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6 de Noviembre del 2020
Historias
Lectura: 15 minutos
6 de Noviembre del 2020
Redacción Plan V
El feriado más violento contra las mujeres
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Marilyn fue asesinada por su expareja en Nanegal, en el noroccidente de Quito. En la imagen, están sus familiares durante el velorio. Foto: Diario Extra

 

En cuatro días de asueto se registraron tres femicidios cuando el promedio mensual de este delito en el país es de cinco. Dos de las tres víctimas fueron heridas con armas blancas. Una recibió 24 puñaladas. La otra, 113. Una tercera fue encontrada tirada en un patio. Las cifras oficiales registran 67 femicidios en lo que va del año. Las organizaciones dicen que ya son más de 87. Todos los indicadores de violencia contra la mujer y la familia se han disparado.


“En el terreno está una mujer muerta”, dijo un niño a la hermana de la víctima. Su nombre es Marilyn. Su cuello tenía dos cortes profundos. Ella tenía 25 años y su agresor, Roberto Carlos, 31. El cuerpo de Marilyn fue hallado a la siguiente noche de una reunión con amigos.  Ella se quedó sola con él, quien fue su expareja. Como no regresó esa noche, su hermana fue a la casa de  Roberto Carlos donde fue el último punto donde estuvieron los amigos. En el baño, la pariente encontró la ropa de él ensangrentada. Luego vio el cuerpo de Marilyn en el patio de la casa ubicada en Nanegal, al noroccidente de Quito. El agresor se entregó a la Policía.

Este crimen sucedió en la madrugada del pasado 2 de noviembre, durante uno de los asuetos más largos del año. Quizá es uno de los feriados más violentos también: en cuatro días se registraron tres femicidios cuando el promedio mensual de este delito en el país es de cinco.

El 1 de noviembre, en Ambato, los gritos de una mujer alertaron a la Policía. Cuando llegaron al segundo piso de una vivienda encontraron a una mujer de 28 años ensangrentada. Ella tenía 24 puñaladas, 17 de ellas por la espalda. Estaba muerta. Su agresor intentó fugarse pero fue aprehendido. La joven fue la segunda víctima de la noche del detenido, pues antes había apuñalado al hombre con el que la encontró. Él tuvo la oportunidad de huir y pedir ayuda.

A menos de dos meses de que culmine el 2020, las cifras oficiales de femicidios mantienen la tendencia del 2019. De enero hasta el 5 de noviembre de este año, la Fiscalía ha reportado 57 femicidios, mientras que en el 2019 hubo 61 crímenes de este tipo en el mismo periodo. El promedio mensual está casi empatado tanto el 2019 como el 2020: alrededor de cinco femicidios.

Pero hay meses en los que el promedio se ha duplicado. En este 2020, el peor mes fue mayo cuando se registraron 11 femicidios en plena pandemia. De hecho, en los últimos dos años no se ha registrado un número de femicidios tan elevado en un solo mes. Eso en contraposición a las primeras semanas de la pandemia cuando se contaron dos femicidios en marzo y cinco en abril. Desde mayo, no solo estas muertes violentas tuvieron un incremento, sino todos los indicadores de violencia de género e intrafamiliar.

A mediados de abril, el número de denuncias de violencia sexual empezaron a despegar. Al inicio de la pandemia las denuncias por abuso sexual cayeron a nueve por semana. Ahora el punto más alto se dio en la semana del 21 de septiembre cuando se registraron 172 denuncias. Lo mismo sucedió con abuso sexual: una denuncia registrada en la última semana de marzo ahora la cifra llega a 38. Las violaciones también tienen esa tendencia: su punto más bajo fue también la última semana de marzo con 15 casos y el más alto se registró a mediados de octubre con 142 casos.

Mientras que la violencia física contra la mujer o miembros de la familia empezó a denunciarse con más frecuencia desde mayo y desde entonces el promedio de denuncias están en las 90 semanales. En cambio, se han disparado las denuncias por violencia psicológica. De acuerdo a las cifras oficiales, de 20 a 50 denuncias semanales han pasado a registrarse hasta 752 en una sola semana, como ocurrió a mediados de septiembre.

Pero las organizaciones de mujeres y colectivos feministas mantienen su discrepancia con los datos sobre femicidios. Según su último reporte, hasta el 30 de octubre, van 87 femicidios a escala nacional. Ese cuadro trágico incluye a 13 menores de edad, de los cuales ocho niñas tenían menos de 10 años. Ellas son Paula, María, Emili, Sasha, Daniela, Valentina, Maité y Emilia.

La diferencia entre cifras oficiales y de las organizaciones ha sido histórica. Desde el 2014 –año en que se tipificó al femicidio como delito– las estadísticas de la Fiscalía cuentan 434 crímenes contra mujeres hasta el 4 de noviembre. Mientras que la Alianza para el Monitoreo de los Femicidios en Ecuador, que incluye a seis organizaciones, habla de 813 femicidios desde el 2014 hasta el 4 de octubre pasado.

Ese cuadro trágico incluye a 13 menores de edad, de los cuales ocho niñas tenían menos de 10 años. Ellas son Paula, María, Emili, Sasha, Daniela, Valentina, Maité y Emilia.


El  1 de noviembre, hubo conmoción en Cuenca por el femicidio de una mujer. Foto: Diario La Hora

De las 87 mujeres y niñas asesinadas en este 2020, 47 eran madres, es decir más del 50% de las víctimas. Ese fue el caso de Maribel Pinto, quien dejó huérfanos a cinco hijos, tres de ellos aún menores de edad. Su ataque fue en una mecánica de la parroquia Totoracocha de Cuenca. En la madrugada del 3 de noviembre, hacia las 04:00, un ciudadano escuchó gritos dentro de ese negocio y creyó que era una pelea entre un hombre y una mujer. Llamó a la Policía. Cuando los uniformados llegaron, encontraron a Maribel desnuda. El informe de autopsia confirmó que tenía 113 heridas provocadas por un arma blanca. Su agresor también intentó huir cuando se presentó la Policía. Aunque corrió fue alcanzado y detenido. Sus manos, rostro y pantalón estaban manchados de sangre.

Blanca Pacheco, miembro de la Fundación María Amor y del Cabildo por las Mujeres de Cuenca, cuestiona que en este caso se haya publicado la actividad de Maribel. La Fiscalía informó que era una trabajadora sexual. “Los medios siguen justificando la razón del femicidio, publicar la actividad es un intento de justificar la violencia”, asegura Pacheco. La Fundación ha brindado apoyo psicológico a las cinco hijas de Maribel.

Pero no es el único caso reciente que ha impactado a esa ciudad del Austro en los últimos meses. En julio, quedó grabado en las cámaras de seguridad de un supermercado cómo un hombre se abalanzó contra Gabriela A., de 24 años. Diego Gonzalo B. la atacó con un cuchillo y a otro acompañante. Él tiene un hermano que también está detenido por femicidio. La última audiencia de este caso se suspendió porque Diego Gonzalo B. pidió un examen psiquiátrico. Pero lo hizo muy poco antes de la audiencia. Para Pacheco, eso deja en entredicho el proceso ágil e inmediato que debe haber en estos delitos.

Otro caso ocurrió en agosto pasado. Se llama Gabriela L. Tenía 36 años y dejó dos hijos en la orfandad. Uno de ellos, de 10 años, quien encontró a su madre sin vida en una de su casa ubicada en el Centro Histórico de Cuenca. Llamó al 911. Su agresor fue su pareja, quien la estranguló y asfixió. Él se fugó y fue encontrado en la casa de su madre. Se declaró culpable, pero en el proceso cambió de versión.

Pacheco asegura que los casos que se vuelven mediáticos tienen una mayor atención de la justicia, pero cree que existe muchos otros crímenes que no se conocen. De hecho, durante la pandemia, organizaciones de mujeres manifestaron su preocupación sobre la posibilidad de que algunas muertes violentas pudieran pasar como un deceso por el virus.

Pacheco dice que en esos dos casos se observó una crueldad intencionada. Sostiene que la persona no actuó por un impulso, sino que conocía cómo causar un riesgo vital a la mujer. Esa saña con la que matan a las mujeres las tiene en alarma.

La activista sostiene que ese exacerbo tiene que ver con la impunidad. Según ella, el mensaje que está dando el Estado es que se puede golpear y asesinar a las mujeres. Las mismas organizaciones dicen sentirse solas, agrega, y que la ley no tiene quien la imponga. Para ella, los casos de femicidio tienen que ver con la carencia de respuestas para las mujeres que deciden denunciar. Algunas desisten de hacerlo por los procesos engorrosos.

Entonces, en un contexto donde la violencia está naturalizada, el riesgo no disminuirá. En lo que va del año se han registrado cinco femicidios en Azuay, cuatro de ellos en Cuenca. Pacheco dice, sin embargo, que las estadísticas no cuentan toda la realidad. Pero gracias a la labor de las organizaciones, más mujeres han empezado a denunciar. Ahora las mujeres identifican las situaciones que las ponen en riesgo e intentan salir de ella.

“La pandemia demostró que los datos de la violencia son alarmantes y que no hay suficientes procesos de protección de las mujeres. Hay que pensar en qué pasa con los sobrevivientes. Los gobiernos deben incorporar esa mirada integral”, dice Pacheco. Y esa mirada integral debe incluir a los hijos y sus proyectos de vida.


En julio pasado, Gabriela A. fue atacada con un cuchillo después de salir de un supermecado. Foto: Captura

Para ella, los casos de femicidio tienen que ver con la carencia de respuestas para las mujeres que deciden denunciar. Algunas desisten de hacerlo por los procesos engorrosos.

En Cuenca, hay una Mesa Cantonal para la Prevención y Erradicación de la Violencia, que está formada por autoridades y organizaciones. La dirige el Alcalde o el Concejal de Género. Esta mesa ha trabajado en un plan emergente para dar respuesta durante la pandemia a la violencia que viven las mujeres. Incluye la atención sanitaria, el uso de medios digitales para la ayuda a través de líneas telefónicas y la prevención como guías de qué debe hacer la Policía para actuar rápido. Ese plan estará vigente hasta diciembre y se busca su ampliación para el próximo año.

Katherine Mosquera, integrante de Mujeres por el Cambio, coincide en que es imposible disminuir los femicidios si no hay políticas de prevención. Una educación basada en derechos humanos y en la eliminación de estereotipos sobre las mujeres, dice que deberían ser algunas acciones. “El ‘maridito es, así pegue o mate’, se sigue reproduciendo dentro de las familias”, afirma. Esta organización funciona desde hace cinco años y su objetivo es visibilizar la situación de las mujeres.

Pero también apoyan a las víctimas. Por ejemplo, han dado la asesoría legal a Gabriela A., la víctima sobreviviente. Ellas han recopilado las pruebas, como un video donde se ve al agresor intentado matarla, que serán presentadas en la audiencia del 30 de noviembre. Esta situación se debe también como consecuencia de la pandemia y los altos índices de desempleo que ha dejado a su paso. Cuenta que las casas de acogida se llenaron en estos meses y las organizaciones han tenido que recurrir a albergues temporales. Gabriela perdió el empleo tras haber sido apuñalada en el supermercado donde trabajaba.

Ahora, gracias a los colectivos, consiguió un trabajo por horas. Ella había presentado denuncias y se había separado en dos ocasiones de su pareja. La Policía no efectiviza las medidas de protección, dice Mosquera. En el caso de Gabriela L., ella también tenía medidas de protección.

   PUNTO DE VISTA   

‘Ya no hay esa respuesta y no todos los servicios están funcionando’

Pilar Rassa, abogada de Surkuna

La violencia contra las mujeres no solo persiste sino que aumenta. Lo cual quiere decir que no existen políticas públicas de prevención. Se hace todo lo contrario, se han quitado recursos para todos los asuntos que atañen a las mujeres. La Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres sigue sin ser ejecutada. En la pandemia, las organizaciones pusimos líneas telefónicas, pero desde el Estado es muy poco lo que ha hecho. Hay un descontrol en las cifras.

Solo en la pandemia hubo 62 femicidios. Y muchas víctimas prefieren dejar los casos en la impunidad antes que ir a un tortuoso proceso judicial. Aún hay problemas de movilización, de cómo sustentar a la familia y la imposibilidad de las mujeres de acceder a la justicia.

Falta una campaña de prevención de la violencia. En marzo, las primeras que reaccionamos fuimos las organizaciones. Pero las instituciones del Estado empezaron a trabajar desde abril con las llamadas telefónicas al ECU911. Nosotras llamábamos a la Secretaría de DDHH y logramos salvar unos casos. Por ejemplo, en mayo pasado, una señora nos llamó y nos dijo que su sobrina no quería irse con la mamá. Es una niña de 11 años. Luego se supo que el padrastro abusaba de ella. Llamé a la Secretaría, que habló con la Policía y las psicólogas. Logramos detener que vuelva a su casa.

Ahora, ya no hay esa respuesta y no todos los servicios están funcionando. Las mujeres han ido a poner denuncias por violencia psicológica y física, pero en la Fiscalía no las reciben porque no tienen marcas. Pero no entienden que van a poner la denuncia porque ya puede caminar o porque ya se les quitó las marcas en la cara, pues no quieren salir así por vergüenza. Es como si les dijeran: ‘entonces espere a la siguiente paliza’”.

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