A  mil kilómetros del resto del Ecuador, las Islas Galápagos son el punto más alejado del territorio nacional. El conjunto de islas volcánicas, que por lejanas y abandonadas fueron durante siglos refugio de piratas, balleneros y otros marinos de varias nacionalidades, pasaron a la soberanía del Ecuador en 1832, cuando por orden del presidente Juan José Flores, se tomó posesión de lo que entonces era, técnicamente, tierra de nadie. 

Mucho tiempo ha pasado desde entonces y hoy Galápagos, conocida mundialmente sobre todo por su emblemática fauna, es el hogar de por lo menos 27 mil personas, la mayoría de las cuales habitan en la Isla Santa Cruz, cuya principal población, Puerto Ayora, es el centro del comercio y turismo de la región. El poder político, en cambio, se ubica en la vecina isla de San Cristóbal, en la capital provincial llamada Puerto Baquerizo Moreno. Los nombres de los presidentes de principios del siglo XX no son coincidencia: fue en esa época cuando empezó la población de Galápagos y el establecimiento de sus principales centros urbanos. 

La única forma de entrar y salir de las islas para sus habitantes es en avión y aunque Galápagos es una provincia y cuenta con sus propios jueces, no cuenta con corte provincial, por lo que los casos se deben remitir a la de Guayas, con sede en Guayaquil. 

En las dos ciudades principales hay sendas unidades judiciales y fiscalía, mientras que también funcionan en cada una de ellas dos notarías.

Desde mediados del año pasado, el ex candidato alcalde de Quito, Milton Castillo, es el delegado provincial de la Defensoría del Pueblo en la región insular. Y lo que el defensor considera son gestiones en defensa de los derechos de los ciudadanos, le han motivado una serie de acciones legales, en especial, por parte de uno de los notarios de la islas, quien le acusó ante la Fiscalía de "tráfico de influencias", mientras una presunta víctima de violación pidió y obtuvo medidas cautelares en su contra, con lo que la policía tiene orden de impedir que se le acerque. ¿Sigue siendo Galápagos tierra de nadie?

El choque con el notario por un poder

Jorge Ernesto Salinas es un colono de Galápagos nacido en Tungurahua en 1934, y que ha sido marinero de profesión. Se estableció en las islas hace muchos años y ahora posee algunos bienes, entre éstos, un hotel. El 31 de octubre de 2019, el notario suplente de Puerto Ayora, Henry Salazar, fue a su casa para receptarle un poder que iba a conceder a favor de su esposa para disponer de sus bienes, en especial, en Tungurahua y Pichincha. Cuando el notario suplente llegó al lugar, según sostuvo, determinó que Salinas no estaba del todo consciente, por lo que decidió no realizar la escritura. 

Los familiares, que ya habían pagado cerca de USD 120 por el servicio (el valor incluyó el traslado del notario suplente al domicilio), concurrieron ante el defensor del Pueblo y pidieron su intervención en el caso, pidiendo que les entreguen el documento que, a pesar de que ya estaba redactado, había quedado sin firmar. 

Según Castillo, cuando llegó a la notaría, el 26 de noviembre, pudo ver que el notario titular, que ya había vuelto a su despacho, había hecho tachones sobre el documento. El notario Francisco Lima, en diálogo con este portal, confirmó que la gestión fue hecha por su suplente, pero que cuando retomó la oficina encontró que no se podía conceder la escritura, sobre todo, porque no podían dar fe de que el adulto mayor estaba consciente de lo que hacía, potestad que afirma le corresponde al notario sin la participación de médicos. El notario Lima admitió también que, ese mismo día, tanto el defensor del Pueblo cuanto la esposa de Salinas le habían advertido de un supuesto cobro extraoficial de USD 3000 en la notaría por realizar el trámite, cosa que, afirma, no le consta y sobre el que está dispuesto a brindar todas las facilidades para que se investigue. 

Por escrito, el defensor del Pueblo le pidió el 5 de diciembre al notario que le entregue el documento que ya se había elaborado, así como la factura de los servicios prestados y algo adicional: el notario admitió que grabó la conversación que sostuvo con Castillo, por lo éste le pidió que le entregue una copia del diálogo. Para el defensor del Pueblo, su intervención ha sido en defensa de los derechos de los usuarios, pues no se prestó el servicio notarial.

El 12 de diciembre, el notario le respondió también por escrito al defensor, indicando que la factura era electrónica y se había concedido oportunamente por los casi USD 120 que costaba su servicio notarial. Lima defendió la actualización de su suplente, quien sentó una razón que indicaba que no podía conceder el poder porque Salinas "demostró no estar consciente todo el tiempo", así como estaban ausentes las personas que debían firmar como testigos. La escritura, dijo el notario titular, se hizo, es decir, está en el protocolo de la notaría, pero no llegó a "formalizarse" por estas dudas. 

El notario, sin embargo, admitió que en efecto tachó los espacios de las firmas en ese texto, "con el único sentido de garantizar el principio de seguridad jurídica instrumental", lo que significa, según explicó a PLANV vía telefónica, que quería evitar que alguien pusiera firmas en los espacios en blanco y usara el documento falso en otra notaría del país para, por ejemplo, vender los bienes que Salinas tiene en el continente.

Mientras el notario asegura que su deber es asegurarse de que no se quiere perjudicar a una persona de la tercera edad, el defensor cree que el notario debió cumplir con el servicio por el cual ya le habían pagado. La factura notarial por USD 119,15 consta en el sistema del Servicio de Rentas Internas, aunque el notario admite también que un hijo de Salinas intentó que se le devuelva ese dinero, alegando que la notaría nunca prestó el servicio, devolución que él no autorizó. 

En las instalaciones judiciales de Galápagos tuvo lugar una audiencia vía telefónica desde Cuenca

Denuncia en la Fiscalía contra el defensor

Pero la polémica entre defensor y notario no terminó ahí. El notario presentó una denuncia penal en contra del defensor, acusándolo de tráfico de influencias, por este hecho. En su escrito, presentado ante la Fiscalía de Puerto Ayora, el notario Lima sostiene que las gestiones del defensor del Pueblo en su oficina, de las cuales entregó la grabación, evidencian un presunto tráfico de influencias, pues, en su opinión, el defensor ha intentado usar su cargo estatal en beneficio propio o de terceros. El notario Lima dijo que no va a hacer pública la grabación pero que ésta es su prueba reina en contra del defensor, quien habría intentado presionarlo. 

Para el notario, la pretención de Castillo es que se legalice la misma escritura fallida que no se pudo firmar, aunque, en su opinión, el camino legal es que se realice un nuevo trámite y se pueda determinar que Salinas está en pleno uso de sus facultades. 

De su lado, el defensor del Pueblo abrió una investigación defensorial del caso. En esa investigación, el defensor anuncia que analizará otros casos de presuntas irregularidades cometidas por el notario de la Isla Santa Cruz. Por ejemplo, el caso de Cristóbal Morillo Criollo, de 82 años, quien asegura que el  notario tiene unas letras de cambio suyas y no se les quiere devolver. En el expediente abierto por Castillo se consigna también que el mismo notario había concedido antes una escritura a favor de los Salinas, por la que les habría cobrado USD 1000, cantidad muy por encima del valor del arancel notarial legal. El notario no niega que ya antes había hecho un poder para los Salinas, pero desconoce del cobro extrajudicial. 

En un tercer caso, otra persona de la tercera edad de Galápagos otorgó un poder a sus familiares sobre sus bienes y luego lo revocó, y por ellos, supuestamente, también les cobraron en la notaría por lo menos USD 1000. 

"No pongo las manos en el fuego por mi suplente"

En el caso de los Salinas, el defensor Milton Castillo cuestiona que aunque el trámite se hizo el 31 de octubre, recién el 28 de noviembre se emitió la factura que presentó el notario como descargo. Para el defensor, la Defensoría del Pueblo es "absolutamente compentente" para conocer estas supuestas irregularidades en la notaría, pues el notario presta un servicio por delegación del Estado, además de que está facultado para hacer "gestiones oficiosas", que no constituirían "tráfico de influencias". Para el notario Lima, en cambio, el defensor no está para tratar asuntos particulares, como sería en este caso, y más bien se habría cometido un tráfico de influencias, aunque admite que las versiones sobre cobros de hasta USD 3000 por gestiones en su notaría existen: "no pongo las manos en el fuego por el notario suplente", le dijo a este portal desde Guayaquil, en donde se encontraba. 

Mientras tanto, la denuncia del notario se encuentra en trámite en la Fiscalía, ante la cual Castillo ha dicho que sus gestiones han sido solamente a favor de usuarios perjudicados. "No es difícil intuir que la denuncia presentada en mi contra pretende impedir las varias repercusiones jurídicas que se derivarán de las denuncias que se manera unificada se están tramitando en la Defensoría del Pueblo en contra del notario primero del cantón Santa Cruz, denuncias que van desde el cobro indebido de dinero, la retención de letras de cambio, el cobro de valores excesivos y sin factura".

Una audiencia por teléfono

Durante los festejos por el año nuevo de este 2020, ocurrió en Galápagos una presunta violación. En medio del feriado, Karen B, una joven de Puerto Baquerizo había salido a una discoteca de la población. Ahí se encontró con Edwin J, y en su compañía fue a su casa. En ese lugar, alegó la joven ante la policía de las islas, fue víctima de un abuso sexual por parte del vecino, por lo que lo denunció a la policía. Los agentes, por considerar que aún había "flagrancia" pues no ocurrían aún 24 horas de los hechos, entraron a la modesta vivienda del supuesto agresor sexual y lo arrestaron.

Hasta ahí una historia común y corriente sobre una presunta violación, cuyos hechos deberá determinar la justicia. Pero lo curioso empieza cuando la justicia local organizó la audiencia de flagrancia, lo que llamó la atención del defensor del Pueblo, Milton Castillo, quien sí se encontraba en la región insular a pasar del feriado. Para el 1 de enero, se instaló la audiencia en los juzgados de Puerto Baquerizo. El detalle está en que tanto el juez de Galápagos, Milton Bojorque, cuanto el fiscal Christian Farez, no estaban ahí, sino en Cuenca, ciudad a donde habían ido a recibir el año nuevo. 

Los dos funcionarios se pusieron al teléfono, sin vídeo, desde Cuenca, destacó el defensor del Pueblo, con una mala comunicación telefónica y sin que se escuchara con claridad lo que decían. El expediente con los documentos de caso estaba en Galápagos, argumentó sobre este caso el defensor del Pueblo ante la Corte de Justicia del Guayas, a donde elevó un pedido de hábeas corpus a favor de Edwin J. A falta del fiscal, eran los policías los que asistían a la víctima en la audiencia. 

El cuestionamiento del defensor tiene que ver con que ni el juez ni el fiscal pudieron revisar nunca las pruebas de arraigo que presentó la defensa del acusado, pues nunca vieron el expediente. Para el defensor, el juez y el fiscal "actuaron sin competencia, violentaron el principio de legalidad y de inmediación, actuación que violentó el debido proceso y lo dejó en la indefensión". 

Sin embargo, el alegato de la Defensoría del Pueblo fue desechado por la Corte de Guayaquil, que ratificó la prisión preventiva de Edwin J, a pesar de que tanto el juez cuanto el fiscal admitieron que estaban en Cuenca en ese momento.

Corte Nacional: una detención "ilegal y arbitraria"

El caso llegó hasta la Corte Nacional de Justicia, en Quito, que, en cambio, ordenó la libertad de Edwin J. y pidió que se investigue la conducta del juez y el fiscal de Galápagos "remítase copia certificada de la presente sentencia al Consejo de la Judicatura a fin de que proceda como en derecho corresponda ante las incorrecciones detectadas en la tramitación del juicio penal No. 20331-2020-00001 que desembocó en la ilegal y arbitraria privación de libertad del ciudadano, incorrecciones éstas en que habrían incurrido el doctor Milton Rodolfo Bojorque Bojorque, Juez de la Unidad Judicial Multicompetente de San Cristóbal, el doctor Cristhian Fárez Falconí, Fiscal del cantón San Cristóbal; y la abogada Adriana Edith Gil Rodríguez, Secretaria (E) de la Unidad Judicial Multicompetente de San Cristóbal", dictaminaron los togados. 

Los jueces del alto tribunal capitalino cuestionaron también lo que consideran son una serie de irregularidades cometidas por el juez y el fiscal de Puerto Baquerizo Moreno.

"Respecto a la actuación del Juez de la Unidad Multicompetente de San Cristóbal, esta Sala Especializada observa que el doctor Bojorque expresamente afirma no haberse encontrado en la ciudad de San Cristóbal el 1 de enero de 2020, por encontrarse en la ciudad de Cuenca, razón por la cual no es posible que haya firmado en la ciudad de San Cristóbal la providencia de 1 de enero de 2020 a las 10h18, a través de la cual se convocó a las partes a la audiencia de calificación de la flagrancia y formulación de cargos, tanto más que afirma haber dispuesto a su personal subalterno “se proceda a CONVOCAR A AUDIENCIA” (...) consecuentemente la Secretaria Relatora no podía certificar, como ha ocurrido, que dicha convocatoria se haya realizado el 1 de enero de 2020, al no haberse encontrado el Juez actuante presente en su despacho".

Adicionalmente, los jueces señalaron que "En lo que respecta a lo aseverado por el Juez de la causa en el sentido de que su comparecencia a la audiencia se realizaría a través de medios telemáticos conforme lo previsto en el artículo 565 del COIP, es preciso señalar que dicha norma en ningún momento faculta al Juez a presidir una audiencia a través de medios telemáticos, por el contrario, dicha norma determina que será el juzgador quién autorice la comparecencia de las partes procesales a la audiencia través de comunicación telemática o videoconferencia u otros medios técnicos semejantes. Finalmente, en el proceso constitucional no existe constancia alguna del auto de formulación de cargos - al que se refiere la Secretaria Relatora (E) en el extracto de audiencia de flagrancia y formulación de cargos - en el que se haya ordenado la prisión preventiva del procesado y que esté debidamente suscrita por el Juez competente. Por lo expuesto es evidente que en la audiencia de flagrancia y formulación de cargos en la que se dictó prisión preventiva en contra del señor Edwin  J, ni el Fiscal ni el Juez asignados al caso estuvieron presentes físicamente, y tampoco comparecieron a través de medios telemáticos o videoconferencia, sino que lo hicieron a través de una deficiente comunicación telefónica, sin que este medio de comunicación esté previsto en la ley ni sea el idóneo para garantizar el principio de inmediación".

"De esta manera esta Sala Especializada de la Corte Nacional de Justicia ha verificado que la prisión preventiva ordenada en contra del procesado es ilegal, toda vez que la privación de libertad ha operado omitiéndose el cumplimiento de los requisitos y formalidades previstas en el COIP; y, además dicha privación de libertad es arbitraria, en virtud de que la orden de prisión preventiva ha sido dictada en contra de la razón y sentido común, por lo que se configura el presupuesto establecido en el artículo 45 numeral 2 literal d) de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional", concluyeron los jueces nacionales que analizaron el caso, por lo que ordenaron la liberación del procesado.

En contraste con la rápida acción de policías, juez y fiscal en esta supuesta violación, el defensor del Pueblo recibió otra denuncia. Se trata de una agresión contra una morador de San Cristóbal: el 29 de diciembre de 2019, según denuncia de su esposa Fanny Quezada, Angel Salazar alias "El Colorado", fue golpeado salvajemente por desconocidos en San Cristóbal, por lo que debió ir al hospital. Según el testimonio de la mujer, fueron a poner la denuncia en la Fiscalía y "una de las abogadas que trabajan ahí me dijo el día 29 que no había atención porque el fiscal estaba fuera de la ciudad y no se pudo hacer la denuncia y la policía que fue al hospital dijo que haría el parte respectivo". Según denunció la esposa de "El Colorado": "sabemos que uno de los dos posibles agresores de mi esposo, a los dos días después de que lo golperaron, o sea, el 1 de enero de 2020 ya salió de la isla". 

El proceso contra Edwin J. continúa, pero con un ingrediente adicional: la presunta víctima ha cuestionado la acción del defensor del Pueblo en su caso.

La queja de la presunta víctima: defiéndanme del defensor

Pero las acciones del defensor del Pueblo en esta supuesta violación han provocado el rechazo de la presunta víctima, Karen B. Ella y su abogada han cuestionado la presencia de Milton Castillo en la audiencia, que consideran de carácter reservado por ser de índole sexual.

La joven aseguró, en un escrito presentado ante la Junta Cantonal de Protección de Derechos de San Cristóbal, que "me encontraba en situación de desventaja frente a mi agresor, por cuanto no contaba con abogado que me ayude en la audiencia en forma particular, solamente con la intervención de la Fiscalía, a más de ello el poder económico que mantiene el agresor en esta ciudad".

La joven dijo también que la presencia del defensor "le incomodó" y que en algún momento el defensor le pidió que hiciera silencio, lo que, sostuvo, le pareció una agresión del delegado de la Defensoría del Pueblo que la "afectó emocionalmente". Para Karen J, el defensor Milton Castillo quiere "proteger al agresor" e inclusive, en una declaración radial, Castillo habría ventilado el hecho, lo que para Karen J estaría "vulnerando mi derecho como mujer y víctima de un delito sexual". Para la presunta víctima, las acciones del defensor han motivado comentarios en la pequeña población, que tiene siete mil habitantes, en su contra y han "disminuido mi autoestima y no puedo salir a la calle sola"".

La joven, con estos argumentos, obtuvo de la Junta una "boleta de auxilio y orden de restricción" contra el defensor del Pueblo, lo que incluyó la instalación de dispositivos electrónicos en su vivienda. Para la Junta, el defensor cometió "presunta violencia sicológica y simbólica". Las medidas concedidas por la Junta fueron ratificadas por la justicia y ejecutadas por la Policía local. Castillo ha presentado un recurso legal contra las medidas, pero aún no se resuelve. 

Para Castillo, en cambio, la queja de la joven solo pretende impedir que se lleve a caso la vigilancia del debido proceso en esta supuesta violación. El defensor se ratificó en que sus cuestionamientos al proceso de la supuesta violación se deben a que se realizó una audiencia por teléfono desde Cuenca, en lo que, en su opinión, viola claramente el debido proceso. "¿Puede el juzgador dirigir la audiencia y controlar las actividades procesales vía telefónica?", se preguntó. Para Castillo, su intervención ha sido imparcial, y busca garantizar los derechos de ambas partes. También negó que haya pedido a la joven que hiciera silencio, sino que fue el abogado de Edwin G, quien no escuchaba lo que el juez y el fiscal decían por teléfono, el que hizo el pedido. 

"Un juez sin rostro y un fiscal juzgaron desde Cuenca a una persona en Galápagos, lo que sera puesto en conocimiento de las autoridades pertinentes", sería todo lo que Castillo dijo en un programa radial, sin mencionar a la joven ni revelar su identidad, como ella alega. 

La defensa de la joven ha pedido al fiscal de la causa también la realización de actos urgentes contra Castillo, en la que sería una nueva consecuencia legal de las acciones del abogado quiteño en las islas.

Polémica en redes y en El Telégrafo

El caso de la presunta violación de Karen ha provocado una polémica en redes sociales y en la página editorial de El Telégrafo. En ese medio, la activista Alicia Galárraga publicó un artículo de opinión titulado "Primo y violador" en donde afirmó que "Por las fechas festivas, el juez y el fiscal no se encuentran en las islas y ante la imposibilidad de comunicarse con ellos por internet, se lo hace vía telefónica, ya que el artículo 565 del COIP así lo permite" y agregó que "La víctima fue violada sexualmente el 31 de diciembre de 2019 en Galápagos. El depredador, que responde a las iniciales E.J., es primo hermano de la madre de la víctima; por esta atrocidad fue denunciado por delito flagrante. En la audiencia de formulación de cargos aparece por primera vez el defensor del Pueblo de Galápagos, Milton Castillo, quien saluda efusivamente al agresor, como si fueran grandes amigos, ¿para presionar y amedrentar a los operadores de justicia y a la víctima?".

Castillo, por su parte, solicitó un espacio de réplica al medio oficial, en donde explicó que "Mientras se decidía el Habeas Corpus se reformularon cargos de abuso sexual a violación. A la fecha está abierta la instrucción fiscal y aunque se ordenó la salida inmediata del sospechoso, aún sigue detenido. Los hechos están aún en investigación. El fiscal ya no está en la causa, pues debe explicar a sus superiores las razones de su comportamiento y un nuevo fiscal deberá retomar el caso. La víctima, cuya dignidad respeto profundamente, no ha sido afectada nunca por el defensor del Pueblo de Galápagos, al contrario, la Defensoría, al exigir el debido proceso defendió sus derechos, aunque ella crea que la orden de libertad de su presunto agresor fue un acto en su contra. La abogada de la víctima me denunció como agresor, ella sostiene en que yo debí callar y no divulgar el procesamiento telefónico, y eso me ha ordenado una jueza ahora, a pesar de que la Corte Nacional nos dio la razón".

Aunque el acusado aún no ha sido liberado, a pesar de la sentencia de la Corte Nacional, se conoció que la acusación busca que se le dicte alguna otra medida cautelar, para evitar que abandone la isla en caso de ser liberado. Sin embargo, dado que se podría alegar la nulidad de lo actuado hasta el momento, es posible que deba haber una nueva audiencia de formulación de cargos en este caso, que debería contar con la presencia física del juez y del fiscal de la Isla. 

Este portal intentó obtener las versiones de las abogadas de la presunta víctima en Quito y Galápagos para conocer sus puntos de vista, pero luego de un diálogo por vía telefónica, éstas declinaron hacer cualquier comentario y pidieron que no se publique lo conversado. 

Castillo, de su lado, ha dirigido una carta al ministro-gobernador de Galápagos, el abogado quiteño Norman Wray, quien representa al Ejecutivo en las islas. En la carta a Wray, el defensor hace un resumen de las irregularidades que cree haber encontrado, como la audiencia a larga distancia, las quejas contra el notario, entre otros, por lo que pidió a Wray que convoque a la mesa de justicia de Galápagos con la presencia de la presidenta del Consejo de la Judicatura y de la fiscal general de la nación. "Nos interesa solucionar problemas que aquejan a la población de manera gravitante en su vida diaria", explicó Castillo a Wray en su misiva.