El 12 de febrero pasado, una balacera se registró en la cárcel de Latacunga. En el incidente murió Francisco Coello Falcones, un expolicía que estaba recluido en el centro penitenciario por tenencia de drogas, según el parte policial. Ese es delito que no aparece en los archivos judiciales. Pero Coello ha sido relacionado con el crimen organizado, aunque la justicia siempre falló a su favor.

En 2012, fue involucrado en un asalto a mano armada de un contenedor con 432 televisores en la vía a Daule. Fue sobreseído por los jueces. En ese mismo año fue señalado por el asesinato de un joven llamado Luigi Rivera en una lavadora de vehículos en Guayaquil. Rivera fue el tercer hermano de su familia asesinado al estilo sicariato. En los testimonios del juicio se narra que el crimen fue por una deuda de drogas. La investigación finalmente determinó que esta muerte fue por rencillas entre grupos delincuenciales organizados dedicados al tráfico de drogas a Europa y policías eran parte de esa banda. Pero Coello fue declarado inocente. La única condena que registra fue por tráfico de armas en el 2013. Fue sentenciado a 8 meses de cárcel y al estar detenido durante 9 meses apenas se dictó la condena salió en libertad. 

El asesinato de Luigi Rivera fue relacionado a la disputa entre bandas de crimen organizado. El expolicía Coello fue involucrado, pero fue absuelto.  Foto: Expreso

En los registros judiciales no se explica cómo Coello llegó a Latacunga. Pero versiones periodísticas sostienen que desde hace 5 años está preso por tráfico de droga. Estuvo primero el Centro Regional de Guayaquil y luego pasó a Latacunga. Allí, el 12 de febrero recibió seis impactos de bala en su cabeza y tórax en el pabellón B1A de mediana seguridad. Era el vocero de ese pabellón y su celda era la número 25. El crimen, según las investigaciones, lo cometió Wilmer C., un preso colombiano que cumplía una pena por asesinato. La madre de Coello denunció que el sicario había sido trasladado hace poco a la cárcel de Latacunga para matar a su hijo. Wilmer C., de 28 años, ya había sido acusado junto con otros presos por el robo de las llaves de las celdas a agentes penitenciarios y por provocar un motín en 2018. Por el asesinato de Coello fue llamado a juicio el pasado 17 de mayo. Según el expediente, él debía estar en máxima seguridad, pero cuando ocurrió el crimen el sicario estuvo en mediana seguridad. 

En esa audiencia hubo revelaciones. La principal: el arma usada para el asesinato del expolicía fue la misma que se usó en el crimen contra la Gavys Glenda Moreno de León, directora de la cárcel de mujeres de Guayaquil. Ella fue acribillada con 12 disparos el 27 de marzo de 2018, a la altura del intercambiador de la vía a Daule. Las autoridades aseguraron que no había ningún reporte de amenaza contra ella. Ahora se conoce que esa arma llegó hasta la cárcel de Latacunga. Es una pistola marca Smith & Wesson que fue encontrada en la escena del crimen contra Coello. Según el informe técnico pericial balístico, la bala que se extrajo de la cabeza de Coello y las bala halladas en la escena concuerdan que salieron de esa pistola. Esa arma también fue utilizada en otro incidente en el Triunfo, dice el reporte. Según la investigación, la pistola no se encontraba en los registros oficiales. Los peritos además confirmaron que encontraron residuos de disparo tanto en las manos del fallecido como del procesado. Es decir, ambos dispararon armas de fuego. 

Gavys Moreno tenía 45 años y dos hijos. Estuvo al frente de la cárcel de mujeres de Guayaquil por 8 meses. 

Asimismo, en esa audiencia, testigos, presos y agentes penitenciarios hicieron un relato de cómo las amenazas y el miedo son parte de la cotidianidad de las cárceles. Un interno de mediana seguridad refirió que el día de los hechos ingresaron los internos de sus actividades, pero cuando abrió la puerta escuchó disparos y observó a dos amigos del fallecido que trasladaban el cuerpo hasta la “hierba” (cancha de césped), pero lo dejaron allí porque continuaban los disparos. En redes sociales se difundió un video donde se observa el cuerpo sin vida de Coello en las canchas mientras tres policías armados lo custodian. 

Una mujer (que en el expediente no se identifica su profesión), pero fue llamada como testigo, afirmó que recibió una alerta de disparos y una presa, que estaba muy alterada, contó que una agente de tratamiento penitenciario le dijo: ‘los sapos mueren por su propia boca’.  La interna estaba afuera de su celda.

Otra testigo dijo que no quiere hablar porque tiene miedo de lo que le pueda suceder al interior de la cárcel. La Fiscalía indicó que, al momento de tomarle la versión a esa testigo en el interior del CRS Cotopaxi, pasó el agente penitenciario Luis C., quien le hizo señas para que no hable. En el peritaje de las cámaras se encontró que una cámara de seguridad estaba apuntando a una pared. 

En las investigaciones también se incluyó el video del noticiero 24 horas de Teleamazonas, donde se observa al procesado caminando desde otro ángulo. Con esas tomas -dice el peritaje- se demostró que las personas privadas de libertad tenían teléfonos. Finalmente, en las tres memorias encontradas en el bolsillo de Coello habían fotografías de depósitos realizados en varias cuentas de un banco. 

Tortura en las cárceles ecuatorianas 

Para el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), en las cárceles ecuatorianas existe un evidente estado de tortura. Argumenta que el agudo hacinamiento y los hechos de violencia extrema han provocado un deterioro de las condiciones de vida de la población privada de la libertad en el Ecuador. 

El sistema carcelario tiene capacidad para albergar a 28.500 personas. Pero en la actualidad tiene más de 40.000 personas, con serias denuncias sobre un inadecuado suministro de alimentos, agua y atención médica, dice el informe de la organización. Del 1 enero al 29 de julio del 2019, el CDH ha registrado 22 crímenes en las cárceles del país. De esa cifra, 14 asesinatos se cometieron en las dos cárceles ubicadas en Guayaquil.

La organización cuestiona el estado de excepción impuesto por el presidente Lenín Moreno desde el pasado 16 de mayo. Solo en Guayaquil, se han registrado seis motines con un saldo de 14 asesinatos cometidos con premeditación y crueldad, dice el reporte. Asimismo, ha ocurrido el secuestro temporal de 19 agentes del GIR de la Policía Nacional y alrededor de 40 policías han resultado heridos por internos durante requisas. 

El CDH considera que el estado de excepción no es la medida idónea frente a la crisis carcelaria. Cree que los resultados “han sido contraproducentes, al no evitar muertes a sangre fría en aparente modalidad de ajusticiamiento, toma de rehenes de agentes de la fuerza pública e incomunicación prolongada de población carcelaria con el mundo exterior”. Asegura que, durante este tiempo, hay ausencia de información oficial por parte de las autoridades sobre la situación carcelaria, las medidas de seguridad, la investigación y la sanción por las muertes registradas.

Según cifras oficiales, el hacimiento en las cárceles ha llegado al 40% de su capacidad. 

El 27 de mayo pasado, el Gobierno informó que hasta esa fecha se habían desarrollado 297 operativos en los centros de rehabilitación social, que dejaron como resultados la incautación de 1.037 teléfonos celulares, 2.968 accesorios para móviles, 14 armas de fuego, 4.262 armas cortopuzantes. 

La organización recordó las observaciones que hiciera el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el 8 de agosto de 2017, que dice: “el Estado parte (Ecuador) debe incrementar sus esfuerzos con miras a continuar mejorando las condiciones de detención y a eliminar el hacinamiento, en particular asegurando la aplicación efectiva de las normas relativas a medidas alternativas de privación de la libertad. Así mismo, le recomienda que redoble sus esfuerzos para prevenir y poner fin a la violencia en los lugares de privación de libertad y que continúe asegurando que todos los incidentes de violencia entre reclusos, en particular los casos en los que haya habido muertes, sean investigados y los responsables sancionados de conformidad con la gravedad de sus actos”. 

En su opinión, desde hace más de una década los hechos han confirmado que en el interior de algunas cárceles se han desarrollado mafias que “se disputan el control real del sistema penitenciario para lucrarse a través del tráfico de drogas, alcohol, armas, extorsiones, ingreso de celulares y objetos prohibidos”. Solo en Guayaquil ha sido asesinados tres directores de cárceles: Soledad Rodríguez, Eddy Henriquez y el último crimen fue contra Gabys Moreno en 2018. La exministra de Justicia, Rosana Alvarado, prometió esclarecer el asesinato de Moreno, pero ha pasado casi un año y medio y hasta el momento se desconoce el avance de las investigaciones y ninguna persona ha sido procesada. Esa violencia -dice el CDH- también ha afectado a otros servidores públicos, principalmente a guías penitenciarios. “El CDH considera reveladora la afirmación realizada por un vocero gubernamental a inicios de junio, quien frente a la crisis carcelaria confesaba ‘qué más podemos hacer’, evidenciando la incapacidad de las autoridades para impedir los continuos enfrentamientos y ‘ajustes de cuentas’ entre bandas criminales”.

El 16 de julio del 2019 las organizaciones CDH, Mujeres de Frente, Fundación Regional de Asesoría en Derechos, la CEDHU y Vivir Libre solicitaron al Estado que no renueve el estado de excepción; que se amplíe las visitas de familiares (sus horarios y número de visitantes) como medio de fortalecimiento de los vínculos sociales y emocionales de las personas privadas de la libertad; pidieron que se sancione las requisas humillantes y se instaure el respeto a la dignidad de las personas que acuden a la visita. Asimismo, solicitaron mejor alimentación y atención médica para los privados de libertad. Testimonios de familiares -recogidos por la CDH- coinciden en denunciar restricción a alimentos y agua, abandono y agravamiento de salud de sus parientes en prisión durante periodos de incomunicación. Demandan que el Organismo Técnico de Rehabilitación Social se pronuncie y responsabilice sobre la vida de las personas muertas y/o desaparecidas; y finalmente que la Defensoría del Pueblo publique los informes de seguimiento al estado de excepción ordenado por la Corte Constitucional.