Fue uno de los tópicos más sonados del correato. Cambiar la "matriz productiva", la forma en la que se articula la economía del Ecuador desde los primeros tiempos de la República. Dejar de depender de exportar productos primarios como camarón, petróleo o banano y empezar a desarrollar una industria propia, una "industrialización sostenible", con innovación y alta tecnología.

Mirar hacia países del Asia como Corea del Sur, que habían transformado su economía desde el subdesarrollo tradicional basado en el campo hacia industrias con tecnologías de punta. Y el "estado de propaganda", el aparato de mentiras oficiales del correato, empezó a posicionar la idea de que Ecuador construiría en un paraje de Imbabura, en Yachay, su propio Valle del Silicio, su propio MIT, su fábrica de científicos y su espacio para la alta tecnología. 

Al mismo tiempo, la propaganda oficial vendía la importancia de construir nuevas obras de infraestructura, como carreteras y autopistas, aeropuertos, puertos, y hasta una refinería gigantesca cerca de Manta, en El Aromo, para instalar ahí un complejo petroquímico de talla mundial. También se decía que el Ecuador aprovecharía sus grandes ríos para la construcción de plantas hidroeléctricas, con la ayuda del capital chino. 

Estos sueños empataban con uno de los Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas, el número 9, que la Organización define como "Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación". En esos tres ejes se levantaba la propuesta del cambio de la matriz productiva, de la que lo que quedó fueron algunas obras de infraestructura. Pero se trata de un objetivo con metas un tanto difusas. Así, la ONU sostiene que las inversiones en infraestructura (transporte, riego, energía y tecnología de la información y la comunicación) son cruciales para lograr el desarrollo sostenible y empoderar a las comunidades en muchos países.

Para la ONU, desde hace mucho tiempo se reconoce que el crecimiento de la productividad y los ingresos y las mejoras en los resultados de la salud y la educación requieren inversiones en infraestructura. De ahí que ha definido por lo menos ocho metas y 12 indicadores para este ODS.  

Buena parte de la propuesta del régimen anterior de cambio de la matriz productiva, que consta en el Plan del Buen Vivir entre 2013 y 2017 está inspirada en las metas definidas por la ONU. 

El intento del cambio de la matriz productiva

En su libro "La Década Desperdiciada" (2018), Alberto Acosta y John Cajas analizaron algunos de los empeños correístas para lograr una mayor industrialización, un aumento de la infraestructura y el desarrollo de industrias de alta tecnología.

Para Acosta y Cajas, la crisis que ya se evidenciaba en 2018 y que se ha profundizado en la actualidad por el impacto de la pandemia, es el resultado de la "no transformación" de la economía realizada por el correísmo. "Como resultado de la no-transformación, la estructura de producción-empleo, de la economía ecuatoriana, se ha mantenido intacta en la década desperdiciada, situación que mantiene al país atado al extractivismo y a la dependencia propias de un capitalismo periférico. Y es precisamente esa atadura la que ha llevado al país a la actual crisis", anticiparon los dos expertos meses antes de que la pandemia provocara la crisis económica actual.

La construcción de plantas petroquímicas era una de las propuestas del correato. 

Acosta y Cajas señalan que los intentos del correísmo de priorizar algunos sectores de la economía fueron siempre erráticos. Así, en 2008, "En 2008 se propuso fomentar actividades tales como la producción en la pesca y derivados, frutas y vegetales procesados, agrocombustibles, metalmecánicas, silvicultura, turismo, consultorías, ingeniería y software, transporte y logística, acuacultura, flores. Particularmente se buscaba fomentar una mayor participación de las actividades productivas en la generación de valor, fomentar a la manufactura, e incluso la posible creación de bienes de capital por medio de la producción metalmecánica". Precisan que los primeros cinco años el gobierno de Rafael Correa tuvo poca claridad en qué sectores de la economía debía priorizar o cómo desarrollar la economía y la industria locales. 

"Recién en 2013 la propuesta adquirió relativa estabilidad, al plantearse el objetivo 10 del Plan Nacional del Buen Vivir 2013–2017 (PNBV). Es decir, pasaron cinco años para que se definiera a cuáles sectores apoyar y cuáles metas cumplir", afirman. En por lo menos cinco documentos producidos en esos años por el correato, aparecen mencionados entre los sectores de la economía que se debían priorizar algunos que estarían relacionados con el aumento de la manufactura nacional que propone la ONU, tales como textiles, calzado, metalmecánica, petroquímica, hardware y software, industrialización de la minería y nanotecnología, entre otros.

Las industrias que no se llegaron a construir

El correísmo presentó sus estudios, en esa época, para crear nuevas industrias en el Ecuador. Así, proponía por ejemplo crear una industria petroquímica que pudiera hacer jabones y detergentes, con una inversión de USD 1.660 millones. Habló de plantas siderúrgicas, que entre otras cosas, producirían acero, por USD 1775 millones. Pensó en crear plantas que procesaran cobre local e importado y fabricaran cátodos para exportar a China, así como plantas productoras de aluminio, que iban a costar por lo menos USD 4700 millones. Pensaban sembrar gigantescos bosques de eucalipto y pino para poder producir celulosa (papel) por USD 2821 millones. Y para sembrar todos esos árboles se iban a necesitar no menos de 330 mil hectáreas. Finalmente, el correato quería construir grandes astilleros que empezarían haciendo barcos de hasta 120 metros y luego pasarían a construir tanqueros, petroleros y grandes naves para el transporte de hidrocarburos. En el documento de la época no se incluyó cuánto iban a costar los astilleros. 

Para 2017, el gobierno correísta pensaba entregar el poder con algunas metas cumplidas en aspectos como la industralización, la infraestructura, el empleo, la productividad y el apoyo de los pequeños productores. Según destacan Acosta y Cajas, muy pocas se cumplieron.

Correa miraba hacia Corea del Sur para lograr una industrialización rápida, que no pudo concretar. Foto:Presidencia de la República

"De las trece metas propuestas por el correísmo, para la “transformación de la matriz productiva”, es casi un hecho que diez no se cumplen en 2017. Es decir, ni siquiera en sus propios términos, se verifica la “transformación de la matriz productiva”, aun cuando el sector público no financiero ecuatoriano dispuso de 283 mil millones de dólares en ingresos y gastó 307,7 mil millones. Sin duda, toda una década desperdiciada...", sentenciaron. 

Para el académico Arturo Villavicencio, muchos de estos objetivos del correato eran un “dechado de imaginación”, pues el correísmo pensaba declarar como sectores “estratégicos” a la “petroquímica, siderurgia, fundición y refinación del cobre, producción de aluminio, producción de pulpa y la industria naval (astilleros)”, entre otros. Villavicencio, en esa época, estimó que se requerirían alrededor de 11 mil millones de dólares en inversión (sin incluir astilleros), "fondos difíciles de conseguir, peor en medio de una crisis". Además, explicó sobre las buenas intenciones de industralización del correato que "entre siderurgia, refinación de cobre y procesamiento de bauxita para aluminio, se generarían emisiones de gases con efecto sobre el calentamiento global mayor al dióxido de carbono, vapores tóxicos, aerosoles, polvos venenosos, etc. A eso se suman los problemas sobre ecosistemas asociados a la producción de celulosa como por ejemplo la descarga sobre ríos de licor negro, sales de sulfatos, cloro, además de efectos sobre la biodiversidad".

Villavicencio advirtió también que habría altos requerimientos energéticos, pues las estimaciones de energía eléctrica requerida por el complejo metalúrgico llegarían a alrededor de 3.600 megavatios, lo cual es desproporcionado: se requerirían “dos nuevas centrales Coca Codo Sinclair más una nueva Sopladora más un nuevo Toachi Pilatón", calculó, para poder alimentar esas nuevas industrias.

Villavicencio advirtió que el potencial hidroeléctrico del país es limitado, y "su ampliación puede afectar áreas de cultivos y ecosistemas". El académico advirtió, sobre los planes de industralización correísta, contra "el uso de tierra por parte del capital privado –y con el Estado como facilitador– para reemplazar cultivos, bosques naturales, pastizales, por monocultivos de eucalipto y pino".

El académico se mostró escéptico sobre que las nuevas industrias que aspiraba a instalar el correato produjeran una cantidad de empleos significativa: "las nuevas industrias generarían 5.500 empleos “dignos y de calidad”, los cuales no representarían ni 0,1% de la Población Económicamente Activa. Además, considerando los costos de los proyectos, cada empleo costaría alrededor de 2 millones de dólares", advirtió.

Para Villavicencio, la “transformación de la matriz productiva del correísmo no es más que una de las mayores estafas políticas de la historia”.

No sorprende que, para mayo de 2017, cuando Rafael Correa entregó el poder a su ex vicepresidente y sucesor, Lenin Moreno, poco o nada de esto se hubiera materializado. Y que, a la fecha, nada se haya intentado continuar. 

Ecuador y el ODS 9: objetivos limitados 

Como en otros temas, la ONU definió cuáles son los indicadores adecuados para lograr establecer que esa meta se ha cumplido o no. Y en el caso de las infraestructuras, escogió como indicador  el volumen de pasajeros y carga, por modo de transporte, centrado sobre todo en el número de pasajeros aéreos internacionales, pasajeros-kilómetro de ferrocarril y toneladas-kilómetro de carga aérea por país. En el INEC se lleva un registro sobre todo del transporte aéreo de pasajeros y carga en Ecuador en los últimos 20 años. Como nuestro país carece de red ferroviaria comercial (el antiguo ferrocarril es meramente turístico), el único dato disponible para el caso ecuatoriano de transporte aéreo.

Aeropuertos como el de Tena, actualmente sin uso, evidencian que la infraestructura se construyó sin criterio. 

En los últimos 20 años se han hecho importantes inversiones en infraestructura áerea, como la construcción del aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, el aeropuerto de Tena o el de Santa Rosa-Machala, si bien la construcción de tales obras no ha tenido el impacto suficiente en el crecimiento del transporte aéreo en Ecuador. Según las estadísticas del INEC, la cantidad de pasajeros transportados en el Ecuador por avión ha tendido a bajar en los últimos años. Si la carga aérea fluctúa entre 10 y 12 mil toneladas por año desde 2013, los pasajeros han caído en casi 750 mil personas en el mismo periodo.Si se compara la situación del Ecuador con los de los otros países de la región, se ve que en nuestro país se movilizan más personas y carga por avión que en Bolivia y Venezuela, pero muy por debajo de Colombia, Perú, Argentina, Chile o Brasil. Solo en lo referente a la carga, Ecuador moviliza más carga aérea que Venezuela, Bolivia, Paraguay y Uruguay, pero mucho menos que Colombia, Argentina, Perú, Brasil y Chile. 

El aeropuerto de Quito es la principal terminal aérea del país, aunque la pandemia ha devastado a la industria aérea. 

Las obras de infraestructura área no han significado un aumento del volumen de pasajeros y carga, lo que para el economista John Cajas es una muestra evidente de que el tamaño de la economía no es lo suficientemente grande para aumentar esas cifras. La meta al 2030 es un tanto difusa y habla de seguir en el mismo proceso de desarrollo hacia el 2030, sin establecer parámetros más precisos. 

La ONU, con relación a este objetivo, ha propuesto también otra meta. Se trata de  promover la industrialización inclusiva y sostenible y, para 2030, aumentar significativamente la participación de la industria en el empleo y el producto interno bruto, de acuerdo con las circunstancias nacionales, y duplicar su participación en los países menos adelantados. Dicho en palabras más sencillas: que las industrias locales aumenten su importancia en la economía nacional y logren generar más empleos.

La manufactura y el empleo local

Para determinar cómo vamos en este campo, el indicador es el valor agregado de la manufactura como proporción del PIB y per cápita. Este indicador mide la contribución del sector manufacturero al producto interno bruto (PIB) total de un país, en este caso, el Ecuador. El valor agregado es la producción neta de un sector después de sumar todas las salidas y restar los insumos intermedios en la producción manufacturera.

Así la ONU cree que, para el 2030, se debería aumentar significativamente la participación de la industria en el empleo y el producto interno bruto, en consonancia con las circunstancias nacionales, y duplicar su participación en los países menos adelantados.

Sobre este indicador el INEC también tiene cifras. En el Ecuador, en los últimos 20 años, ese indicador, que muestra cuál es la participación de las industrias locales en la economía, en lugar de aumentar, como hubiera sido recomendable, ha disminuido. Si en el año 2000, al iniciar la dolarización se estimaba que representaba el 22,4%, para 2018 se había reducido al 13,9%. Y como las industrias locales tienen cada vez menos participación en el total de la economía, el empleo que generar es, proporcionalmente, menor.

Otro indicador de la ONU es el empleo en el sector manufacturero como proporción del empleo total. Este indicador mide el empleo del sector manufacturero como una proporción del empleo total del país. El empleo se refiere a todas las personas en edad de trabajar que, durante un breve período específico, tuvieron un empleo remunerado o por cuenta propia. Sobre esto, el INEC no ha publicado cifras recientes. 

Pero hay datos al respecto en bases de datos internacionales. Con cifras de 2017, según el Banco Mundial, Ecuador era el país con el menor porcentaje de manufactura con relación al PIB, apenas el 8.56%, mientras que países como Perú alcanzaban el 13.19% de su PIB y Colombia el 11,25%. En Argentina, ese valor alcanzó al 12.95%. 

La recomendación de la ONU, para 2030, es aumentar significativamente la participación de la industria en el empleo y el producto interno bruto, en consonancia con las circunstancias nacionales, y duplicar su participación en los países menos adelantados. Pero las cifras con que cuenta el Ecuador evidencian que está ocurriendo lo contrario. Según cifras de Ilostat cortadas al 2017, en Ecuador el porcentaje del empleo relacionado con la industria local alcanzaba al 19.16% en Ecuador, mientras que Argentina había logrado el 24.84%. 

Los textiles y los zapatos son algunos ejemplos de manufactura nacional.  Foto: El Universo

Por su parte, Acosta y Cajas sostienen que para 2017 el correato se propuso "alcanzar 49,4% de participación de mano de obra capacitada en la ocupación plena para el sector industrial". Pero, en cambio,  "para 2015, la mano de obra capacitada en ocupación plena en industria fue de 40,5%, menor a la propuesta. La meta simplemente no se cumplió". 

Según señalan Acosta y Cajas, una de las metas que el correato tenía planteada para el 2017 era "Aumentar la participación de manufactura (incluyendo derivados de petróleo) al 14,5% del PIB real". Pero "dado que la participación de la manufactura en el PIB se redujo entre 2008-2015 de 14,1% a 12,8% podemos afirmar que en la década se presentó una desindustrialización relativa". "Incluso la manufactura, sin refinación de petróleo, disminuyó su peso en la economía de 12,2% a 11,7% entre 2008-2016. Por lo tanto, la meta de que el 14,5% del PIB provenga de la manufactura no se cumplió".

Las industrias y el crédito

Para que las industrias funcionen, se dice desde la ONU, deben tener acceso al crédito. Por ello proponen aumentar el acceso de las pequeñas empresas industriales y otras empresas, en particular en los países en desarrollo, a los servicios financieros, incluido el crédito asequible, y su integración en las cadenas de valor y los mercados. Proponen medir esto con un indicador que analiza la proporción de industrias en pequeña escala en el valor agregado total de la industria. Y recomiendan que para 2030, es decir, en diez años, se debe aumentar el acceso de las pequeñas empresas industriales y otras empresas, en particular en los países en desarrollo, a las cadenas de valor y los mercados.

En el caso ecuatoriano, según cifras del 2016 levantadas por las Naciones Unidas, la proporción de pequeñas industrias en Ecuador con relación al total de la industria era de 0.14%. En la vecina Colombia, ese indicador alcanzó en 2016 al 3.95%. 

Las pequeñas empresas acceden al crédito de manera limitada en el Ecuador.  Foto: Revista de Manabí

Otro indicador en este ámbito es la proporción de industrias en pequeña escala con un préstamo o línea de crédito y se pide aumentar el acceso de las pequeñas empresas industriales y otras empresas, en particular en los países en desarrollo, a los servicios financieros, incluido el crédito asequible para 2030. 

Sobre estos temas no hay información en el INEC, pero sí se toman en cuenta algunos de estos aspectos en las estadísticas del Banco Mundial, que recogen información sobre el Ecuador. Así con cifras de 2017, la Unidad de Estadísticas de las Naciones Unidas sostiene que en Ecuador hasta un 44.93% de las pequeñas empresas tenían acceso al crédito. La situación contrasta con los países vecinos: así en Perú la cifra es de 72.2% y en Colombia llega al 59.74%. 

Por menos CO2 de las industrias

La ONU tiene otra meta en este objetivo: mejorar todas las industrias e infraestructuras para la sostenibilidad, lo que significa que, para 2030, se debería actualizar la infraestructura y modernizar las industrias para hacerlas sostenibles, con una mayor eficiencia en el uso de recursos y una mayor adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales, con todos los países tomando medidas de acuerdo con sus respectivas capacidades. En este caso hay un indicador: cuanto dióxido de carbono (CO2) se emite a la atmósfera en relación con el PIB y la propuesta es que el valor baje en lugar de aumentar. Este indicador es una medida de la intensidad del carbono; informa la cantidad de emisiones de dióxido de carbono generadas por unidad de valor económico (kilogramos de CO2 emitidos por dólar de PIB).

Sobre este aspecto hay alguna información en el INEC. Según el INEC, en 1994, el indicador estaba en 0.16. Para 2012 había alcanzado 0.23. En cambio, según cifras de Global Carbon Proyect, cortadas a 2016, Ecuador tenía un valor de 0.24. Un poco más que Chile, que registró 0.22 y lo mismo que Argentina. En este indicador al que mejor le fue en 2016 fue a Uruguay, con apenas el 0.1, mientras que Brasil tenía 0.16. 

El gasto en investigación y desarrollo sí aumentó en Ecuador

La meta 9.5 tiene  mucho que ver con las aspiraciones de la academia local, que encontraron acogida en los tiempos del apogeo del correísmo. Se define como mejorar la investigación científica, mejorar las capacidades tecnológicas de los sectores industriales en todos los países, en particular los países en desarrollo, incluyendo, para 2030, alentar la innovación y aumentar sustancialmente el número de trabajadores de investigación y desarrollo por cada millón de personas y la investigación pública y privada y gasto en desarrollo. Aquí Ecuador ha logrado aumentar sus científicos y también su inversión en investigación. 

Y aquí se propone un indicador: el gasto en investigación y desarrollo como proporción del PIB, que mide el gasto en actividades de investigación y desarrollo como porcentaje del producto interno bruto (PIB) total de un país determinado. En el INEC se ha analizado este valor. Así, en Ecuador, en 2009, el gasto en investigación con relación al PIB era de 0.39%. En 2013, al empezar la recta final del correísmo, había bajado a 0.38%, aunque al año siguiente alcanzó 0.44%. Aquí por primera vez, se logró ganar a los países vecinos. Según el Banco Mundial, en ese mismo año Perú gastó apenas el 0.12% de su PIB y la vecina Colombia el 0.24%. Chile el 0.38% y Argentina el 0.59%. El país que más gastó en inversión y desarrollo en América del Sur en 2015 fue Brasil, con 1.17% de su PIB. 

La ONU explica que los gastos de investigación y desarrollo son gastos corrientes y de capital (tanto públicos como privados) en el trabajo creativo realizado sistemáticamente para aumentar el conocimiento, incluido el conocimiento de la humanidad, la cultura y la sociedad, y el uso del conocimiento para nuevas aplicaciones. Cubre la investigación básica, la investigación aplicada y el desarrollo experimental. Y en ese marco, recomienda mejorar la investigación científica, mejorar las capacidades tecnológicas de los sectores industriales en todos los países, en particular los países en desarrollo, incluido, para 2030, aumentar sustancialmente el gasto público y privado en investigación y desarrollo.

Estrechamente relacionado con lo anterior está el número de investigadores (a tiempo completo) por millón de habitantes. Estos investigadores son profesionales dedicados a la concepción o creación de nuevos conocimientos, productos, procesos, métodos o sistemas y a la gestión de los proyectos y se incluyen estudiantes de doctorado de posgrado. Aquí la ONU pide mejorar la investigación científica, mejorar las capacidades tecnológicas de los sectores industriales en todos los países, en particular los países en desarrollo, incluido, para 2030, aumentar sustancialmente el número de trabajadores de investigación y desarrollo por cada millón de personas.

El INEC estima, en este tema, que en Ecuador los investigadores por cada millón de habitantes han aumentado significativamente desde 1994, cuando se estimaba que apenas eran 118 hasta 2012, cuando habían 398. Según el Banco Mundial, en 2014 habíamos alcanzado a 400.72 investigadores por cada millón de habitantes. Una cifra mayor que la de Colombia, que tenía 114, Bolivia (165), o Paraguay (184) pero muy inferior a la de Chile (455), Argentina (1202), o Brasil (698). 

La inversión en infraestructura

En el Ecuador de Correa se sostuvo que la infraestructura que se construía sobre todo con créditos chinos era clave. La ONU recomienda facilitar el desarrollo de infraestructura sostenible y resiliente en los países en desarrollo mediante un mayor apoyo financiero, tecnológico y técnico a los países africanos, los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo y plantea como indicador el apoyo internacional oficial total (asistencia oficial para el desarrollo más otros flujos oficiales) a la infraestructura. Este indicador mide la asistencia oficial para el desarrollo total de todos los donantes a la infraestructura, medida en dólares estadounidenses recibidos por país receptor. Aquí hay un salto significativo, según recogen las propias cifras de la Unidad de Estadísticas de la ONU en el caso ecuatoriano. Si en el año 2000 Ecuador apenas había recibido 106 millones de dólares por concepto de este rubro, en 2011 subió a 178 millones y en 2014 trepó a 1.420 millones, para descender nuevamente en 2016 a 291 millones de dólares. 

El indicador internacional sobre la inversión en infraestructura trepó durante el correato por la inyección de dinero chino. Foto: Presidencia de la República

Los sueños correístas sobre crear empresas tecnológicas en Ecuador también empataban con otra meta de este ODS: apoyar el desarrollo de tecnología nacional, la investigación y la innovación en los países en desarrollo, incluso garantizando un entorno normativo propicio para, entre otras cosas, la diversificación industrial y la adición de valor a los productos básicos. Aquí el indicador propuesto es la proporción del valor agregado de la industria de tecnología media y alta en el valor agregado total.

El proyecto Sopladora, y otras plantas hidroeléctricas, fueron construidas con dinero chino. 

Este indicador mide la proporción del valor agregado manufacturero de un país que se deriva de la producción de la industria de tecnología media a alta. Los valores más altos indican que el sector industrial de un país está más enfocado en productos de alta tecnología e innovación. En el caso ecuatoriano, sin embargo, las cifras internacionales evidencian que poco o nada se hizo al respecto. Según la ONU, en el Ecuador, ese porcentaje, en el año 2000, alcanzaba el 11.92. En 2007 descendió a 6.43%, mientras que en 2013, al iniciarse el último correato, estaba en 10.23%. Para 2016, último año disponible, había alcanzado a 12.07%. El mejor año fue el 2011, cuando trepó al 14.27%.

En la vecina Colombia, el porcentaje fue de 22.78% mientras en el Perú se obtuvo el 15.91%. En Brasil, para 2016, fue el 35.39%. 

Al respecto, Acosta y Cajas señalan que para 2017 se esperaba "incrementar el peso de las exportaciones de productos con intensidad tecnológica alta, media, baja y basados en recursos naturales (productos no primarios) al 50% de las exportaciones no petroleras". Pero lo que realmente ocurrió fue que "el peso de los productos no primarios en el total de exportaciones no petroleras se ha reducido en vez de incrementarse. Entre 2008-2015 tal participación cayó de 44,5% a apenas 27,8%. La economía ecuatoriana no ha logrado incrementar sus exportaciones de productos tecnificados, sino que se ha agudizado su condición primario-exportadora. Por eso, simplemente esta meta no se cumplió".

La penetración de la internet y los celulares: otra tendencia en aumento

Finalmente, la ONU propone en este ODS  aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por brindar acceso universal y asequible a Internet en los países menos desarrollados para 2020. Hay buenas noticias en este indicador: Ecuador se mantiene en una tendencia de aumento sostenido desde principios de este siglo. 

A diferencia de la mayoría de las metas de los ODS que se establecen para el año 2030, este indicador está establecido para 2020. Aquí el indicador es la proporción de población cubierta por una red móvil, y por dos tipos de tecnología incluidos en este indicador: el número de suscripciones a teléfonos móviles (por cada 100 personas) y la proporción de una población determinada que utiliza Internet (en cualquier dispositivo).

Según cifras de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, a 2017, Ecuador contaba con 83.5 celulares por cada 100 personas. En ese mismo año, habían  en Perú 121 celulares por cada 100 personas y en Colombia 127. En Argentina se alcanzaba 140 y en Chile 128, mientras el Brasil había logrado 113. 

Con relación al uso de la internet, con corte al 2017, Ecuador mantenía una tendencia al alza desde el año 2000, según cifras publicadas por el Banco Mundial. Si en el año 2000 apenas el 1.46% de la población tenía acceso a la internet en cualquier dispositivo, para 2007 el porcentaje era del 10.80. En 2013, en cambio, se había alcanzado el 40.28% y en 2017 se llegaba al 57.27%. 

Si se compara nuestra situación con respecto al internet con los países vecinos, se establece que para 2017 Perú había llegado al 48.73% de su población y Colombia al 62.26%. La mejor cobertura estaba en Chile con el 82.33%, seguido de Argentina con el 70.97% y Brasil con el 60.87%. 

Perspectivas ante la pandemia

Para el ex ministro de Finanzas y analista económico, Marco Flores, las posibilidades de que el Ecuador pueda cumplir con este objetivo y sus metas al 2030 son remotas. El experto sostiene que si bien el ODS 9 es válido, pues una manufactura que conduzca a la industrialización al Ecuador en teoría mejoraría el crecimiento económico y el empleo, el país debe primero resolver problemas cruciales que logren implementar políticas. Los desequilibrios que tiene el país en términos de deuda pública, y los problemas políticos complican que haya inversión nacional. Y mientras no se logre recuperarla, será difícil aumentar la participación de la infraestructura.

Flores afirma que las políticas económicas que se siguen en el Ecuador ignoran la pobreza de la población. Destaca que antes de la pandemia un 40% de la población vivía con necesidades insatisfechas, mientras el país ha retrocedido ocho años con relación al ingreso per cápita. "La pobreza concentrada ha hecho que el 50% vive fuera del Estado moderno", lo que significa una falta de integración de la mitad de la población a la economía no permite que el país crezca con equidad. "La realidad económica del país boicotea los objetivos" propuestos por la ONU, señala el experto. Con la pandemia se han producido un millón de nuevos desempleados, por lo que Flores cree que  primero habría que resolver los problemas graves de desempleo, crisis económica y poca inversión. "Por lo menos el 50% de la población ecuatoriana no está bancarizada" y por tanto no puede tener acceso al crédito de ningún tipo, señala. 

Flores cree que fue necesario reconocer la importancia del cambio de la matriz productiva, pero el crecimiento económico debería ser respetuoso de los recursos del planeta. "La innovación resulta crucial en el mundo globalizado", afirmó, y sostuvo que el Ecuador debe ampliar su producción exportable y sus mercados, pero eso no se logrará sin incorporar mejores componentes de tecnología e innovación. "Una de las obras más importantes han sido las hidroeléctricas, pero no están dando a los ecuatorianos todos los beneficios que deberían brindar. Incorporar la tecnología e innovación cambia el proceso productivo". 

Por su parte, María del Carmen Farfán, quien en 2018 participó en el equipo evaluador de los ODS en su calidad de ex gerente del Proyecto de Erradicación del Trabajo Infantil en el Ministerio del Trabajo, señala que en el caso del ODS 9 se ha avanzado de manera significativa en aspectos como las telecomunicaciones y la penetración de la internet en el país. "La pandemia profundiza lo que ya se estaba viviendo en Ecuador", señala. 

Para Farfán, se debería retomar con profundidad la propuesta del cambio de la matriz productiva. "La investigación es fundamental", señala, pero afirma que ni Ecuador ni América Latina podrán llegar a cumplir las metas del 2030. Sobre la manufactura, estima que se debería retomar con fuerza la economía popular y solidaria. Cree que se deberían presentar productos adecuados a la realidad de las pequeñas y medianas empresas, pues el porcentaje de empresas pequeñas que acceden al crédito es menor de lo que debería ser. 

La analista afirma que más del 70% del empleo esta siendo generado por la microempresa y muchas de ellas no logran ser sujetos de crédito como propone la ONU. "Muchas empresas populares no son calificadas para ser sujetos de crédito. Sus activos fijos como planchas o máquinas no son suficientes para los requerimientos del sistema financiero. Se debe revisar la política financiera del Ecuador y ofrecer productos financieros en función de las ramas de actividad". Muchos emprendimientos, asegura, requerirán del acceso al crédito que recomienda la ONU para poder recuperarse luego de la pandemia. 

Para John Cajas, un proyecto fallido como la Refinería del Pacífico pone en evidencia que la matriz productiva no se transformó, que se logró aumentar la industralización y que, por el contrario, el país se ha "reprimarizado", es decir, vuelve a producir y exportar solamente materias primas, situació n que se volverá mucho más complicada por efecto de la crisis que dejará la pandemia. "Se nos vendió la idea de que nuestro país podía dar el salto a Corea, cuando ni siquiera pudimos colocarnos al mismo nivel que Colombia o Perú", finaliza.