“Cuente con nosotros para trabajar por la Patria. Atrás quedaron las piedras y palos que tanto daño hicieron a la educación. La Red de Maestros plantea el diálogo como instrumentos para defender derechos y mejorar calidad educativa". Quien así se puso al servicio del Gobierno es Wilmer Santacruz, un ingeniero de profesión quien es rector de una Unidad Educativa del Milenio de la Provincia de Imbabura, y el flamante líder de la Red de Maestros por la Revolución Educativa, el "clon" correísta de la Unión Nacional de Educadores (UNE) el antiguo gremio de profesores tradicionalmente cercano al desaparecido Movimiento Popular Democrático (MPD).

El escenario del ofrecimiento de Santacruz fue el Centro de Convenciones Cemexpo, un amplio galpón en las afueras de la capital, en el sector de Pomasqui, en donde, según estimaciones oficiales, se reunieron entre 15 y 28 mil profesores fiscales el 7 de febrero de 2015. Les habían invitado a la asamblea constitutiva de la Red de Maestros, uno gremio magisteril paralelo vinculado al Gobierno. Y para que no quede duda de tal vinculación, estaban en la mesa de honor, dándole su sonriente bendición al nuevo colectivo, el presidente Rafael Correa, su ministro de Educación, Augusto Espinoza, y la secretaria ejecutiva del Movimiento PAIS, Doris Soliz.

El acto, evidentemente, tuvo el clásico matiz de concentración política que el correísmo le da a toda ceremonia oficial. Desde el día anterior, los medios de propaganda del régimen, como El Telégrafo, habían anunciado la presencia de por lo menos 28 mil personas en el magno evento. La Agencia oficial Andes, de su lado, citando "al propio gobernante" aseguró que los presentes eran fácilmente unos 15 mil. Y a las dos terceras partes, según el mismo medio oficial, "el propio gobernante" les anunciaba la inminente posibilidad de "estudiar maestrías de forma gratuita en universidades internacionales de alto nivel". 

Los maestros correístas madrugaron a las 08:00 al lejano centro de convenciones, pues era sábado y el Presidente tenía que estar en el Enlace Ciudadano, que se transmitiría desde Pomasquí, a las 10:00. Con absoluta corección política, la agencia Andes proclamó: "La Red de Maestros y Maestras se conformó legalmente con docentes de diversas provincias del Ecuador y con el apoyo del Ministerio de Educación y del gobierno ecuatoriano" e ilustró el evento con fotos del enorme galpón de Cemexpo totalmente lleno de gente, como para que comprobar que el apoyo a los anuncios presidenciales de becas, mejores salarios y varios beneficios para los profesores contaba con un apoyo masivo.

Pero ¿cuál es la situación del gremio de los docentes? Según cifras de la UNE, en la actualidad trabajan en el país como profesores no menos de 164 mil personas, de las que 40 mil siguen siendo fieles al sindicato tradicional, y por lo menos 20 mil se habrían sumado al gremio dirigido por Santacruz. 

El resto de los profesores, que sumarían más de 100 mil, serían independientes políticamente, por lo menos, de momento. 

La educación cambió de reglas y horarios

Gonzalo N (nombre protegido) es docente de matemáticas en un colegio del Centro de Quito, que depende administrativamente del llamado Distrito Cuatro. El profesor ha llegado hasta las instalaciones del Colegio Gran Colombia, ubicado en el barrio de Las Casas, al centro occidente capitalino, para hacer un trámite. Necesita un certificado de ingresos. Antes de la irrupción del correísmo, papeles de este tipo se los daban en la colecturía de su colegio. Pero ahora, es obligatorio que concurra ante las oficinas distritales para realizar el trámite. En lo que eran espacios del colegio Gran Colombia se han adecuado estos despachos. Los profesores entran por una puerta sobre la calle Selva Alegre y son atendidos por ventana de una pequeña casa, que en otros tiempos fue una portería. Ahí un hombre joven les da un turno impreso en papel y tras caminar unos metros, pasan a unas carpas pomposamente llamadas "sala de espera" del "balcón de atención ciudadana". Gonzalo es un hombre canoso de 47 años, que ha sido docente por casi 20. Toma el papelito en las manos, camina bajo la carpa, y espera sentado en una silla plegable que le atiendan. El profesor es recibido en los cuartos de la misma casa del conserje, en donde están los "módulos": tres funcionarias en sendos escritorios le piden que explique su trámite. El profesor de "mate" les dice que quiere un certificado. Le dan otro papel y le dicen que vuelva en ocho días. Gonzalo se levanta del "balcón de atención ciudadana" y mira que, cruzando un patio, otras carpas sirven de oficinas de los funcionarios del Distrito escolar. Todo parece un campamento de campaña.

El hombre se resigna a esperar los ocho días y deja el Distrito. Su jornada empieza temprano, a las 06:45 de la mañana, cuando debe estar en su puesto de trabajo. Por disposición de la Ley de Educación, o más exactamente, por obra y gracia del veto presidencial que cambió el concepto de "hora pedagógica" por "hora reloj", el docente tiene que cumplir ocho horas de trabajo, como cualquier otro funcionario público. Antes, los profesores iban a dar sus clases dependiendo de sus horario y se iban. Ahora no. Debe estar en el colegio las ocho horas completas, que se cumplen a las 14:45.

Hace poco, los profesores de su colegio se reunieron en una asamblea porque el Distrito les dejó decidir una importante cuestión: si se tomaban media hora para comer, debían salir a las 15:15. Si no comían, salían a las 14:45. La media hora de comer es tiempo sagrado de la Patria y no se puede descontar de las horas de trabajo, como es natural. Los docentes resolvieron no comer, para poder salir media hora más temprano. Algunas de sus compañeras, sin embargo, anunciaron que llevarán algunos alimentos para ingerirlos en el recreo o en sus horas huecas. Total, los funcionarios de las carpas del Distrito Cuatro no pueden decirles cuándo comer.

Aunque Gonzalo lleva ya varios años en el magisterio, el Gobierno le hizo un ajuste salarial que no le satisfizo: resulta que ya ganaba, por su antigüedad, poco más de USD 700. Ahora que trabaja las ocho horas por reloj, le subieron el sueldo a USD 817, que es el mismo sueldo que ganan los profesores que recién ingresan al magisterio. En las matemáticas del profesor, resulta que está trabajando el doble y no le han duplicado el sueldo y que tampoco están tomando en cuenta sus años de servicio. 

Pero el correísmo, todo hay que decirlo, le ha pagado tres bonos anuales de USD 900 por haber sacado más de 800 sobre mil puntos en la primera evaluación, de lo que se benefició apenas la cuarta parte de los docentes de su colegio, pues el resto no alcanzaron el puntaje requerido. El beneficio fue fijado para cuatro años. Recuerda que ese día tuvo que ir a otro colegio del Centro Histórico a rendir pruebas como cualquier estudiante.

Luego, hace poco, a los docentes del Distrito Cuatro los mandaron a un colegio en el extremo norte de la ciudad, para rendir una nueva evaluación, esta vez, para la recategorización. Gonzalo ha cumplido con todos los requisitos que el Ministerio de Educación les ha fijado, como entregar documentos de respaldo de sus estudios y rendir pruebas. Y espera que el Gobierno cumpla con la recategorización, un proceso que, en teoría, le permitirá ascender de categoría en el escalafón magisteril y ganar por los menos USD 1212. 

Pero mientras salía del Distrito Cuatro, el profesor de Matemáticas se encontró con un colega, quien le contó que, a pesar de que el Gobierno anunció que cerca de 27 mil profesores cumplieron con todos los requisitos para ser recategorizados, aún no se sabe si les van a cumplir. "Dicen que no van a subirnos las categorías de golpe, sino de una en una a lo largo de cuatro o cinco años", comenta el magíster, con un aire de decepción en el rostro. Eso le significará un incremento de unos USD 80 dólares al año, apenas. Cuenta que llamó al Distrito en busca de información oficial, pero los funcionarios le dijeron que no saben nada de nada. Solamente, que el ministro Augusto Espinoza anunció que en febrero se pagarán los aumentos a los profesores recategorizados. Nadie sabe de cuánto, sin embargo. 

Por lo pronto, en el bar de su colegio se alistan con vajillas y microondas: tampoco sabe a qué hora almorzará porque la "hora del lunch" es tiempo sagrado de la Patria.

La UNE, a la defensiva

La Unión Nacional de Educadores tiene su sede nacional en un antiguo edificio del barrio de La Pradera, en el centro norte de Quito. Es un edificio más bien feo y oscuro, construido en un terreno donado al gremio en tiempos del presidente Galo Plaza Lasso, del que cuentan con las correspondientes escrituras. En las escaleras se pueden ver carteles de apoyo a Mery Zamora, la dirigente enjuiciada por sabotaje y terrorismo, En medio de la campaña de acoso del Gobierno, que comenzó con la prohibición de descontar, por medio de los roles de pagos, las cuotas que los socios pagaban al gremio, les subieron el impuesto predial en la administración de Augusto Barrera de USD 2000 a USD 12 000, según cuenta la ex presidenta de la UNE, Mariana Pallasco.

Pallasco es profesora de un colegio anexo a la Universidad Central, y aunque ha dejado la Presidencia del Gremio, se dedica a actividades de capacitación. Para ella, las reformas que el correísmo ha implementado en la educación fiscal tienen una serie de errores. Uno de los primeros, el cambio de las "horas pedagógicas" a las "horas reloj" que, en su opinión, han provocado que los docentes trabajen el doble por el mismo sueldo. Otro importante, la recategorización que solo pudieron pasar poco más de la mitad de los aspirantes, y que, asegura, no se les va a pagar de golpe, sino a lo largo de cinco años. Critica también las nuevas exigencias del Ministerio, y afirma que el bono de USD 900 no se entregó a todos quienes lo merecían. Según Pallasco, por lo menos 9000 personas tuvieron que apelar para que les den el bono, ya que el Ministerio, a pesar de que habían cumplido con todos los requisitos, los omitió. 

En su criterio, la Red de Maestros agrupa a profesores que tienen problemas de inestabilidad laboral. A aquellos que tienen contratos o nombramientos temporales. Estos, en su opinión, son por lo menos 20 mil personas, en lo que se aproxima a las estimaciones del "propio gobernante" citado por la agencia Andes. Para Pallasco, el objetivo del Gobierno es crear una red clientelar, un gremio de docentes propio, en un capítulo más de la estrategia de clonar a los movimientos sociales: indígenas, afroecuatorianos, diversidad sexual, mujeres, ancianos, entre otros. Según afirma, las invitaciones para el evento en Cemexpo les llegaban a ciertos profesores por medio de correos electrónicos del propio Ministerio de Educación y, en algunos casos, por disposiciones por escrito de los distritos educativos. 

La ex presidenta de la UNE, sin embargo, es escéptica sobre que el nuevo gremio que lidera Santacruz logre socavar al tradicional sindicato docente. Aunque admite la convocatoria del Gobierno en Cemexpo, recuerda que Augusto Espinoza no es el primer ministro de Educación que se las ingenia para tratar de armar un gremio paralelo. La UNE, que se encuentra en "resistencia" frente al Decreto 16, no ha podido registrar su directiva, pero ello, asegura Pallasco, no le quita legitimidad a su lucha. 

Por lo pronto, los docentes están a la espera que el Gobierno cumpla con sus ofrecimientos, en especial, sobre la recategorización, que debe pagarse a finales de febrero.