Tanto en la frontera sur como en la frontera norte del Ecuador, el contrabando de mercaderías convive con otros delitos asociados el crimen transnacional: trata de personas, minería ilegal y tráfico de oro, tráfico de combustibles, tráfico de armas, municiones y explosivos, tráfico de drogas, precursores químicos y otras sustancias sujetas a fiscalización, tráfico de migrantes, tráfico de madera y especies de vida silvestre, sicariato...

I. Del hormigueo al lavado de activos

Toda esta "batería" de delitos conexos comparte a autores, cómplices y encubridores, además de rutas de tráficos, legales o clandestinas; pero, además, las bandas dedicadas a estos delitos obtienen recursos financieros que hacen recircular para los propios negocios o en operaciones de lavado de activos. En muchos de estos delitos, se involucra a las poblaciones fronterizas directa o indirectamente y la disputa de zonas de tráfico, rutas y territorios provoca situaciones de extorsión y violencia. Los perpetradores suelen ser grupos armados irregulares y mafias nacionales o transnacionales que explotan la situación de informalidad, vulnerabilidad y precariedad de las poblaciones tanto donde se generan los delitos cuanto donde se mercadean los productos de origen ilícito, como droga, cigarrillos, textiles...

Sin embargo, no solo es un fenómeno que involucra fronteras y el llamado contrabando técnico, que se ejerce desde los puertos aduaneros de entrada al país, a través de operaciones irregulares con empresas legales, pero de papel y otros mecanismos. Se trata, dicen los expertos, de grupos transnacionales estructurados, que establecen acuerdos para realizar operaciones ilícitas mediante empresas fachadas y testaferros.  Estos grupos tienen acuerdos secretos que se reflejan en entendimientos comerciales entre entes privados y funcionarios públicos para el blindaje y protección de sus operaciones y el uso de testaferros para negociaciones en el ámbito privado y público. Los delitos recurrentes son la formación de empresas de fachada, para la realización de contrabando, tráfico de armas y drogas mediante operaciones de cohecho, concusión, lo cual deriva en enriquecimiento ilícito y fraude tributario. El papel de los funcionarios, en este conglomerado delictivo, es ejercer poder e influencia para proteger las operaciones ilícitas. Una organización dedicada al crimen organizado mide su éxito en su capacidad para proteger sus operaciones.

En la investigación Más que plata y plomo, del colombiano Gustavo Duncan, se muestran las evidencias de cómo el narcotráfico, en tanto organización de crimen organizado, es una empresa de producción de poder. Definida también como “una empresa de reducción de riesgos” y que, en nuestros países de América Latina, el Estado y las organizaciones criminales comparten y se disputan de manera simultánea la imposición de las instituciones de regulación de la sociedad. "El narcotraficante exitoso es aquel que logra protección suficiente para colocar mercancía en el mercado sin ser capturado, asesinado o expropiado. Sin embargo, la protección es costosa. Una parte significativa de las ganancias se va en pagos a políticos, policías, jueces, mafiosos, señores de la guerra, guerrillas y demás actores que tienen el poder suficiente para poner en riesgo las actividades de los narcotraficantes, pero al mismo tiempo con la capacidad de protegerlas", citó Duncan en el marco de una entrevista con Plan V.

Los investigadores Álvarez y Zambrano señalan que “La tendencia que tienen las redes del crimen transnacional para encontrarse en puntos comunes o nodos; y es a través del entretejido de estos nodos que se facilita su accionar delictivo, infiltrando todas las esferas, desde lo económico, lo social y lo político, de tal manera que se potencian y se hace aún más compleja la intervención del Estado".

De su parte, los investigadores militares Carlos Álvarez y Carlos Rodríguez, en su investigación Ecosistemas criminales: hábitats para la convergencia y la globalización desviada  sostienen que "el ecosistema criminal sería el escenario en el que actores al margen de la ley, población civil y otros actores convergen en un mismo territorio y forman una serie de relaciones de interdependencia, que alteran el equilibrio existente e incluso generan jerarquías".

Renato Rivera-Rhon y Carlos Bravo-Grijalva, investigadores de la FLACSO, en su artículo Crimen organizado y cadenas de valor: el ascenso estratégico del Ecuador en la economía del narcotráfico, sostienen que "toda economía ilícita se entiende como un conjunto de actividades encadenadas en torno a la producción y venta de commodities ilícitos. Su precio se fija de acuerdo con una relación de oferta y demanda, en la que se establecen diversas estrategias de transporte y distribución por medio de lo ilícito. Según esa relación de oferta y demanda, las organizaciones interactúan en un constante proceso de disputa de territorios y nichos de mercado. De hecho, la producción y el consumo, según Rivera Vélez (2017), no pueden subsistir sin el consentimiento del Estado. Es así que las relaciones de poder surgen por medio de la regulación de las actividades económicas entre organizaciones, traducida por medio de la violencia, o mediante la interacción entre las entidades de control y el crimen organizado".

Luis Carlos Córdova, doctor en Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador, PhD por la Universidad de Salamanca e investigador de la llamada "legalidad criminal", sostiene que hay una “dinámica política de la gobernanza criminal que opera en Ecuador desde hace algún tiempo. Sus protagonistas son Grupos Criminales Organizados (GCO) dentro y fuera del país que se han enraizado localmente y que buscan monopolizar los mercados ilícitos en donde compiten. Pero que, para lograr su propósito, necesitan obtener algún tipo de protección del poder político y sus aparatos de seguridad (Policía, Fuerzas Armadas, Función Judicial), así como arraigo social en las localidades donde operan sus miembros (generalmente barrios suburbanos y marginales)".

II. Los pasos ilegales: 250 policías para 140 pasos ilegales

La Dirección Nacional de Fronteras, de la Policía Nacional, con 250 hombres y mujeres a disposición, tiene que controlar casi 3000 kilómetros de fronteras con Colombia y Perú; fronteras que, además de extensas y porosas son peligrosas, por la acción, sobre todo en Colombia, de grupos residuales de la guerrilla de las FARC; pero, además, la migración ilegal ha dificultado las actividades de control, con la imposibilidad de aumentar los efectivos. La Policía y las Aduanas tienen identificados nada menos que 61 pasos ilegales en la frontera con Perú, y 79 pasos en la frontera con Colombia.

El coronel de la Policía, Pablo Ramos Narváez, director de Fronteras, dice a Plan V que los productos que más han confiscado como mercadería de contrabando en el 2020 son, en ese orden: cigarrillos, insumos de bioseguridad, medicamentos, textiles, perecibles, utensilios de cocina, artículos de belleza.

Los cigarrillos son el "producto estrella" del contrabando, dice el coronel. Es un producto que tiene una rentabilidad de 4 a 1, es fácil de transportar, no se daña, no caduca y es más fácil que ingresar una botella de licor, por ejemplo. Esto solo en los pasos fronterizos, porque por ley la Policía no puede estar en las llamadas zonas primarias o puertos aéreos y marítimos, labor que corresponde al Servicio Nacional de Aduanas.

Efectivos de la Dirección de Fronteras de la Policía Nacional en diversas actividades de control en las zonas fronterizas con Perú y Colombia.

Informes de Inteligencia destacan el uso masivo de motos en las zonas fronterizas para actividades de tráfico de bienes y de personas.

Los productos e insumos de bioseguridad y medicamentos son los que aparecieron en el 2020 y en lo que va de este año, producto de la pandemia: mascarillas, alcohol, entre otros. Los medicamentos que más entran son el paracetamol colombiano, que no tiene registro sanitario.  Pero solo hay este tipo de insumos. Un análisis estratégico de los organismos de inteligencia ecuatorianos alertó en que "en Colombia se habrían detectado casos de personas que envían publicidad asegurando la disponibilidad de dosis de vacunas y para acceder a ellas habría que pagar. En Panamá́ se habría identificado un producto chino que se vende como vacuna. Las autoridades no descartan que este grupo intente ingresar el producto a Ecuador, Colombia y Perú́".

Para el coronel Ramos, es evidente la correlación entre contrabando y crimen organizado. Se trata de la operación de bandas con muchas conexiones; y una prueba de ello es que, pese a estar cerradas y militarizadas las fronteras por la pandemia, el contrabando crece. "No podemos descartar que por los pasos ingresan sustancias sujetas a fiscalización. La frontera es permeable y extensa, en algunos lugares solo hay una separación visual. Los pasos siguen activados, pero nuestras operaciones en la frontera Norte están enfocadas a detectar el paso de sustancias sujetas a fiscalización en un trabajo conjunto a la Dirección Nacional Antinarcóticos, esto porque este delito tiene relación con la seguridad interna en el país".

El oficial dice que para el tipo de contrabando que ingresa al Ecuador, es claro que se trata de una organización criminal, pero cuyo centro de operaciones está en el interior del país. Hay informalidad para la compra y venta de estos productos. Pone como ejemplo el cigarrillo de contrabando que pasa tipo hormigueo, pero hay un mercado en Quito, donde más se vende, que está receptando esos productos para distribuirlos y esta es una organización en pleno funcionamiento. ¿Le compete únicamente a la Policía Nacional hacer este control? No, responde el director de Fronteras: comprende también a Salud, al SRI, a la SENAE, pero hace falta una norma legal que permita hacer un mejor trabajo.

Un contrabandista puede pasar las veces que quiera por la frontera, pues si lo hace con una cantidad menor a diez salarios mínimos vitales (USD 4.000) es una contravención, no un delito. Por lo cual, las autoridades de control solo pueden confiscar el producto, pero no pueden hacer un registro ni seguimiento de los contrabandistas más persistentes. Eso facilita que el contrabando se convierta en un modo de vida en la frontera, porque las personas no son interceptadas por la policía, solo la mercadería. Esa situación motiva a la gente a que siga en el contrabando.

El contrabando llega a Quito en el modo de hormiga, que es algo de mayor volumen: un container de contrabando cubre casi todo el volumen de mercadería que la policía de fronteras puede recuperar en todo un año.

En el combate al contrabando se identifican varias aristas, entre las primeras, dice el coronel Pablo Ramos, está la educación. Luego el problema económico: comprar en Ipiales, Colombia, significa una diferencia de precios tres veces más barato en el Ecuador.  Una salida es que las zonas fronterizas ecuatorianas deberían tener un beneficio económico, para evitar que los dólares salgan a Colombia para adquirir productos.

Parte de mercadería capturada en la lucha contra el contrabando. Foto: Diario El Telégrafo

En el tema educativo: hay personas en la línea de frontera no saben siquiera que lo que hacen es una contravención o un delito.  Este ha sido un modo de vida y una identidad cultural de varias generaciones. Una solución, dice el coronel Ramos, es que todas las instituciones del Estado se junten para atacar este problema. Eso por ahora no existe, no hay mesas temáticas en la línea de frontera, no hay compromiso de las instituciones. El enfoque es meramente policial y represivo, evitando entrar en el tema social, económico, laboral y cultural, que son ejes fundamentales del problema. Se requiere un enfoque integral.

La Policía Nacional, dice el director de Fronteras, debe estar en capacidad de operar en la llamada línea primaria. No puede ahora verificar en puertos y aeropuertos. La ley solo permite a la SENAE hacer ese trabajo, y esa potestad solo se le puede dar la nueva ley contra el contrabando que se tramitó en la Asamblea.

Por lo pronto, el "hormigueo" sigue siendo el método más eficaz de contrabando, con alijos que no superen en valor los diez salarios mínimos. Pero eso crea un problema porque los peritos de la SENAE no tienen una tabla general que identifique los valores de la mercadería. Por ahora se hace al buen criterio y discreción de los peritos.

III. Los hallazgos de Inteligencia: el contrabando abre los pasos para los otros delitos

Frontera Norte: el tráfico masivo es en motocicleta

Por los mismos pasos clandestinos por donde pasa el contrabando, en la frontera de Tulcán estaría operando una red de trata de personas, con la finalidad de trasladarlas hacia Huaquillas. Esta red cobraría USD 400 por persona. A su vez, existiría una red de coyoteros, que cobrarían USD 30 para permitir el ingreso de ciudadanos: extranjeros a través de pasos no autorizados.
Respecto al contrabando, en septiembre del 2020 se decomisaron 1.210 galones de gasolina en Sucumbíos, que tendrían como destino Colombia. A su vez, se detectó́ una refinería clandestina. Esta refinería tomaba el petróleo directamente del oleoducto. V Ecuador también habría participado en el mercado negro de Ivermectina.

El 14 de diciembre del 2020 se registró́ un bloqueo de la vía Ipiales- Rumichaca, por parte de manifestantes colombianos, alegando que el cierre de fronteras estaría afectando al comercio exterior con el Ecuador. Exigen la reactivación del viaducto binacional para la reactivación económica.

La actividad ilegal minera en la Frontera Norte de Ecuador es un fenómeno multidimensional y multicausal que aqueja y que se ha ido incrementando en los últimos años, al igual que la problemática social y el impacto ambiental que esta actividad genera debido a la extracción antitécnica de minerales, carencia de tecnología, falta de sistemas de control. Las personas dedicadas a la minería ilegal en Frontera Norte han centrado sus actividades en los cantones: San Lorenzo y Eloy Alfaro (Esmeraldas); Tobar Donoso, Lita (Carchi); Buenos Aires (Imbabura). Hay 485 concesiones mineras legales en las provincias fronterizas de Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos e Imbabura. De estas, 60 son para materiales de construcción, 97 de minería metálica y 14 de minería no metálica. Hay 29 proyectos en estado de explotación, 4 en exploración avanzada y 64 en estado de exploración inicial.

Para el contrabando en la frontera hay 38 pasos informales y 34 pasos informales por picas. El buen estado de los distintos ejes viales y carreteras que atraviesan la zona norte, facilitan la movilización y las actividades clandestinas de los abastecedores, quienes utilizando diversos métodos como: mochileros, camionetas, motos y rutas alternas burlan a las autoridades de control.

Se ha evidenciado la utilización de motocicletas que cruzan a ciudadanos ecuatorianos a territorio colombiano, a través de fincas fronterizas, para realizar compras en Ipiales, los costos varían entre USD 1 a USD 5 dependiendo de la mercadería que pasen. Se han realizado operativos donde se han decomisado motocicletas, de matrícula colombiana y también ecuatoriana.

En Tulcán, Carchi, se encuentran desplegadas unidades de la Policía y la Aduanas que realizan incautaciones.  Foto: El Universo

Lo que las autoridades han detectado es tráfico de personas; tráfico de armas, municiones y explosivos; tráfico de combustibles y precursores químicos para la producción de cocaína; abastecimiento de alimentos y uniformes; tráfico de drogas y tráfico de mercadería de consumo masivo.

En el tráfico de personas y la trata de personas, ante el cierre de fronteras, debido a la pandemia por COVID-19, se han hecho más comunes los pasos irregulares, principalmente en la provincia del Carchi.

A partir del año 2020, se han vuelto habituales las retenciones de motocicletas en la frontera norte del Ecuador. Este medio de transporte ha sido utilizado para actividades delictivas como el transporte de materiales ilegales y el tráfico de migrantes.

La situación es preocupante debido a todos los riesgos que implican estas acciones. Las personas que intentan cruzar a través de pasos informales se encuentran en riesgo desde el momento en el que se relacionan con coyoteros o contrabandistas, ya que pueden resultar estafados. El camino a recorrer puede ser extremadamente peligroso, incluyendo dificultades del ambiente o riesgos de la naturaleza, por lo que la gente puede salir lastimada. Los grupos dedicados a cometer estos actos deben enfrentar acciones legales.

Entre el 24 y el 28 de diciembre del año 2020, fueron retenidas más de 26 motocicletas, la mayoría sin papeles o con placas falsas. Estas transitaban a través de pasos informales en la frontera norte del país, sector “4 Esquinas”, en Tulcán. Se presume que sus fines eran la transportación de migrantes y de material ilícito. Muchos de estos vehículos habían sido reportados como robados tanto en Ecuador como en Colombia.

La mayoría de motocicletas que intentan movilizarse a través de pasos irregulares carecen de la documentación necesaria o son hurtadas. Los objetivos de estas, a la par de contribuir con el comercio ilegal, desembocarían en el aumento de la delincuencia en el país. Existen personas que se ven obligadas a migrar irregularmente debido a que son víctimas de desplazamientos forzosos por parte de la guerrilla, por lo que deben ser tratadas bajo un protocolo de apoyo debido a su situación.
Debido a la permeabilidad de la frontera ecuatoriana, dicen las autoridades de Inteligencia, “grupos irregulares armados estarían vinculados en varias actividades delictivas: narcotráfico, minería ilegal, trata de personas, extorsión, laboratorios clandestinos para la fabricación de precursores químicos, entre otros".

La Frontera Sur: la minería ilegal y la violencia

La extensión de la frontera entre Ecuador y Perú́ es de 1.623,69 Ms en incluye siete provincias ecuatorianas: El Oro, Loja, Zamora Chinchipe, Morona Santiago, Pastaza, Orellana y Sucumbíos. En el Perú hay cinco provincias: Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas y Loreto.
En el sector amazónico, el problema central se genera alrededor de la minería ilegal, delitos contra la vida silvestre y la interacción que existe entre las comunidades indígenas y autoridades.
En el sector sur, el problema central es un repunte en los índices de violencias por el control de territorio entre bandas dedicadas al contrabando de mercancías y delitos conexos, que involucran a la población del sector de manera directa y/o indirecta. Hay minería ilegal y contrabando, como parte de su modo de vida.

En cuanto a la minería, en la Frontera Sur hay dos proyectos de minería metálica a gran escala o llamados "estratégicos".  Fruta del Norte y Mirador ubicados en Zamora Chinchipe, que extraen materia mineralizado de oro y cobre.

En las provincias El Oro, Loja y Zamora Chinchipe existen 1668 concesiones mineras. La minería ilegal se encuentra concentrada en las provincias de El Oro: Bella María y Portovelo; Zamora Chinchipe: Río Nangaritza y Río Yacuambí; en Loja: La Tingue, De La Cruz, Santiago y El Valle
Existen 64 pasos no autorizados en las provincias fronterizas, la provincia de El Oro concentra mayor el número de incautaciones de combustibles hacia Perú́.

En Zamora Chinchipe, en la cordillera del Cóndor, el tráfico de material mineralizado de oro y cobre se hace por pasos clandestinos que también se usan para otras formas de tráfico y contrabando. Foto: El Universo

La actividad principal en la zona es el contrabando de combustibles o CLDH. Debido a la minería ilegal y al contrabando de CLDH por los 22 pasos no autorizados la provincia de El Oro encabeza la estadística de incautación y detenciones en la Frontera Sur.

Se han incautado 3.015 galones de CLDH en las provincias de El Oro, Zamora Chinchipe y Loja en el 2020.  Se da el reclutamiento de los despachadores de las estaciones de servicio de CLDH para la comercialización de hidrocarburo para el contrabando. Hay una alta rentabilidad para las organizaciones delictivas que utilizan el CLDH subsidiado para el contrabando (sector automotriz). Se da una alta conflictividad social para el control del transporte, desvió, mal uso y contrabando de CLDH en línea de frontera. Y el financiamiento de las organizaciones delictivas para la seguridad del contrabando de CLDH.

En el 2019, el Ministerio de Finanzas informó que el perjuicio económico para el Estado en provincias fronterizas fue de aproximadamente USD 212 millones anuales, de los cuales USD 119,08 millones se produjo en la Frontera Sur.

El Ministerio de Finanzas calculó en el consumo de galones por persona en las provincias fronterizas de Carchi, Esmeraldas, Sucumbíos, El Oro, Loja y Zamora. Si se multiplica por el número de habitantes, se calcula que en esas cinco provincias se consumen unos 33,4 millones de galones al mes versus la media del país que solo deberían ser 23,9 millones, la diferencia es de 9,5 millones de galones que no deberían haberse consumido.

IV. La informalidad y la pobreza, el caldo de cultivo

El crecimiento de la informalidad en el Ecuador, desde antes y durante la pandemia, es una de las más graves desviaciones de la actividad económica. Los últimos datos, de septiembre del 2020 dan cuenta de que solo 3 de cada 10 personas que trabajan en el Ecuador tienen un empleo adecuado. Es decir, personas que tienen un trabajo formal, por contrato, con al menos 40 horas laborales y gozan de todos los derechos a los que les asiste la ley.

El resto está en condición de empleo inadecuado, subempleo o desempleo. Según el INEC en empleo inadecuado están las Personas con empleo que no satisfacen las condiciones mínimas de horas o ingresos y, que, durante la semana de referencia, perciben ingresos laborales menores al salario mínimo y/o trabajan menos de 40 horas a la semana, y pueden o no, desear y estar disponibles para trabajar horas adicionales. Constituyen la sumatoria de las personas en condición de subempleo, otro empleo inadecuado y no remunerados.

En la Frontera Norte

Las provincias pertenecientes a la Frontera Norte mantienen niveles de empleo inferiores al promedio nacional (-7% en promedio). Las provincias analizadas registran un promedio de 33% de Población Económicamente Activa (PEA: 780 mil) clasificadas en Otros Empleos No plenos (estimado de 257 mil), lo cual representaría un aproximado del 13,46% de la población total de la zona.

Existen incrementos relevantes en las estadísticas laborales respecto a otros empleos no plenos, lo cual podría promover el incremento de economías criminales en la zona fronteriza. La situación laboral y de capacidad económica dentro de estas provincias generaría la incursión de las personas en el cometimiento de delitos con la finalidad de conseguir mayores ingresos para sus economías personales. Esto, en conjunto con el alto monto de personas no alfabetizadas (lo que denota ausencia estatal), podría desembocar en la instauración de una sociedad vulnerable para el cometimiento de ilícitos e incrementar los niveles de inseguridad en la zona de frontera.

La crisis sanitaria por el COVID-19 tuvo repercusiones en el mercado laboral en general, con mayores efectos en la Zona 1 debido al cierre de frontera y por ende al descenso del comercio.

La provincia de Esmeraldas, por ejemplo, tiene el 41,6% de personas que viven en pobreza por falta de ingresos lo que conlleva a que se conviertan en personas vulnerables y que realicen actividades ilegales como el narcotráfico, desvió y mal uso de hidrocarburos y minería ilegal.

En la Frontera Sur

Las provincias pertenecientes a la Frontera Sur, mantienen niveles de empleo inferiores al promedio nacional (-6,8% en promedio excluyendo del cálculo a la provincia de El Oro).

Las provincias registran un promedio de 29,8% de Población Económicamente Activa (PEA: 560 mil) clasificadas en Otros Empleos No plenos (estimado de 167 mil), lo cual representaría un aproximado del 13,63% de la población total de la zona. Existen incrementos relevantes en las estadísticas laborales respecto a otros empleos no plenos, lo cual podría promover el incremento de economías criminales en la zona fronteriza.

La situación laboral y de capacidad económica dentro de estas provincias generaría la incursión de las personas en delitos con la finalidad de conseguir mayores ingresos para sus economías personales. Los delitos con mayor incidencia podrían ser el contrabando y minería ilegal en conjunto con sus delitos conexos.

Por diversas razones de índole social, en la zona se podrían instaurar el concepto de una sociedad vulnerable para el cometimiento de ilícitos e incrementar los niveles de inseguridad en la zona de frontera.

La crisis sanitaria por el COVID-19, tuvo repercusiones en el mercado laboral en general, pudiendo tener mayores efectos en la frontera debido al cierre de frontera y el descenso del comercio.

  ANÁLISIS  

Susana Herrero: la informalidad de la economía es algo gravísimo y la trata de mujeres es su peor expresión

La situación de informalidad es una de las más graves en la actual condición humana, dice la doctora Susana Herrero, coordinadora del Centro de Investigaciones Económicas en la Universidad de Las Américas, UDLA. "El contrabando se hace porque se puede hacer. De alguna forma permitimos que se haga. Lo ideal sería contar con precios similares de los productos que sabemos que se están contrabandeando, lo cual es una buena estrategia además de los acuerdos comerciales limítrofes. Por mucho que los cuerpos policiales controlen, las fronteras son muy largas y por ellos necesitamos una política macro e integrada. Pero sí tenemos la capacidad de incidir en el punto de compra, es decir, cómo los bienes llegan al consumidor y esa es una forma más fácil de control.

Todo lo que gira alrededor de estos negocios y más allá del tráfico de bienes, el contrabando debe salir a la luz, pero la trata de personas es la peor expresión de la informalidad. Este es nuestro verdadero drama, de lo cual hablamos poquísimo de ello en América Latina, pese a que supone el cincuenta por ciento de nuestra economía. El dato más oficial que tenemos es que la mitad de la economía es informal y eso es gravísimo. Porque generamos dos tipos de ciudadanos: de primera y de segunda. Los de primera son los que pagan impuestos sobre unos servicios públicos de salud y educación, que además no utilizan; las personas que pagan impuestos son las que están sobre el decil 4 (que sería clase media), pero esos servicios que ellos pagan no los usan por lo general. Más cuando además la salud y la educación pública adolecen de una calidad que necesitan y exigen más presupuesto público.

Estamos tolerando la informalidad. Cada vez que vemos a un agente de la ley que pasa frente a un negocio informal y no hace nada, estamos tolerando de una manera implícita otros delitos, como la trata de personas. Es una cuestión de estar fuera de la ley. ¿Es lo mismo traficar con mujeres que traficar con manzanas o cigarrillos? Evidentemente no, pero tiene que haber una moral absoluta en este sentido. Es un tema de dignidad humana, de justicia y equidad. No podemos tapar el sol con un dedo y esconder la desigualdad en que vivimos con la informalidad y justificar la informalidad como un ejercicio de "bondad" por la realidad en que estamos viviendo. Realmente no podemos vivir en la informalidad ni la podemos permitir ni tolerar. Y el peor extremo es la trata de personas, y para llegar a ello hay un montón de pasos previos. Tenemos que empezar a condenar todas las actividades que no estén de cara a la ley.

Hay algunas estrategias claves de comercio que pueden hacerse para enfrentar el tráfico de bienes y mercaderías. Pero para el tráfico de personas es necesario intervenir en los lugares donde estas mujeres deben estar trabajando.  Pero frente a la trata, todos miramos a un lado. Necesitamos una intervención de los agentes de la ley en esos espacios, es lo que la gente no acaba de entender, más allá de que lo último que te van a dar en esos espacios es una factura. Y digo que la trata es el peor escenario porque son seres humanos, mujeres, que son obligadas a ejercer la prostitución en un ambiente de absoluta informalidad.

Y se empieza sacando esto a la luz, haciéndolo público para concienciar a cada vez más personas sobre lo que está pasando.  Las redes sociales son grandes aliadas para esto, las redes han permitido la cuarta ola del feminismo y nos han permitido a muchas mujeres alzar la voz, pero nos queda un gran camino por delante.  La normalización de la informalidad y la trata de personas es alarmante. Secuestran a dos niñas e intentan llevarlas al Perú, y todos dimos por hecho que era para trata de personas, y lo asumimos como normal. Eso no es posible.

El tráfico de personas es el peor extremo de las actividades de las economías ilegales e informales y el camino es legalizarlas y formalizarlas de cara a la ley. No puede haber mujeres que estén obligadas a ejercer la prostitución, como no puede haber el tráfico de sustancias y mercaderías que no tengan estándares mínimos de calidad.

La investigación para este reportaje ha sido patrocinada por Itabsa