En medio de la crisis sanitaria de la Covid 19, el 8 de mayo del 2020, en partitura de género musical “Fusión”, aparece el Decreto Ejecutivo 1039 que busca en tiempos Morenos, so pretexto de ajustes fiscales por la quiebra país, una hibridación del manejo público de las Artes y el Cine. Para ello hace desaparecer al ICCA (Instituto de Cine y Creación Audiovisual) y al IFAIC (Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad), y crea un nuevo espacio de gestión pública, un nuevo instituto único, creado en el ministerio de Cultura para manejar al mismo tiempo, en un solo ritmo, en una sola oficina, en un tempo único y una sola batuta, todas las políticas públicas para todas las artes en el país. El “Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación” es la propuesta fusión del Gobierno Moreno para las Artes y el Cine en el Ecuador.

Si antes perdimos el espacio, ahora perdimos el nombre

En compás de amalgama, que es cuando se suman dos o más compases diferentes —los buenos músicos lo saben— se borró del tinglado jurídico del Estado ecuatoriano el nombre propio del Cine y de las Artes. Pero este borrón y desconocimiento no es una equivocación de sintaxis o una dislexia del gobierno. Es una concepción que el poder tiene y que busca imponer respecto de lo que considera debe ser el arte como actividad productiva. La “creatividad e innovación”, palabras y conceptos tomados de la llamada “economía naranja”, establecen los principios, la hoja de ruta que deben seguir el arte y la cultura como ejercicio de los colectivos. Es decir, deben ser funcionales al poder, al sistema económico y político, a los intereses del gobierno establecido. De lo contrario, su existencia libre estará comprometida.

Se busca entonces, a través de esta denominación, diluir, disolver, esconder, torcer la esencia crítica del arte, su capacidad de interpelar al yo individual y social, al poder y sus dogmas, a lo sagrado y sus símbolos, a lo “inamovible” del confort como destino y la acumulación de capital como fin único. Se busca anular el papel que todas las artes cumplen en la construcción del concepto humanidad dentro de un plural llamado comunidad, país o nación. Eso es lo que está detrás de la fusión: un diseño operativo, eficiente y funcional, una mirada netamente productivista, un ordenamiento corporativo que pasa primero por el sometimiento.
 
Un sometimiento que empezó con la llamada Revolución Ciudadana y que significó imposiciones y convencimientos ciegos. Nos convencimos, casi como credo religioso, de que la dependencia creativa y de gestión respecto del Estado —llámese burocracia— era buena e imprescindible, que el traje alquilado era mejor que el propio y los resultados están a la vista. Tres años de vigencia de la Ley de Cultura y nos borraron hasta el nombre.

La amnesia de lo que fuimos

Antes, esa legalidad que creó el Instituto de Cine y Creación Audiovisual (ICCA) sepultó la Ley de Cine y nos condenó a vivir en espacio ajeno, prestado de una dependencia de Estado, de una burocracia, en una imposición que nunca habríamos imaginado que podría darse, cuando allá, a finales de los mil novecientos setenta, nacíamos en organización y sueños cinematográficos para el país de la mitad. Es que la Ley de Cultura, como marco legal que institucionaliza una política pública, para el cine ecuatoriano y sus actores significó el olvido de 30 años de lucha, la amnesia de lo que fuimos como un nosotros. Sastres de nuestro propio traje, artífices de nuestra propia costura de puntada gruesa y aguja de ojal largo de punto de cruz. Costureros de mangas de desencantos sin bordados de oportunismo que, perseverando puntada tras puntada, mes a mes durante tres décadas, logramos hacer nuestro traje —léase organización y marco legal propio— nacido de nuestra imaginación y lucha.

El decreto moreno: una amalgama que viola

La máxima de la jurisprudencia en democracia, aquello de “que se deshace como se hace”, según sostienen expertos abogados, significa que una Ley Orgánica, como es la Ley de Cultura, no puede ser modificada por un decreto ejecutivo. Usted lo sabe, sus abogados lo saben, sus asesores lo conocen señor Lenin Boltaire Moreno Garcés. Los Institutos que Usted fusiona no los creó el Ejecutivo, fue la ley nacida de un largo e inusual proceso social de diez años de búsquedas, disensos, mayorías y minorías, un tortuoso “consenso”, que  “diseñó” el marco legal no solamente para “[…] garantizar el ejercicio de los derechos culturales y la interculturalidad”, sino también para respaldar y justificar la presencia de un invento, ese sí erigido por Decreto Ejecutivo. El número 5 de su antecesor, que crea el ministerio de Cultura, una novelería de los tiempos verdeflex, más aborto que nacimiento, y que operó en la administración pública, aunque Usted no lo crea, diez años años sin marco legal hasta que en las postrimerías del gobierno correa, se aprobó la Ley Orgánica de Cultura.

Han pasado trece años de la creación de esa cartera de Estado y tres años de vigencia de la Ley de Cultura. Por su escritorio mayor han desfilado doce titulares, más que una suma, una larga resta en el calendario de la construcción de una política pública para la cultura y las artes y ya es tiempo de que los artistas, intelectuales, los “gestores culturales”, como ahora se denominan, hagan una evaluación profunda de ese quehacer institucional esa normalidad que ahora, en tiempos de Covid, se señala como el problema.

Demandar la inconstitucionalidad

Perdido hasta el nombre, lo único que nos queda es acudir a la memoria para recordar que artistas y cineastas hemos sido actores de nuestra propia construcción. Somos los pasos de nuestro propio andar que hace camino, por eso debemos empoderarnos y asumir el rol que el momento actual demanda de este nosotros, no siempre coherente, no siempre unitario y no siempre visionario. Estamos obligados a dar una lucha frontal en defensa de la democracia, de nuestros derechos y de los derechos ciudadanos. Eso significa —y de manera inmediata— demandar en la Corte Constitucional la inconstitucionalidad del decreto 1039.

Por lo tanto, no cabe en la postura de los colectivos del cine ecuatoriano ese “[…] nos reservamos el derecho de acudir a la Corte Constitucional para que se pronuncie sobre la constitucionalidad del mismo”. Me pregunto, ¿qué hay detrás de esa postura de media tinta? ¿Actuaríamos de la misma manera si un alguien por más elegante y respetable que parezca, te arrancha la cartera? Tú, individuo ciudadano, tolerante, sujeto de derechos y víctima del arranche, en vez de actuar con inmediatez para impedir que se consolide el delito, ¿te reservarías el dere cho de llamar a la policía…? 

¿Por qué las nueve organizaciones que suscriben el manifiesto del Sector Cinematográfico del Ecuador a la Opinión Pública, tienen recelo de enfrentar esta violación de los derechos?

La normalidad es el problema

Regresar a la normalidad es el problema, han señalado varios pensadores y filósofos en el mundo entero. La pandemia y el atropello de Moreno al cine es una oportunidad para actuar, para responder a esa normalidad de la política pública para la cultura y las artes en el Ecuador.

¿Hasta cuándo vamos a seguir en tiempo de queja? ¿Necesitamos otra década más para darnos cuenta de que el ministerio de Cultura es una estructura centralista, obesa, inoperante? De que es una institución que confunde medidas e incentivos fiscales con política cultural, que concibe cultura como espectáculo, como escenario de promoción y producción de eventos funcionales a la imagen del gobernante y al ministro de turno? De que se trata de un espacio de gestión pública que olvida su otra denominación y responsabilidad, el Patrimonio, no solo como conjunto de archivos, museos, bibliotecas y repositorios, sino el Patrimonio vivo y su memoria, los pueblos originarios de la costa, sierra y amazonía, una humanidad, múltiples culturas en condiciones de absoluta vulnerabilidad, amenazados por el extractivismo y la actual pandemia?.

¿Cómo entender que los grupos de mariachis, respetables por cierto, y sus serenos a las madres fueran en estos tiempos de Covid la preocupación mayor para el ministerio de Cultura y Patrimonio y los pueblos Siona, Siekopai, Awa, Chachis, Shuar, Ashuar, Zapara, patrimonios vivos de la cultura del Ecuador, amenazados por la pandemia y con fallecidos ya por el Corona virus, no hubieran sido objeto de una sola manifestación pública de preocupación por parte del ministerio del Patrimonio?

El silencio otorga

¿Hasta cuándo vamos a observar en silencio a esa trilogía que maneja de facto la política pública en el campo de la cultura y las artes? La Dirección de Gestión Cultural de la Presidencia de la República, el ministerio de Cultura y Patrimonio y la Casa de la Cultura, un triángulo más de apegos políticos que culturales y que busca congeniar, como trío de cuerdas en ensayo, las claves para no desafinar en planes, programas, presupuestos e iniciativas públicas. ¿Cuál es el sentido de esta tricefalía en la gestión pública de la cultura?

Es momento para la reflexión y la crítica, para salir del silencio y con voz propia interpelar esta realidad, cuestionar el nosotros que hemos construido, al amparo de la Ley Orgánica de Cultura, para muchos el nirvana, el espacio perfecto e intocable de la política pública. Debemos ser críticos con eso y con el centralismo y el concepto de rectoría sobre la cultura. Cabe preguntarnos y  responder con conocimiento y luz. ¿Sirve el ministerio de Cultura? ¿Hace sentido su presencia para el arte y la cultura en el Ecuador?  A más de entregar recursos en los fondos concursables, disponer de un presupuesto de cerca de 20 millones de dólares y ser la meca para la vanidad de algunos intelectuales y artistas ¿cuál ha sido ha sido su aporte real en estos trece años de funcionamiento? La política de los fondos concursables, tanto en las artes como en el cine, ¿qué dinámicas (de)generó en los actores culturales, en los artistas y sus propuestas? ¿Cuál ha sido el impacto de la entrega anual de fondos durante trece años en el quehacer de obras e iniciativas artísticas, cinematográficas y culturales del país?....

Son preguntas necesarias para entender las deformaciones que este tipo de políticas públicas generan en los nichos de receptores de fondos, los llamados ‘carruseles’ y ‘clientes frecuentes’.

El terceto

¿Alguien de la partitura musical de Carondelet podría explicarle al país qué hace la Dirección de Gestión Cultural de la Presidencia manejando iniciativas de políticas públicas para la cultura, como “Arte para todos”, con un presupuesto similar al del ministerio de Cultura? ¿Qué hace ejecutando programas culturales como la “Implementación de la Agenda Nacional de Eventos Artísticos y de Formación de Públicos para las Artes”? ¿Cuál es el marco legal que ampara a esta superdirección? ¿Cuáles sus atribuciones, áreas de influencia y relación con el llamado Sistema Nacional de Cultura, con el otro obeso anquilosado de la cultura, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una estructura añeja y apolillada que niega la renovación como principio de la existencia y que se reproduce a sí misma como virus de inoperancia?

¿Un otro alguien menos musical podría ensayar una didáctica para “muspas” que explique de una manera sencilla la presencia de este terceto en el pentagrama de las instituciones de cultura del Estado ecuatoriano?

Dado que  el gobierno Moreno está en modo fusión, sin importarle legalidades, procesos y otros detalles menores de la buena gobernanza y la construcción de la democracia y en la medida en que le apuesta a la optimización del Estado, siguiendo las sagradas notas del FMI, que dictan reducción del gasto público especialmente en las áreas improductivas, como  educación, arte y cultura ¿por qué no aplicamos, Presidente, el compás amalgama a este terceto cercano a palacio, que inventa, diseña y ejecuta políticas públicas para la cultura y el arte? ¿Por qué no lo fusionamos en una  partitura para una sola voz o un solo instrumental de corneta, es decir una sola institución? ¿No le parece pertinente, Licenciado Presidente Moreno?

En clave de lucha

Si el Covid 19 nos devela que la normalidad es el problema, el decreto fusión de los tiempos morenos nos da la clave para la lucha y el cambio. El atropello a la ley y los procedimientos, la crisis quiebra en la que estamos es una oportunidad para defender y profundizar la democracia y los derechos, para rediseñar y cambiar el espacio público de la cultura y el arte.

Es tiempo de iniciar una reingeniería del marco legal de la cultura y de sus instituciones de gestión, de los principios que deben iluminar su quehacer y que no son precisamente aquellos que colindan con el vecindario del poder y su interés, con el dominio, con la rectoría y la cooptación.

La política pública en la cultura y el arte debe ser un facilitador de la construcción del nosotros, de las pertenencias en diversidad, del otro que nos habita, del distinto y diferente que nos hace ser, de la paz y el respeto como principio de convivencia social. Cultura es lo contrario de extractivismo, es resilencia, construcción y no destrucción, es amor a la tierra, matriz de lo que somos, del cómo somos y del por qué somos.

Es hora de que el marco legal de la cultura en el Ecuador incorpore la defensa del territorio, del agua, de la tierra y de la vida como una esencia que nutre y alimenta al ser cultural y sus imaginarios espirituales únicos y diversos,   expresión biótica del colectivo humanidad.

Los artistas, los cineastas y sus organizaciones tienen la palabra, la imaginación y el poder de la luz para coadyuvar a la construcción de la transparencia y la democracia. Regresar a esa  normalidad de inequidad que quiebra derechos  y rompe los sueños, a ese silencio que vuelve servidumbre y confort al arte, es el problema.