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8 de Diciembre del 2019
Historias
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8 de Diciembre del 2019
Redacción Plan V
El drama de las ex maestras comunitarias que piden afiliación al IESS
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Fotomontaje: PlanV

 

Miles de ex maestras comunitarias, que argumentan que trabajaron para el Ministerio de Educación, en algunos casos, durante décadas, aseguran que ni el Gobierno ni el IESS solucionan su pedido de que se les afilie a la seguridad social, a pesar de algunos dictámenes a favor obtenidos durante un reclamo que está por alcanzar los 15 años.

Son, en su gran mayoría, mujeres de la tercera edad. Visten con discreta modesta, y algunas, por efecto de los años, caminan con ayudas como bastones. Trabajaron como maestras comunitarias en centros fiscales, en algunos casos, durante décadas, sin que el Ministerio de Educación les afiliara a la seguridad social. Aunque la mayoría de programas en los que daban clases han sido ya eliminados, en un proceso que se inició con fuerza durante el gobierno anterior, no han logrado todavía que el Ministerio y el IESS den solución a su problema. Ahora, muchas de ellas presentan problemas de salud que no pueden solventar sus familias, por lo que estiman que destrabar el tema puede ser una salida para una vejez digna y tranquila. 

Esperanza Andrango, una de las ex maestras que encabeza la lucha, explica que desde hace por lo menos 14 años que una gran grupo de educadores comunitarios, que trabajaron para el Estado y fueron pagados con dinero público del Ministerio de Educación, participaron en planes como campañas de alfabetización, educación para adultos, centros artesanales, centros ocupacionales, y bibliotecas, así como educación intercultural bilingüe. 

Muchas de ellas presentan problemas de salud que no pueden solventar sus familias, por lo que estiman que destrabar el tema puede ser una salida para una vejez digna y tranquila.

Esperanza Andrango destaca que el Ministerio de Educación se niega a pagar los aportes al IESS. 

Según la ex maestra, quien estuvo en funciones hasta 2013, en primera instancia varias de estas tareas le fueron encargadas a los mismos profesores fiscales, pero pronto fue necesario que otras personas se encargaran de ellas, lo que motivó que el Ministerio contrate a otro grupo de personas, lo que fue el germen del proceso de educación comunitaria. Estas personas recibían una especie de bonificación, explica la mujer, de ahí que también se los conocía como "profesores bonificados". Cuando se produjo la dolarización, esa cantidad era de USD 40. Pero el trabajo de estas personas no se oficializó por medio de contratos escritos, asegura, sino por medio de contratos verbales que están reconocidos en la legislación laboral. 

Este trabajo, recuerda Esperanza, cumplía con otros requisitos de trabajo formal, como la realización de supervisiones y de controles periódicos por parte del Ministerio de Educación. "El Ministerio tenía sus exigencias laborales, pero no pagaba ninguna compensación laboral", recuerda la ex maestra. En ese marco el Ministerio, tampoco pagaba el IESS de ninguna de esas personas, sino solamente de los maestros fiscales. En esta modalidad llegaron a trabajar cerca de 13 mil personas. 

Sin embargo, un gran porcentaje de estas personas no tenían títulos universitarios, lo que motivó que a su vez, el Ministerio impulsara un proceso de profesionalización con el apoyo de universidades locales. 

En 2005 un gran grupo de estas personas presentó un reclamo al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entidad que en una primera instancia demostró apertura y tramitó la queja. El Consejo Directivo de la época aceptó que se elaboren las planillas respectivas y se determinen los valores que el Estado debería pagar por los aportes.

Reclamo al IESS

En 2005, relata la mujer, un gran grupo de estas personas presentó un reclamo al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entidad que en una primera instancia demostró apertura y tramitó la queja. El Consejo Directivo de la época aceptó que se elaboren las planillas respectivas y se determinen los valores que el Estado debería pagar por los aportes de estas personas. Los ex maestros llevaron el reclamo hasta la emisión de glosas, títulos de crédito y órdenes de cobro y embargo contra el Ministerio de Educación, proceso que tomó hasta el 2009. Con las certificaciones de las instituciones en donde trabajaron, lograron que el IESS reconociera el derecho para el pago de los aportes y fondos de reserva, tomando como referencia el año 1980. Cerca de cinco mil personas lograron presentar estos respaldos, sosteniendo que trabajaron en 13 provincias del país. 

Pero cuando el gobierno de Rafael Correa asumió el poder, en 2007, se inició un lento pero consistente proceso de eliminación de esta modalidad de enseñanza en todo el país. Para Esperanza, el gobierno del ex presidente fue "nefasto" para este sector social, pues en lugar de reconocer los años de servicio que ya tenía y proceder a una afiliación a la seguridad social, como solicitiban, propuso un arreglo que consistió en darles contratos ocasiones como profesores, para acceder a los cuales eran necesario hacer expresa renuncia de estos reclamos. Según la ex docente, el ex ministro del correísmo, Raúl Vallejo, prohibió que se entreguen más certificaciones para los reclamantes, lo que significó que hasta 8000 de ellos ya no puedan reclamar ante el IESS. El IESS abandonó su intento de cobrar al Ministerio de Educación que ya habían sido emitidos. 

La decisión del gobierno anterior que no reconocer este proceso incluyó que el IESS, presidido entonces por Ramiro González, un político claramente alineado con Correa, diera marcha atrás en el proceso de reconocimiento de los aportes solicitados, explica María. La nueva postura del IESS fue que no aceptarían que los ex maestros tenían ningún derecho sino había de por medio una sentencia judicial. Un grupo de cerca de 220 ex docentes de Manabí y Esmeraldas, explica la mujer, sí presentó una demanda sobre el tema, que se tramitó entre 2006 y 2012, con esa intención y obtuvo un fallo favorable, aunque eso no ha beneficiado a todos sino únicamente a los demandantes. Actualmente, el valor referencial que toman los reclamantes alcanzaría por lo menos 30 millones de dólares. 

Las ex maestras, durante 14 años, ha presentado su reclamo ante la Asamblea Nacional, el Consejo de Participación y Control Social, la Defensoría Pública, la Defensoría del Pueblo, entre otras instancias. La Defensoría del Pueblo está realizando, actualmente una mediación. Las reuniones han sido constantes, pero no hay una propuesta de solución, explica Esperanza Andrango.

La nueva postura del IESS fue que no aceptarían que los ex maestros tenían ningún derecho sino había de por medio una sentencia judicial. Un grupo de cerca de 220 ex docentes de Manabí y Esmeraldas, explica la mujer, sí presentó una demanda.

Contratos por dos años

Los contratos que se otorgaron en 2013, a partir de entonces, sí incluyeron la afiliación al IESS, pero solo del tiempo de duración del contrato, desconociendo el resto del tiempo que pudieran haber colaborado con el Ministerio de Educación. Algunos de estos maestros, por su parte, lograron ingresar al magisterio nacional con nombramientos, al haber participado y ganado en algunos concursos para plazas fijas. 

Esperanza lleva en una carpeta algunos documentos que cree son clave en este caso. Uno de ellos es una certificación de una ex docente que laboró en Chimborazo durante 60 años, desde 1947, en una certificación concedida en 2008. Ella fue la persona con más años de trabajo en el programa. 

También presenta los títulos de créditos emitidos por el IESS contra el Ministerio de Educación, así como la sentencia emitida por la justicia a favor de 183 maestros de Manabí, quienes sí lograron que el Estado les pague su reclamo de aportes a la seguridad social. La sentencia fue emitida en enero de 2016. Otra sentencia laboral emitida a favor de una conserje en un centro artesanal, es otro argumento que esgrimen las ex maestras. 

Otro documento son órdenes de embargo dictadas por el IESS, que tampoco pudieron ser efectivizadas, pues el Banco Central certificó en 2009 que el Ministerio de Educación no tenía dinero en la cuenta que mantenía en ese banco. 

Hay órdenes de embargo dictadas por el IESS, que tampoco pudieron ser efectivizadas, pues el Banco Central certificó en 2009 que el Ministerio de Educación no tenía dinero en la cuenta que mantenía en ese banco.

Al analizar este tema en 2016, la Corte Constitucional  -ante la que los abogados del Estado, por pedido del ex ministro Augusto Espinosa, llevaron el caso- sostuvo que “Desde aquella perspectiva, para esta Corte resulta acertado el razonamiento realizado por los jueces nacionales dentro de la sentencia demandada, puesto que con fundamento en normas jurídicas aplicables al caso, han garantizado a favor de los educadores comunitarios su derecho constitucional a la seguridad social a través de la afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, siendo esta una obligación insoslayable del Ministerio de Educación, por cuanto el derecho a la seguridad social es irrenunciable y, como tal, es deber y responsabilidad primordial del Estado el garantizar y hacer efectivo el ejercicio pleno de dicho derecho”, aunque esto se aplica exclusivamente para los 183 que siguieron la demanda. 

Actualmente, el Ministerio pretende desconocer los avances en el proceso, asegura la dirigente, eliminando de la lista a por lo reclamantes de cinco de las trece provincias. En el actual gobierno, admite, se ha logrado una mayor atención sobre el problema, pero no hay todavía ninguna respuesta. Los títulos que el Gobierno podría reconocer alcanzarían hasta USD 12 millones. 

En un análisis reciente sobre el tema, Andrés Quishpe, Elba Morales e Isabel Vargas sostienen que "La actividad que desarrollaron con el Ministerio de Educación, no ha sido cuestionada por éste, por el contrario, les entregó las certificaciones correspondientes; es más, el mismo IESS emitió glosas y títulos de crédito en contra de esta Cartera de Estado valorados en $18´293.911,26 correspondientes a 13 provincias por no afiliar a sus educadores comunitarios, sin embargo, hasta la presente fecha este instituto no impulsa las acciones de cobro a través de la jurisdicción coactiva conforme lo dispone la Ley de Seguridad Social".

Para los analistas, "no cabe alegar que la relación laboral debe ser declarada de manera previa por la vía judicial o administrativa, como condición para hacer realidad el derecho a la seguridad social. Pretender que primero exista un juicio para que se los afilie al IESS, sería una violación del Estado a sus derechos humanos; sería como que cada una de las personas deberíamos enjuiciar al Estado para que se nos respete y garantice el derecho a la vida, a la alimentación, a la salud, al buen vivir; lo cual es absurdo. Además resultaría flagrantemente y discriminatorio, pues solo gozarían del derecho a la seguridad social, a la vida, a la salud, quienes enjuicien al Estado y obtengan sentencia, los que no lo hicieren estarían privados de estos derechos".

El caso de Marta 

Marta Godoy Narváez  trabajó durante 36 años en este programa del Ministerio de Salud, en un centro ocupacional en Calderón, dictando clases de corte y confección. Asegura que trabajó solamente para estos servicios educativos del Ministerio de Educación desde 1980 hasta 2016, cuando dejó de laborar en el centro. "Somos personas mayores, estamos ya en la tercera edad", dice la mujer, quien asegura que su aspiración es contar con la seguridad social. La mujer afirma que los gastos de salud "he tenido varias enfermadades graves" sostiene, han sido solventados por mi familia. "En cada reunión solo nos dan largas, piden más plazo para revisar los documentos. Solo pedimos una vejez digna". 

El reclamo de Antonieta

Antonieta Chiriboga tiene 72 años de edad y fue profesora de corte y confección. Asegura que trabajó por 35 años para el Ministerio. Pese a haber trabajado durante toda su vida, no tiene casa propia y sus hijos le ayudan con su manutención y arriendo. "Con lágrimas en mi ojos pido que nos ayuden a hacer justicia, muchas compañeras han fallecido sin tener absolutamente nada igual que uo", dice mientras, efectivamente, se conmueve. Antonieta trabajó en centros artesanales y su último trabajo fue como parvularia en 2016. Ella aceptó un contrato de trabajo de los que ofreció el gobierno anterior. 

El pedido de Elena

Elena Sotaminga trabajó desde 1984 como profesora comunitaria, en varios centros populares de enseñanza en el norte de Quito. Sus labores se desarrollaban en casas comunales y en locales prestados por los barrios según las necesidades de los distintos sectores en donde laboró. En 2013 aceptó un contrato, con un sueldo de USD 350. Le mantuvieron con esa modalidad hasta 2015, cuando el centro donde trabajaba fue cerrado. Asegura que deberían reconocerle lo que trabajó antes, y no solamente los dos años que le duró su último contrato con el Ministerio. 

La situación de María del Carmen

Durante 33 años, María del Carmen Marcillo laboró como maestra comunitaria en el cantón Rumiñahui. En 1981 empezó a trabajar en un barrio de Alangasí, en donde estuvo sus primeros dos años. Mientras estudiaba derecho, fue trasladada a una brigada de Ingenieros del Ejército, ubicada en el sector de La Balvina. Cuando explotó el polvorín de esa brigada, la labor educativa se suspendió. Ella trabajaba en la noche, en un punto que dista siete kilómetros de su casa, y que caminaba varios de esos por falta de transporte. Fue profesora de primaria en el cuartel militar, y luego pasó a un centro artesanal durante diez años, al cabo de los cuales retornó a la Brigada. Tras 27 años de maestra comunitaria firmó en 2010 un contrato con el cual se le mantuvo hasta 2015. 

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