La Organización de las Naciones Unidas (ONU) puso el dedo en la llaga: la represión cometida contra opositores, disidentes, militares y población en Venezuela alcanza la posible comisión de delitos de lesa humanidad, lo que pone en apuros al presidente de ese país, Nicolás Maduro y a sus ministros de Defensa, Vladimir Padrino López y del Interior, Néstor Reverol, como responsables políticos de los abusos cometidos por las Fuerzas Armadas, la Policía, la Policía Judicial, la Fiscalía, los servicios de inteligencia civiles y militares y hasta los policías estatales y municipales de Venezuela. El informe sobre la situación del país caribeño será puesto en conocimiento del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en esta semana. Aunque el resumen tiene 21 páginas, el informe completo  se centró en 223 casos, 48 de los cuales se examinaron en profundidad, con un total de 443 páginas.

“La Misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales -incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura- constituyen crímenes de lesa humanidad”, dijo la presidenta de la misión, Marta Valiñas.

Según el informe, que elaboró una misión especial encargada de investigar denuncias de violaciones de derechos humanos y recopilar información tanto de organizaciones de la sociedad civil cuanto de las fuentes oficiales como el Ministerio Público (Fiscalía) venezolanos, se “demuestra que las autoridades del Estado -tanto a nivel presidencial como ministerial- ejercían poder y supervisión sobre las fuerzas de seguridad civiles y militares, y las agencias identificadas como autoras de las violaciones y crímenes documentados”, lo que apunta directamente a los jerarcas del chavismo venezolano, que a pesar de la proclamación de un gobierno interino que preside el opositor Juan Guaidó, sigue teniendo el control total de las fuerzas militares y policiales del país caribeño. 

Según las conclusiones del informe, “la Misión tiene bases razonables para creer que tanto el presidente como los ministros del Interior y de Defensa contribuyeron a la comisión de los crímenes documentados en este informe”. Entre los delitos que se mencionan están varios de lesa humanidad, que podrían ser perseguidos por tribunales internacionales, como asesinato, encarcelamiento y otras privaciones graves de la libertad física, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, desaparición forzada de personas en el caso Barlovento y otros actos inhumanos. 

El informe responsabiliza a las fuerzas de seguridad del Estado de los delitos y menciona expresamente a las Fuerzas Armadas (Fuerza Armada Nacional Bolivariana FANB),  los cuerpos policiales como la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y las Fuerzas de Acción Especial (FAES) (una especie de fuerzas de asalto policiales que supuestamente realizan allanamientos contra el crimen).

El equivalente venezolano de la Policía Judicial, a órdenes de la Fiscalía, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), y los servicios secretos civiles y militares, tales como el Servicio Nacional de Inteligencia (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) junto con policías estatales y municipales son señalados por el cometimiento de los crímenes contra opositores y población en general.

Según el informe, “las autoridades dieron ayuda esencial, incluida material, logística y en recursos humanos, que era necesaria para las operaciones de seguridad e inteligencia que resultaron en la comisión de los crímenes”.

“Estas ejecuciones extrajudiciales no pueden atribuirse a la falta de disciplina de las fuerzas de seguridad. Los oficiales de alto rango tenían un mando y control efectivo sobre los perpetradores y conocimiento de sus acciones, pero no lograron prevenir o reprimir las violaciones. Los asesinatos parecen formar parte de una política de eliminación de miembros no deseados de la sociedad bajo la cobertura de la lucha contra el crimen,” agregó Valiñas.

Muertes en las "Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP)"

Según la ONU, por lo menos 53 ejecuciones extrajudiciales han sido cometidas por policías y militares en Venezuela. La misión investigó una serie de redadas y allanamientos que supuestamente son para combatir el crimen en barrios populares, las llamadas Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) en donde fuerzas de asalto de la Policía han realizado arrestos y ejecuciones extrajudiciales. Las OLP se realizan con gran despliegue militar y policial y se concentran en los barrios más pobres. 

“Los altos funcionarios del Gobierno elogiaron repetidamente las operaciones, mismas en las que solían participar cientos de oficiales armados que asaltaban algunas zonas, a veces utilizando vehículos blindados y helicópteros”, dijo la Misión. Por lo menos 413 personas han muerto a tiros en ese tipo de operativos entre 2015 y 2017. Las denuncias incluyen que en los allanamientos, los policías y militares roban las pertenencias de las víctimas. Los allanamientos cambiaron de nombre a  Operaciones de Liberación Humanista del Pueblo (OLHP) pero se suspendieron en 2017.

El informe precisa que las OLP registraron 2.417 incidentes en los que se produjeron 4.681 muertes, se cuentan por lo menos 505 personas muertas (502 hombres y 3 mujeres, incluidos 27 adolescentes) y no menos de 413 personas fueron asesinadas (306 hombres, entre ellos 16 menores, y 3 mujeres. No se disponía de información sobre el sexo de 104 víctimas).

Militares de la Dirección General de Contrainteligencia Militar del Ejército venezolano, con máscaras macabras, realizan detenciones y torturas, según el informe de la ONU. 

Según el Ministerio Público (Fiscalía) venezolana, los delitos más cometidos son la resistencia a la autoridad (26,8%), la posesión ilegal de armas de fuego (7%), el contrabando (8,2%) y el tráfico de drogas (7,6%).  El informe destaca también que la Fiscalía, en sus estadísticas, asegura que se han realiuzado 329 casos de detenciones en más de 160 operaciones y que 877 personas fueron presuntamente detenidas en flagrancia entre el 12 de julio de 2015 y el 13 de octubre de 2016.

De su lado, otros grupos armados como el CICPC y las Fuerzas de Acción Especial (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) realizaron también operativos en donde se produjeron muertes. Se estima que ambos cuerpos, con el pretexto de combatir el crimen, han cometido el 59% de las muertes registradas en el periodo estudiado. La mayoría de las víctimas de estos operativos son hombres jóvenes, según las estadísticas levantadas por la Misión de la ONU. La  misión estableció que de los hombres asesinados en los supuestos operativos contra el crimen, eran menores de 18 años el 6%, tenían entre 18 y 25 años el 51%, entre 26 y 35 años  el 31% y los mayores de 35 años  fueron el 11%. La Misión precisó también que en sólo 27 de los casos examinados se referían a mujeres como víctimas de asesinatos por parte de las FAES. Según la Misión, los policías venezolanos jusfitican las muertes como consecuencia de enfrentamientos, plantan evidencias y tienen “luz verde para matar”, en especial, en los barrios más pobres.

Masacre militar en Barlovento, Miranda

La ONU documentó el llamado caso Barlovento, que ocurrió en octubre de 2016, cuando militares de las Fuerzas Armadas detuvieron a 35 hombres jóvenes en el estado Miranda. Por lo menos ejecutaron a 12 y sus cuerpos aparecieron en fosas comunes. No se ha encontrado a otros cinco de los detenidos. 

En una fosa común se encontró los restos de varias personas en Barlovento, asesinadas a tiros y machetazos por militares.  Foto: La Izquierda Diario

Pero no solo los presuntos delincuentes son víctimas de la represión. También lo son los disidentes y críticos del régimen, contra quienes se registrado operaciones de los servicios de inteligencia civiles y militares. El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) se han dedicado a perseguir a activistas, críticos, militares potencialmente involucrados en protestas y complots contra el régimen, entre otros. Las víctimas de los servicios secretos eran prácticamente secuestradas en las sedes de los servicios mientras fiscales y jueces colaboraban con el montaje de delitos falsos. En las "investigaciones" los agentes de inteligencia no dudaban en aplicar torturas de todo tipo, incluidas las sexuales. Según la Misión, el ex capitán de la Marina Rafael Acosta Arévalo “murió después de ser torturado bajo la custodia de la DGCIM y al menos dos personas murieron también bajo la custodia del SEBIN”.

“Los comandantes, incluyendo las autoridades de alto nivel dentro del SEBIN y la DGCIM, tenían pleno conocimiento de este patrón de crímenes, que a menudo ocurrían en los mismos edificios donde trabajaban. La Misión ha registrado los nombres de más de 45 funcionarios del SEBIN y de la DGCIM directamente responsables que deben ser investigados y procesados,” señala el informe. 

Los Servicios de inteligencia como el SEBIN han hecho no menos de 33 detenciones: 21 hombres y 12 mujeres, mientras que la Inteligencia Militar de la DGCIM ha detenido a 77 personas (la mayoría hombres militares). 

Represión en las calles 

Los uniformados venezolanos también se dedicaron a reprimir a fondo las masivas protestas contra el régimen chavista que tuvieron lugar en  2014, 2017 y 2019. Por lo menos 36 manifestantes fueron asesinados y hay registro de torturas contra los detenidos.  Las cifras de los muertos en las protestas -nuevamente la mayoría son hombres jóvenes- varían según las fuentes. Según la ONU: 36  (32 hombres y 4 mujeres), el Ministerio Público afmite 43 muertes en las protestas de 2014 y 124 (entre abril y julio) en 2017. Según ONGs de derechos humanos, entre 41 y 61 en las protestas de enero y febrero de 2019.

El informe consigna que las detenciones en las protestas fueron aumentando de manera exponencial durante los años de las protestas: 3.696 en 2014, 554.932 en 2017 y 225.233 en 2019.

Por su parte, el líder opositor Juan Guiadó denunció que en Venezuela “hay un régimen que comete crímenes de lesa humanidad y una sistemática violación de derechos humanos”. “El Informe de la ONU pone a Maduro a nivel de los crímenes atroces cometidos por Gaddafi. A nadie le puede quedar duda en este momento de que en Venezuela hay un régimen criminal que pretende además legitimarse a través de la farsa del 6D, y la cual además es un paredón, no una elección porque no cuenta con las condiciones mínimas que la hagan unos comicios competitivos”, sostuvo, en referencia a las elecciones parlamentarias en donde otros líderes opositores, como Henrique Capriles, ha anunciado su participación.

Agregó que “hoy la única herramienta de lucha que tienen los venezolanos es el Parlamento que lo representa y conforman los diputados a quienes eligieron 14 millones de hombres y mujeres en el 2015. Les pido que nos empleemos a fondo desde cualquier sitio en el que se encuentren, para dar la batalla desde todos los flancos posibles”.