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13 de Septiembre del 2018
Historias
Lectura: 11 minutos
13 de Septiembre del 2018
Redacción Plan V
El informe que destapa la situación en las cárceles

Foto: PlanV

La cárcel de Latacunga. Pese a ser una construcción nueva, la estructura adolece de fallas en la dotación de agua potable.

A petición de Galo Lara, Carolina Llanos, y Gilbert Llanos, la Defensoría del Pueblo hizo una investigación en julio pasado. Sus conclusiones y recomendaciones muestran la realidad violatoria de los derechos de los presos al menos a tener agua potable y alimentación adecuadas; no se diga al ejercicio de sus derechos a atención médica, visitas conyugales y a estar junto a sus familias. La Defensoría del Pueblo revela en su informe que Galo Lara aún tiene marcas de los grilletes y cadenas con los cuales lo mostraron ante el país.

El informe del abogado Harlod Burbano, director general tutelar de la Defensoría del Pueblo, es el primer relato de una entidad pública, en diez años, donde se muestra, gracias a una investigación de tres casos, la situación de violación de derechos humanos a los presos de las cárceles ecuatorianas. La investigación inició a pedido de familiares y el procurador judicial de Galo Lara, Carolina Llanos Romero y Gilber Llanos Romero, para que la Defensoría del Pueblo hiciera una evaluación de su situación humanitaria en las cárceles donde están.

En julio del 2018, el equipo investigador visitó la cárcel de Guayaquil, donde estaba Lara, y encontró la primera falta de cooperación de las autoridades de la cárcel: una espera de dos horas para que les dieran acceso y la negativa a que los investigadores ingresen al pabellón y celda para verificar las condiciones del preso. Solo se les permitió hablar con él en el área de visitas. La información entregada por Lara se contrastó con el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, una guía operacional en manos de la Defensoría del Pueblo que se aplica como parte de la Convención Contra la Tortura, una tratado mundial del cual Ecuador es signatario. 

Lara fue presentado como un botín político de Rafael Correa, bajo la acusación de complicidad en el triple crimen de Quinsaloma, Los Ríos, hecho acaecido el 4 de agosto del 2011.  El camino de regreso al Ecuador lo hizo con uniforme de presidiario y con grilletes en las manos y los pies, atados a su vez por una cadena.

En mayo del 2014, el asilo político que Lara tenía en Panamá fue cancelado por el gobierno de ese país, y luego fue trasladado a Quito en un avión, en noviembre de ese mismo año. Lara fue presentado como un botín político de Rafael Correa, bajo la acusación de complicidad en el triple crimen de Quinsaloma, Los Ríos, hecho acaecido el 4 de agosto del 2011. El camino de regreso al Ecuador lo hizo con uniforme de presidiario y con grilletes en las manos y los pies, atados a su vez por una cadena. Es decir, estuvo literalmente encadenado, algo prohibido por los estándares internacionales. Para delegación de la DP comprobó durante su visita que Lara aún conservaba las huellas en sus muñecas por el uso prolongado de los grilletes. El informe señala que de acuerdo a las Reglas Mandela —que son las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos— que el uso de cadenas, grilletes innecesarios, están prohibidos. En el caso de Lara lo constataron por una escoriación que se mantiene en uno de sus tobillos. 

En mal estado de salud, fue llevado a la cárcel de Latacunga y de inmediato ingresado a una celda de aislamiento. En agosto del 2015 fue llevado a la cárcel de Guayaquil, junto a otros presos, a pretexto del riesgo por la erupción del volcán Cotopaxi. En ese traslado le fueron incautados, dijo a la comisión investigadora, su escapulario, su Biblia, y los medidores de presión y azúcar, pues el sufre una diabetes avanzada. En esa cárcel también le quitaron sus zapatos especiales para su pie diabético y sus reclamos de devolución no fueron atendidos. El no tener atención debida a su enfermedad hizo que esta empeorara, tuvo problemas emocionales por impedimento de visitas íntimas y familiares, perdió parte de la audición del oído derecho y parte de la funcionalidad del ojo derecho. No podía acceder a sus medicinas sino solo comprándolas afuera. Hizo 52 peticiones escritas a todas las autoridades, especialmente a la ministra de Justicia y nunca fueron respondidas. También refirió ser víctima de constantes allanamientos a su celda, sin motivo aparente. 

La delegación no pudo verificar las denuncias de aislamiento de Lara en Latacunga, pero el informe se remite a dos indagaciones anteriores que demuestran el uso de celdas de aislamiento en esa cárcel. La del 2017 señala que los presos afirmaron que hay celdas de aislamiento al interior de los pabellones, en las cuales los presos eran colocados por un lapso de 1 a 15 días y en algunos casos hasta 30 días. Que de esa celda no se les permitía salir para actividad alguna y el equipo investigador pudo comprobar que en la celda no había agua, luz ni colchones para dormir, y que tres personas quienes manifestaron que dos de ellas fueron puestas en el sitio por el caporal del pabellón, y la otra estaba en situación de "tránsito". 

Todo esto cambió con el cambio de gobierno, dijo Lara a los investigadores de la Defensoría. 


Carolina Llanos durante una de sus audiencias. La compañera sentimental de Galo Lara fue condenada con autoría intelectual del asesinato de tres personas en Los Ríos.

En la caso de Carolina Llanos —pareja de Galo Lara quien está detenida por una sentencia de autora del triple crimen de Quinsaloma— la delegación de la DP encontró que, el día de la visita, ella se encontraba en buenas condiciones de salud, con ropa adecuada y lúcida. Ella dijo que al momento de su detención no sufrió tratos crueles y degradantes; pero el día de su detención ella estaba embarazada, lo cual constituye violación a los derechos humanos, y es algo expresamente prohibido por el Código Integral Penal.

Ella también denunció que después de una audiencia de formulación de cargos en Ventanas, provincia de Los Ríos, ella sufrió un atentado con ácido a pesar de estar bajo la protección de la fuerza pública. Y luego, tras su ingreso a en la cárcel de mujeres de Guayaquil, fue agredida por varias mujeres cuando estaba en el baño. Ella cree que estas mujeres que la golpearon estaban pagadas por alguien porque la buscaron de celda en celda, preguntando por su nombre a las otras reclusas. Luego de golpearla rociaron líquido inflamable sobre ella e intentaron prender fuego. Por esta golpiza, Carolina Llanos perdió un embarazo de casi nueve semanas, la cual no fue atendida oportunamente. Tras esa pérdida tuvo dos legrados que fueron mal tratado medicamente, según dijo a la DP.  

Ahora, los investigadores constataron que estaba en buenas condiciones y que recibe regularmente la visita de su hermana y de su hija de 19 años de edad, y aunque tiene dos hijos menores, gemelos, ella prefiere que no la vean en la cárcel. 

Para su hermano, Gilbert Llanos, detenido en la cárcel de Latacunga por el mismo caso, la situación es complicada, según constató la DP.  El hermano de Carolina, también preso por el mismo caso, dijo que se encontraba mal de salud y que no recibía atención oportuna. Que compartía su celda con otros tres internos pero que las condiciones sanitarias eran precarias: el agua solo se recibía durante una hora y media por la mañana y era "de color tamarindo". Lo mismo la luz eléctrica: la reciben desde las 17H00 hasta las 22H00. El resto del día no hay servicio. La comida es muy poca, de mala calidad, dijo, y causa constantes problemas estomacales. La gente está enferma constantemente por la comida y el agua. Ha pedido constantemente traslado a Guayaquil, pues su familia vive en la costa, pero no ha sido atendido. Fruto de la lejanía con su familia, recibe muy pocas visitas, y su esposa no sube a verlo porque está con cáncer. 

"De manera sistemática, el Estado ecuatoriano no garantiza el ejercicio oportuno, adecuado y efectivo de los derechos de las personas privadas de libertad, lo cual constituye una práctica generalizada en todos los centros de privación de libertad". Defensoría del Pueblo.

Por las condiciones precarias de la cárcel de Latacunga, Lara hizo dos huelgas de hambre. La segunda para reclamar por el pago a médicos, personal de cocina, y para pedir el cambio de la tubería de agua. Aunque en esa ocasión el equipo de la DP tampoco pudo constatar la situación, se remitió a los informes del 2017, del Manual Nacional de Prevención de la Tortura, cuyo informe señalaba que "en cuanto a la situación de privación de libertad, la falta de acceso al agua potable, problemática existente desde la apertura del Centro; las continuas quejas sobre el servicio de alimentación, la falta de dotación de vestimenta y de artículos de aseo y limpieza, referencia de malos tratos y aislamiento, son circunstancias que constituyen un deterioro de las condiciones de vida de los PPL (...)". 

Entre sus conclusiones y recomendaciones, el equipo de investigación dirigido por Harold Burbano, de la DP, señala que "de manera sistemática, el Estado ecuatoriano no garantiza el ejercicio oportuno, adecuado y efectivo de los derechos de las personas privadas de libertad, lo cual constituye una práctica generalizada en todos los centros de privación de libertad" y por ello el Manual Nacional ha emitido constantes recomendaciones a las autoridades carcelarias. La DP recomendó a las autoridades de la cárcel de Latacunga atienda de urgencia el problema del agua potable, y de la dotación de una alimentación adecuada a las necesidades de nutrición de los presos. Y recomendó también al Estado que investigue las circunstancias y actores en las cuales Carolina Llanos fue maltratada dentro de un centro penitenciario, lo que le produjo la interrupción violenta de su embarazo, a lo cual se unió la falta de atención oportuna y adecuada. 

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