La salud pública ha sufrido un franco retroceso. Las coberturas en vacunación, históricamente en más del 95% hasta el año 2006, se encontraban en promedio en un 80% para el 2015; había 31 (de 221) cantones con coberturas menores al 50%, representando un grave peligro para los brotes epidémicos, como ya sucedió en el 2011 con el sarampión.

La desnutrición infantil no ha disminuido, manteniéndose alrededor del 25% (retardo en la talla) y afectando a los más pobres del campo y la ciudad, especialmente a los pueblos indígenas, con tasas que superan el 40%. La mortalidad materna sigue siendo de las más altas de la región de las Américas; la cobertura adecuada de control prenatal es apenas del 24,6%. Enfermedades como la malaria, que disminuyeron  significativamente en décadas anteriores, hoy están en franco repunte, con 947 casos en el 2016 versus 205 en el 2014. A pesar de la alta inversión, Ecuador tiene uno de los más altos gastos de bolsillo en salud, solo superado por Venezuela y Paraguay en América del Sur ("Según un estudio publicado en noviembre pasado, se explica cómo el 45% de los gastos de salud los asumen las familias mientras que el Gobierno asume el 29% y la Seguridad Social el 23%". www.milhojas.is).

Por si fuera poco, en el 2007 hubo 25.000 casos de diabetes mellitus, al año siguiente más que se duplicó y en el 2012 llegó a su pico más alto de 117.000 casos, iniciando un ligero descenso hasta situarse en el 2016 en 102.000 casos, dato que, sin embargo, es cinco veces más alto que diez años antes. Lo mismo se puede decir de la hipertensión arterial, que en el 2006 inicia un ascendo desde 52.000, que se disparan a 206.000 casos en el 2010 y desde entonces se mantiene en un pico alto de 220.000 casos en el 2016. Concordante con esta situación, tenemos que la obesidad prácticamente se duplicó entre el 2013 y el 2016, con 49.000 casos y 96.000 casos respectivamente. Todos estos datos según el Anuario de Vigilancia Epidemiológica. 

Este diagnóstico, que evalua el estado de la salud pública en el Ecuador, de acuerdo a indicadores, lo hizo el VI Congreso por la Salud y la Vida, realizado seis meses atrás. En ese Congreso se develaron cifras que ponen en entredicho las afirmaciones oficiales de una presunta revolución en la salud pública ecuatoriana. El epidemiólogo Marcelo Aguilar, catedrático e investigador de la Universidad Central del Ecuador, considera que los indicadores, por ejemplo, de diabetes melitus e hipertensión arterial, tienen ahora el rango de alerta epidemiológica. Los picos altos que estas dos enfermedades han alcanzado en la última década reflejan un estado de deterioro en enfermedades que, además de tener consecuencias en sí mismas, impactan en el conjunto de la atención de salud en el Ecuador, por sus efectos asociados. 

Otro de los picos altos en los indicadores lo llevan las enfermedades de trasmisión sexual, ETS. Mientras en el 2007 hubo 93.000 casos en el Ecuador, en el 2012 llegó a 300.000 casos, para el 2015 se había registrado una baja a 137.000 casos pero para el 2016 hubo un repunte a 240.000 casos. Las provincias más afectadas fueron Guayas, Manabí y Los Ríos, según el Anuario de Vigilancia Empidemiológica 1994-2016. 

La Plataforma atribuye este desempeño a varios factores, entre ellos, una politica neoconservadora en temas de educación sexual, poca atención y facilidades en materia de ETS, especialmente a las mujeres. Al respecto, el organismo, en las conclusiones de su Congreso, recoge el criterio de que la situación de la salud sexual y reproductiva de la mujer ecuatoriana se ha visto afectada por la violación de su derecho a la confidencialidad, cuando son denunciadas en los servicios de salud al acudir con procesos de aborto en curso. La no observancia del secreto profesional —dice la Plataforma— ha generado decenas de denuncias y procesos judiciales injustos, que en algunos casos han terminado en cárcel para las mujeres. "Esta situación generó que los servicios de salud sean escenarios de tortura psicológica y coerción, con el objeto de lograr que las mujeres se autoincriminen", dice la Plataforma.

El tema de la accidentalidad como causa de morbi-mortalidad es otro de los indicadores que el Anuario de Vigilancia Epidemológica considera  que, según sus datos, ha crecido. Mientras en el 2007 hubo algo más de 41.000 casos de accidentes domésticos, laborales, marítimo-fluviales y terrestres, el pico de la década llegó en el 2011 de 90.000 casos, con un ligero descenso en el 2016 con 83.000 casos. Los factores de la violencia también se expresan en los 134 casos de femicidio en el 2017 y cerca del millar de niños y niñas acosados y ultrajados sexualmente en escuelas públicas y privadas. 

Para los profesionales que cuestionan la administración en salud pública de los últimos años, no hay un sistema de salud pública integrado, sino un sistema fragmentado, que continua con múltiples proveedores de servicios de salud, de accionar desarticulado, diiferentes autoridades sanitarias, equipos técnicos sin capacitación ni experiencia y limitados mecanismos de coordinación programática multisectorial. Hao ocurrido avances mínimos en la provisión de servicios adecuados a diferentes pueblos y nacionalidades, particularmente afrodescendientes, indígenas y montubios.

Faltan servicios integrales de salud —dice la plataforma—y se mantiene el predominio del modelo curativo en desmedro de la prevención, promoción y atención integral de salud. La relación de las consultas curantivas versus las consultas preventivas es de tres a uno, "lo cual se explica por la oferta clientelar con fines electorales y la consilidación de un modelo biomédico de especial interés empresarial en desmedro de la gestión en salud".