Por lo menos seis meses se prolongará el debate, en la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional, de las cuatro propuestas de nueva Ley de Comunicación que se analizan en el Legislativo.

La actual está vigente desde el 2013, con algunas reformas, y su justificación teórica es que el Estado tiene la potestad de regular los contenidos comunicacionales. Para ello, inclusive, se creó una Superintendencia de Información y Comunicación (Supercom) que realizaba procesos administrativos e imponía multas. 

La Ley respondió a la narrativa política del correísmo, que acusa a la prensa de "corrupta" y que propugnaba el control gubernamental sobre los medios de comunicación, llegando inclusive a analizar titulares, textos, imágenes y pies de foto. Buena parte de la práctica de la desaparecida Supercom estuvo orientada a justificar sanciones de carácter político y represalias contra los medios y los periodistas con un supuesto enfoque de derechos.

No seria hasta el año 2019 que la Supercom fue eliminada tras una reforma a la Ley, que estableció algunas potestades en el Consejo de Regulación de la Información y Comunicación, pero desmontó todo el sistema de procesos y audiencias, que el dieron a la Supercom el aspecto de una suerte de comisaría ideológica. La Supercom, además de multas, imponía "reparaciones" que consistían en disculpas públicas y otros mecanismos cuyo trasfondo era someter a los periodistas al escarnio público y demoler su credibilidad.

Buena parte de las normas legales estaban enfocadas en criterios jurídicos dudosos, como considerar a la comunicación un "servicio público" que debía ser regulado por el Estado, o el concepto del "linchamiento mediático" que convertía la cobertura de un tema de interés en una suerte de operación de desprestigio.  Aunque ambos criterios fueron eliminados durante el morenismo -lo que no evitó, sin embargo, roces y presiones del Gobierno contra algunos medios- pero la Ley sigue vigente.

La propuesta de Lasso

En los primeros días del nuevo Gobierno, el presidente Guillermo Lasso anunció la derogatoria del reglamento de esta Ley, lo que la hace inaplicable en la práctica, y el envío de un nuevo proyecto de Ley a la Asamblea, que reemplace el texto heredado del correato. 

El proyecto del régimen, más que una Ley de Comunicación, es una Ley de Libertad de Expresión, que propone la derogatoria de 90 artículos del texto correísta.

Al eliminar la mayor parte del articulado, se suprimirían también algunos de los instrumentos de control mediático implementados por el Estado correísta, como por ejemplo, la posibilidad de exigir rectificaciones arbitrarias, la posibilidad de que el poder político decida qué es de "relevancia pública" para imponer una cobertura obligatoria, la nomenclatura de los contenidos que obligaba a identificar los géneros en cada pieza informativa, las códigos deontológicos, o las franjas horarias. 

El andamiaje represivo que dejó el correato es reemplazado, en la propuesta de Lasso, por la autorregulación de los medios y el derecho a la réplica, y se mantienen aspectos como la reserva de la fuente y la claúsula de conciencia del periodista. 

El enfoque de la propuesta de Lasso es sobre la libertad de expresión.  Foto: El Universo

Los nudos del debate

Se pone énfasis en la responsabilidad ulterior y en la prohibición de la censura previa. El proyecto del Gobierno incorpora estándares internacionales, como el reconocimiento de que quienes ejercen una función pública están sometidos a un mayor escrutinio y a una mayor tolerancia, y también incluye el que se podría considerar el primer nudo crítico en el debate: que los periodistas no puedan ser procesados penalmente por sus opiniones y que la responsabilidad ulterior sea de naturaleza civil.

Es decir, que los periodistas y analistas no puedan ser demandados por supuestos delitos contra la honra al comentar temas de interés público, pero sí de forma civil por sus afirmaciones. En la práctica, esto significaría que la amenaza de un juicio penal por una supuesta "calumnia" (un recurso de chantaje e intimidación usado con frecuencia en el país por políticos) debe de amenazar a los periodistas, quienes, en cambio, sí podrían ser demandados por daño moral o daños y perjuicios.

Para Mauricio Alarcón, de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, este será uno de los puntos de discusión en la formulación de la nueva Ley, pues muchos sectores políticos consideran que las sanciones penales son un medio efectivo para controlar a la prensa, por lo que es posible que se nieguen a aprobar ese criterio. La criminalización de la expresión también se usa contra todos los ciudadanos, por lo que debería considerarse en todos los proyectos, sostiene Alarcón. 

De su lado, el 17 de junio, los asambleístas Fernando Villavicencio y Marjorie Chávez y el director de Fundamedios, César Ricaurte, presentaron una propuesta de Ley Orgánica para la Garantía, Promoción y Protección para la Libertad de Prensa y de la Comunicación. Según Ricaurte, “se crean una serie de incentivos para el trabajo de los medios de comunicación que van en la línea de aportar para que los nuevos emprendimientos de periodismo y medios de comunicación puedan tener una base sólida y puedan fortalecerse, creando un ecosistema de medios lo suficientemente fuerte para el país y esto es importante para las instituciones democráticas”. 

La propuesta tiene 16 artículos  y busca proteger el trabajo periodístico, garantizar la sostenibilidad de los medios de comunicación y facultar al Consejo de Comunicación para garantizar el ejercicio, promoción y cumplimiento del derecho a la libertad de expresión y prensa, dijo Fundamedios.

El eje central para Pachakutik

El correísmo incluyó en la misma Ley una serie de medidas proteccionistas sobre el contenido publicitario y la música nacional, con el objetivo de fomentar el sector, que el actual Gobierno quiere mantener, pero en una Ley distinta. Ahí también quedaría la asignación de frecuencias radioeléctricas, un asunto de interés para quienes aspiran a tener radios, sobre todo en todo, en zonas rurales. Este tema sería el segundo nudo en el debate, pues para fuerzas políticas como Pachakutik, blindar a los llamados medios comunitarios y las frecuencias que controlan es un tema no menor. 

De ahí que el 25 de agosto, un Pachakutik cada vez más distanciado del régimen -con el que pactó al principio de la Legislatura para la elección de autoridades- presentó su propio proyecto de Ley de Comunicación. Se propone un Consejo de Comunicación con potestades de control y mantener algunas de las normas del correato, pues son escépticos sobre que la autorregulación sea suficiente. 

La legisladora Dina Farinango dijo que su propuesta “entierra aquel libertinaje que un proyecto simple se entregó por parte del Gobierno nacional” y tiene 28 artículos, 6 disposiciones transitorias y 1 disposición final y está enfocada, sobre todo, a blindar los llamados medios comunitarios, que han sido uno de los pilares del proceso político indígena. 

De ahí que el corazón de la propuesta de Pachakutik es "una adjudicación justa para los medios comunitarios", que garantice que el 44 % del espectro radioeléctrico nacional debe pertenecer a los pueblos y nacionalidades para sus medios radiales.

Según el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, quien dio su apoyo político al proyecto, se deben garantizar contenidos sobre temas como salud y educación, en un esquema que poco difiere de la comunicación para el desarrollo de los años 70. Iza se mostró partidario de mantener la responsabilidad ulterior en la Ley. La reforma impulsada por el movimiento indígena insiste en la comunicación como un derecho, vuelve a insistir en los códigos deontológicos y otros aspectos que fueron consagrados en la Ley original.

Para Mauricio Alarcón, lo referente al aspecto radioeléctrico debería estar en la Ley de Telecomunicaciones y no en la de comunicación. De la misma forma, cree que los derechos laborales deben estar en el Código del Trabajo y no pretender incluirlo en la Ley de Comunicación. Alarcón cree que la propuesta de Pachakutik es una reforma a la Ley de Comunicación original con temas polémicas como una supuesta democratización de la propiedad de los medios y la asignación predeterminada de las frecuencias para los medios comunitarios. 

La defensa correísta del texto original

El correísmo, de su lado, ha planteado mantener algunos de los criterios de la Ley actual. La ex presentadora de televisión y asambleísta Marcela Holguín es la vocera del correísmo en este debate y ha puesto sobre el tapete otro punto crítico: los derechos de los trabajadores de la comunicación, que supuestamente estaban garantizados en la Ley del correato. 

Holguín sostiene que lo que pretende la actual administración es una "reforma al apuro y sin la participación de todos los sectores involucrados".

Para Holguín, hay "un claro riesgo de eliminar derechos de los trabajadores de la comunicación, retroceder en acciones afirmativas para los medios comunitarios y reducir el proceso de asignación de frecuencias a un tema meramente técnico que no tome en cuenta la propuesta comunicacional". 

“Es una Ley regresiva en derechos. Es responsabilidad de la Asamblea y de los legisladores no permitir que se desarrolle al apuro”, dijo la asambleísta, como en su criterio fue la reforma impulsada por Moreno que eliminó el esquema de control estatal. La postura del correísmo es que haya un debate más amplio de la problemática, dijo Holguín, quien enfatizó en la importancia de garantizar los derechos de los trabajadores de la comunicación, un tema que no se trata en el proyecto del Gobierno. De ahí que el correísmo presentó su propia propuesta. 

Proyectos y enfoques diferentes

De su lado, Mauricio Alarcón sostiene que el proyecto del Ejecutivo es más bien una Ley de libertad de expresión que una norma con el mismo enfoque que la se aprobó durante el correato. "Se trata de proyectos distintos en su contenido y con intenciones diferentes", explicó. Así, sostiene que el proyecto del Gobierno no quiere regular a los medios ni a las frecuencias, sino garantizar un derecho ciudadano. También destaca el proyecto presentado por Fundamedios y dos legisladores, que busca proponer una ley de comunicación garantista. 

Para el experto, Pachakutik busca revivir figuras derogadas en la administración anterior y quieren volver a un esquema de Ley de Comunicación muy similar a la de 2013. Varios legisladores de Pachakutik se declaran víctimas de un linchamiento mediático y por eso proponen un nuevo tribunal de la Inquisición, sostiene. 

Hay varias agrupaciones políticas presentando proyectos, con la intención de que sean unificados en un mismo proyecto. Alarcón no descartó que el proyecto del Gobierno pueda unificarse con el presentado por los asambleístas Marjorie Chávez y Fernando Villavicencio, con el apoyo de Fundamedios, pero aún es pronto para saber qué ocurrirá con los proyectos de Holguín y Farinango. 

Este proceso de discusión, anticipa Alarcón, tomaría por lo menos seis meses, debido a la gran cantidad de temas que se pretende abarcar con esta nueva Ley. Es complicado también anticipar qué proyectos podrían reunir los votos suficiente y qué postura tome luego el Ejecutivo sobre la Ley que se apruebe.