Lo extraño de releer un artículo escrito hace 9 meses y cuyo análisis y previsiones se han cumplido casi como una premonición no deseada, es esa extraña sensación de que la realidad puede materializarse como el guion de una película macabra. Las cifras sobre el precio del petróleo y la apreciación del dólar hacían prever que el año 2015 sería complicado y que su impacto en la economía ecuatoriana podía generar una crisis que requería decisiones acordes con la magnitud de los problemas.  

Para darle forma gráfica a estos problemas utilicé la imagen de un tsunami: una catástrofe que es una combinación de otras y que, por eso mismo, es difícil de predecir y responder. Como ante cualquier tipo de fenómeno natural que es incontrolable, tampoco podemos incidir ni en el dólar ni en el precio del petróleo. La situación podía atenuarse si alguno o ambos indicadores cambiaban de dirección en 2015, pero desde mediados de este año solo han seguido su tendencia alcista (dólar) y a la baja (petróleo), volviendo mucho más complicada la situación económica externa e interna, sobre todo fiscal.

Frente a la posibilidad de un fenómeno natural (tal como ocurre, por ejemplo, con una erupción del Cotopaxi o con la llegada de un Niño violento) existen planes de contingencia y se realizan medidas de mitigación. Debe ser un ejercicio constante y, sobre todo, anticipado. Si hay zonas que pudieran ser afectadas por una erupción o una inundación, se limita la construcción de viviendas en dicha área. También se establecen medidas para la pronta evacuación, se contratan equipos de monitoreo y se determinan diferentes estrategias ante los distintos escenarios de la catástrofe.

Todo este planteo de respuestas a las catástrofes sugiere varias cosas. Una es hacer un análisis racional, ponderado y realista que tenga presente que la amenaza existe. Ese ejercicio debe ser permanente porque la amenaza es permanente. Otro aspecto importante es destinar recursos para implementar los planes de contingencia y para compensar las pérdidas que la catástrofe genera. Esto supone ahorrar dinero y desarrollar una cultura de seguros que haga que cada quien tenga que ahorrar fondos ante una catástrofe para compensar las posibles pérdidas. Y, lo principal, es socializar la posibilidad de dicho evento. Esto implica educar a la población sobre los riesgos de un fenómeno natural, hacer simulacros para que la gente entienda la importancia de tener procedimientos y vías de evacuación, y generar consensos que faciliten limitar al máximo los daños materiales y humanos.

La situación de 2015 es el reflejo pero en sentido contrario de lo que vivió el Ecuador entre 2004 y 2013 (exceptuando la ventana negativa que provocó la crisis financiera internacional de 2009): dólar depreciado y precio del petróleo en sus máximos históricos. La consecuencia en términos de ingresos y situación fiscal también fue inversa, con excedentes por las ventas petroleras nunca antes experimentados y un aparato burocrático que se multiplicó varias veces. Es cierto que hubo un incremento de la inversión pública, pero también del gasto público, ambos superando en tasas de crecimiento a su contraparte privada. El impresionante crecimiento del gasto y la inversión pública se materializó en un ambiente de total discrecionalidad gubernamental, en el que no hubo –todavía no existe- rendimiento de cuentas sobre los montos gastados y la calidad del gasto. Muchas de esas iniciativas se hicieron por decreto, dándole prioridad a los acuerdos públicos o públicos internacionales, sobre todo con el que se convirtió en nuestro principal socio: China. Lo verdaderamente llamativo es que en este periodo de excedentes el país llegó a acumular un nivel de deuda del que nadie sabe su verdadero nivel pero todos percibimos que es alto y oneroso.

Ese periodo feliz se vivió como el equivalente a tener siglo y medio sin erupciones del Cotopaxi o un siglo sin un Niño feroz. Pero no significaba que la amenaza de un fenómeno económico-cataclísmico había desaparecido. De hecho, el país contaba hasta comienzos del gobierno de la Revolución Ciudadana con unos ahorros obligados ante la posibilidad de una reversión de los precios del petróleo. Este ahorro fue la principal medida de protección de un país que no cuenta con moneda propia y depende mucho de un bien primario bajo control estatal. Pero esa cuenta de ahorros desapareció cuando el Estado empezó a crecer de manera desorbitante y desordenada. Y, además, pensando que el periodo de vacas gordas iba a durar muchos años.

Lo que hizo el gobierno con el crecimiento del gasto e inversión pública fue el equivalente a extender permisos de construcción de viviendas en las zonas de riesgo de catástrofe. Tanta fue la ceguera sobre la bonanza, que el gasto y el aparato burocrático se expandieron “hasta las laderas del Cotopaxi”. Y, para peor, sin ningún tipo de control de la calidad “de las construcciones”. La imposibilidad de monitorear de forma real y transparente dichos gastos e inversiones, impidió poner límites a la descontrolada expansión fiscal, tanto en su magnitud como en su calidad.

El problema de la falta de socialización permanente de las amenazas quedó constatado con la relación entre los sectores público y privado. Casi no hubo puntos intermedios que permitieran construir una lógica de crecimiento en donde los actores público y privado coparticiparan. La decisión era clara: hacer del gobierno la fuerza predominante que determine qué, cómo y quién produce y financia dicha producción. Este tipo de relaciones se estructuraron con el telón de fondo de un gasto público súper expansivo. El espacio privado fue limitado en aras del advenimiento de una presencia gubernamental todopoderosa que mandaba un mensaje constante de que su fuerza iba a ser permanente, más allá de cualquier amenaza.

Por eso hubo un adormecimiento ante las primeras señales de riesgo que se observaron a fines del año pasado. El Estado siguió funcionando como de costumbre. Incrementó las salvaguardas como una medida de protección paliativa, que por desgracia es ineficaz tal como lo demuestran las estampidas de compatriotas yendo a comprar a Ipiales y el problema a futuro que implicaría regresar a los niveles arancelarios originales, haciendo perder competitividad a los productores locales.

Pero lo peor es la lenta respuesta burocrática. El Gobierno no podía seguir con su dimensión y exorbitante gasto siendo que los recursos fiscales son cada vez más escasos y las prioridades, en una situación de crisis, tienen que reacomodarse. Desde el cuarto trimestre de 2014 a la fecha, las políticas fiscales han apuntado a usar recursos de fuentes como el IESS o las utilidades de los trabajadores, los excedentes de las tasas arancelarias y posibles implementaciones de nuevos impuestos, pero nada sustantivo (de la misma magnitud que la dramática caída de nuestros ingresos petroleros netos) en cuanto al gasto y dimensión del tamaño público.

Tampoco ayudan a generar calma las declaraciones presidenciales acerca de que la crisis es aún más dramática como consecuencia de la dolarización. En medio de tsunami no se puede gritar “corran al mar”. Para comenzar el problema no es de la dolarización. De hecho, la dolarización fue muy positiva para las cuentas externas del país cuando el dólar se depreció respecto del resto de monedas durante la segunda mitad de la década pasada y los primeros tres años de esta. El problema tiene que ver con la irracionalidad del gasto público y la miopía para no prever una posible reversión de las condiciones favorables que nos acompañaron por una década.

Existe una obtusa negación que no ha querido asumir de plano lo disparatado de las campañas publicitarias estatales, los costos absurdos del sistema de medios públicos, la necesidad de ajustar el tamaño de un aparato burocrático que no puede sostenerse con ingresos que se redujeron y que se están sosteniendo con una deuda más onerosa. La necesidad de racionalizar profundamente el gasto público no surgió como primera medida ante la crisis. La reacción ha sido tardía y va ir adquiriendo visos de desesperada, dado que ahora nuestro principal financista, la China, está atravesando sus propios problemas y posibles catástrofes naturales reales (Cotopaxi y El Niño) se ciernen en el horizonte con todo su posible impacto.

Tal como comentaba en diciembre de 2014, sabemos que nuestro forado fiscal y nuestra deuda externa están creciendo, pero desconocemos su magnitud real, bajo qué condiciones y cómo se ha conseguido financiamiento. Tampoco sabemos por cuánto tiempo esta situación se mantiene y qué capacidad real existe en las arcas fiscales para aguantar la crisis. Lo que sí está claro es que la crisis está llegando a niveles extremos y que el gobierno se está quedando sin espacio de maniobra. Va a tener que asumir el costo político del ajuste inevitable más temprano que tarde. Lo bueno de las crisis es que permiten hacerse preguntas que sirven para evaluar las medidas tomadas y dejar lecciones a futuro:

1. ¿Por qué se dejaron de ahorrar recursos de los excedentes petroleros sabiendo que podíamos volver a una situación de precios bajos del petróleo?
2.  ¿Por qué la política de ahorros no se reactivó cuando en 2009 los precios del petróleo bajaron durante la crisis financiera internacional, mostrándonos “las fumarolas” de una amenaza evidente?
3. ¿Por qué recién ahora están tratando de reactivar la inversión privada, ofreciéndole ventajas tributarias absurdas, cuando en el pasado se negaron a incluir estrategias público-privadas e intentaron determinar con exclusividad las características de la matriz productiva?
4. ¿Por qué  los ajustes no empezaron en segmentos netamente improductivos como la publicidad estatal y los medios públicos, donde hay déficits evidentes y gastos suntuarios?
5. ¿Por qué  tenemos un nivel de deuda que se ha acumulado a pesar de los más altos precios del petróleo en nuestra historia (incluso deflactados)?
6. ¿En qué gobierno de los últimos 30 años se ha generado una crisis de este nivel a pesar de tener un barril a 40 dólares a precios de 2015 (ajustando por inflación) ?
7. ¿Qué capacidad real tenemos para determinar nuestra política petrolera cuando el barril ha sido vendido a futuro a empresas chinas que lo comercializan?
8. ¿Por qué el mes pasado se realizó el campeonato mundial del encebollado por 400 mil dólares, aun sabiendo que la crisis se había desatado en toda su magnitud?

Las alarmas de un problemático 2015 estaban encendidas. Incluso quienes estábamos a miles de kilómetros nos percatamos de la magnitud de este fenómeno. Lo extraño es ver que la dirección y la velocidad de las respuestas dejan mucho que desear. Y que no se ha actuado con la anticipación ni la urgencia que la crisis ameritaba.