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21 de Septiembre del 2021
Historias
Lectura: 15 minutos
21 de Septiembre del 2021
Susana Morán
El mundo perfecto de Furukawa que describe el Gobierno
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Hombres y mujere abacaleras acudieron a la audiencia de apelación a la acción de protección, el pasado 13 de septiembre. Fotos. Twitter Furukawa Nunca más

 

Este caso lleva dos años en la justicia constitucional y dos gobiernos. Lenín Moreno y Guillermo Lasso mantienen la misma retórica del caso. Tres entidades públicas insistieron en una última audiencia que no han negado derechos básicos a los trabajadores y rechazaron la reparación integral que un juez de Santo Domingo otorgó a 125 afectados. La disputa por la entrega de tierras a los abacaleros aumenta.


‘No hay omisiones’. ‘No somos responsables’. ‘No se han negado derechos’. Esos fueron los argumentos que los abogados de tres instituciones del Estado presentaron el pasado 13 de septiembre ante la Corte Provincial de Santo Domingo durante la audiencia de apelación a la acción de protección sobre esclavitud moderna en la empresa de capital japonés Furukawa.

Sentencia de primera instancia contra Furukawa.

El Estado y Furukawa han reclamado por el fallo. El 18 de enero pasado, el juez constitucional de Santo Domingo, Carlos Vera Cedeño, declaró la existencia de ‘servidumbre de la gleba’ en las haciendas de esa agroexportadora de abacá y la violación derechos como a la vida digna, salud, libertad personal, igualdad material y no discriminación. Es la primera sentencia en Ecuador que ha reconocido la existencia de esta forma contemporánea de esclavitud y dio la razón a decenas de organizaciones sociales que consideran a este caso como una de las peores violaciones de derechos registradas en el país.

Pero la empresa y los Ministerio de Trabajo y de Inclusión Económica y Social apelaron esa decisión. Pero fueron esos ministerios los ausentes de la diligencia. A su vez, los trabajadores afectados también presentaron un recurso de apelación parcial para que se incluya al Ministerio de Gobierno como otra institución responsable por la violación de derechos. Hasta el momento, la disputa lleva casi dos años y dos gobiernos. Los defensores de los abacaleros recriminaron a Lenín Moreno y a sus ministros por desatender, empeorar y minimizar la precaria situación de estos agricultores después de las denuncias periodísticas y de la Defensoría del Pueblo desde febrero de 2019.

Ahora, los ministerios en el gobierno de Guillermo Lasso mantienen ese relato. Javier Armando Mendoza, abogado del Ministerio de Salud, negó que esta cartera haya cometido algún daño en este caso y rechazó que Salud haya sido obligado a pedir disculpas públicas. Esas disculpas aparecieron, en su página web, en un comunicado de dos líneas y con los nombres de los 125 afectados. Como “insólito” calificó Alejandro Morales, abogado de los trabajadores, que un ministerio cumpla la sentencia y ahora la rechace.

Los defensores de los abacaleros recriminaron a Lenín Moreno y a sus ministros por desatender, empeorar y minimizar la precaria situación de estos agricultores.

Esta última audiencia se hizo a pedido de Salud. Esta institución sostuvo que no fue notificada en primera instancia y a pesar de ello fue sancionada. Esto fue desmentido por la contraparte, que aseguró que sí hubo la notificación. Según Morales, Salud ha sido el ministerio que más omisiones ha cometido. En 2018, dijo el jurista, ya sabía las condiciones de los trabajadores en las haciendas y lo acusó de no atender ni dar medicinas a los trabajadores, pese al pedido del juez. Contó que hace poco uno de los trabajadores demandantes logró acceder a un servicio de salud por gestiones del Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Más. En agosto de 2020, una serpiente mordió a un trabajador mientras procesaba la fibra de abacá. No recibió ayuda médica de la empresa, que lo abandonó en un centro de salud, según denuncia de organizaciones sociales. Como no tuvo atención especializada en ese centro ni el hospital de Quevedo, el hombre fue traslado a Guayaquil donde se confirmó que debían amputarle una pierna. La gente, dijo el abogado, sigue con las mismas necesidades de salud, de condiciones de trabajo y no se han eliminado las brechas de desigualdad y pobreza.

El abogado Mendoza aseguró que esa disculpa y la sanción de dar tratamiento psicológico y médico a los afectados fue un ‘abuso de derecho’. Para qué hacerlo, si Salud sabe que es su deber atender a todos los ecuatorianos, según el jurista. La sentencia dispuso que Salud entregue prótesis, medicinas y lo que sea necesario “para el restablecimiento en la medida de lo posible de la salud de los accionantes”.  “Jamás ha sido negado el derecho al acceso a la salud”. “Hay un abuso del derecho”. “No podemos quedarnos como Ministerio de Salud como vulneradores de derechos”, sentenció Mendoza.

Un discurso similar fue el de Jorge Carrión, abogado del Ministerio de Gobierno, quien impugnó la intención de los trabajadores de incluir a esta carta de Estado como responsable de violación de derechos en este caso. Los representantes de los trabajadores acudieron a la Presidencia, el 14 de mayo de 2018, para presentar su inconformidad con Furukawa. La Secretaría de Gestión de la Política (que el Ministerio la absorbió en 2019) fue la primera entidad que trató este caso desde esa fecha. Según el abogado, la Secretaría cumplió con sus competencias. Su tarea, dijo el jurista, fue coordinar con las entidades del Estado para que den una respuesta a los reclamos de los trabajadores. Ese trabajo permitió la entrega de útiles escolares, la atención en salud y la ayuda para la constitución de una asociación de los trabajadores, aseguró Carrión.

En un artículo anterior, este portal revisó las ofertas que hicieron, entre noviembre de 2018 y febrero 2019, los ministerios de Trabajo, Educación, Salud e Inclusión Económica y Social, el Registro Civil y la Secretaría de Gestión de la Política. Pero hasta noviembre de 2020, el estatus de esos ofrecimientos era desconocido o simplemente nunca llegaron a ejecutarse.

El Ministerio de Gobierno, de acuerdo a la intervención de su defensor en la audiencia, también se opone a la construcción de un monumento en honor a los trabajadores. Los demandantes piden que una de las medidas de reparación sea la colocación de monumento en un lugar de alto tránsito y visibilidad en Santo Domingo. Su objetivo es conmemorar a los trabajadores cuyos derechos han sido vulnerados, pues estiman que la disculpa publicada en la web de los ministerios es insuficiente porque ellos no tienen acceso a internet.  “No hay responsabilidad”, “no hubo omisión”, concluyó el abogado de la cartera de Gobierno.


Procesar el abacá requiere un arduo esfuerzo físico. Foto: Luis Argüello / Archivo PlanV

Pero hasta noviembre de 2020, el estatus de los ofrecimientos de los ministerios a los trabajadores era desconocido o simplemente nunca llegaron a ejecutarse.

Para la Procuraduría, la entidad que defiende al Estado, todas las instituciones cumplieron con sus obligaciones. Miguel Izquierdo, su abogado regional, aseguró que los ministerios actuaron desde que se conocieron las denuncias de los abacaleros. En una corta intervención, rechazó también las disculpas públicas que se impusieron como medida de reparación porque, desde su punto de vista, no estuvieron bien fundamentadas. Solicitó que se revoque la sentencia en el sentido de que el Estado no ha vulnerado derecho alguno. “No hay tales omisiones del Estado”, otra vez se escuchó en la sala.

El abogado Morales describió la posición del Estado como si estuviera ‘pintando’ un ‘mundo feliz’ en Furukawa. A la Procuraduría, que defendió la labor del Ministerio de Trabajo, le respondió que históricamente esa cartera se ha hecho de la “vista gorda” sobre la situación de los trabajadores.  No es argumento decir, cuestionó Morales, que “desde que nosotros nos enteramos” se preocuparon del caso cuando la empresa labora desde hace casi 60 años. Trabajo, recordó Morales, ha asegurado que no ha vulnerado derechos porque ha sancionado a la empresa desde el 2019. “Simples multas que han sido impugnadas”, afirmó.

El Estado conoce formalmente el caso desde 2018. “Hubo tantos informes, pero escasas acciones”, refutó Alejandra Zambrano, otra abogada de los abacaleros.  “Es increíble que no existan mecanismos para detectar prácticas aborrecibles”, cuestionó Zambrano y recordó a la audiencia que Ecuador está obligado a eliminar esas prácticas desde 1970, cuando ratificó la Convención Suplementaria para la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud.

Furukawa sale a los medios

En este año, Furukawa dio un giro a su estrategia mediática. En junio pasado abrió una cuenta en Twitter, a través de la cual difunde las entrevistas que medios locales y nacionales han realizado al gerente de la empresa, Adrián Herrera. Este es un cambio significativo, pues los representantes de Furukawa solo han aparecido públicamente cuando han sido convocados a la Asamblea Nacional.

En Ecuador TV, el 6 de septiembre pasado, Herrera insistió en que no ha existido esclavitud moderna en las haciendas de la empresa y que en la actualidad garantiza el trabajo de 400 personas, con todas las prestaciones. Para él, el conflicto empezó cuando Furukawa dio por terminado varios contratos de arrendamiento. Esos documentos han sido cuestionados por la defensa de los trabajadores por simular una relación no laboral. “Furukawa cumple con la ley”, sostuvo Herrera.

Furukawa se ha atrincherado en dos argumentos frente a la sentencia. El primero tiene que ver con la decisión del juez de declarar la expropiación de las tierras de Furukawa. Según la sentencia, la empresa deberá entregar a las víctimas cinco hectáreas de tierra rural o en su defecto el equivalente en valor monetario comercial. Desde el razonamiento de la empresa, que el juez de Santo Domingo haya dispuesto una reparación integral para las víctimas, incluida la expropiación de haciendas de la empresa para entregárselas a los trabajadores, cambia la naturaleza de una acción de defensa de derechos en una “acción de daños y perjuicios”.


De izquierda a derecha. Marcelo Almedia, exgerente de Furukawa; Byron Flores, quien fue exviceministro de Agricultura y después gerente de operaciones de la empresa; Adrián Herrera, actual gerente de Furukawa. Almeida, Herrera y Ángel Iván Segarra, también exgerente, serán procesados por la Fiscalía.

Un juez de nivel ha pretendido reemplazar -dijo el abogado de la empresa, Ismael Quintana, en la audiencia- las facultades administrativas que solo las tiene el Ministerio de Agricultura en cuanto a expropiaciones. “Los accionantes lo que han hecho es encubrir bajo esta figura constitucional de la reparación integral la pretensión de obtener una indemnización económica por daño emergente y daño moral”. La sentencia también dispone una reparación económica a favor de cada uno de los 125 afectados a cargo de Furukawa. El valor se determinará según el tiempo que han vivido y trabajado bajo esas condiciones, y pérdida de miembros y/o amputaciones. Según el defensor de la empresa, solo los jueces civiles pueden conocer una demanda por daños y perjuicios.

La abogada Zambrano dijo que la entrega de tierras es para reparar el derecho a la vivienda de los abacaleros y para que puedan cultivar alimentos y otros productos para su mantenimiento. Aunque dijo que aún está claro cómo se va a realizar esa entrega y esa asignación de estas tierras.


Los trabajadores vivían en estrechos y precarios cuartos en condiciones de hacinamiento y falta de servicios básicos. Foto: Archivo PlanV

La sentencia también dispone una reparación económica a favor de cada uno de los 125 afectados a cargo de Furukawa. El valor se determinará según el tiempo que han vivido y trabajado bajo esas condiciones.

Quintana dijo que les ha llamado la atención “el afán puramente expropiatorio”. “Ellos pretenden que los predios sean expropiados en su beneficio individual, cuando la expropiación debe darse para la redistribución de esas tierras y para entregarlas a personas con pocas tierras, afirmó el jurista. “Hay personas -agregó- que voluntariamente han suscrito contratos de arriendo de predio rústico y que a través de aquello pretende que a Furukawa le sean confiscadas las tierras”.

Pero la empresa volvió a su recurrente postura de sostener que este es un problema laboral antes que de derechos humanos. Según Furukawa, los afectados cuestionan la relación contractual y por lo tanto esto lo debió conocer un juez laboral y no uno constitucional. Son temas de “mera legalidad”, dijo Quintana.

La abogada Zambrano le recordó que la Corte Constitucional estableció una regla de excepción en los casos cuyo origen es un problema laboral. Y esto sucede cuando se ha afectado otro tipo de derechos en situaciones de discriminación, esclavitud o trabajo forzado, afectaciones al derecho a la integridad personal de los trabajadores. Esa excepción está en la sentencia del caso No. 1679-12-EP, 15 de enero de 2020.

Para la defensa de estos derechos, agregó Zambrano, no existe ninguna acción en la vía ordinaria que se pueda usar para esas reparaciones, por lo que es necesaria la vía constitucional. Un daño civil no es lo mismo que la violación de un derecho constitucional, dijo la abogada de los trabajadores. “No estamos impugnando contratos. Sino una práctica análoga a la esclavitud”.

Quintana respondió que esta excepción no se ha cumplido y lo que se pretende no es una expropiación sino una confiscación de sus tierras. La sentencia, dijo, viola el derecho de propiedad de la contraparte. Y calificó de irregular el fallo por disponer la entrega de bienes inmuebles a favor de los trabajadores, además de una compensación económica.

Los procesos contra Furukawa continúan. Deberá enfrentar otra acción de protección que la Defensoría del Pueblo presentó en junio pasado, pero aún su audiencia no tiene fecha. La diligencia que sí tiene fecha es un proceso penal que la Fiscalía abrió contra la empresa por trabajo forzoso. Será este viernes 24, a las 10:00, cuando la Fiscalía formule cargos contra Herrera y otros dos exgerentes de la empresa.

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