Hace poco la ONU informó que en 2020 unos 811 millones de personas padecían hambre. De estas, 418 millones estaban en Asia, alrededor de 282 millones en África y 60 millones en América Latina y el Caribe (ALC) (https://bit.ly/3aK2zUS). Luego de la pandemia, en ALC el número de personas con hambre aumentó en 13,8 millones, y en 2022 cuatro de cada diez latinoamericanos -unos 270 millones- se encuentran en condiciones de inseguridad alimentaria, es decir que no tienen acceso regular a alimentos suficientes (https://bit.ly/39ccoKS).    

El hambre ha sido parte de la historia humana. En los albores del Holoceno, hace 10.500 años, los cazadores-recolectores comenzaron a domesticar plantas (trigo, cebada, lentejas…) y animales (cabras, vacas, cerdos…), aparecieron las primeras ciudades y en ellas florecieron las civilizaciones. Todas trataron de domeñar el hambre, que era considerada un castigo divino. En la mitología griega se la llamó Limos, engendrado por Eris (la discordia); entre los indios navajo, Dechín era representado como un glotón que ha provocado escasez de alimentos; para los cristianos es uno de los cuatro jinetes mencionados en las profecías del libro de las Revelaciones.

En la era del Capitaloceno (para otros, Antropoceno) no es racional descargar responsabilidades en Limos o Dechín. Desde el siglo XVIII las revoluciones agrícolas e industriales ofrecieron universalizar el bienestar. Pero en 2022 el hambre atormenta a una de cada diez personas y, aunque no pocos siguen creyendo que se trata de un castigo divino, es el resultado de acciones humanas. Unas de larga data y otras más recientes, pero todas, al fin de cuentas, fruto de decisiones humanas. Con esta convicción, en septiembre de 2015 el segundo objetivo de desarrollo sostenible de la ONU propuso “poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.” Esto debería alcanzarse en 2030, pero en lugar de avanzar hacia ese objetivo, la humanidad se encamina a una crisis alimentaria global.

Los catalizadores del hambre

La pandemia de 2020 causó desajustes en las cadenas de suministros, desde escasez de materias primas y mano de obra hasta reducciones de la capacidad de transporte marítimo. En 2021 la crisis de los contenedores originó más cuellos de botella en el comercio internacional. Y, desde febrero de 2022, la invasión de Rusia a Ucrania terminó la tarea de demolición de la arquitectura del comercio global iniciada por el presidente Trump cuando declaró la guerra comercial a China, en la segunda mitad de la década pasada.

Se ha vuelto algo trivial que la diplomacia mundial pronuncie elocuentes discursos contra el uso de la energía fósil, pero cada día el mundo demanda más petróleo, carbón y gas natural. Desde 2020 el precio del petróleo (WTI) ha variado de US$ -37,6/barril (abril de 2020) a US$ 116/barril (junio de 2022). El precio del gas en el mercado spot de Holanda (TTF) ha subido de € 43,9/MWh (enero de 2020) a €105,4/MWh (mayo de 2022). Ambos hidrocarburos tienden al alza en los mercados a futuro (https://bit.ly/3MRf0f6).

Esto ha alterado el mercado mundial de fertilizantes, en su gran mayoría sintetizados a partir de gas natural. Hasta 2019 China producía 25% del total mundial de urea, pero en 2021 el incremento del precio del carbón le obligó a frenar la producción y decidió prohibir las exportaciones de fertilizantes, lo que redujo al menos 11% la oferta mundial total. El primer afectado ha sido Australia, que importaba desde China 80% de su consumo de urea. También la India, el mayor importador neto del mundo, que produce 11% del total mundial pero importa 9,9% del total. Luego de invadir Ucrania, Rusia, que exportaba 13,8% del total mundial, también decidió prohibir sus exportaciones. EE. UU. exportaba 6,5% e importaba 10%. En agosto de 2021 el huracán Ida interrumpió la producción de las refinadoras de Luisiana, por lo que también se ha convertido en importador neto. Las restricciones de la oferta mundial han provocado un incremento del precio de la urea -el fertilizante más utilizado- de US$ 215,4/TM en enero de 2020 a US$ 925/TM en abril de 2022 (https://bit.ly/3MZihZZ).

En este panorama, entre marzo y mayo de 2022 el precio internacional del trigo subió 60,1% y el del maíz 23,9% (https://bit.ly/3HlOFVj). Desde marzo de 2022 Rusia, productor de 9,7% del trigo del mundo, solo lo exporta a los países de la Unión Económica de Eurasia. Sudán y Egipto importaban desde Rusia y Ucrania más de 80% de sus demandas internas de trigo, pero los combates y las sanciones han interrumpido ese flujo (https://bit.ly/3O4lpor). Por estas y otras razones, también Yemen, Etiopía, Madagascar y Afganistán sufren crisis alimentaria.  

En el siglo XXI los precios de los alimentos han crecido en forma constante, en especial durante la crisis financiera de 2008. Luego de la pandemia esta tendencia es más pronunciada. Los principales productores de trigo son China (en 2019, 17,5% del total mundial), India (13,5%), Rusia (9,7%), EE. UU. (6,9%) y Francia (5,3%). En marzo de 2020 el precio internacional de este cereal era de US$ 209/TM y en abril de 2022 llegó a US$ 495/TM. Los principales productores de maíz son EE. UU. (30,3% del total mundial), China (22,9%), Brasil (8,9%) y Argentina (5%). Entre marzo de 2020 y abril de 2022 el precio del maíz subió de US$ 162/TM a US$ 348/TM. La mitad de la producción de maíz norteamericana se destina a producir etanol para abastecer a los conductores de automóviles (https://bit.ly/3HqvjOK).  La soya, primordial para la alimentación humana y de animales, subió de US$ 372/TM en marzo de 2020 a US$ 720/TM en abril de 2022. El arroz muestra una tendencia distinta, es el único cereal importante que entre 2020 y 2022 bajó de precio: de US$ 494/TM a US$ 431/TM (https://bit.ly/3xssfgA). Los principales países productores de arroz se encuentran en Asia: China (28,2% del total mundial), India (23,7%), Indonesia (7,3%) y Bangladesh (7,3%) (https://bit.ly/38H9FsC).

Los desastres relacionados con el calentamiento global agravan la incidencia del hambre, en especial en los países de renta media y baja. Hace una década Oxfam publicó un informe sobre cómo los fenómenos meteorológicos extremos provocarían el aumento de los precios de los alimentos: si continúa la sequía en EE. UU., en 2030 el precio del maíz habrá subido 140% sobre el precio medio de los alimentos; las sequías e inundaciones en el sur de África provocarían un aumento de hasta 120% en el precio del maíz y otros cereales; la sequía que afecta a la India, combinada con inundaciones en el sudeste asiático, induciría aumentos de 25% en el precio del arroz y de más de 40% en las importaciones de países como Nigeria (https://bit.ly/3MXbgsj).

os Trabajadores usan sus cascos para verter agua para refrescarse cerca de un sitio de construcción en un caluroso día de verano en las afueras de Ahmedabad, India. Foto: Amit Dave

Estos incrementos de precios tendrían impactos devastadores entre las personas más pobres, que destinan hasta 75% de sus ingresos a comprar alimentos. Es más, fueron estimados antes de la pandemia, de la invasión rusa a Ucrania y de la crisis de los combustibles fósiles. La prolongada ola de calor que azota grandes regiones de India y Pakistán ya está provocando escasez de alimentos y energía: es un anticipo de lo que esconde la crisis climática en una región que alberga a 1.000 millones de personas.

Sería ingenuo suponer que en las circunstancias actuales, de balcanización de los mercados globales y de resurgimiento de los nacionalismos, en medio de una hegemonía norteamericana casi crepuscular, la fragmentada comunidad internacional priorice conductas solidarias y deje de lado intereses políticos y corporativos para aliviar la situación de casi un millar de millones de personas hambrientas.    

El hambre de la globalización

El comercio mundial de alimentos -a gran escala- comenzó en el siglo XVI. Traficantes europeos cambiaban en la costa occidental de África manufacturas por esclavos que eran vendidos en América para comprar azúcar, café, tabaco y ron consumidos en Europa. Desde esa inhumana triangulación inicial, el desarrollo del capitalismo ha evolucionado de la mano del cambio tecnológico. En el siglo XVII flyboats holandeses surcaban el Atlántico norte con cargas de hasta 300 toneladas (https://bit.ly/3OyXa1L). En la segunda mitad del siglo XIX el vapor remplazó a las velas y, cuando los buques se vistieron con carenas de hierro, fueron capaces de transportar 2.500 toneladas. En el siglo XXI un barco granelero puede tener una capacidad de carga de hasta 110.000 toneladas. Pero mientras la operación de un flyboat no provocaba impactos ambientales, en el siglo XXI los barcos mercantes son responsables de 14% de las emisiones de gases con efecto invernadero (GEI).

Durante la globalización las cadenas de suministros de alimentos se expandieron por todo el mundo, dirigidas por transnacionales que controlan la producción de los agricultores, administran la demanda, gestionan la oferta de fertilizantes, dominan la mayoría de los suelos cultivables e impulsan la presión sobre las fronteras naturales. Los agronegocios, basados en gigantescos monocultivos, son responsables de 80% de la deforestación y de 29% de las emisiones de GEI, y son la principal causa de pérdida de biodiversidad. Las inversiones de empresas norteamericanas en la ganadería de carne brasileña, tanto como la demanda china de madera de balsa, incitan la destrucción de la selva amazónica. Las advertencias de los científicos, para evitar una espiral de muerte y reducir el riesgo de una extinción masiva, no han conmovido ni a los gobiernos que comparten la Amazonia, ni a los consumidores chinos y norteamericanos.  

Los agronegocios están extremadamente concentrados. El mercado global de semillas, biotecnología y agroquímicos, que en 2015 reportó ventas de más de US$ 60.000 millones, está copado por Monsanto-Bayer, Syngenta-ChemChina, Dupont-Dow Chemical y BASF (https://bit.ly/3OAcB9X). Marita Wiggerthale, experta de Oxfam en políticas alimentarias y agrícolas globales, estima que en EE. UU. la concentración del mercado de semillas de maíz es de 82%, 97% en Brasil y 73% en Argentina; y la concentración en el mercado de semillas de trigo y avena es de 38% en Rusia, 53% en Ucrania y 44% en Alemania.  

Vista general de los daños tras el bombardeo de edificios en el centro de Kharkiv, Ucrania. Foto: EFE/EPA /Sergey Kozlov

La invasión de Rusia a Ucrania interrumpe las cadenas de suministro y acelera la subida de los precios de los alimentos. Unos países son más vulnerables que otros. Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y Paraguay son exportadores netos de alimentos. Chile, Colombia y Perú -los más convencidos practicantes del libre comercio en el subcontinente- son importadores netos (https://bit.ly/3HfAJMr).[1] En el otro extremo del espectro político, en Venezuela más de 50% del suministro de alimentos proviene del exterior. Incluso los exportadores netos pueden sufrir restricciones: Ecuador y Bolivia importan trigo, pasta de soya y alimentos para animales; y en Paraguay no son marginales las importaciones de alimentos para animales, maíz y productos de panadería. 

Las 63 islas que forman la República de Singapur tienen una superficie de 733 km² en las que viven casi 5,7 millones de personas. Es uno de los ejemplos más recurridos cuando de halagar a la globalización se trata. Este eje del comercio mundial importa 90% de todos los alimentos que consume. Entre ellos, más de 3,6 millones de pollos cada mes, desde Malasia. Malasia importaba alimentos para pollos de Rusia y Ucrania, pero desde marzo ya no puede hacerlo. Indonesia, que produce 60% del aceite de palma del mundo, decidió en mayo pasado dejar de exportarlo. Sus principales mercados eran Holanda, Italia, Alemania y Reino Unido (https://bit.ly/3NrF5Sg).  

La crisis alimentaria se extiende por todo el globo. Para aliviarla, el FMI emitió USD 650.000 millones de derechos especiales de giro (DEG), como ayuda extraordinaria. Pero de acuerdo con el sistema de cuotas para su distribución, toda África recibió menos DEG que el Bundesbank. En lugar de liberar las existencias de alimentos y de poner fin a la invasión rusa a Ucrania, los gobiernos y los bancos centrales están subiendo las tasas de interés. Esta medida, el remedio ortodoxo para detener la inflación, incrementará las deudas externas de países pobres que hasta 2020 ya habían acumulado una deuda de más de USD 860.000 millones, según el Banco Mundial. Si en realidad se quisiera ayudarlos, más apropiado sería diseñar un plan para condonar esas deudas (https://bit.ly/3NaWgXY).

Pensar el hambre de otra forma

McDonald’s tiene unos 36.000 restaurantes en más de 100 países (https://bit.ly/3QM5flG). Llegó a Bolivia en 1998 y lo abandonó en 2002. En un país en el que la papa es parte central de la cultura, no pudo imponer el consumo de sus french fried importadas desde EE. UU. En 2015 reabrió un local en Santa Cruz de la Sierra, la región con la mayor inversión extranjera. Perú también tiene una cultura muy rica, pero a diferencia de su vecino del altiplano, ha firmado más de 20 tratados de libre comercio. McDonald’s opera a sus anchas en Perú desde 1996.

Los agronegocios y las transnacionales de las fast food se valen del orden global custodiado por el FMI, el Banco Mundial, la OMC, la FAO y otras organizaciones multilaterales que buscan convertir al planeta entero en un solo mercado, con consumidores de gustos monocordes. La Big Mac de McDonald’s tiene igual sabor en New York o en Bangkok. En este empeño, en los últimos 50 años los agronegocios han maltratado la salud del planeta generando GEI, han contaminado el agua y el aire, y han destruido la vida salvaje. Se estima que estos efectos -externalidades, según la economía doctrinaria- tienen un costo de US$ 3 millones de millones anuales (https://bit.ly/39zCnvX). 

Foto: Getty Images

A estas empresas les importa poco o nada la diversidad cultural y natural de las sociedades en las que imponen su racionalidad económica y el consumo de sus productos. Tampoco les preocupa el impacto ambiental de sus actividades y creen que advertir sobre las consecuencias para la salud de consumir comida chatarra es un ataque a su libertad de comercio. Les interesa el crecimiento económico, es decir extender la frontera agrícola, vender más para ganar más y acumular más y más riqueza a costa de la Naturaleza.

El relato del hambre no es un problema de balances calóricos, solamente, propone el antropólogo social Lorenzo Mariano. Menos todavía un objetivo económico aislable de sus implicaciones culturales, sociales y ambientales. Pero, una vez más, quienes han asumido el moral highground para dictaminar las soluciones de la crisis alimentaria son los economistas doctrinarios. Ya sentenciaron que se trata de un “shock de oferta” superable si se evita el creciente proteccionismo y se recupera la “normalidad” alterada en 2020.

Como van las cosas, en la década de 2030 el planeta se habrá calentado 2° centígrados por sobre la temperatura media anterior a la revolución industrial. Solo cambios profundos, sistemáticos y sostenidos evitarían alcanzar este fatídico umbral. En especial, detener de inmediato todos los focos de deforestación, modificar los métodos de cultivo y desmontar los agronegocios. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) recomienda a los 6.000 millones de seres humanos que no padecen hambre cambiar a dietas basadas en vegetales y con pocas ingestas de carne, preferiblemente producida en forma sostenible. Esto impediría la emisión de un cuarto del total de GEI necesario para frenar el calentamiento global. Algo imposible de lograr si cada país trata de hacerlo por su cuenta. La acción colectiva internacional es imprescindible.

Los agronegocios no han aplacado el hambre y son parte del problema ambiental del planeta. Por fortuna no son la única opción para alimentar a 7.000 millones de seres humanos. Pero las alternativas pasan por aceptar la brecha metabólica propuesta por el sociólogo norteamericano John Bellamy Foster: la fractura de la interacción metabólica entre la humanidad y la Naturaleza, inherente al modo de producción capitalista.

La agroecología, por ejemplo, evitaría el cambio climático y detendría otras crisis globales como la escasez de agua, la erosión de los suelos y la pérdida de biodiversidad. Este enfoque holístico de la agricultura incluye cultivos intercalados y de cobertura, integración de ganadería y silvicultura, y métodos de cultivo orgánico capaces de mejorar la biodiversidad y la salud de los suelos, eliminando la dependencia de insumos externos (pesticidas y fertilizantes sintéticos). Es una solución basada en la naturaleza, en el respeto a los derechos humanos de los productores indígenas y de pequeña escala (https://bit.ly/3HqvjOK).

Hace 30 años nació Vía Campesina, movimiento mundial compuesto por organizaciones campesinas, sectores urbanos populares, ecologistas, defensores del consumo responsable, grupos de compras solidarias y ONG. Está presente en más de 70 países para promover la soberanía alimentaria como alternativa a la noción de seguridad alimentaria auspiciada por los agronegocios. La experta Isabella Giunta afirma que la noción de soberanía alimentaria “se desarrolla […] alrededor de tres elementos clave: la desmercantilización de los alimentos, la re-territorialización de la cuestión alimentaria y la co-producción entre seres humanos y la naturaleza”. Esta forma de concebir la agricultura está en las antípodas de los monocultivos agroindustriales y del uso intensivo de químicos; busca reducir las distancias entre productores y consumidores, y asegurar alimentos nutritivos de bajo impacto social y ambiental, acordes con los hábitos alimenticios locales.  

La soberanía alimentaria es una obligación y un objetivo estratégico del Estado, según el art. 281 de la Constitución ecuatoriana. El art. 284:3 manda que la política económica debe asegurarla; el art. 304:4 ordena que la política comercial debe contribuir a garantizarla; el art. 410 obliga al Estado a promoverla. La primera disposición transitoria de esa norma suprema estableció que el órgano legislativo debía aprobar una ley que desarrolle el régimen de soberanía alimentaria, “en el plazo máximo de 120 días” (¡!). Como tantas otras propuestas de avanzada, estas normas también fueron obliteradas por el mismo gobierno que auspició la Asamblea Constituyente de Montecristi.

Como en cualquier aldea local, en la aldea global el orden lo establece el poder. La Constitución de 2008 nunca expresó ni las aspiraciones ni la conveniencia del poder local, así como la globalización nunca ha dejado de expresar el poder de las transnacionales y del capital financiero. Vía Campesina desnuda esas relaciones de poder y reivindica la capacidad de adaptación y resiliencia de los campesinos de todo el mundo (3.000 millones de personas). Pero sus planteamientos solo serán escuchados cuando dejemos de creer que los sistemas campesinos son ineficientes e improductivos, y reconozcamos su capacidad para construir sociedades que privilegien las aspiraciones colectivas, y suscitar armonías ecológicas y sociales incompatibles con el capitalismo globalizado.