Desde que, a mediados de 2014, se publicara el informe sobre la (falta de) independencia judicial en Ecuador bajo el régimen de Correa, la situación de los jueces ha empeorado. Las dificultades económicas del país –en las que se dan la mano la severa baja de los precios internacionales del petróleo con la casi abstención de la inversión privada– han conducido al gobierno a adoptar diversas medidas, incluidos recortes presupuestales, que han encrespado las protestas de diversos sectores; todo lo cual ha derivado en una multiplicación de los recursos gubernamentales en el terreno judicial contra opositores y, en general, contra quienes protestan. La rama judicial es utilizada, cada vez más, como un brazo represivo del gobierno.

Algunos jueces han decidido renunciar al cargo. Han preferido abrirse paso en el ejercicio profesional que verse sometidos a las presiones del Ejecutivo y las sanciones que impone el Consejo de la Judicatura a quienes adoptan decisiones que no corresponden a las expectativas gubernamentales. No hay cifras recopiladas pero resulta claro que la mayoría de los renunciantes han preferido salir silenciosamente, con escuetas cartas de renuncia en las que invocan “razones personales” u otras causales imprecisas. La razón para echar mano a estas fórmulas discretas reside en que irse de la Función Judicial tirando un portazo tiene, actualmente en Ecuador, un precio alto: ninguna entidad estatal –ni aquéllas como las universidades, en las que el gobierno puede ejercer un veto esgrimiendo el garrote del recorte de fondos– contratará a quien exponga públicamente el sistema al que el gobierno somete a los jueces para obtener lo que pretende. No sólo el renunciante sino también su cónyuge serán puestos en una lista negra; ninguno de sus integrantes podrá aspirar a recibir, directa o indirectamente, fondos públicos. No es poco castigo.

Interesa conocer ese marco impuesto por “la revolución ciudadana” de Rafael Correa para apreciar lo hecho por Miguel Antonio Arias, quien trabajó 16 años en el sistema de justicia y hasta hace días era juez primero de garantías penales en Cuenca. Ha renunciado mediante una carta enviada al presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh –el hombre clave del presidente Correa en el sistema de justicia–, en la que expone las razones de su renuncia. El texto que se reproduce en seguida habla por sí solo y demuestra que, en ocasiones, se es más juez al renunciar que al someterse a condiciones inaceptables para ejercer la función. Al alegato de Arias de “no quiero ser partícipe de un sistema de justicia que atropella  derechos fundamentales de los ciudadanos”, apenas cabe agregar que si los gobiernos autoritarios que hemos padecido, y todavía padecemos, en la región encontraran entre los jueces muchas personas con el valor y la claridad de Miguel Antonio Arias, en verdad la justicia nuestra sería muy distinta.

Doctor Gustavo Jalkh
Director del Consejo de la Judicatura
De mis consideraciones:

Las nuevas corrientes del pensamiento humanista que enriquecieron el ámbito  jurídico y que se plasmaron en la tarea política y normativa de la Asamblea  Constituyente del Ecuador, hacían creer que en nuestro país asumiríamos la  ciudadanía de modo solidario, consciente e igualitario, donde se nos garantizaba  plena libertad y goce de los derechos constitucionales. A los jueces se nos entregó  entonces el rol de garantes de tales derechos y se nos impuso brindar su tutela  efectiva a los justiciables, tarea para la cual se requiere imparcialidad, como fruto  de la independencia profesional, funcional, moral e institucional de cada juzgador.

Las experiencias recientes han demostrado que esos altos ideales no han podido  conseguirse ni se conseguirán cuando el poder público, sea o no justiciable en un  proceso, interfiere en las tareas jurisdiccionales a pretexto de vigilancia de su  transparencia y eficacia. Los ejemplos abundan y no es necesario referirse a ello,  baste recordar que el foro y la academia cuencana, incluida la propia Corte Provincial de Justicia del Azuay, hicieron hace poco, fundada protesta de  intromisión gubernativa en el ejercicio soberano de la jurisdicción, con grave  deterioro de la independencia judicial.

Pese al notable esfuerzo del órgano administrativo para mejor proveer locales e  insumos materiales para facilitar la tarea judicial y tratar de organizarla de manera  más adecuada a las necesidades de los usuarios de este servicio público, el  resultado evidente es que el justiciable ha llegado a depositar su esperanza de que la verdadera justicia se la brindarán los organismos internacionales, precisamente  como resultado de la falta de independencia judicial en nuestro país.

La academia, que no se halla circunscrita únicamente a la universidad sino que  abarca todo el mundo jurídico, se ha resentido sensiblemente cuando se aprecia que los esfuerzos de sus operadores debe ceder ante una arbitraria y  descontrolada concentración de poder que prescinde del concurso jurisdiccional  independiente, que agrede el espíritu republicano y que sacrifica la democracia y, con ella, los derechos ciudadanos. Basta recordar la carta dirigida por el secretario  de la administración pública Alexis Mera, al Presidente de la Corte Provincial de  Justicia de Manabí para demostrar esta afirmación.

En esta virtud, no quiero ser partícipe de un sistema de justicia que atropella  derechos fundamentales de los ciudadanos, por lo que le presento, mi renuncia  irrevocable al cargo de Juez Primero de Garantías Penales de Cuenca. La función  que ejercí por dieciséis años ha sido reconocida con altas calificaciones y aun con  felicitaciones por mi rendimiento y la calidad del producto ofrecido, virtudes que  es improbable que mantenga cuando mi gestión ha tratado de ser condicionada  por intereses extralegales sin que haya sido respaldada sino, todo lo contrario, perseguida con fines presuntamente disciplinarios.

Considero que en mi labor jurisdiccional, no existe independencia para resolver con libertad y dignidad, en nombre del pueblo soberano del Ecuador, porque el  poder político de turno, ha impuesto su propia agenda en la administración de  justicia, función que la dirige y controla a través del Consejo de la Judicatura.
 

Se servirá disponer que se realice la liquidación de mis haberes en lo que fuere  procedente.

Atentamente,
Miguel Antonio Arias

http://www.justiciaviva.org.pe