El precio del sucre respecto al dólar empezó a dispararse coincidiendo con la discusión en el Congreso del presupuesto del Estado para 1999 y que arrastraba un déficit, aparentemente inmanejable, del 7.1% del Producto Interno Bruto.

A comienzos de febrero de ese año, los diputados habían aprobado un presupuesto que, de acuerdo al entonces ministro de Finanzas, Fidel Jaramillo, no tenía bases técnicas de financiamiento real: los montos contemplados por el Congreso por la reingeniería de la deuda y por los contratos de riesgo compartido con empresas petroleras no eran viables en su totalidad ni constituían fuentes permanentes de financiamiento. Así lo había sostenido el Ministro en el propio Gabinete, pero el Presidente no hacía caso de sus planteamientos.

La urgente necesidad de ingresos fiscales, el necesario recorte de gastos, la definición del modelo monetario y el manejo de la crisis financiera no encontraban salida por la posición política del Partido Social Cristiano, PSC, que había prometido "no más impuestos" en la campaña electoral de 1998, la cual le dio la mayor cuota de diputados en el Parlamento. Gracias a una alianza parlamentaria con el gobierno, el PSC había logrado consolidar sus tesis, como la sustitución del Impuesto a la Renta por el Impuesto, del 1%, a la Circulación de Capitales, ICC, y había creado también un ambiente de inflexibilidad política, que hizo prever a los agentes económicos la imposibilidad de concretar un acuerdo político nacional para financiar el déficit y enrumbar la economía.

No obstante que el Gobierno estaba consciente de ello y sus voceros lo admitían públicamente, el presidente Mahuad, con el apoyo de su secretario de la Administración, Jaime Duran, había justificado el pacto con el líder del PSC, Jaime Nebot Saadi —diputado nacional y líder de la mayoría parlamentaria—, porque bajo su férula el gobierno tenía asegurada en el Congreso una mayoría permanente. "Nebot honra los acuerdos", decían los voceros del régimen para defenderse de acusaciones de intransigencia mahuadista, por no conversar con otros sectores políticos fuera del socialcristianismo.

Gracias a esta alianza Nebot-Mahuad, las decisiones económicas y políticas que había venido logrando en favor de sus tesis el líder del PSC se mostraron a los ojos del país político como la expresión de un cogobierno tácito. Y aunque se argumentaba que esa alianza era positiva para la estabilidad política en un ambiente partidista demasiado atomizado, la misma tenía una imagen negativa sobre la autoridad presidencial: el Presidente terminaba apoyando todas las iniciativas de Nebot: impuso una reforma tributaria aún en contra de recomendaciones internas y externas, logró la salida del poderoso Ministro de Energía, boicoteó permanentemente planes de financiamiento fiscal a través de impuestos, y exigió —y lo consiguió luego— la cabeza del Ministro de Finanzas. Se decía desde la oposición y la prensa de entonces que el Presidente "era rehén del PSC".

León Febres Cordero, izquierda, junto a Jaime Nebot, Jamil Mahuad y Jaime Durán Barba.

A pesar de las advertencias de sus asesores económicos, el Presidente privilegió esa relación política a las recomendaciones técnicas. Jaramillo, un joven economista, amigo de Mahuad y educado en Boston, tenía gran prestigio en el seno de los organismos internacionales de crédito por su visión técnica del manejo económico. Por esa misma razón no gozaba de simpatías entre la clase política, acostumbrada a presionar y chantajear a los gobiernos de tumo y a sus ministros de Finanzas por fondos extras del presupuesto a favor de su acción clientelar en sus comunidades, municipios y provincias.

Desde el inicio de la administración,  Jaramillo había mantenido alejados a los pedigüeños para garantizar una disciplina fiscal. Sin embargo, las relaciones con el Presidente se habían deteriorado y el Ministro renunció el 12 de febrero, tras su retorno de Washington, a pesar de haber recibido el respaldo del FMI, y de que una semana antes, en una entrevista de televisión, cuando su suerte estaba ya echada, el Presidente había asegurado que Jaramillo no renunciaría porque "era muy importante para el Gobierno": la explicación posterior fue que en Finanzas hacía falta un personaje con mayor capacidad de manejo político. El país sabía, en cambio, que el régimen había complacido al líder del PSC.

En medio de esta discusión pública, el Banco Central libraba su propia batalla: trataba con todos sus recursos de calmar el ataque constante al sucre, mediante el uso de los dólares de la reserva monetaria: inyectaba diariamente dólares en el mercado para sostener el tipo de cambio. Pero a inicios de febrero, la situación se volvió insostenible y el Banco Central resolvió eliminar el sistema de bandas cambiarias y permitir la libre flotación del dólar. Eso fue el 12 de febrero, pero el ambiente vacacional del carnaval amainó la expectativa pública.

Sin embargo, el 17 de ese mes, en Miércoles de Ceniza, un acto criminal marcó el inicio de la Cuaresma más dramática de fines de siglo: el líder más visible de la izquierda ecuatoriana, Jaime Hurtado González, y dos de sus ayudantes fueron asesinados a sangre fría por disparos de un sicario en pleno mediodía, a cincuenta metros del edificio de la Corte Suprema de Justicia. El asesino huyó tranquilamente de una zona con intenso control policial, donde se concentran los juzgados, el edificio del Congreso y varios ministerios. El crimen conmocionó a un país nada acostumbrado a la violencia política: una situación similar no había ocurrido sino hace 20 años, cuando el Ministro de Gobierno de la agonizante dictadura militar ordenó el asesinato de Abdón Calderón, un abogado guayaquileño y  precandidato presidencial.

Jaime Hurtado González, durante una de las campañas electorales del Movimiento Popular Democrático.

Hurtado, un conocido y polémico abogado afroesmeraldeño de 56 años de edad, era en ese momento diputado por el partido de izquierda radical, Movimiento Popular Democrático, MPD. Había sido dos veces candidato a la Presidencia de la República y en una de esas ocasiones ocupó un sorprendente cuarto lugar. Era también la eminencia gris de su partido, abogado de organizaciones de trabajadores y tres veces diputado en períodos distintos. A su valía intelectual agregaba una simpatía personal que le ganó amistades aún entre sus contradictores. Era, comentaban los periodistas políticos de la época, "el más simpático del MPD", partido lleno de líderes de línea dura y con fama de malencarados en la siempre ríspida política ecuatoriana.

Su muerte no podía llegar en peor momento para el Gobierno. Días antes, una encuesta nacional reveló que la popularidad del Presidente había caído al 14%. Los medios de comunicación se solazaban publicando casi a diario los bajos índices de popularidad de Mahuad y las encuestas sobre su nula credibilidad pública. A falta de analistas confiables, debido a la exasperación política, los números de las encuestas habían reemplazado a los politólogos.

En una inusual reacción rápida, un conmovido presidente Mahuad apareció la noche de ese miércoles de sangre en las pantallas de los televisores de todo el país, para lamentar y condenar el suceso y ofrecer una completa y rápida investigación. Además de honrar con ello la amistad que lo unía al ilustre asesinado, el Presidente buscaba detener en seco la ola de acusaciones de los partidarios de Jaime Hurtado, los cuales insinuaron primero y luego acusaron directamente al Gobierno de haber mandado asesinar a su líder.

Nadie lo hubiese creído así, y no hubiese pasado por acusaciones dichas como fruto de la indignación y el dolor, a no ser por una serie de errores de tacto en los que cayó el Gobierno respecto a este caso. Empezando porque el secretario de la Administración Pública, Jaime Durán, en unas explicaciones que nadie había pedido, se adelantó a asegurar en una entrevista de prensa que el Gobierno nada tenía que ver con el crimen de los tres militantes del MPD. En un país donde la palabra de los políticos estaba devaluada, con un gobierno sin credibilidad, decirlo así desató más suspicacias.

Una semana más tarde, y para demostrar sus buenas intenciones, el régimen presentó al país a los tres presuntos asesinos de Hurtado y sus dos compañeros. Lo hizo el propio Presidente, rodeado de sus ministros y del alto mando militar. El informe que dio el mandatario se basó en la versión de uno solo de los detenidos, a quien el Gobierno le otorgó toda la credibilidad: Hurtado habría sido asesinado por los paramilitares derechistas colombianos, para evitar que el líder izquierdista mantuviera supuestos vínculos con las FARC de Colombia e iniciara en el Ecuador una guerra de guerrillas. Mientras que los días anteriores ya se habían publicado versiones de que el "Negro Hurtado" había estado investigando los vínculos de una poderosa familia de empresarios pescadores mantenses con el narcotráfico, y de estos con el gobierno de Mahuad.

El informe, lejos de aplacar a la opinión pública, la llenó de suspicacias, abonando en mucho a la falta de credibilidad del régimen cuyos voceros inmediatamente entraron en rectificaciones y desmentidos. A pesar de sus intentos, el manejo de esta crisis reflejó que la palabra presidencial estaba en su peor momento. Mahuad hubiera dicho cualquier cosa, por más cierta que fuera, pero la percepción general era que mentía. Y, en política, la percepción es la realidad.

Durante esa primera crisis, el precio del dólar no subió mayor cosa (de 7.260 sucres por dólar a algo menos de 8.000) porque el Banco Central mantuvo el precio subastando sus reservas monetarias. Pero, al cierre de ese mes e inicios de marzo ocurrió un hecho que desencadenó el peor pánico financiero del que nadie tenga memoria: el Presidente de la República había sido requerido intensamente por los medios de comunicación y los voceros de diversos sectores para que dirigiera mensajes de tranquilidad al país.

Mientras el precio del dólar recién empezaba lo que sería su arrancada espectacular, Mahuad se presentó en una expectante cadena de radio y TV para anunciar al país... nada: cuando la situación nacional se centraba en la realidad de un dólar imparable, un presupuesto desfinanciado y la incertidumbre general sobre el futuro de la economía, las pantallas mostraron un mandatario dubitativo, incoherente en su fondo y en su forma, y sin ninguna respuesta en concreto sobre lo que estaba pasando ese momento en todos los sectores.

Los llamados agentes económicos y los capitales no recibieron certezas de parte del mandatario. Después de esas declaraciones tan vacías, simplemente no existía confianza en que el Presidente tuviese la capacidad y energía políticas para cerrar el déficit sin ceder a los chantajes de sus socios en el Congreso. Al día siguiente la especulación con el precio del dólar llegó a cotizarlo en 12.000 sucres por un dólar, y para marzo 3 había alcanzado la escalofriante cifra de 18.000. El pánico se apoderó de la población. Jamás en 70 años, es decir nada de lo que los ecuatorianos pudieran recordar, se había sentido tamaña incertidumbre económica y social.

En el maremágnum de declaraciones y decenas de expertos que florecieron esos días, la banca argumentó que la enorme demanda de dólares se debía a las necesidades de las instituciones financieras porque se les habían cerrado las líneas de crédito internacional luego de la crisis de México y Brasil. Lo cierto es que los bancos estaban fondeados de dólares, los cuales eran a su vez una mercancía cara y escasa en la calle, y en el proceso especulativo quienes poseían la moneda norteamericana habían obtenido una rentabilidad del 74% en menos de un mes. Una nueva intervención del Banco Central en el mercado evitó el pánico cambiario hasta que la moneda se estabilizó en 13000 sucres por dólar. Al gerente del Central solo le faltaba colocarse el casco de bombero.

Pero, el daño ya estaba hecho. El ataque al sucre puso en movimiento a los grandes y pequeños comerciantes, que se protegieron de la crisis dolarizando los insumos y los productos. Así, por ejemplo, una cadena de almacenes especializada en artículos para el hogar elevó los precios al tipo de cambio y etiquetó los productos con precios en dólares. En general, se frenó el consumo de manera brutal, y quienes mantenían deudas en dólares se vieron en la penosa disyuntiva de deshacerse o no de sus prendas, vehículos o casas, perdiendo el dinero invertido, o vendiéndolos al mejor postor. Y esos eran muchos, sobre todo los miembros de una clase media que lo que menos se esperaron de un gobierno como el de Mahuad era el tipo de inestabilidad que estaban viviendo, y por ello se habían endeudado en dólares.

La especulación con el dólar, las exportaciones y las actividades ilícitas, fueron las únicas actividades rentables en los últimos días de febrero y los primeros de marzo. Fuera de ello, el conjunto de los ecuatorianos vio esfumarse no solo su capacidad de compra sino su patrimonio. En una economía dominada por un consumo de importaciones, los servicios reajustaron sus precios para resarcirse en algo de las pérdidas, y en las empresas, ahogadas por deudas en divisa norteamericana, empezaron los despidos y las quiebras.

Mientras tanto, en los corrillos financieros se aseveraba que al menos dos bancos grandes habían sufrido el retiro masivo de dinero. Lo que no se decía era que en esos mismos días, al menos 400 millones de dólares habían sido sacados del país. El Ecuador asistía a un terrible inicio de Cuaresma.  Pero lo peor estaba por venir.

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