y de medios en el anterior Gobierno. Lo segundo el derogar y modificar los aspectos que irrespetan totalmente los mandatos y las directrices internacionales como el linchamiento mediático. Me parece muy importante la inclusión de esos estándares que deben ser tomados en cuenta en cualquier interpretación de la futura ley. Me parece que eso va  a marcar un antes y un después porque es un criterio que antes no existía. Me parece muy valioso el aporte que hace el Ejecutivo al proyecto (de reformas). Ahora el aporte nuestro va a ser profundizar algunos de esos cambios que deben alinearse más (a los estándares internacionales).

Afuera del hotel Hilton Colon, familiares y amigos de los periodistas asesinados hicieron una vigilia el pasado jueves. Un día antes, los familiares calificaron como burla la información reservada entregada por tres ministerios. En la foto: Galo Ortega, padre del periodista asesinado Javier Ortega; Luz Adriana Camargo, miembro Equipo de Seguimiento Especial; Christian Segarra, hijo del conductor Efraín Segarra; y Édison Lanza, relator para la Libertad de Expresión de la CIDH.

Por ejemplo, ¿cuáles?

Por ejemplo el derecho a respuesta (réplica). Me parece que aún debe ser trabajado en mayor profundidad. Aún no cumple con el estándar de que solo procede el derecho a respuesta no ante cualquier alusión que un medio haga de un particular sino cuando exista una inexactitud o un agravio. También algunas restricciones que permanecen contra el periodismo de investigación. Por ejemplo, la prohibición de difundir información que pueda estar en consideración de un proceso penal cuando esa responsabilidad de reserva no es para el periodista sino para quienes tienen a cargo de la investigación. Y si un periodista se entera porque tiene una fuente, es de interés público y chequeó que la información es rigurosa la puede publicar. 

Otro punto es la colegiatura de los periodistas. Me parece que la Corte Interamericana fue clara cuando analizó un caso similiar. No se requiere ser titulado para trabajar en un medio de comunicación, no porque no promovamos la capacitación. Yo estoy de acuerdo con eso, soy profesor en una universidad. Sino porque la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo están tan intrínsecamente implicados que prohibirle a alguien escribir o trabajar en un medio por no ser titulado es afectar la libertad de expresión.

También aspectos que tienen que ver con el diseño institucional. Estamos de acuerdo con la supresión de la Supercom, pero hay que ver cómo se quiere redistribuir esas competencias con estándares que los hay.

El Gobierno ecuatoriano le envió una carta invitándole a visitar el Ecuador. En agosto será su primer visita oficial. ¿Cómo interpretan ese gesto?

No tengo duda que el presidente Lenín Moreno, el Canciller y el Secretario de Comunicación están comprometidos con cambiar una historia de violaciones a la libertad de expresión y de ataques a la prensa. Y no solo eso, sino también reparar y no repetir. Creo que son  plenamente conscientes de que hubo violaciones a la libertad de expresión a través de las normas y de las conductas de los funcionarios.

Para  eso tienen que hacer algo no solo para respetar a los periodistas y a los medios sino para revalorizar al periodismo y a la libertad de expresión. Entonces como parte de eso una visita de un Relator Especial quiere decir mucho porque el Estado se abre al escrutinio internacional. Nosotros vamos a estar durante cuatro días entrevistando periodistas, sociedad civil, víctimas y autoridades. Vamos hacer observaciones preliminares y luego un informe final. Va a ser entre el 20 y 24 de agosto. Por un lado es un paso histórico para el Ecuador y para la región. Confiamos en que se puede demostrar que sí se puede reconstruir la democracia.

Hace poco estuvo el Comité de Protección de Periodistas y dijo que ha mejorado el clima en relación a la libertad de expresión en Ecuador. ¿Ustedes coinciden con esa visión?

Sí, pero con la diferencia de que esta es una instancia obligatoria para el Estado. Acá va a quedar una hoja de ruta que el Estado se obliga a seguir ante los organismos internacionales. También invitó al Relator de la ONU. El compromiso es de largo plazo y confío que así sea.