Back to top
17 de Agosto del 2022
Historias
Lectura: 37 minutos
17 de Agosto del 2022
Redacción Plan V
El caso aduanas y los fuegos artificiales
0

Aduanas, puerto de Guayaquil. Las disputas por los cargos abren la caja de pandora en el Servicio de Aduana del Ecuador. Un caso que se investiga desde hace un año se convirtió en el caballo de batalla de la oposición para asegurar que en torno al presidente se teje una red de corrupción. Imagen referencial

 

Solo tienen humo. Es lo que dijo Diego Ordóñez, secretario de Seguridad de la Presidencia, al referirse al "escándalo" del momento: el presunto involucramiento del círculo íntimo del presidente Lasso en una red de corrupción en las aduanas. Un escándalo que apunta a impedir, por parte del crimen organizado, que se haga un control electrónico en las exportaciones, según el gobierno. Según la oposición, una red de vinculaciones de cercanos al Presidente. Este reportaje da luces sobre los fuegos de artificio en torno al caso Danubio.


   PRIMERA PARTE   

I.

GRÁBENSE EL NOMBRE

Lo primero que hizo Fernando Villavicencio en su discurso ante el Pleno de la Asamblea Nacional, al referirse al llamado caso de las aduanas o Danubio (por el nombre del operativo de la Fiscalía General), fue burlarse de cómo el correísmo ahora trataba al periodista Ánderson Boscán, de La Posta, quien ha seguido el tema y hasta elaborado una teoría de un presunto conflicto de intereses. "Como tratan ahora a mis colegas. Prensa independiente, lo cual es muy bueno. El señor Boscán debe estar tomándose gratamente un café. De prensa corrupta a prensa independiente, es un buen cambio y habla muy bien de comunicación". 


Ecuador,19 de agosto del 2022.- Para obtener información sobre presunto delito de asociación ilícita que vincula a funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, en lo relacionado Caso Danubio, comparecen: Andersson Boscán, periodista de La Posta y Diana Salazar Fiscal General del Estado. Fotos Asamblea Nacional. En la foto de arriba Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión.

Y luego informó al Pleno lo que estaba haciendo la Comisión de Fiscalización. Eso lo hacía, dijo, para que no se crucen otras comisiones en la investigación, pues no pocos legisladores de la oposición pretendían tomar el caso Danubio como una lanza política en contra del Gobierno.  Villavicencio recordó que Carola Ríos, directora del Servicion Nacional Aduanero, Senae —la entidad que controla el sistema aduanero de importación y exportación en todo el país, fronteras, puertos y aeropuertos—  fue convocada por él a la comisión que preside y que casi todo lo que se sabe del caso es gracias a la información que salió de la Comisión de Fiscalización.  Recordó al Pleno que quien preguntó a la funcionaria Ríos sobre qué hacía el abogado Francisco Gottifredi en su despacho fue él, mientras que a su lado, dijo estaba la asambleísta y vicepresidenta de la comisión, Ana Belén Cordero que es, recordó Villavicencio, esposa del asesor jurídico de la Presidencia de la República, Fabián Pozo, antiguo socio y amigo de Gottifredi.  


Carola Ríos, directora del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Foto: El Universo

Para Villavicencio, como lo dijo en el Pleno, el tema de fondo es que en septiembre del 2021 apareció una organización indígena y campesina de la Sierra Centro, solicitando al Senae que les done mercaderías declaradas en abandono, y el servicio aduanero entregó el pedido. "Y ahí aparece el nombre de quien ofreció tres millones de dólares por el cargo de Subdirector General de Operaciones; así empezó este caso (Juan Aucatoma)", dijo. Luego relató que una de las asistentes de la directora Carola Ríos, en un centro comercial de Guayaquil es abordada por "este señor y le ofrece tres millones de dólares,  por el cargo de subdirector de Operaciones. Pero fue Carola Ríos quien llamó a la fiscal Diana Salazar y denunció el intento de soborno por el cargo.  Y así nació el caso Danubio, de la investigación de la propia directora del Senae. 

el tema de fondo es que en septiembre del 2021 apareció una organización indígena y campesina de la Sierra Centro, solicitando al Senae que les done mercaderías declaradas en abandono, y el servicio aduanero entregó el pedido. "Y ahí aparece el nombre de quien ofreció tres millones de dólares por el cargo de Subdirector General de Operaciones; así empezó este caso".

El vicealmirante (sp) Carlos Vallejo Game, ex subdirector General de Operaciones del Senae.

El presidente de la comisión de Fiscalización recordó que cuando este organismo de la Asamblea investigó el caso SUCRE (las exportaciones ficticias de Ecuador a Venezuela por cientos de millones de dólares) la señora Ríos fue llamada a la comisión y el legislador le entregó un documento, una "infografía", donde aparece "quien fue nombrado por ella, subdirector de Operaciones, el carguito que cuesta tres millones de dólares. ¿Y quién era el subdirector de Operaciones nombrado por Carola Ríos? Nada menos que el vicealmirante Carlos Vallejo Game, grábense el nombre". En la comparescencia ante la Comisión de Fiscalización, Villavicencio preguntó a la señora Ríos que si ella nombró a Vallejo Game, porqué no lo había investigado, pues él le había entregado una información "de inteligencia (que) revela que el señor Carlos Vallejo Game era y es parte de una red de importadores mafiosos liderada por Javier Jordán Mendoza, el hombre de la piscina de Miami, y por Leonardo Cortázar, el que maneja el sector eléctrico ayer y ahora, en este gobierno". La señora Ríos, dijo el legislador, botó o dejó que se vaya el señor Carlos Vallejo y luego vinieron a pelearse por el cargo de tres millones. La gran disputa del Servicio Nacional de Aduanas es para impedir, por parte de esta mafia, que se instalen los scaners, para que no salgan por el puerto de Contecon, Guayaquil, y otros puertos los contendores con cocaína, dijo. Y terminó: "al último que acaban de matar, de apellido Zambrano, y le acaban de encontrar casi nueve millones de dólares en su casa, era el operador número uno de Leandro Norero, en el puerto de Contecon". 


La viralizada foto de Ronny Aleaga, del correísmo (segundo desde la izquierda en el filo de la piscina), junto a Javier Jordán, dueño de la casa en Miami, donde aparecen vinculados al correísmo y a presuntos delitos de contrabando. 

II.

EL CUERPO DEL DESEO

Las aduanas son el cuerpo del deseo, no solo de los contrabandistas, importadores y exportadores, sino también del gobierno, por los impuestos que genera, y por Estados Unidos, cuya visión de las aduanas las muestran como la última de las trincheras en el paso y control de las mercancías y las personas. 

Y Estados Unidos está, en esta crisis, junto a la actual administración del servicio aduanero ecuatoriano. Mientras se daban las más graves denuncias en la campaña mediática y política en contra del circulo cercano al presidente Lasso, la Embajada de Estados Unidos emitió el 11 de agosto el siguiente tuit en su cuenta oficial de Twitter: 

El Gobierno de los EE.UU. respalda a @SENAE_Aduana en su implementación de tecnología moderna y no-intrusiva para facilitar el comercio y prevenir, detectar y combatir el contrabando y narcotráfico en los puertos. La seguridad nos corresponde a todos. #EstamosUnidosEC.

Un detalle no menor, pero que pasó casi desapercibido en la vorágine de información falsa o cierta que inundó, sobre todo las redes sociales, la información sobre las aduanas. Para Estados Unidos, las aduanas del Ecuador son el eje fundamental de cuyo control y efectividad dependen los flujos de contrabando de droga, armas, personas, minerales, mercaderías... Sin un control efectivo en las aduanas, sean puertos, aeropuertos y puestos de fronteras, es imposible la lucha contra la legalidad criminal y los dineros criminales. 

Ocho días después de la foto de la embajada de Estados Unidos, la directora del Senae, Carola Ríos, no asistió al llamado de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, por participar en un acto más que efectivo, simbólico: la firma de un convenio interinstitucional del Senae con el Ministerio del Interior, Policía Nacional y Ministerio de Defensa "para implementar mecanismos tecnológicos contra el narcotráfico y el contrabando".

Este convenio se cae de obvio. Se supone que estas y otras instituciones están obligadas por la ley a luchar contra el delito. ¿Necesitan ponerse de acuerdo entre estas entidades de control para eso? El país se enteró, en medio del escándalo, que esa reunión era para poner escáneres en los puertos. Y, según lo explicó el flamante secretario de la seguridad ciudadana y del Estado, Diego Ordoñez, estas entidades deben articularse para definir las tareas que se deriven de la información que surja del escaneo de los contenedores que se exportan. Este se debe implementar hasta noviembre de este año, pero si bien la fecha responde a un decreto, el presidente de la Federción de Exportadores ha explicado que se trata de toda carga que salga del Ecuador hacia Estados Unidos y Europa debe presentar un certificado de que ha pasado por un escaner debidamente homologado. Si no, las exportaciones ecuatarianas no saldrán del mar territorial. Pero el mismo dirigente gremial ha puesto una alerta sobre algo: que no haya discriminación ni privilegios en la vigilancia electrónica de la carga. Para fuentes vinculadas al trabajo aduanero, el problema central de la corrupción en las aduanas precisamente radica ahí: en decidir a quién se vigila y a quién no. La directora del Senae ha dicho que el objetivo es que el cien por ciento de la carga sea analizada y se escanee de acuerdo a un perfil de riesgo. Todo contenedor pasa por un aforo que puede ser automático, documental y físico o intrusivo, dependiendo de que tan alto o bajo sea el perfil de riesgo del exportador. Mientras el perfil de riesgo sea más bajo, la carga a exportar puede ir del aforo automático al aforo físico, que es cuando se ordena abrir el contenedor para examinar la carga. ¿Quién define los perfiles de riesgo? Se supone que hay un departamento de inteligencia aduanera, que debería entregar información avalada y eficaz sobre las exportaciones riesgosas; en este caso, que puedan estar contaminadas de droga, o de metales preciosos, o dinero, armas, especies amenazadas... Pero según fuentes del gobierno que hablaron con esta revista, el cargo de subdirector de Operaciones, por el cual se había ofrecido nada menos que tres millones de dólares, era el que decidía sobre los perfiles de riesgo y qué carga pasaba o no por aforo automático o físico. Lo que menos quieren los exportadores es llegar al aforo físico, pues eso significa retrasos en el tiempo de exportación. En todo caso, los perfiles de riesgo los implementa la Senae. ¿Toda la carga pasará por los escaners? Es prácticamente imposible, explicó a Plan V un especialista, pues es tal el volumen de carga que se hace necesario mantener el sistema de perfil de riesgo, que discrimina cuál contenedor pasa y cuál no por el sistema. ¿Y para las importaciones? Lo mismo. Si hay corrupción, dice este especialista, lo primero que debiera examinarse es el sistema para definir los perfiles de riesgo y cómo se los define. 

no es una solución tan simple como poner escaners en los puertos, aeropuertos y pasos de frontera. El contrabando es un sistema de crimen organizado. Tanto en la frontera sur como en la frontera norte del Ecuador, en sus puertos y aeropuertos,  el contrabando de mercaderías convive con otros delitos asociados el crimen transnacional.

Sin embargo, no es una solución tan simple como poner escáners en los puertos, aeropuertos y pasos de frontera. El contrabando es un sistema de crimen organizado. Tanto en la frontera sur como en la frontera norte del Ecuador, en sus puertos y aeropuertos,  el contrabando de mercaderías convive con otros delitos asociados el crimen transnacional: trata de personas, minería ilegal y tráfico de oro, tráfico de combustibles, tráfico de armas, municiones y explosivos, tráfico de drogas, precursores químicos y otras sustancias sujetas a fiscalización, tráfico de migrantes, tráfico de madera y especies de vida silvestre, cigarrillos, medicinas fasas o caducadas, mercadería falsificada, insumos médicos de dudosa procedencia, basura industrial… La lista puede ser infinita.

No es sólo un fenómeno que involucra fronteras y el llamado contrabando técnico, que se ejerce desde los puertos aduaneros de entrada al país, a través de operaciones irregulares con empresas legales, pero de papel y otros mecanismos. Se trata, dicen los expertos, de grupos transnacionales estructurados, que establecen acuerdos para realizar operaciones ilícitas mediante empresas fachadas y testaferros.  Estos grupos tienen acuerdos secretos que se reflejan en entendimientos comerciales entre entes privados y funcionarios públicos para el blindaje y protección de sus operaciones y el uso de testaferros para negociaciones en el ámbito privado y público. Los delitos recurrentes son la formación de empresas de fachada, para la realización de contrabando, tráfico de armas y drogas mediante operaciones de cohecho, concusión, lo cual deriva en enriquecimiento ilícito y fraude tributario. El papel de los funcionarios, en este conglomerado delictivo, es ejercer poder e influencia para proteger las operaciones ilícitas. Una organización dedicada al crimen organizado mide su éxito en su capacidad para proteger sus operaciones. Y una forma de protección es, precisamente, tener funcionarios de "confianza", que permitan, por prebendas o sobornos, garantizar el trabajo de las organizaciones criminales.  Es un sistema complejo que se explica en el siguiente esquema:

III. 

EL ALMIRANTE, NO SABE NO CONTESTA

El contralmirante en servicio pasivo, Carlos Vallejo Game, pasó a la luz de este escándalo, de exfuncionario de las aduanas a informante y finalmente a presunto centro de una conspiración mafiosa para delinquir en las aduanas. Esto último sin una sola prueba. Su llegada a la Aduana fue a través del almirante Luis Jaramillo Arias, quien le presentó a Carlos Ríos y él entendió que había una relación de amistad entre la directora Ríos y el almirante Jaramillo. La directora, que venía de una experiencia privada, de trabajar para un grupo económico cuencano, le había ofrecido el cargo de subdirector de Operaciones de la Senae al almirante Jaramillo, pero este no aceptó, aunque recomendó a Vallejo, quien aceptó, pero entró con otros camaradas de la Armada, también en situación de retiro, bajo la premisa de que para vigilar adecuadamente los sitios conflictivos se necesitaba de la presencia militar. 

El dijo que la responsabilidad y funciones del Subdirector General de Operaciones, según la estructura organizacional, es quien ejerce control sobre todos los distritos aduaneros, está subordinado a la Dirección Nacional de Intervención, y también tiene que ver con el tema de la autorización de operación de los operadores de comercio exterior.

Vallejo era el informante estrella de La Posta, que desde el 22 de julio, en que se dio el allanamiento a la casa del asesor ad honorem del presidente, Juan José Pons, y se involucró a su familia, armó un rompecabezas de presuntas relaciones “indebidas”, entre la directora de las aduanas, el secretario Nacional Jurídico de la Presidencia, Fabián Pozo, y un ex socio del mismo, Francisco Gottifredi, quien sería, según esta teoría, el que hace y deshace en las aduanas, por supuesta amistad con Carola Ríos. En efecto, Gottifredi es un abogado experto en aduanas, pues su bufet, al que perteneció hasta hace poco Pozo, tiene decenas de clientes, grandes importadores, industriales y exportadores, que realizan operaciones aduaneras. La teoría periodística era que había un triángulo, en el caso de las aduanas, entre Ríos, Pozo y Gottifredi para ejercer acciones indebidas en la Senae. Quien podía evidenciar esta teoría era precisamente el contralmirante Vallejo Game, quien había salido del cargo en la Senae y ahora era el gran denunciante.

La teoría periodística era que había un triángulo, en el caso de las aduanas, entre Ríos, Pozo y Gottifredi para ejercer acciones indebidas en la Senae. Quien podía evidenciar esta teoría era precisamente el contralmirante Vallejo Game, quien había salido del cargo en la Senae y ahora era el gran denunciante.

El cuanto a Andersson Boscán, de La Posta, que desde el primer día en que se sentó en el cargo, y a las tres semanas, “siempre se escuchaba decir que su puesto tenía un valor, que a veces se extralimitaba; otros decían que valía menos, pero realmente no sabía qué querían comprar, por qué valen esas cosas. Es algo que siempre se escuchaba pero sin ninguna prueba”. 


Ándersson Boscán, de La Posta, comparece ante la Comisión de Fiscalización. Foto: Asamblea Nacional

Ante la pregunta de si conocía a Francisco Gottifredi, si era alguien a quien Vallejo veía en las aduanas, el ex almirante dijo que él no lo conocía, lo llegó a conocer a través de Carola Ríos, quien se lo presenta como su amigo y como un experto conocedor de aduanas. A lo largo de paso por la Senae tuvo  reuniones con Francisco Gottifredi, Carola Ríos, y a veces solo con él.

Vallejo dio a entender que eso no era extraño, pues en el día a día tenía muchas reuniones con abogados aduaneros, importadores, expertadores y entre ellos estaba el señor Gottifredi, con el cual se habrá reunido unas cuatro o cinco veces en todo un año. Se negó a contestar la pregunta de si el experto iba a las aduanas a recomendar acciones o cumplir labores de asesor externo. Pero que, como conocedor de temas aduaneros en algunas ocasiones "dio su punto de vista, criterio, consejo o asesoramiento en cómo debían ser ciertos procedimientos o procesos. Considero que, de todas maneras, siendo yo un servidor público, a veces la retroalimentación es necesaria para saber si los procedimientos son los correctos". Sobre la selección de su propio personal dijo que él no había seleccionado a nadie, porque no los conocía, "más bien me asesoraron que escoja a las personas que trabajaron conmigo como asistentes, y así tenía que ser porque yo no llevé a ninguna de esas personas".  Al hablar del nivel directivo, por ejemplo los directores de distrito, "yo tengo que hacer una separación; hay oficiales de marina en retiro que ingresaron conmigo. La idea era de blindar las aduanas y las fronteras y por eso entraron seis oficiales de la Armada y un oficial de la Marina Mercante". Fueron siete en total, que fueron encargados de los distritos de Esmeraldas, Tulcán, Puerto Bolívar, Loja, Huaquillas y uno se hizo cargo del Cuerpo de Vigilancia Aduanera y el otro almirante que se hizo cargo de una subdirección. 

Hubo una pregunta directa de Boscán: ¿alguna vez Francisco Gottifredi hizo una recomendación para poner un cargo o remover un cargo en las aduanas? La respuesta fue: “eso era lo que se decía en los pasillos de la aduana. A mi personalmente el señor Gottifredi no me lo dijo directamente. Lo que yo tuve fueron carpetas que me entregó la directora para que yo hiciera las entrevistas para algunos cargos y luego yo las llevaba a la directora para que, con mi opinión, ella tomara la decisión.

¿La directora Ríos le dijo en algún momento que ella consultaría esto con Gottifredi? "Creo que en algún momento sí lo mencionó". ¿Usted daba las órdenes de las resoluciones aduaneras o las consultaba con Francisco Gottifredi? Mi campo no era el de las resoluciones, era el operativo, contestó el almirante. “El tema de las resoluciones aduaneras se los maneja en la Subdirección General de Normativa. La pregunta debería ser a Lenín Castro, subdirector general normativo”. 

Se le preguntó: ¿es común la visita de esta especie de abogados en las aduanas? La respuesta fue: en el día a día sí hay la visita de abogados de exportadores, importadores, en las cuales van a pedir facilitar o agilitar los procesos (aduaneros), evitar tantos pasos. En el día a día tenía que atender mucho de eso, a petición de la directora y otras "de mi propia agenda". 

¿Le parece ético esto? “Dentro de la administración de Carola Ríos, siempre se dijo que se tenía que buscar un punto de equilibrio entre la agilidad y el control de la seguridad. Creo que la retroalimentación del usuario es muy importante, para verificar si los procedimientos que estamos haciendo son los correctos, sobre todo en los tiempos.

Desde un restaurante, supuestamente, es donde se habría armado una red para operar en las aduanas, en un esquema que fue mostrado, sin firma de responsabilidad, por el periodista en su comparescencia. Un supuesto informe de inteligencia que nadie sabe de dónde salió y si es verdad o no, y que también fue mostrado por Villavicencio para acusar al ex vicealmirante de ser el centro de esa asociación.

¿Le parecía ética la acción de Gottifredi en las aduanas? "A lo largo de todo el año traté poco con él. No sé si hablaba con la directora o tenía reuniones con ella en otro lado. Digo lo que se decía en los pasillos, personalmente no me consta. Dijo que él tuvo reuniones con Gottifredi en las aduanas y también en algún restaurante.

Desde un restaurante, supuestamente, es donde se habría armado una red para operar en las aduanas, en un esquema que fue mostrado, sin firma de responsabilidad, por el periodista en su comparescencia. Un supuesto informe de inteligencia que nadie sabe de dónde salió y si es verdad o no, y que también fue mostrado por Fernando Villavicencio para acusar al ex vicealmirante de ser el centro de esa asociación. Desde un restaurante que queda al frente de la sede de las aduanas, en Guayaquil, donde se reunirían sus miembros y desde donde otros informantes abrían dado las alertas a las autoridades.

Según esta información, sobre el cargo de subdirector de General de Operaciones operaría una red cuya cabeza serían personajes vinculados ahora a contrabando de medicinas, narcotráfico y lavado de activos. Y desde esta subdirección se abriría todo un espectro de funcionarios y ex funcionarios aduaneros de una supuesta red de corrupción y contrabando que involucraría a las zonas de carga aérea, departamentos de atención al usuario, los aforadores, los recaudadores, y las empresas beneficiarias de esta red, que pagarían sobornos para obtener beneficios, dentro de los cuales está no ser, precisamente, aforados. Por varios medios de información han circulado esquemas con nombres y relaciones, incluso estos esquemas fueron mostrados en las comparescencias en la Comisión de Fiscalización.

IV.

FISCALÍA: EL CASO ES SOBRE INTENTO DE COMPRA DE CARGOS, LO DEMÁS ES OTRA COSA.


Diana Salazar en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Foto: Asamblea Nacional 

La fiscal general, Diana Salazar, dijo ante la Comisión de Fiscalización, que este caso estaba lleno de titulares. Ella fue notificada el 17 de agosto y se le pedía desde la Comisión un informe respecto al delito de presunta asociación ilícita que vincula a funcionarios del Senae. Cargado de titulares, pero la investigación tiene otra realidad, dijo. Y recordó que las informaciones periodísticas son distintos a lo que la Fiscalía tiene, “porque hay que sustentar las investigaciones ante los jueces, para poder obtener las sentencias”. Los casos no se basan en los titulares sino en los elementos de convicción, sentenció.
La fiscal relató que la investigación del caso Danubio arrancó en el mes de agosto del 2021, es decir hace un año. Y fue porque a la Fiscalía llegó un parte policial dando cuenta de una llamada con la denuncia de un presunto delito al número 1800-DELITO. La denuncia en concreto fue que Juan José Aucancela, representante de la Organización de Campesinos e Indígenas Libres de la Sierra Central y toma contacto con María Antonieta Reyes de Luca, asesora de la diección y le ofrece tres millones de dólares para incorporar a la Senae a una persona propuesta por el supuesto dirigente. Luego envió la hoja de vida de Sergio Peña. La asesora Reyes de Luca comunicó esto a la directora Ríos y acordaron tener una segunda reunión con Juan Aucancela, la cual graban. En septiembre, hay una nueva reunión entre la asesora, Aucancela, Sergio Peña. En la misma cita, Aucancela pidió a la funcionaria que le ayude a ingresar a dos personas más a las aduanas, como jefes de Distrito Aduanero de Esmeraldas y Huaquillas. Ofreció un millón y medio de dólares por el puesto. Hubo una nueva reunión entre Aucancela y otras seis personas, Luego la contactan Sergio Peña y Ronny Cabrera, quien dice ser asistente de Marco Reyes y le pide tener una reunión con delegados de Juan José Pons y Gudo Chiriboga.

Pasaron diez meses y en ese lapso se obtuvieron las autorizaciones judiciales para seguimientos, interceptación telefónica y otros requerimientos de la investigación, a la vez que se hicieron las investigaciones respectivas. Lo que encontraron como evidencias fue la existencia de un grupo de personas relacionadas entre sí y que coordinaban para obtener cargos directivos en instituciones públicas, con énfasis en la Senae, donde querían poner a Sergio Peña, parte de ese grupo. La Fiscalía también econtró que los millones que ofrecían por los cargos iban a ser proporcionados por terceras personas, que en su momento se verían beneficiadas de las actividades que estas personas en sus cargos. 

En el caso Danubio se encuentran procesadas ocho personas. Entre ellas Auncancela y Peña. Una vez que se hicieron las incautaciones, allanamientos y detenciones la Fiscalía formuló cargos y pidió prisión preventiva, lo cual no fue concedido por el juez, quien dictó las medidas cautelares de presentación periódica todos los lunes y prohibición de ausentarse del país. En este caso la Fiscalía General realizó 428 diligencias, 114 impulsos fiscales, entre ellos: 41 actos urgentes, interceptaciones telefónicas, vigilancias y seguimientos, todos bajo reserva judicial. La fiscal Salazar advirtió que ninguna persona puede tener acceso al contenido de las interceptaciones telefónicas, pues de hacerlo estará cometiendo un delito. Toda la indagación está en reserva y el fin de la misma está previsto para octubre próximo, salvo que existan nuevas vinculaciones y se extienda el periodo legal por 30 días. Solo entonces, el expediente puede ser público. 

La fiscal Salazar declaró que fue la propia directora del Senae, Carola Ríos, quien se comunicó con ella para denunciar estos intentos extorsivos, y que ella le dijo que lo haga a través de la denuncia vía telefónica al 1800-DELITO, porque así es el protocolo para tener un conocimiento oficial de una noticia de delito. Las llamada de las autoridades no son noticia de un delito, aclaró. La fiscal general se negó a comentar la información que le dijo el presidente de la Comisión de Fiscalización, de que el dinero para la compra de estos cargos, en total USD 4.5 millones por tres cargos, provenía de "empresarios" centroamericanos. Villavicencio insistió en conocer si algunos funcionarios públicos, mencionados dentro del caso, han sido citados por la Fiscalía: Fabían Pozo, secretario Jurídico de la Presidencia; Guido Chiriboga, asambleísta de CREO;  Juan José Pons, ex asesor del presidente Guillermo Lasso, y su hijo y Francisco Gottifredi, abogado cuencano.  Todas las personas mecionadas serán convocadas a rendir versión, dijo Salazar. 

Villavicencio entregó a la fiscal el cuadro de relaciones de una presunta red de corrupción en las aduanas, con nombres de presuntos involucrados, entregado por el periodista Boscán en su comparescencia pública ante la Comisión de Fiscalización. La fiscal Salazar dijo que ella estaba en la Asamblea para hablar del caso Senae, que tiene relación con la denuncia de la directora del Senae, Carola Ríos, e insistió en que los momentos políticos y periodísticos son distintos a la realidad procesal. Y abogó porque ese cuadro de relaciones no se haga público, porque la exposición de los nombres puede echar abajo meses de investigaciones.  Si se exponen los nombres de presuntos involucrados, lo único que se hace es aportar a que se pierdan las evidencias y se intente evadir la acción de la justicia. 

La fiscal general dijo que el ex asesor ad-honorem del presidente de la República, Juan José Pons, se encuentra incolucrado en la investigación del caso Danubio. Y en calidad de tal, dijo, se le ha pedido la versión de los hechos, para que él informe qué tipo de información posee; también su domicilio fue allanado y se recabaron indicios que son analizados para determinar su vinculación directa, o no, con el tema. Este caso Danubio, dijo la fiscal, tiene que ver con el ofrecimiento de cargos públicos. Con las interceptaciones telefónicos se dio la relación (de Pons) con el caso, pero esta información tiene que ser corroborada con otros elementos. 

En el marco de la comparescencia, la fiscal Salazar, respondió a una consulta de la asambleísta del correísmo, Paola Cabezas, quien le reclamó de demasiada prudencia en la actuación de la Fiscalía en este caso, pues las investigaciones periodísticas ya hablan de una asociación ilícita. Ese mismo día, el periodista Boscán había comparecido a la Comisión y relatado toda la investigación, dijo. Y recordó que la Fiscalía, en otros casos, ya había actuado por solo la publicación de un tuit, algo que Cabezas dijo haberlo sentido en carne propia.  La fiscal respondió que una cosa es es político y otra es pararse frente a los jueces a probar las aseveraciones, "todo lo que la Fiscalía plantea tiene que ser probado de forma objetiva, no para obtener los votos posteriormente, sino para obtener sentencias. ¿Y cómo se obtienen las sentencias? Con pruebas y elementos: interceptaciones telefónicas, seguimientos, vigilancias, pruebas documentales... Con eso se realiza, no con investigaciones periodísticas. Un tema es lo periodístico, es fácil venir, sentarse y decir cualquier cosa. ¿Y cómo pruebo ante los jueces? para que luego digan que no existía elemento alguno pero que por la presión mediática decidieron poner algún tipo de medidad. O que después salgan a escala internacional a decir que no hay una sola prueba. La Fiscalía actúa no para perder casos sino para obtener sentencias condenatorias, porque ha llegado a determinar la responsabilidad. (...)": La asambleísta Cabezas abogó porque se investigue al círculo cercano al presidente de la República sobre la base de las denucias periodísticas y recordó a la fiscal que hay incluso sentencias sobre "influjo psíquico", que es atribuido a la participación del expresidente Rafael Correa en su sentencia de 8 años de prisión por caso Sobornos. Que no le tiemble la mano al investigar al entorno presidencia, que no se oculten las costuras ni que exista más cautela.  La fiscal Salazar respondió: "el país es testigo de que a la fiscal general no le tiembla la mano para investigar a persona alguna, no le tiembla la mano para defender los casos en los tribunales cuando correspondan. Pero sí actúa con responsabilidad, objetividad y profesionalismo recabando todos los elementos de cargo y de descargo para sostener las acusaciones. Se están realizando las diligencias que corresponden y así vamos a actuar. (...) Debemos ubicarnos en lo que es el derecho penal. La Fiscalía es un sujeto procesal. Otro sujeto procesal es la persona acusada o procesada, y presentamos una teoría ante los jueces. Entonces, si algo se tiene que reclamar sobre influjo psíquico, sobre sentencias que a decir de las personas causan risa internacionalmente, reclamen a los jueces, a aquellos jueces que nombraron cuando tuvieron la oportunidad. No a la fiscal, que actúa sobre la base de los elementos que recaba. Y también, es parte de la estrategia de defensa saber descargar (contradecir) la posición de la Fiscalía. Este es un ejercicio de convencimiento. La Fiscalía presenta una teoría, y es obligación de la defensa demostrar que la Fiscalía está equivocada. Y son los jueces quienes tienen que decir quién tiene la razón o no. Entonces que no se le atribuya a la Fiscalía el tener una sentencia; la Fiscalía acusa sobre la base de pruebas".

Lea en la segunda parte: Las revelaciones periodísticas ¿realmente hay revelaciones?- Quiénes son los jefes de distrito y porqué salieron. Los ex marinos. Un caso que demuestra las trampas aduaneras. 

[RELA CIONA DAS]

Salvoconducto 40: reflexiones sobre dos ruedas (III)
Carlos Arcos Cabrera
Salvoconducto 39: Reflexiones sobre dos ruedas (II)
Carlos Arcos Cabrera
Los artífices de la consulta popular y sus intenciones
Alfredo Espinosa Rodríguez
La guerra de acusaciones entre China y EE.UU. se instala en Quito
Redacción Plan V
Salvoconducto 38: reflexiones sobre dos ruedas (I)
Carlos Arcos Cabrera
GALERÍA
El caso aduanas y los fuegos artificiales
 


[CO MEN TA RIOS]

[LEA TAM BIÉN]

La propiedad de la antigua hacienda del INIAP provoca un conflicto social en el cantón Mejía
Redacción Plan V
Lucio Gutiérrez "rectifica" en sus declaraciones sobre la comunidad LGBT
Redacción Plan V
Pugna y pasarela en la Asamblea por el caso Bernal
Redacción Plan V
El 7 de abril de 2020, en el río Napo ya no fluía vida sino muerte
Gabriela Muñoz

[MÁS LEÍ DAS]

¿Cómo escapó el policía Germán Cáceres? Y los datos oficiales inexactos sobre la desaparición de María Belén Bernal
Redacción Plan V
¿Crimen de estado?
Gabriel Hidalgo Andrade
¿Escuela de formación policial?
Diego Chimbo Villacorte
Mujeres en el plantón por María Belén Bernal: “Y de la Policía, ¿quién nos cuida?”
Redacción Plan V