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8 de Noviembre del 2015
Historias
Lectura: 8 minutos
8 de Noviembre del 2015
Carlos Poveda
Ex coordinador de la veeduría internacional para la reforma judicial. Es abogado y doctor en Jurisprudencia. Especialista superior en Derecho Procesal. Catedrático.
El espionaje a "Los cuatro de El Chasqui"

Durante el cierre de la Panamericana, en los páramos de El Chasqui, en las faldas del Cotopaxi, el ministro del Interior, José Serrano, increpó a los hoy procesados. 

Un agente policial de Cotopaxi solicitó "una indagación previa, ante posibles cometimientos de delitos, así como la autorización para poder realizar grabaciones, filmaciones y tomas fotográficas a fin de poder identificar y responsabilizar individualmente a las personas que ejecuten o lideren actividades tendientes a la agresión física de personas, alteración del orden público y destrucción de bienes públicos y privados”.

El Gobierno nacional siempre ha emplazado a los opositores,  de manera especial a los movimientos sociales, para que demuestren que sus dirigentes han sido perseguidos, para lo cual -se ha denunciado- se establecen figuras delictivas para sancionar su divergencia ideológica.

Siempre han existido estrategias para señalar que nadie persigue a los ciudadanos que forman parte de los sectores disconformes, y que los actos en los cuales se encuentran investigados son por conductas tipificadas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Molesta al Gobierno y a la autoridades de la Judicatura la insistente observación de que la independencia judicial no existe como garantía en el Ecuador, y salen al paso pidiendo pruebas, como  sucedió ante la renuncia del ex juez del Azuay doctor Miguel Arias, donde el Presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, “demostró” que no existe persecución a los jueces que no aceptan órdenes de carácter político.

No es la intención de este artículo generar juicios paralelos para presionar a la clase judicial, más tímida que nunca, pero sí mostrar lo que siempre la “verdad oficial” requiere: pruebas.

El juicio número  05283-2015-04069 se tramita en la Unidad Judicial Penal con sede en la ciudad de Latacunga, Cotopaxi.

La Fiscalía de Cotopaxi lo sigue en contra de Juan Broncano y otros, por el delito denominado "paralización de un servicio público", contemplado en el artículo 346 del COIP. El caso es conocido también como Los cuatro de El Chasqui.

Se puede revelar la criminalización del levantamiento indígena, pero sobre todo para probar fehacientemente que, en especial  los líderes y lideresas de esta caminata, fueron vigilados por organismos de inteligencia policial sin haberse observado los mínimos protocolos jurídicos idóneos para este tipo de actuaciones.

Dentro del expediente aparece un documento que sería la clave para revelar la criminalización del levantamiento indígena, pero sobre todo para probar fehacientemente que, en especial  los líderes y lideresas de esta caminata, fueron vigilados por organismos de inteligencia policial sin haberse observado los mínimos protocolos jurídicos idóneos para este tipo de actuaciones.

El expediente contempla la actuación administrativa 2000-AA-OF-30-2015, por el delito de “Otros actos administrativos”, con fecha de inicio 05-08-2015, siendo "el denunciante" el oficio número 2048-PJX-205 y como imputado: “MARCHA INDÍGENA 09-08-2015”.

Con fecha 5 de agosto del 2015, a través de la comunicación de un agente policial sin identificación, del que consta únicamente las iniciales JPIX, a las 08H00 informa, mediante  parte informativo, que estaba presente en una rueda de prensa del día anterior, en la sede del Movimiento Indígena  y Campesino de Cotopaxi, canal TV MICC, donde dirigentes indígenas, estudiantiles y laborales, "habían amenazado con paralizar servicios de propiedad pública y privada, así como atentados contra la integridad física".

En este documento, el agente policial solicita se dé “apertura una indagación previa, ante posibles cometimientos de delitos, así como la autorización para poder realizar grabaciones, filmaciones y tomas fotográficas a fin de poder identificar y responsabilizar individualmente a las personas que ejecuten o lideren actividades tendientes a la agresión física de personas, alteración del orden público y destrucción de bienes públicos y privados”.

A la fecha en la cual este servidor policial no identificado realiza esta operación  supuestamente encubierta, la marcha indígena ni siquiera había llegado a la provincia de Cotopaxi; es decir, se solicitaba la apertura de investigaciones judiciales por actos que si bien es cierto se anunciaban,   mas no se habían perpetrado; tampoco se enunciaba o determinaba a los presuntos autores, pero lo más claro es que se requerían, desde el 9 de agosto del 2015, órdenes de seguimiento a través de fotografías y filmaciones.

Nadie había dispuesto al agente que se actúe en condición de operación encubierta, la misma que debió ser autorizada y fundamentada por el Fiscal. El servidor policial se introdujo sin la orden pertinente, en un escenario vedado para este tipo de situaciones, de conformidad a lo que dispone el artículo 22 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado.

Sin embargo con fecha 5 de agosto de 2015, las 14H12 se ingresa este documento a la Fiscalía a través de acto administrativo, y la Fiscal en la misma fecha, 29 minutos después solicita al Juez de turno para que autorice: tomas fotográficas, grabaciones y filmaciones.

La jueza de la Unidad Judicial Penal con sede en el cantón Latacunga, se demoró una hora para autorizar al titular de la Jefatura de Inteligencia Policial de Cotopaxi la realización de “fotografías, grabaciones y filmaciones”, disponiendo que se evacue la orden desde el 9 de agosto hasta que la marcha pase por esta ciudad. No se concretan nombres, apellidos, lugares, ni responsables; es una disposición abierta y general, todo en virtud de un acto urgente que necesitaba de un delito ya cometido o evitar su consumación.

De estos eventos, en el mismo expediente de Fiscalía se confirma la existencia de 87 tomas fotográficas, las cuales tiene la policía y cuyo contenido se desconoce hasta la actualidad.

Este accionar contraría al propio COIP, transgrede la Ley de Seguridad Pública y del Estado, fulmina el derecho penal y pisotea la Constitución de “300 años”, con la intervención de policías, fiscales y jueces  a quienes se les  “disciplina” utilizando su estabilidad  e  infringiendo temor a los sumarios administrativos, como lo ocurrido, dentro de la misma Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi, donde  el juez ponente fue suspendido como medida preventiva por noventa días con sueldo, por el hecho de haber declarado la nulidad de una investigación en el caso del ex asambleísta Galo Lara.

Lo curioso de la injerencia disciplinaria, radica en que fueron dos jueces y una jueza, los que por unanimidad emitieron la resolución y solo uno de ellos, el ponente, fue desde ya sancionado.

Pero ahora se les viene el segundo sumario a los mismos jueces y jueza de esta Sala Penal, por haber aceptado el hábeas corpus a favor de los tres indígenas del caso relatado, quienes después de su aprehensión fueron trasladados sin autorización y conocimiento judicial al centro de privación de libertad de la ciudad de Guayaquil.

La resolución en mención consta dentro del juicio número 05102-2015-00014, el juez de Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi responde  a los nombres y apellidos de Julio César Molina , quien con la doctora Rosario Freire y Fernando Tinajero se encuentran siendo investigados por la inconducta de no haber accedido a las presiones, y considerarse independientes del poder político.

Días después de estas supuestas investigaciones y seguimientos, fueron agredidos los rostros visibles del levantamiento indígena: Salvador Quishpe, prefecto de Zamora; Carlos Pérez Guartambel, presidente de la Ecuarunari; Manuela Picq, compañera sentimental de Carlos Pérez, quien se vio obligada a  salir del país y Lourdes Tibán Guala; actualmente enjuiciados todos a excepción de Manuela Picq, pero además Jorge Herrera como Presidente de la Conaie y Franco Viteri como Presidente de la Cofenaie.

Lo anecdótico y también sistemático,  es que  a sus agresores no se los ha identificado y mucho menos investigaciones que diluciden los motivos de sus ataques.
 

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