Luego de dos meses de crisis sanitaria, a la cual se sumaron crisis económica, social y de seguridad, el presidente Lenín Moreno convocó a reunión del Consejo de Seguridad Pública para tomar decisiones colectivas en torno a las salidas de estos escenarios.  El Consejo se reunió el lunes 4 de mayo, a las 11H30.  Según la Ley de Seguridad del Estado, sus miembros son diez: el Presidente de la República, el Vicepresidente, el Presidente de la Asamblea Nacional, la Presidenta de la Corte Nacional de Justicia, la Ministra de Gobierno, el Ministro de Defensa, el Canciller, el Jefe del Comando Conjunto y el Comandante General de la Policía. A estos se suma el ministro coordinador de Seguridad Interna y Externa, ministerio que desapareció cuando el presidente Moreno decretó una reingeniería de la Función Ejecutiva al inicio de su mandato. 

La gravedad de la situación en informes de la condición sanitaria y económica propiciaron la reunión del Consejo, a pesar de que varios expertos en seguridad e inteligencia habían alertado al Presidente, de manera pública y privada, para que hiciera la reunión del máximo organismo de seguridad del Estado. 

Sin embargo, de acuerdo a una alta fuente del Gobierno consultada por este portal sobre los objetivos de la reunión, esta dijo que había también un objetivo político: procurar la corresponsablidad en esta crisis de los otros poderes del Estado. Es, para este miembro del Gabinete, inconcebible y desgastante que el Ejecutivo haya enfrentado prácticamente sólo los embates de la pandemia y los presidentes y miembros de los otros poderes del Estado hayan permanecido en actitud de observadores o críticos de lo que hace el Gobierno. El Ejecutivo espera que la Asamblea se comprometa con la aprobación de las dos leyes urgentes que envió a ese foro democrático para su aprobación. 

El escenario de la seguridad también es algo que preocupa a los miembros del Gabinete y a varios observadores. Uno de ellos es el Observatorio Ciudadano de la Seguridad Integral del Estado (OCSI), que dirije el ex jefe de Inteligencia militar, Cnel, Mario Pazmiño. El Observatorio publicó en días recientes un nuevo estudio sobre la afectación a la seguridad nacional, el cual llegó al presidente Lenín Moreno. El equipo de especialistas y técnicos del Observatorio Ciudadano de la Seguridad Integral del Estado (OCSI), realizó el análisis en diferentes áreas que afectan directamente a la Seguridad Pública y Ciudadana, y, según los estudios, que amenazan a la Seguridad Integral del Estado.

Como resultado se elaboraron recomendaciones en siete ámbitos que afectan directamente a la seguridad integral.

Actividad delincuencial. Se incrementarían los delitos comunes para satisfacer las necesidades básicas de los estratos sociales vulnerables, así como el incremento de la delincuencia organizada transnacional, narcotráfico, entre otros; aprovechándose de las consecuencias generadas por la crisis sanitaria, económica y social. Con lo cual la sociedad se verá afectada en su seguridad integral.

Afectación de los ciudadanos por falta de servicios de salud. No existen recursos económicos suficientes para solventar las necesidades de operación del Sistema de Salud Pública. Este escenario negativo permite visualizar una falta de previsión, planificación y austeridad gubernamental, recurriendo a medidas improvisadas.

Demandas insatisfechas de los grupos antagónicos y organizaciones indígenas y sociales. Se experimentarían reacciones sociales y amenazas híbridas, ante las medidas adoptadas por el Gobierno, para cubrir la brecha económica dejada por la crisis vivida. Se podrían avizorar condiciones de violencia civil, desestabilización social y política, inseguridad ciudadana, etc.  

Impacto en la salud mental de la población más vulnerable. Existencia de sentimientos de stress, miedo, tristeza y soledad, lo que provoca ansiedad y depresión de la población socio-económica más necesitada, personal que labora en las casas de salud y de las fuerzas que controlan el orden, y en aquella que ha sufrido la pérdida de un ser querido, a causa de posible contagio por COVID-19.

La desobediencia civil y la cohesión nacional. El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) ha sido sobrepasado en su accionar ante los actos de indisciplina social y la falta de atención a sectores vulnerables y más necesitados, debido a que el nivel de manejo integral de la amenaza no se la realiza al más alto nivel. Ante la gravedad de las crisis reconocidas por el Gobierno Nacional, decía el informe, aún no se ha convocado ni activado el Consejo de Seguridad, lo cual ocurrió días más tarde.

Foto:EFE

Desestabilización del sector empresarial. Se prevé el cierre de gran cantidad de Empresas pequeñas y medianas (PYMES) de prolongarse la situación actual, por la falta de productividad, actividades comerciales, falta de liquidez, etc; muchas estarían al borde de la quiebra. Escenario totalmente peligroso para la calidad de vida, seguridad ciudadana y estabilización social y política del país.

Incremento del desempleo y subempleo, por efecto del COVID-19. Se ocasionaría un caos psicosocial interno, ya que muchas familias no podrán satisfacer las necesidades básicas, acudiendo a procedimientos al margen de la ley. Escenario probable, que afectaría a la seguridad ciudadana y demandaría acciones gubernamentales.

En cada uno de estos ámbitos se detalló la problemática y también recomendaciones para neutralizar o eliminar las causas negativas. Por ejemplo, fortalecer el trabajo de Inteligencia criminal, destinar ayudas económicas, en especial en Guayas. Que las multas o impuestos vayan únicamente para fortalecer el sistema de salud, una campaña comunicacional para preparar a la población ante un futuro duro. La activación del Consejo de Seguridad Pública del Estado, ya que sus decisiones tienen una mirada integral del Estado. Asimismo, reforzar la transparencia de la función pública. Ayuda económica urgente para las Pymes. Verificar que no se vulneren los derechos de los trabajadores y se acaten disposiciones sobre la jornada laboral y el teletrabajo. Impulsar contratos a tiempo parcial en condiciones adecuadas aprobadas en Decreto de Emergencia. Y otras más.

El informe detallado llegó a la Presidencia de la República, a la Asamblea Nacional y al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Un detalle de los escenarios estratégicos

La crisis de salud pública ha puesto en evidencia la escasez de profesionales, especialistas, servicios conexos y de apoyo en el área de salud, para atender la demanda de pacientes ordinarios y los del COVID-19. Situación que incide directamente en la salud mental de las personas afectadas al no recibir un adecuado servicio de salud.

También se habría descuidado la atención a enfermedades preexistentes, al haber privilegiado la atención a pacientes del COVID-19. Con esta situación se avizora acumulación de inconformidad en la ciudadanía.

El COVID-19 también tiene un impacto psico-social. Se ha detectado la existencia de sentimientos de stress, miedo, tristeza y soledad, lo cual provoca ansiedad y depresión de la población socio-económica más necesitada, personal que labora en las casas de salud y de las fuerzas que controlan el orden, y en aquella que ha sufrido la pérdida de un ser querido, a causa de posible contagio por COVID-19.

Foto: José Jacome. EFE

Una grave amenaza: la disolución nacional y social

La crisis actual provocada por el COVID-19 ha escalado hasta un nivel de grave amenaza cuyos efectos comprometen y afectan directamente a la unidad nacional causando fragmentación y pérdida del tejido social y retroceso de los Derechos Humanos. Se evidencian síntomas de regionalismo, separatismo, desunión y, lo más grave, una falta de liderazgo para evitar esta problemática.

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) ha sido sobrepasado en su accionar ante los actos de indisciplina social y la falta de atención a sectores vulnerables y más necesitados, debido a que el nivel de manejo integral de la amenaza no se la realiza al más alto nivel. Ante la gravedad de las crisis reconocidas por el Gobierno Nacional, se debió haber activado el Cosepe de manera oportuna.

La falta de talento humano disponible en los sectores de salud y seguridad, ha debilitado la sinergia para el logro eficiente de los objetivos, debido a la baja rotación y reemplazo del personal en todos los ámbitos, disminuyendo el control de grupos conflictivos que no permiten una cohesión integral del Estado, a través de la solidaridad, equidad, inclusión y sostenibilidad. Dicha escasez afecta a la solución de los problemas e impiden la consecución de los objetivos planteados, disminuyendo además la imagen gubernamental e institucional, a más de evidenciar una cierta falta de previsión, patriotismo y profesionalismo.

Se incrementarían sustancialmente las clases socio económicas en condiciones de pobreza y pobreza extrema, en referencia a las clases predecesoras. Situación que demandaría esfuerzos gubernamentales para generar condiciones de inversión, fuentes de empleo, disminución de impuestos, costos de servicios básicos, entre otras medidas.

Se complicaría la recuperación económica y el mercado laboral, como consecuencia de las políticas de austeridad adoptadas, déficit público existente y pérdidas de plazas de trabajo. Escenario totalmente negativo para planificar y ejecutar una campaña comunicacional, a nivel nacional, de concientización de la Ciudadanía, en todas las clases sociales, preparándoles para un futuro mediático duro y difícil, cuya solución y salida es responsabilidad y participación de todos. Considerar la inclusión del área de salud mental de la sociedad (con énfasis en la familia y su entorno).

Se experimentarían reacciones sociales y amenazas híbridas, ante las medidas adoptadas por el Gobierno, para cubrir la brecha económica dejada por la crisis vivida. Se podrían avizorar condiciones de violencia civil, desestabilización social y política, inseguridad ciudadana, etc.

Se evidenciará el aprovechamiento de grupos antagónicos para crear el caos y desestabilizar el orden constituido, liderados por políticos que tienen interés en las próximas elecciones; aprovechándose de clases sociales más necesitadas y de niveles culturales fáciles de manipular, para intentar causar el caos, con el fin de desestabilizar el Estado, dando una imagen de que el Gobierno no puede manejar la Crisis. Aprovechamiento de grupos antagónicos que persiguen desestabilizar al gobierno nacional y crear el caos.

Continuarían los actos de corrupción, haciendo uso de fondos públicos dirigidos para tiempos de emergencia.

Existe el riesgo de contagio a los ciudadanos que producen los alimentos del campo, afectando seriamente a la cadena alimenticia; situación que exige la intervención preventiva del Estado.
Se presentará un desaliento masivo social, por incapacidad de pago de los arrendatarios, y de cobro por parte de los arrendadores, llegando inclusive al incremento de juicios de desahucio entre las partes. Este escenario ha sido considerado por el Gobierno; sin embargo, no está totalmente definido, dejando al libre albedrío de una negociación entre las partes.

Al últimoescenario es el escaso margen de maniobra del Gobierno central, ante posibles actos de conmoción nacional.

**Este artículo se elaboro con el aporte de Jean Cano, colaborador de Plan Y y editor de la revista criteriosdigital.com