"Fue un día muy especial, de mucha felicidad, de mucha alegría. No podría describirlo ni contarlo, porque fue una sensación total; se me hizo un nudo en la garganta, quería llorar y me contenía, sentía que el cuerpo me temblaba. Claro, al escuchar la palabra inocente después de una lucha tenaz de once años, no lo podía creer. Fue una felicidad total para mi, para mi familia, mis hijos y también una alegría para la Asociación de Víctimas 30S, de todos los que la conformamos". 

Eduardo Mullo, excabo primero de la Policía Nacional, cuenta así lo que sintió cuando un tribunal de la Corte Nacional de Justicia declaró, el 24 de noviembre del 2021, el estado de inocencia suyo y de otros tres colegas policías, que fueron acusados por el entonces presidente Rafael Correa —y la Fiscalía—, de querer asesinarlo durante el levantamiento policial y militar del 30 de septiembre del 2010, que para el gobierno de entonces fue un intento de golpe de Estado y de magnicidio en contra de Correa.

Si el 30S partió el gobierno de Correa y al país en dos, también destruyó la vida de Mullo y sus compañeros Geovany Laso Almeida, Luis Guanotasig Oña, y Jesús Jetacama Simbaña, todos miembros de la Policía Nacional. El 25 de agosto del 2014, luego de un juicio penal, ellos fueron condenados a 12 años de reclusión mayor por el Tribunal Séptimo de Garantías Penales de Pichincha. Mullo y sus compañeros pagaron prisión por más de cinco años en la Cárcel 4 de Quito. Luego de once años de una larga y cruenta lucha judicial, fueron declarados inocentes. 

Eduardo Mullo recuerda claramente cada detalle de este proceso judicial al que fue vinculado por Tentativa de asesinato, delito tipificado y sancionado por el artículo 224 del Código Penal. Y recuerda también cómo se destruyó su vida:

"Yo di la cara nunca me escondí ni huí. Mi entonces esposa trabajaba en el Hospital Meropolitano y el 30 de septiembre del 2010 ingresé a laborar a las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde en la Policía Judicial de Pichincha. Antes de culminar mi horario de trabajo me llamó mi esposa y me dijo que no podía asistir a su trabajo, porque había mucha gente, con uniformados y civiles agrediendo y que le daba miedo ir. Le dije que me esperara porque la iba a acompañar. Cuando llegué ella estaba ya en el Metropolitano y subí a la Occidental para tomar un transporte que me llevara a mi casa, en San Carlos. Entonces en el grupo se dijo que ya venían los militares. Y luego se escucharon las detonaciones, disparos, y por salvaguardar mi vida corrí con el grupo y me boté al piso, por las balas. En ese instante alguien nos había tomado una fotografía y un pequeño video. Y esa fue la prueba madre para involucrarme en el caso. Me notificaron y me ordenaron que acuda a la audiencia de vinculación". Era ya septiembre del 2013.

Hablamos con el ex policía Eduardo Mullo, condenado a 12 años y recientemente exculpado de un supuesto intento de magnicidio contra Correa. ¿Falló la justicia en este caso? Comenta Ramiro García. Conduce: Juan Carlos Calderón.

Cerca del tercer aniversario del 30S el presidente Correa no estaba conforme con la actuación de la justicia. Sus argumentos centrales, que hubo un intento de golpe de Estado y que policías intentaron asesinarlo, no habían obtenido hasta ese momento pruebas suficientes para involucrar a alguien en concreto ni para probar las teorías oficiales de esa jornada de violencia.

Un miembro de la seguridad del presidente Correa limpia el rostro del mandatario de los efectos de las bombas lacrimógenas, durante los sucesos del 30S. Foto EFE

En la exposición de motivos del Decreto Ejecutivo 022, emitido el 10 de junio del 2013, el propio presidente Correa justificaba que "habiendo transcurrido cerca de tres años desde el 30 de septiembre del 2010, la Función Judicial aún no ha logrado esclarecer la totalidad de los hechos acontecidos y en consecuencia no han sido descubiertos ni sancionados todos los responsables, tanto intelectuales como materiales de los hechos de violencia indicados, constituyéndose en una deuda con la memoria histórica del nación".

Entonces Correa nombró una comisión investigadora, Comisión de la Verdad 30S, conformada por Carlos Baca Mancheno (que luego sería fiscal general), Óscar Bonilla y David Guzmán, funcionarios de su Gobierno. Su misión, dictada en el Decreto, era "llevar a cabo una investigación profunda y objetiva sobre los hechos acaecidos el 30 de septiembre del 2010, en especial sobre sus autores intelectuales y materiales...".  Esta comisión emitió un informe donde se señalaban directamente a los "culpables" y que fue entregado a la Fiscalía General, dirigida por Galo Chiriboga. Entonces sí aparecieron los presuntos autores.

Ellos planificaban las sentencias...

"Yo siempre acepté ser la persona que estaba en esa fotografía y que estuvo en ese lugar y lo expliqué. Obviamente no me escucharon y me dictaron la boleta de prisión. En esta etapa de vida hubo mucha tristeza, dolor y sufrimiento. El día que me involucraron no lo podía creer. Porque (para ello) tenía que haberse dado una investigación nítida, limpia y con pruebas suficientes para involucrarnos. Y no con una fotografía que no tenía ni peritaje, la identificación... Antes de la audiencia de vinculación no supe que estaba siendo investigado. Solo me notificaron que debía asistir a la audiencia. Incluso la notificación no decía de qué se me acusaba, solo que debía ir a la audiencia. En ese momento me dijeron que estaba involucrado. Estaba solo y entonces me llevaron directamente a la cárcel. Tenía un defensor público y él solicitó que me dieran medidas alternativas para que me pueda defender en libertad y lo negaron. No como ahora, que el correísmo clama por esas medidas, pero cuando ellos estuvieron en el poder no les importó. Ellos nos querían ver presos. 

"En ese momento empezó el dolor para mi familia, para mis padres, mis hijos, mis seres cercanos. Porque era inocente, y estaban involucrando a una persona inocente y cuando ingreso a la cárcel empiezo otro tipo de vida. Tenía que esperar la etapa de juzgamiento y todo el proceso jurídico. Además de eso necesitaba dinero para contratar un abogado. Estando preso, en las investigaciones no hubo las suficientes pruebas para demostrar el delito. Incluso el gobierno y la Fiscalía contrataron un perito, Mario Grillo, que en sus conclusiones dijo que Eduardo Mullo (en la fotografía) estaba en una actitud pasiva, contemplativa, de observador. Mi abogado defensor le preguntó si estaba uniformado, que no; que si estoy con un arma de fuego, que no; que si se pudo determinar audios en los cuales yo estuviera incitando, que no; que si estaba agrediendo verbal o físicamente a alguna persona, que no.

"Las otras pruebas en mi contra fue con las declaraciones de militares y ellos nunca dijeron que estuve ahí o que haya disparado; lo que dijeron fue que fueron con armas reales y munición real, cuando la Fiscalía había dicho que fueron con balas de goma. De mi parte se presentó como descargo el ingreso de mi arma al rastrillo de la Policía Judicial. Fueron a testificar el jefe del rastrillo, mi jefe inmediato de la Policía Judicial; se presentó el certificado de trabajo de mi ex esposa, que laboró de siete de la noche a siete de la mañana del día siguiente... Luego de la versión del perito Grillo era para que se diera la inocencia, porque no había pruebas. Pero en ese instante pensaba, al igual que mis compañeros, que ojalá hubiera una justicia independiente y que se actuara en Derecho, pero cada día nos dábamos cuenta que era muy difícil; que estábamos contra el Estado, contra el poder y que nos cogieron como chivos expiatorios para poder llegar a una sentencia y victimizar a Rafael Correa. ¿Por qué digo esto? Nuestras audiencias fueron largas y un día vimos sentado al fiscal general Galo Chiriboga. Él estaba diciendo ¡cuidado actúan en Derecho! Ellos lo planificaron así. No como el fiscal encargado del caso, Gustavo Benítez Álvarez, dijo, que nosotros habíamos planificado con anterioridad la tentativa de asesinato. Pero él no presentó el lugar donde nos reunimos a planificar, ni fotografías ni prueba alguna de eso. Y al contrario salieron los correos de Pamela Martínez (Caso Sobornos. Ndlr.) donde se mencionaba que se habían reunido los fiscales en un lugar a tratar los casos del 30S. Ellos planificaban las sentencias, ellos daban las resoluciones en cada caso.

"Los jueces no tomaron en cuenta nuestros descargos, no valían nada. Solo daban paso a los de la Fiscalía.  El fiscal Benítez hizo peritaje balístico el cual consistió el cotejamiento balístico de mi arma de fuego con las evidencias, las vainas, que había conseguido. El resultado fue que no se podía determinar o no coincidían con mi arma de fuego. Pero como ese informe no le servía, lo que hizo fue guardarlo en el escritorio, nunca lo presentó en la audiencia. Ese informe ingresamos luego en la audiencia de Revisión y fue a testificar el perito y se dio a conocer, y los jueces lo tomaron en consideración. Incluso la fiscal que estuvo en la revisión, que nos atacó igualmente, dijo que ese informe de peritaje ya debió haber sido puesto en conocimiento, y en ese momento verificaron y no se había presentado antes. Ahí se demostró lo que la Fiscalía ocultaba y que saacaba solo lo que le importaba. Los jueces que nos dieron la inocencia actuaron muy técnica y minuciosamente.

"Hasta ahora no entiendo esto. Nunca pensé y menos intenté matar a Rafael Correa. Estuve ese día en la Av. Occidental, en el puente peatonal, y él estaba en la Hospital de la Policía Nacional. Estuve a unos 500 metros lejos de él. Y ahí no hay visibilidad, hay árboles, cables, mallas... ¿Cómo lo voy a matar? ¿Si no tenía un arma, cómo lo iba a matar? ¿O sólo con verle lo iba a matar? Es algo ilógico, porque se presentaron los descargos y nunca se pudo determinar que quise matarlo, porque no había cómo ni siquiera con armas sofisticadas, como demostró la perito Mantilla. 

Mi esposa me dejó, mis padres enfermaron, mis hijos...

"Estuve cinco años preso en la Cárcel 4. Fue sólo tristeza y sufrimiento. El momento en que nos sentenciaron a doce años, sabiéndonos inocentes, fue el momento más duro. Hubo desmayos, llanto... Me ausenté de mis hijos, que me necesitaban en su adolescencia, no estuve con ellos. Mis padres, de la tercer edad, por su dolor y por ir bajo el sol o bajo las aguas a visitarme decayeron en su salud. A los cuatro años y medio de prisión mi esposa me abandonó. Me dieron la baja de la Policía Nacional, quedé sin un sustento económico para ayudar a mis hijos y mis padres. Me sentí impotente porque ya estaba preso y no podía hacer nada. 

"De parte de mi madre, de familiares, me ayudaron con mis hijos. En la cárcel comencé a tallar madera y ocupé mi tiempo en ese trabajo. No era mucho, pero ayudaba un poquito. Ahora mi madre sufre de neuritis crónica. Yo ahora vivo solo, estoy pendiente de ella y no puede caminar bien, toma medicamentos, no puede salir sola a la calle. Todo eso es por los cinco años de ir a visitarme, de subirse al bus, el dolor por mis hijos, el saber que iba a estar doce años preso... Todo eso fue tenaz. Me afectó igual. Créame que me afecté en la salud, porque dentro de la cárcel vivíamos en la zozobra de que a los 30S nos querían trasladar porque no quisimos acogernos a un indulto culposo.

"Siete veces nos ofrecieron el indulto. Una vez fue el día de la audiencia cuando nos condenaron a doce años. Yo había trabajado dos años antes con el doctor Gustavo Benítez en la Fiscalía General. Él me conocía completamente,  pero cuando me iban a dar el pase el quiso que me quedara con él. Cuando me dieron los doce años me llamó a un costado y me dijo: mi cabo, lo siento, estas son disposiciones de arriba y tengo que cumplir. Le dije que yo era inocente y él lo sabía, me dijo: lo sé, pero ya lo dije. Hable con sus compañeros, dijo, les ofrezco que se acojan al indulto, yo mismo tramito y en una semana les ayudo a salir. Imagínese, ¿cómo puede ser que el mismo momento en que dan la sentencia ellos ya estén ofreciendo el indulto? Ellos ya lo tenían planificado, ellos ya tenían planeado esto de buscar los culpables porque hasta ese momento no había culpables y este era el golpe más duro que tenía que dar para victimizar a Rafael Correa, para decir que hubo un intento de magnicidio y un golpe de Estado. Le dije al fiscal que no podía acogerme a ese indulto, porque soy inocente.

"Con mis compañeros (que estuvimos presos) nunca nos conocimos antes. Fueron de diferentes unidades, y nos conocimos sólo cuando nos fueron involucrando y en la cárcel comenzamos a compartir, no antes. 

"Fue un martes cuando nos dieron la sentencia, y el sábado en su sabatina, Correa dijo que iba a analizar para ver si daba el indulto a los criminales, a los asesinos, delincuentes que le quisieron matar. Pero nadie le estaba pidiendo el indulto. Los pasos a seguir para eso es hacer un oficio de nuestra parte o de nuestros familiares, nadie lo hizo y él ya lo estaba ofreciendo. 

"La tercera vez (que nos ofrecieron el indulto), y más importante, fue cuando Correa fue a la Cárcel 4. Él empezó a dar la mano a todos los detenidos, hola qué tal, por qué estás, cómo vas... y así. Yo trabajaba como tallador y estaba con mi formón. Se me acercó y me preguntó por qué estaba ahí. Ahí tuve la oportunidad de verle cara a cara y mis compañeros también. Le dije: soy la persona a la que acusan de haberle querido matar, soy del caso 30S. Entonces me soltó la mano, se fue para atrás y casi se cayó de espaldas, como Condorito. Le dije: señor presidente, le pido que de una cita a nuestros familiares para que ellos y los abogados expliquen lo mal que están llevando la investigación. No, contestó, la Fiscalía ya investigó, dijo, ustedes son los culpables y tienen que pagar los doce años de cárcel, ustedes son delincuentes, asesinos, me quisieron matar... Déspota como era. Se fue para un lado y lo seguí y estaban mis compañeros y luego dijo: al única salida de ustedes es que me pidan el indulto; pídanme el indulto y la otra semana ustedes están afuera.

"También a un compañero lo sacaron de la cárcel, lo llevaron a Fiscalía le ofrecieron plata, le ofrecieron visas a él y a su familia para que se vaya afuera, pero a cambio él tenía que aceptar y tenía que decir que todos los que nos sentenciaron fuimos los que planificamos. Esto fue después de la sentencia, y esa era la forma de presionarnos para que nos acojamos al indulto. Nunca lo hice, porque tengo dignidad, soy una persona de principios, y no podía aceptar algo que no cometí.

Quiero agradecer

"Salí de la cárcel en agosto del 2018, con la prelibertad. Si Rafael Correa hubiera estado en el poder o sus sucesores, nos hubieran hecho pagar los doce años. Soy católico, creo en Dios y creo que desde ahí, poco a poco se vinieron dando los primeros pasos, porque con el cambio de presidente se dieron los problemas entre ellos, y salió también lo que dijo Carlos Pólit (excontralor) que tenía un informe de gastos reservados sobre el 30S. Entre ellos mismo comenzó a salir la verdad. 

"Salí con la prelibertad y quiero agradecer, con mi familia, mis compañeros, a la Asociación Víctimas del 30S, la ingeniero Óscar Ayerve, a mi coronel Gerardo Zapata y a todos los que conformamos, que somos policías, militares y civiles, aunque aún hay casos pendientes. Ahora viene un trabajo arduo para ellos, como vino el trabajo de familiares, de compañeros, que iban a marchas, a plantones, que iban a golpear las puertas en instituciones para dejar los oficios y ser escuchados. Ha sido un trabajo muy duro, y lo más importante es que nunca nos han cobrado un centavo. Lo hcieron de corazón, creyendo en nuestra inocencia.

"A los cinco años salí con prelibertad, pero no podía hacer mi vida con tranquilidad, porque tenía un arraigo, tenía que presentarme en la cárcel una vez al mes, por cuatro horas. En una entrevista de trabajo —que lo he estado buscando tratando de sobrevivir— tenía que hablar con la verdad: soy del 30S, hay qué pena, le vamos a ayudar, nosotros le vamos a llamar, me contestaban. Y hasta ahora estoy esperando. En entidades públicas y privadas. Ya estaba libre, pero viene otro tipo de vida. Ya afuera tenía que ganarme la vida: me ha tocado trabajar de taxista, de oficial de pintura, en lo que venga, me ha tocado meter el hombro.

"Ahora estamos esperando que se ejecute la sentencia. Ahora sí se siente independencia, que ahora los jueces actúan con profesionalismo y en Derecho, lo que antes no había. Antes ellos no tuvieron ética, no actuaron en Derecho sino a conveniencia del gobierno de Rafael Correa. Eran jueces y fiscales y todo ese peso del Estado vino contra nosotros, ¿cómo íbamos a poder ganar en Derecho? Ni teniendo los mejores abogados. 

En la fotografía los expolicías Luis Guanotasig, Geovany Laso, Eduardo Mullo y Jesús Jetacama, durante la audiencia del recurso de revisión, en la Corte Nacional, el 23 de noviembre del 2021. Foto: Corte Nacional

Ni con un montón de plata pueden compensar lo que nos hicieron

"Con la declaración de inocencia queremos, con otro oficio, ingresar el pedido en la Comandancia General de Policía para que nos reincorporen de inmediato a la Policía. Y digo inmediatamente porque así como se ejecutó la sentencia de doce años y la Comandancia nos dio la baja de inmediato, ahora tiene que ser lo mismo: cuando salga ejecutada la sentencia, la Comandancia, así mismo, inmediatamente debiera dar la reincorporación a nuestros puestos de trabajo, a nuestro grados correspondientes y el pago de nuestros haberes. Porque yo no quise dejar la Policía, me sacaron injustamente, violentaron mis derechos y así mismo tienen que devolvérmelos. Es algo justo si soy inocente. Cuando estuvimos en el problema se gastó plata, se tuvo que pagar abogados, se tuvo que pagar peritajes. Ahora ya no tengo nada, porque lo poco que se tenía se vendió o se pidió prestado para poder sumar y pagar los abogados. 

"No tengo nada. Vivo al día. Ni puedo dar una buena educación a mis hijos, ellos tienen que luchar cada día, no están estudiando, no consiguen trabajo, entonces ¿qué hago? En algo tienen que devolvernos, por derecho, para que nazca una esperanza, para que me pueda proyectar, para tener objetivos y más a mi familia, a mis hijos, porque de tanto sufrimiento que tuvieron ellos tengan alguna preparación en su vida. Es muy duro. 

"Con nuestros abogados veremos después si vamos con una demanda al Estado. Inclusive a los derechos humanos internacionales. Para que se cree una comisión, así como ellos la crearon, para que se investigue, verifique y saque la verdad y esta se restablezca. Porque así me den un montón de plata o lo mejor del mundo, eso no me va a devolver el tiempo perdido, el sufrimiento, el abandono de mi esposa, el daño a mis hijos. Nada lo va a devolver, pero que en algo se haga justicia, también internacionalmente, para que quede un precedente de que nunca más se violenten los derechos de las personas cuando son inocentes. Porque se tiene que actuar en Derecho y si se es culpable se demuestre, y si es inocente también, pero en Derecho, no por la prepotencia o el ego de una persona que se creyó el todo poderoso y puso para beneficio suyo a Fiscalía, Consejo de la Judicatura, y para que hagan lo que el amo les pide, sin importarles el daño que estaban causando a las personas".

 ANÁLISIS  

OSCAR AYERVE

Hay 252 casos de jueces y fiscales que condenaron a inocentes

Cuando Rafael Correa sale del hospital, custodiado por el GIR y el GOE, y llega a Carondelet, ante la muchedumbre correísta en la Plaza Grande, afirma que hubo dos hechos irrefutables: el primero, que hubo un intento de golpe de Estado, y el segundo, que hubo un intento de magnicidio. Con esas dos premisas inició un operativo que vinculó al Consejo de la Judicatura y a todos los organismos del Estado: Ministerio de Justicia, de Gobierno, Contraloría, Procuraduría, Consejo Participación Ciudadana, Fiscalía General, Defensoría Pública, Defensoría del Pueblo, organismos de seguridad del Estado, que se reunían, exprofesamente, para analizar cómo inculpar de delitos de Estado a policías, militares y civiles, por el caso 30S.

Óscar Ayerve, presidente de la Asociación Víctimas del 30S que ha procesado cientos de casos de policías, militares y civiles acusados por el Estado luego del 30S.

Pero ya habían transcurrido cerca de tres años y Rafael Correa entra en cólera porque aún no había ni siquiera una indagación por el delito de intento de magnicidio, que era la segunda premisa fundamental en este proceso. Entonces toma una decisión inédita, a su estilo: emite el Decreto Ejecutivo 022, en cuyas motivaciones dice que el 30 de septiembre del 2010 se produjo un intento de magnicidio, dentro de un frustrado golpe de Estado. Por lo tanto, en su propio decreto de creación de la Comisión 30S se determina que investigue todos los procesos que la justicia, controlada por el propio Rafael Correa, no tenía ni la eficiencia ni la celeridad que demandaba su decisión de encontrar culpables. 

Entonces empezó un operativo gigantesco, vinculado a la Fiscalía General del Estado y envía sendos comunicados para que se reactiven todos los procesos inimaginables y posibles. Utilizan todo el menú posible de delitos en contra de la seguridad del Estado y van a la cacería de brujas para encontrar a los que implementaron el intento de magnicidio. 

Así encuentran a seis policías, que no se conocían entre sí, que nunca estuvieron armados, dos de ellos ni siquiera en el lugar de los hechos, como así se demostró en los peritajes dentro del juicio por el recurso extraordinario de revisión. Jesús Jitacama estaba en Ponciano, a 20 kilómetros de distancia. Lo involucraron con una fotografía de un parecido. Así sucesivamente. No existió planificación, capacitación, no existían beneficiarios del intento de magnicidio. 

Como Asociación de Víctimas 30S presentamos el recurso de revisión por los cuatro policías. Ellos estuvieron presos y nunca antes en los casos del 30S se habían otorgado prelibertades. Nos tomó unos seis meses procesar esto. Estuvieron cerca de seis años presos, condenados a doce años de reclusión por un delito que jamás cometieron. El peritaje balístico contundente que se muestra a los jueces fue que su vinculación y todos los esquemas vinculadas a las capacidades logísticas para un intento de magnicidio no existían. Pero más aún, hubo en peritaje que demostró que sin tener armas no se podía asesinar a nadie, y aún si las hubieran tenido y hubieran disparado, la bala jamás hubiera podido llegar al objetivo desde la ubicación que indidualmente cada uno de ellos tenía. 

Óscar Ayerve recibió a Plan V en el despacho gerencial de su empresa, ubicada en el norte de Quito.

¿Cómo se supone que quisieron matar el presidente? Simplemente con el mecanismo diabólico, perverso, de manipulación de jueces y fiscales. En concreto, les acusaron de tener la posibilidad de un intento de magnicidio, pero analizadas las cosas, esa misma posibilidad la pudieron haber tenido otros oficiales y miembros de las fuerzas armadas y de la Policía. Recordemos que en ese gran tiroteo hubo cientos de involucrados. 

La acusación era traída de los cabellos, no tenía sustento, pero ahí operó la capacidad de un fiscal, como Gustavo Benítez, que actuó en 36 casos haciendo exactamente lo mismo: acusando, persiguiendo inocentes y solicitando a los jueces condenas de uno, dos, cuatro, cinco, doce años de prisión. Fue el mismo fiscal el que procesó el caso de la Central de Radio, de la cual fue comandante la teniente coronel Patricia Santillán, que acaba de ser declarada inocente. 

Esta maquinaria de persecución, para complacer y obedecer a Correa y al correísmo, operó sin piedad para condenar inocentes. 

Hubo tres instancias importantes en ese proceso. La primera es que la Asociación ha tramitado hasta el momento cerca de 200 casos. De los 717 que nosotros estudiamos escogimos 198 casos porque los demás habían prescrito, habían cumplido las sentencias y los afectados ya no querían saber nada de este tema. Tenían temores de que si aparecían nuevamente, serían perseguidos. Porque el caso 30S en ese momento, marzo del 2018, estaba enterrado diez kilómetros bajo tierra. Ya no había poder alguno que pudiera interceder en beneficio de los afectados. Todo el sistema judicial que hasta el momento sigue operando, fue instrumentalizado en el 98% por el correísmo y especialmente por Gustavo Jalkh. Nosotros hemos presentado 252 casos de jueces y fiscales que condenaron a inocentes y hasta la fecha no hay un solo fiscal o juez que haya sido investigado o peor sancionado, porque entre bomberos no se pisan las mangueras. 

La Asociación ha logrado que en163 casos los jueces —que están en una situación de independencia— declararan inocentes a estas personas. El mayor número de casos fue tramitado por el juez penal ponente Iván Saquicela, que hoy es presidente de la Corte Nacional de Justicia. Él, el 4 de julio del 2018, procesó 64 casos y los declaró inocentes.

El otro componente es el importante apoyo que ha existido por parte de la sociedad ecuatoriana y de algunos sectores del periodismo y la conformación de la Mesa de Perseguidos Políticos y de la llamada Mesa de Verdad y Justicia. En la primera fueron 1600 casos debidamente documentados, entregados al Consejo de la Judicatura y que fue un proceso irrefutable. Y en la segunda mesa fueron 352 casos de jueces, fiscales, notarios que fueron destituidos por no obedecer órdenes. El caso más emblemático este momento es el de la doctora Beatriz Cadena, que impulsamos para que se le nombrara presidenta de la Mesa Verdad y Justicia, y acaba un juez de declararla inocente, que se le restituya en el cargo y se repare el daño causado. Ella ya ha sido reintegrada.

El caso de magnicidio es el más importante, porque el afectado directamente fue Rafael Correa. Fue quien pidió a la Fiscalía que persiga el caso, él denuncia a la Fiscalía, pide que se encuentre a los responsables. Por eso es que esta sentencia de inocencia tiene una importancia única para todas las consecuencias jurídicas y políticas futuras, dentro y fuera del país. Por eso no hay otra postura sino la de decir que el 30S fue una gran farsa. Porque en el caso de intento de golpe de Estado nunca existió siquiera una instrucción fiscal, no hubo una sola condena o intervención de los jueces. 

Hemos hecho un seguimiento del tema, y efectivamente Carlos Baca presiona a la Fiscalía General del Estado, nombran a un fiscal que no tuvo límites y encontraron a seis chivos expiatorios que ni siquiera se conocían entre ellos. Fue tan contundente el gigantesco fraude procesal, que cuando se da la condena de doce años, el mismo día, antes de llevarlos a la cárcel les ofrecen el indulto. Les dice que les van a dar 150 mil dólares, pasaporte diplomático, seguridad para la familia, salida del país, cambio de indentidad. Los cuatro dijeron que no. El beneficiario del indulto tiene que admitir el delito. Entonces tenían que admitir que, efectivamente, intentaron matar a Rafael Correa. Y luego tenían que juntar las manos y pedir perdón. Se negaron y prefirieron ir a la cárcel, hombres de honor y valentía.

El 95% de los acusados en el 30S vieron destruirse sus familias. Si eran hombres o mujeres, sus matrimonios se destruyeron, los principales afectados los hijos. Nunca más tuvieron trabajo, muchos tuvieron que ir a la clandestinidad; fue uno de los procesos de persecución y desgracia personal más grandes en la historia del país. 

La Asociación Víctimas 30S tiene en la actualidad tres importantes objetivos: primero, concluir con los procesos pendientes, que en este momento son 31 en Corte Nacional de Justicia con recursos extraordinarios de revisión. En el caso Pastaza, el policía Samaniego fue declarado inocente. Y como él hay casos adicionales. 

El segundo objetivo es entregar un informe, que está listo, por parte de la Asociación, al presidente de la República, Guillermo Lasso; a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, para que tanto el Ejectuvo como el Legislativo puedan asumir las responsabilidades que este caso amerita en los temas pendientes. Por ejemplo, la reinserción de los uniformados a las fuerzas armadas o a la policía y, en el caso de la Asamblea, se hagan las normas necesarias para reintegrar los recursos económicos que fueron incautados. Si son declarados inocentes, cómo es que la Contraloría sancionó con multas a cientos de militares y policías, multas que suman millones de dólares.

Y el tercer escenario es la reparación integral y además la vinculación que representa el escenario de la responsabilidad que han tenido jueces, fiscales, operadores de justicia y la administración en su conjunto de todas las instituciones del Estado, que intervinieron para condenar inocentes; y que, además impulse las causas internacionales para que los derechos humanos puedan dejar una resolución jurídica para que nunca más suceda otro caso como el 30S. 

Creo, finalmente, que la Fiscalía General del Estado tiene que cambiar de actitud y, en mi opinión, lo está empezando a hacer. En el caso de la Central de Radio, por primera vez en once años un fiscal se abstuvo de acusar en la audiencia y se allanó al pedido de la defensa. Un cambio inédito. En el 2018, 2019 y 2020 los fiscales actuaban como si Rafael Correa estuviera sentado al lado de ellos, con unas severidades insólitas. No eran los que acusaron incialmente, pero mantenían la teoría del caso, de una manera ilógica, y los esfuerzos de la defensa y de los jueces eran más complejos. 

Lo que estoy pidiendo a la fiscal Diana Salazar es que ella, como fiscal general del Estado admita que los acusados son inocentes, por lo tanto que retiren los cargos de los 31 casos pendientes. Así debiera ser, para tener una acción contundente por parte de la justicia.