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10 de Mayo del 2017
Historias
Lectura: 23 minutos
10 de Mayo del 2017
Redacción Plan V
El crecimiento del narcotráfico

Prado Álava. el capo ecuatoriano de una organización que traficó 250 toneladas de cocaína desde Colombia y Ecuador, es trasladado por agentes antinarcóticos.

 

La captura del primer capo ecuatoriano es el último hito de esta movida década en temas de narcotráfico y crimen organizado. Ha sido una época en la cual se ha constatado la penetración del narco en la política. Sin embargo, a través del control de la justicia y la reforma profunda a la policía nacional, el gobierno logro revertir la inseguridad y los factores de riesgo.

1 • El capo de las go fast

Luego de una larga investigación coordinada por la DEA y las policías de Colombia y Ecuador, el capo ecuatoriano, que operaba desde Tumaco, Édison Prado Álava, alias Gerald. Casi al final de la década correísta, fue detenido en Colombia al que se ha denominado el "Pablo Escobar ecuatoriano".  

Forjó un imperio de crimen organizado para convertirse en el equivalente del Cartel de Sinaloa en la región andina y tenía base en Colombia y Ecuador. Las autoridades incautaron una entre 12 y 15 millones de dólares en varias caletas en Guayaquil. Prado Álava tenía nada menos que 7 causas penales abiertas en el sistema de justicia ecuatoriana, sin embargo operaba con toda tranquilidad. No eran delitos menores: tráfico de personas, sicariato, tentativa de asesinato...  Pero no solo eso: una alerta de la DEA a sus similares de Colombia y Ecuador, en octubre del 2016, puso en marcha la operación que terminaría con su captura el 12 de abril del 2017. Para entonces, estas agencias antinarcóticos tenían claro en en apenas dos años, desde el 2015, Gerald se las había amañado para ingresar nada menos que 250 toneladas de droga —cocaína especialmente—  a los Estados Unidos. Y que usaba un sofisticado sistema llamado "gancho ciego", para contaminar cargas exportables con alcaloides; pero, sobre todo, usaba una flotilla de lanchas rápidas llamadas go fast, las cuales con al menos tres motores fuera de borda de alta potencia, trasladaba cargas de entre una a cuatro toneladas de droga hasta un barco nodriza en alta mar y en aguas internacionales. Dentro de esta banda se encontraba un capitán de la Policía Nacional en servicio activo, el cual, según las autoridades, otorgaba protección e información al cartel del capo ecuatoriano.

¿Cómo este capo ecuatoriano—comparado con Pablo Escobar por analistas colombianos— tuvo luz verde en el Ecuador para montar su imperio sin que las agencias de inteligencia se percataran y solo lo hicieron tras las alertas de sus similares de Colombia y Estados Unidos? es una de las interrogantes que se hacen los analistas.

2 • Los intentos de penetración en el Estado

Los casos de la narcovalija diplomática y el operativo Resurgir evidenciaron las relaciones de narcotraficantes con funcionarios del Estado y oficiales de la Policía. En octubre del 2011, la Policía de Milán, Italia, detuvo a a una ciudadana por actividades ligadas al narcotráfico. Ella dio docenas de nombres y gracias a estos datos se detuvo a un mensajero, que llevaba en su maleta 2,2 kilos de cocaína. Ahí empezó, en Italia, uno de los casos más escandalosos de la historia de la lucha contra el narcotráfico, que involucró a funcionarios de la Cancillería ecuatoriana y del consulado ecuatoriano en Milán, todos ellos presuntamente relacionados con la exportación de 40 kilos de cocaína líquida en la valija diplomática ecuatoriana. A la par, en la prensa aparecieron fotos del supuesto líder de esta organización con personajes del gobierno de la revolución ciudadana, incluídos el entonces presidente del Banco Central, Pedro Delgado, y la hermana del presidente de la República. El paquete de cocaína fue capturado por los italianos el 11 de enero del 2012.

El otro caso, Resurgir, se basa en un informe de la policía de Barcelona, donde se relataba cómo esta oficina investigó al tesorero único general para Europa de la campaña electoral de los asambleístas —por los migrantes— de Alianza Pais, y ex jefe zonal del Consep, el organismo rector del control de estupefacientes en el Ecuador. El caso reveló altos nexos de los narcos con el comandante policial de Esmeraldas. El oficial fue sentenciado a seis años de prisión en el Ecuador. El operativo surgió cuando se atrapó a una banda que intentó ingresar una tonelada de cocaína a Europa y se la encontró en una finca, en la provincia de Esmeraldas, propiedad que estaba a nombre de un delegado del partido de gobierno en Esmeraldas, Christian Arana, quien en sus declaraciones vinculó a uno de los principales asesores políticos de la Presidencia de la República. 

3 • Las incautaciones crecieron 

Tras un año de investigaciones, en colaboración con la policía española, la Policía Nacional —ejecutó  frente a las costas de Santa Elena— la operación “Ciclón Marino”. Aquí se aprehendieron 5.5 toneladas de cocaína.

El informe técnico entregado por el encargado del operativo policial se señalaba que la operación se desarrolló en el buque granero Kraken I, fondeado frente a las costas de la provincia ecuatoriana de Santa Elena, donde fueron aprehendidos 20 tripulantes de varias nacionalidades, entre ellos de Colombia, Perú, España,  Panamá, Venezuela, Arabia Saudita, Honduras y Cuba, algunos de ellos con movimientos migratorios irregulares.


Operación Ciclón Marino en un barco de gran calado frente a las costas de Santa Elena, Ecuador.  Fueron cpaturadas 24 personas e incautadas 5.5 toneladas de cocaína que iban hacia España.

Esta fue la última gran captura de la administración Correa. Y demostró una vez más que el país incrementó sustancialmente y años a año sus incautaciones, llegando al récord de 110 toneladas en el 2016, 96 de las cuales fueron para tráfico internacional. Capturas que se han hecho, sobre todo en puertos. Sin embargo se calcula que por el país se han traficado tres veces más droga, lo que confirma al Ecuador como plataforma de almacenamiento y exportación de estupefacientes en la región. 

4 • ¿Y los radares?

La administración Correa termina sin que, en diez años, se haya podido instalar la vigilancia aérea de radares en contra de los narcovuelos en las fronteras. Un intento fallido fue la contratación de los radares de la empresa china CETC. La implantación de los radares primarios se mostró como una necesidad estratégica del sistema de defensa aérea, luego del bombardeo colombiano al campamento de las FARC, ubicado en territorio del Ecuador, en el cual se dio de baja al segundo de las FARC, Raúl Reyes. Por esos radares, el Ecuador pagó USD 39 millones, que recuperó, de un contrato total de USD 60 millones. Sin embargo, la empresa china puso una demanda al Estado por USD 280 millones por terminación unilateral del contrato.  Los analistas de seguridad, vinculados a las Fuerzas Armadas, recomendaron simepre la compra de radares primarios, para Manta, Esmeraldas, Sucumbíos, Coca y la frontera Sur. Un radar primario, al contrario de un radar secundario, está en capacidad tecnológica de detectar cualquier tipo de objeto volador sin que tuviera encendido el transponder. Este es un señalizador que emite el objeto volador a voluntad de la tripulación y, si está encendido, puede ser detectado por los radares secundarios. Es decir, los radares secundarios no pueden detectar avionetas o aviones porque apagan el transponder, precisamente para no ser detectados. Los únicos radares primarios en el Ecuador estaban ubicados en los aeropuertos de Quito y Guayaquil. Y este último funcionaba a medias, algo que denunció la revista Vanguardia la última semana de junio del 2012, hace cinco años. 

Por este motivo, el Ecuador se enteró del ingreso de narcoavionetas, por lo general cargadas de dinero, que ingresaron al Ecuador y tuvieron accidentes. Una, en mayo del 2012 en Pedernales, Manabí, con USD 1.5 millones en efectivo y dos tripulantes mexicanos muertos. Otra, en el 2014, en plena hacienda La Clementina, en manos del Estado ecuatoriano y que meses antes había sido incautada al magnate bananero Álvaro Noboa por razones tributarias. Esta narcoavioneta tenía 420 kilos de cocaína al momento de su captura y su tripulación era mexicana. Entre mayo del 2012 y enero del 2015, las autoridades policiales del Ecuador afirmaron haber encontrado seis narcoavionetas cargadas de droga o billetes, todas de origen mexicano. 

5 • Nada por alta mar

Organismos internacionales de inteligencia estiman que al menos 100 toneladas de estupefacientes salen del Ecuador por mar. Se hace con el sistema de lanchas rápidas hacia naves nodrizas o semisumergibles que esperan en coordenadas establecidas varias cargas de entre una y cinco toneladas de cocaína. Pero al parecer, el Ecuador ha perdido la guerra en alta mar, por la poca capacidad operativa y tecnológica de la Fuerza Naval del Ecuador, así como la pérdida paulatina de la efectividad operativa del escuadrón de aviones no tripulados, que no tuvieron el alcance suficiente para el patrullaje mar afuera. Este escuadrón se vendió como el adecuado reemplazo a las labores del FOL de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, el cual permaneció en la base áerea de Manta, gracias a un convenio antidrogas que duró entre 1999 y el 2009, año en que fue denunciado por el Ecuador.

Según informes del Comando Sur de Estados Unidos, cada año, el narcotráfico realiza un promedio de 300 operaciones desde las costas ecuatorianas, reportaba la revista Vanguardia en su edición 332.  En Ecuador, se dijo entonces, los principales puertos de partida de estas embarcaciones potenciadas con varios motores fuera de borda, eran Manta, Puerto López, Playas, Sucre... En el 90% de los casos, decía el Comando, esta droga terminaba en las costas de Guatemala, como parte del tránsito entre la gran producción de cocaína del Putumayo colombiano y el Huallaga peruano.

6 • La guerra de las bandas criminales y las ciudades

Cuatro regiones conformaron el cinturón de fuego del narcotráfico en el Ecuador. El litoral manabita, con su epicentro en Manta; la frontera esmeraldeña con Colombia —Colombia declaró a Tumaco como el nuevo epicentro de la droga en Colombia, desplazando al Putumayo—; la zona del sur, con la provincia de El Oro como centro y la zona de Santo Domingo de los Tsáchilas, como inevitable corredor de tránsito. Sobre todo en Manta se centró una aparente interminable cruenta guerra entre bandas criminales que disputaban el territorio y el contról de las operaciones regionales del narcotráfico. Llegó un momento, entre el 2010 y el 2012 que se reportataban hasta 25 cadáveres en las calles al mes. Las bandas tenían nombres propios: Los queseros, Los choneros, El varón, El negro... En la justicia penal reinaba el temor para enfrentar este problema. Un juez consultado por estos reporteros llegó a decir que "nosotros vivimos acá, nuestros hijos, familiares y amigos viven acá. El momento que por imposición política nos vemos obligados a condenar a los procesados, los fiscales y los jueces quedamos condenados a la revancha...". En el 2012 se calculaba que por la ciudad eran transportadas unas 18 tonelas de droga cada año. El gran hermano de esas operaciones era el Cártel de Sinaloa, coincidían las autoridades. 

A la par del narcotráfico, en la ciudad se comenzó a imponer el fenómeno de los prestadiarios, un sistema de chulqueros con capitales pequeños de fácil acceso. Los crímenes también tenían que ver con este sistema de blanqueo de dólares. Los prestamistas andaban en moto, y prestaban dinero en cantidades en efectivo que iban de USD 200 hasta USD 500.000, para poner negocios como karaokes, centros nocturnos, mecánicas... Cuando alguien no podía pagar, era asesinado. 

El narcotráfico también encontró una ruta despejada en las provincias fronterizas de El Oro y Loja.  Desde el 2009 se empezaron a desmantelar laboratorios para el refinamiento de alcaloides. La Policía y la Fiscalía identificaron los sitios más vulnerables en Cariamanga, Sabiando, San Pedro de la Bendita, Zapotillo, Las Lajas y Santa Rosa. En la zona se desmanteló un laboratorio que tenía capacidad de procesar cinco toneladas de cocaína la mes. Fuentes de la Fiscalía aseguraron entonces que las oepraciones las controlaba, también, el cartel de Sinaloa. Asociados al ilícito aparecieron otros delitos: en el 2010 en la provincia de Loja se habían denunciado 70 casos de secuestro, y en El Oro se reportaron 1298 asesinatos entre el 2007 y el 2011.

 ANÁLISIS                                                                                                                      

 

"La lucha antidrogas es la experiencia más clara del injerencismo de Estados Unidos en América Latina"

El narcotráfico no empieza ni termina en el Ecuador. Tampoco la guerra contra el narcotráfico, la cual empezó hace unos cuarenta años. Esta guerra involucró violaciones a los derechos humanos, como los impactos de las fumigaciones aéreas, el incremento de la población carcelaria y la pérdida de la soberanía por la injerencia en elementos de la Policía Nacional.

Estados Unidos cambió su política de seguridad interna a partir de los ataques del 11 de septiembre del 2001, y esta consistió en establecer la prioridad de las amenazas a su seguridad —narcotráfico, terrorismo y migración ilegal— y mantenerlas fuera de sus fronteras. Parte de esa política fue, además, apretar los tornillos al pulmón financiero del terrorismo y el crimen organizado.

La lucha antidrogas es la experiencia más clara del injerencismo de Estados Unidos en América Latina. Y el gobierno de Rafael Correa estableció como respuesta a ese injerencismo la salida del FOL de la Base de Manta, la reestructuración de los servicios de inteligencia del Ecuador y la renegociación de las relaciones con las diversas agencias de cooperación de los Estados Unidos. 

Pero, el Ecuador no puede estar fuera de la órbita mundial del control antinarcótico y antilavado. Órbita en la cual Estados Unidos tiene el centro. Si el narcotráfico crece como el fenómeno económico que es, crece en proporción el control del narcotráfico. Es decir, es el aumento de la burocracia policial del mundo, también del Ecuador. Aquí debió primar y primó, del lado ecuatoriano, la economía de los efectos: qué estamos haciendo, qué hacer y cómo hacerlo. Quien controla los efectos controla la política. Y aunque el Ecuador no puede renunciar a la normativa internacional del control de la droga, sí pudo controlar los efectos del narcotráfico, la violencia y la inseguridad. 

El tema de la seguridad, derivado de todos estos efectos, tenía contra la pared al gobierno. El presidente Correa se vio desbordado por el tema e, incluso, no participó directamente en el mismo.  Él ha reconocido, incluso, que sabía poco del tema. Pero Correa sabía los efectos que quería lograr como política: el gobierno convirtió la necesidad de la seguridad en una oportunidad política. José Serrano, como ministro del Interior, fue un buen intérprete de las visiones del Presidente. Incluso la reforma a la justicia, del 2011, se hizo desde la óptica de la seguridad. El control de la justicia apareció como necesidad política ante el hecho real de que la inseguridad y la violencia derivada del narcotráfico y las bandas criminales se estaban saliendo de las manos. Esa fue la opción; desafortunadamente —para lograrlo— se pasó por encima del garantismo constitucional. Primó lo pragmático y la necesidad política de brindar índices de seguridad adecuados. Paralelamente se hizo una reforma profunda a la Policía Nacional. A partir del 30S las cosas cambiaron para la institución; el decreto 633 le quitó la autonomía administrativa y financiera. Luego se hizo el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana, que finalmente fue aprobado luego de seis años, no sin cierta polémica. La Policía es ahora una institución distinta a la de antes del 30S. La idea del gobierno fue hacer una gerencia de la seguridad, gerenciar la seguridad: eficiencia y funcionalismo, y eso incluía a los jueces.  La justicia fue superditada a la seguridad del Estado. El ministro Serrano cumplió la función de soplar en la oreja a los jueces. 

Así llegaron las condecoraciones y los reconocimientos de los propios Estados Unidos. Ellos miden todo en volumen de incautaciones y Ecuador da la talla en eso. Así, el gobierno fue funcional a la política de Estados Unidos, pues incluso se dio el caso de que la tabla de consumo mínimo de drogas que el Consep puso en marcha, fue boicoteada constantemente desde el Ministerio del Interior y la Dirección Antinarcóticos. 

Hay muchos temas pendientes, como el lavado de activos y el control de las fronteras, sobre todo de la frontera Norte. Hay evidentemente un crecimiento en el consumo de droga en el país, por razones económicas: la gente tiene ahora más bienestar y capacidad de consumo y parte de ese dinero se va a la droga. Y hay, evidentemente, infiltración a funcionarios del Estado; una infiltración que se da de abajo hacia arriba.  Eso es corrupción y es un alto factor de riesgo.

 ANÁLISIS DE INSIGHTCRIME.ORG                                                                             

Ecuador ha sido por largo tiempo un país de trasbordo. Limita con los dos mayores productores de coca del mundo, Perú y Colombia. Desde la década de 1970, se dice que el verdadero Pablo Escobar transportaba coca peruana sin procesar por Ecuador hasta Colombia, donde transformaba la hoja en cocaína.

Sin embargo, en los últimos años ha habido señales recurrentes de un incremento en el papel de Ecuador en el negocio de la droga, que eventualmente puede crear condiciones adversas para la seguridad en un país que se consideraba uno de los más seguros de la región.

Los descubrimientos de cargamentos de cocaína de varias toneladas, que en ocasiones rompían récords de décadas, ahora parecen comunes en Ecuador. Entre tanto, el total de decomisos ha aumentado de año en año. En 2016, el país interceptó 110 toneladas de estupefacientes, según El Universo. De esta cifra, 61 toneladas eran cocaína, incautada en los primeros once meses del año, una cantidad que superaba el total de 59 toneladas de cocaína decomisadas en 2015, según el informe sobre Estrategia Internacional del Control de Narcóticos 2017, del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Varios factores pueden explicar esta tendencia, incluyendo el auge de la producción de coca en la vecina Colombia, así como un incremento estimado en la producción en Perú.

Con un tasa de seis homicidios por 100.000 habitantes, Ecuador goza actualmente una de las tasas de homicidios más bajas de Latinoamérica y el Caribe.

Además, en el contexto del proceso de paz y la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Colombia, los grupos criminales han estado tomando control de los territorios en los que se cultiva coca, dejados por la guerrilla. Estas zonas han incluido el punto álgido de cultivos de coca de Tumaco, en el departamento de Nariño. Por esta razón no es una gran sorpresa que los informes que describen las enormes operaciones de narcotráfico de Prado apunten a Tumaco como uno de los puntos de origen de la cocaína.

Más allá de la mayor participación de Ecuador como punto de transbordo en la cadena internacional de las drogas, el alza de los decomisos también puede indicar cierta eficiencia de las autoridades ecuatorianas. Entre enero y julio de 2016, el país realizó 4.800 operativos contra el narcotráfico y desmanteló 29 grupos criminales, según el Ministerio del Interior de Ecuador.

Con un tasa de seis homicidios por 100.000 habitantes, Ecuador goza actualmente una de las tasas de homicidios más bajas de Latinoamérica y el Caribe. Pero el incremento de la actividad de estupefacientes puede eventualmente llegar a suponer un problema para la seguridad del país. A Prado, por ejemplo, se lo acusa de haber ordenado la muerte de varios funcionarios ecuatorianos con el fin de proteger sus operaciones.

Más aún, el movimiento de estupefacientes por el país puede abastecer el mercado de consumo local en Ecuador, lo que puede generar conflicto entre los grupos traficantes por el control del mercado. Además, los informes ya han señalado la corrupción en ciertas instituciones del gobierno como consecuencia directa de las actividades de tráfico de drogas.

Aunque el panorama criminal en Ecuador ha sido por tradición labrado por organizaciones criminales extranjeras, en particular colombianas, y más recientemente mexicanas, la revelación de la red de Prado también indica que las ingentes ganancias criminales que pueden generarse en el país, pueden promover la aparición de poderosas organizaciones narcotraficantes locales.

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