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25 de Agosto del 2020
Historias
Lectura: 14 minutos
25 de Agosto del 2020
Redacción Plan V
El contrabando y los impuestos al tabaco ponen frente a frente a Salud y a la Asamblea
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Según la industria tabacalera en Ecuador, la incidencia del contrabando en el 2014 era de 5% y en el 2019 fue del 72%. Pero una investigación de la PUCE dice que el valor es significativamente menor. Foto: PlanV

 

Sectores antitabacos cuestionan a la Comisión de Justicia por solo escuchar a la industria tabacalera en las discusiones del proyecto de ley contra el contrabando. Les preocupa que existan influencias en la normativa para posibles indemnizaciones y reducción de impuestos a ese sector. La presidenta de la Comisión y uno de los asambleístas proponentes lo niegan.


El 6 de mayo pasado, María Alejandra Muñoz, entonces directora del Servicio Nacional de Aduana (hoy actual Vicepresidenta), dijo en la Comisión de Justicia de la Asamblea, que una de las razones para que exista el contrabando es la imposición de impuestos altos. Puso este ejemplo: “el cigarrillo tiene un impuesto tan alto que hace que cueste mucho en el mercado local y que luego se incentive o se promueva el ingreso de cigarrillos más baratos”. Lo mencionó durante la sesión de la Comisión para tratar el proyecto de Ley Orgánica para la Prevención y Combate del Contrabando y Defraudación Aduanera de Mercancías.

Su intervención causó preocupación en los sectores de salud porque apenas, una semana antes, otro actor había mencionado el mismo argumento en esa Comisión. Era Mauricio Sáenz, gerente general de Itabsa, Tanasa y Proesa (afiliadas a Philip Morris International). Sáenz afirmó que la industria tabacalera se ha visto severamente impactada por los continuos incrementos de impuestos y el contrabando. Aseguró que la tarifa del Impuesto al Consumo Especial (ICE) para cigarrillos aumentó en un 73%, hasta USD 0,16, siendo una de las más altas de Latinoamérica. 

Esas declaraciones y otras situaciones alrededor del trámite de ese proyecto levantaron las alarmas sobre todo del Comité Interinstitucional de Lucha Antitabáquica (CILA), un organismo adscrito al Ministerio de Salud. En una carta enviada a Ximena Peña, presidenta de la Comisión, José Ruales, presidente del CILA, dijo que aquellas afirmaciones demuestran “un desconocimiento de las recomendaciones” del Banco Mundial, de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) acerca de que el aumento de los precios del tabaco, a través de los impuestos, constituye la medida más efectiva para reducir el consumo del mismo. Recordó además ese es un compromiso que tiene Ecuador con el artículo 6 del Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT), que asegura que los impuestos son un medio eficaz para que sectores, sobre todo jóvenes, reduzcan su consumo de tabaco.

“Es inaudito que a pesar de haber entregado comunicados antes del cierre del primer periodo de discusión no hemos sido convocados, lo cual va en contra de la garantía de la salud de la población”, José Ruales, presidente del CILA.

Proyecto de ley de Héctor Muñoz.Ver PDF

En la misma carta, el CILA -que reúne una veintena de entidades como el SRI, Salud, Aduanas- presentó sus observaciones a los dos proyectos que se discuten en la Comisión. Los asambleístas proponentes de los textos fueron Juan Lloret y Héctor Muñoz. Ambas propuestas se encuentran en revisión y la Comisión deberá unificarlos en un solo proyecto para el primer debate. Hasta el momento ha recibido 622 observaciones. 

El CILA, en su misiva, cuestionó que en la exposición de motivos de ambos proyectos de los asambleístas se cite cifras de la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (TRACIT, por sus siglas en inglés). TRACIT es una de las autoras del Índice de Entorno Global del Comercio Ilícito 2018, donde Ecuador ocupa el puesto 60 de 84 países del mundo, siendo 84 la cifra más baja. “Está ampliamente documentado los vínculos que TRACIT tiene con la empresa tabacalera Philip Morris (compañía a la que se encuentran afiliadas ITABSA, TANASA y PROESA) y otras, no solamente por la información que aparece consignada en su página web, sino por las investigaciones independientes que se han realizado y que dan cuenta de cómo esta organización tiene finalidades bastante afines con los interés de la industria tabacalera”, sostiene el CILA.

Proyecto de ley de Juan Lloret. Ver PDF

Los textos de los asambleístas también proponen la creación de un comité interinstitucional permanente para la lucha contra el contrabando. El CILA cuestionó que en los artículos relacionados con la conformación de ese comité, donde habría 15 instituciones, se esté dejando por fuera a Salud y al CILA. “Son actores clave para la implementación del CMCT y el Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito”.

Se señalan ‘influencias’ de la industria tabacalera

La semana pasada, en rueda de prensa,  Eduardo Zeas, subsecretario Nacional de Promoción de la Salud, aseguró que la Comisión de Justicia no ha convocado al Ministerio de Salud a comparecer para dar sus observaciones al proyecto. Manifestó que el proyecto de ley debe considerar lo señalado en el CMCT, ratificado por el Ecuador, contra la interferencia de la industria tabacalera en la construcción de políticas públicas. Insistió en que el incremento de los impuestos ha sido la medida más efectiva para reducir su consumo en el país. “Hay que seguir luchando contra las poderosas mafias que nos acechan cada día”, manifestó.

Unas supuestas influencias de la industria tabacalera en esas discusiones fue mencionada también por la jefa del Secretariado de Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT), Adriana Blanco, quien advirtió de presiones de las compañías tabacaleras para obtener indemnizaciones y eliminar el impuesto al tabaco, establecido como una política de salud pública. Ella dijo: “En situaciones catastróficas como las que vivimos hoy (pandemia de coronavirus), la industria busca acercarse a los países bajo lo que pretende llamar medidas de responsabilidad social corporativas, que no son más que formas de publicidad o de marketing que realizan para después traer condicionamientos cuando se intentan medidas de control de tabaco”.

“La ley que yo propongo es un tema que ataca al contrabando en general, de todos los productos, esta no es una ley a favor de los tabacos”, Héctor Muñoz, uno de los asambleístas proponentes del proyecto. 

El 29 de abril pasado, Sáenz envió una carta a la Comisión donde propuso “la emisión de Bonos Tributarios en favor de las empresas nacionales que hayan sido altamente afectadas por el contrabando”. Agregó también: “Dichos bonos podrán ser utilizados por las empresas beneficiarias para el pago de cualquiera de los impuestos regulados por la Ley de Régimen Tributario Interno, sean propios, percibidos o retenidos. Con el objetivo de atacar y reducir el contrabando, las empresas beneficiarias deberán demostrar que la totalidad del valor obtenido como beneficio es destinado a la reducción del precio de venta al público de tales productos”.

Plan V solicitó una entrevista a Itabsa, pero la empresa prefirió no pronunciarse. El asambleísta Héctor Muñoz negó que existan influencias de la industria tabacalera en la elaboración de este proyecto. “Aquí no ha habido influencia alguna de ninguno de los sectores”, enfatizó. “Si es que se quiere desviar a una buena intención, que desde mi punto de vista es necesaria, que exista una ley anticontrabando con el sesgo del tabaco, me parece que es irresponsable”.

Consultado sobre por qué no han sido llamados actores del sector Salud a las discusiones, Muñoz afirmó que para él el contrabando y el consumo del tabaco son dos problemas diferentes. “Una cosa es (son las implicaciones) que pueda tener en la salud el tabaco y otra cosa es que el Estado esté perdiendo por falta de recaudación porque entran tabacos ilegales. Es decir, mientras el tabaco sea legal en el Ecuador, todos los tabacos que entran deberían pagar impuestos (...) La ley que yo propongo es un tema que ataca al contrabando en general, de todos los productos, esta no es una ley a favor de los tabacos”.

Mientras que la asambleísta Ximena Peña, presidenta de la Comisión de Justicia, manifestó a Plan V que la Comisión ha “abierto la puerta” a todos los sectores que han querido opinar sobre el proyecto. Añadió que se ha planteado que dentro del comité contra el contrabando esté el Ministerio de Salud. También se pronunció sobre las declaraciones de Blanco: “Yo no me dejo presionar de nadie. Si existe presión sería bueno decir dónde y con quién. En lo personal, no he hablado con estas personas, no las he recibido personalmente, ni reunión específica, sino de manera pública en el seno de la Comisión”. Pero cree que es válida la alerta de los sectores antitabaco. “Nos va a permitir trabajar en un articulado que sea acertado”. Está previsto que en los próximos días los asambleístas proponentes presenten sus observaciones finales y esos insumo servirán para la elaboración del informe de primer debate.

Un estudio cuestiona las cifras de las tabacaleras

Tatiana Villacreses, investigadora en economía de la Salud de la Universidad Católica, presentó la semana pasada los resultados preliminares de un reciente estudio para el cálculo del comercio ilícito de cigarrillos en Ecuador. El estudio contó con dos metodologías. La primera consistió en encuestas con validación fotográficas de las cajetillas. En total se realizaron 2.385 encuestas en Quito, Guayaquil, Cuenca y Manta. Estos lugares fueron seleccionados por su densidad poblacional y por la prevalencia de consumo de tabaco estimada, según la encuesta la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT).

La segunda metodología consistió en la recolección de cajetillas descartadas, con el fin de generar un cruce de información y reducir posibles sesgos de información y estimación, según la experta. En total se recolectaron 2.119 cajetillas. La investigación se hizo durante el último trimestre de 2019 y los primeros dos meses de 2020.

La primera conclusión que arrojó el estudio tiene que ver con que los valores de comercio ilícito declarados por la industria tabacalera en Ecuador son significativamente mayores a los estimados en la investigación. “La industria ha indicado que el comercio ilícito de cigarrillos se encuentra en el 70-75%. Nuestras estimaciones indican valores significativamente menores”, explicó a Plan V. La investigación aún está en revisión y aprobación por la American Cancer Society y la Universidad Adolfo Ibáñez.

“LA SOLICITUD DE COMPENSAR LOS IMPUESTOS PARA COMBATIR EL CONTRABANDO ES UN PLANTEAMIENTO QUE NO SE HA PROBADO EN INVESTIGACIONES DE MUCHOS PAÍSES”, TATIANA VILLACRESES, INVESTIGADORA PUCE

Pero Villacreses adelantó que entre los hallazgos se encontró que Malboro es la marca con el mayor número de cajetillas que se comercializan de manera ilícita en el país, a pesar de que esas mismas cajetillas cumplen con las características de ser lícitas en Colombia y México. Es decir, dijo, son productos legales en países vecinos, pero no pagan impuestos al Ecuador porque ingresan por contrabando. “Se producen legalmente en otros países de la región y se comercializan de manera informal en el Ecuador”.

Agregó que se ha cuestionado a los productores de tabaco respecto al control que hacen de su producto en la región, ya que esas prácticas derivan en la disminución de ingresos para los Estados. Para la experta, es importante mejorar el sistema de trazabilidad e incluir a todos los cigarrillos que son importados y exportados. “La solicitud de compensar los impuestos para combatir el contrabando es un planteamiento que no se ha probado en investigaciones de muchos países”.

De acuerdo con Villacreses, en Ecuador no se han hecho investigaciones anteriores sobre el contrabando de cigarrillos. Pero citó un estudio del 2016 sobre los beneficios del aumento del precio del tabaco. Allí se estimó que el país obtendría a su favor 631 millones en los próximos 10 años. Ese monto se divide en dos rubros: un ahorro de 147 millones en costos sanitarios y una recaudación impositiva adicional de 484 millones, manifestó la experta.

Según el Ministerio de Salud, Ecuador ha logrado disminuir en un 55.4% el consumo de tabaco en jóvenes de 13 a 15 años; 2.121 instituciones han sido declaradas como espacios 100% libres de humo de tabaco; y 3.090 personas han recibido asesoría y de ellas, 1.665 han dejado de fumar.

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