Una cláusula en los contratos de concesión de frecuencias para radio y televisión, que los concesionarios del Estado han firmado en los últimos años, es la que ha terminado de atar el nudo gordiano con el cual el tema de la concesión de frecuencias del espectro radioeléctrico se mueve por estos días:

"El tiempo por el que la Superintendencia concede el canal de televisión es de cinco años, contados a partir de la fecha de suscripción del presente contrato; no obstante si el concesionario cumple con toda las estipulaciones de este contrato y con las obligaciones impuestas por la ley y Reglamentos pertinentes podrá ser renovada la presente concesión, para lo cual el concesionario solicitará a la Superitendencia la renovación con sesenta días de anticipación, pagando los respectivos derechos de renovación".

La figura es la renovación automática de la concesión de la frecuencia, en caso de haber cumplido todas las condiciones del contrato y las que impone la ley y sus reglamentos.

Otra cláusula del contrato tipo, que se aplica para todos los concesionarios, señala 12 causas para la terminación del contrato. Entre otras está algunas irregularidades en las que podría caer un concesionario para que deba devolver la frecuencia al Estado: vencimiento del plazo de concesión, voluntad propia, muerte, incumplimiento de modificaciones técnicas ordenadas por la autoridad, reincidencia en faltas de carácter técnico, por cambio de sector geográfico sin autorización, conspirar contra el orden público o la seguridad nacional, por no uso de la frecuencia durante seis meses seguidos y por ceder sus títulos.

La ley prohíbe expresamente que un concesionario tenga más de una frecuencia, sea de radio o televisión.

Para mayo del 2013, durante el gobierno de Rafael Correa, había más de 180 frecuencias que se encontraban vencidas y en proceso de renovación. Excepto dos, ninguna de estas había sido renovada. En esas condiciones, la Ley Orgánica de Comunicación, LOC, entró en vigencia el 25 de junio del 2013, luego de su aprobación por parte de la Asamblea Nacional. Meses después, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, Conatel, emitió en octubre la resolución RTV-536-25-CONATEL-2013, con el Reglamento para la adjudicación de concesiones y/o autorizaciones de frecuencias para radiodifusión sonora, televisión abierta y sistemas de audio y video por suscripción. 

La Disposición Tercera de esta norma disponía que los contratos vencidos hasta el 25 de junio del 2013  y que contaran con informes favorables, continuarían operando hasta que el Conatel, en un plazo no mayor a un año desde la vigencia de ese reglamento (octubre del 2014) adjudique las frecuencias mediante concurso público o adjudicación directa, conforme corresponda. Luego de ese año, toda operación debía suspenderse.  Los concesionarios con informes desfavorables o procesos iniciados seguirían su proceso de reversión.

Así, de esa resolución, se echaron abajo los contratos vigentes que estaban en proceso de renovación, dice Fernando Najas, director y propietario de Telesucesos. En un carta que envió al entonces director de la Arcotel, Agencia Reguladora de las Telecomunicaciones, Najas afirmaba que "todas las acciones y actuaciones del gobierno anterior fueron tomadas desconociendo la regla jurídica general que establece que los contratos, en lo relativo a sus elementos de existencia , validez y sus efectos (derechos y obligaciones) se les aplica la ley existente y que rige al momento de su nacimiento o celebración. Una nueva ley no puede suprimirlos o modificarlos, so pena de una ilegítima retroactividad. Esto trae como efecto jurídico que las normas del contrato se aplican durante toda la vida del mismo; es decir, hasta su terminación por agotamiento del plazo acordado y el de sus prórrogas".

Y citó el artículo 1561 del Código Civil, el cual ordena que "todo contrato legalmente celebrado es una ley para las partes y no puede ser invalidado sino por consentimiento mutuo o causas legales"

Para abril del 2016, la Arcotel convocó a concurso de frecuencias para cumplir el mandato de la LOC sobre una nueva distribución del espectro: 33% para medios estatales y públicos, 33% para medios privados y 34% para medios comunitarios. Dos años después, un informe de la Contraloría General del Estado, de fines de junio del 2018, cuestionó el concurso, reveló sus irregularidades, y el organismo ordenó su anulación. Nuevamente, la suerte de 1.472 frecuencias de radio y televisión a escala nacional quedó en el aire.

Un reporte de la organización Fundamedios señaló que: en el informe final, que se hizo público este 27 de junio de 2018, la Contraloría General del Estado concluyó que, en varias de las etapas de revisión de los proyectos comunicacionales de los postulantes de frecuencias del Estado se ha “violentado la igualdad de oportunidades y la seguridad jurídica para los participantes”. Entre los hallazgos, el órgano de control informó que se detectaron “irregularidades en la asignación de puntajes, recalificación y descalificación de postulantes”. También observó que el Consejo de Regulación de la Comunicación (Cordicom) aprobó un instructivo “con posterioridad” a las bases del llamado, además de un reglamento sin conocimiento de los postulantes.

En otro punto, que ya fue expuesto en la lectura del informe borrador, la entidad advirtió acerca de la existencia de concentración de frecuencias por parte de tres grupos empresariales, identificados con las letras A, B y C y los números de cédula de los implicados.

En una investigación publicada en este portal, Fundamedios identificó que el primer grupo está relacionado con el asambleísta Jorge Yunda. Al respecto, la Contraloría estableció que fueron 12 empresas relacionadas a este, que postularon para 46 frecuencias 4 de TV y 42 de FM. Del grupo B, que se puede atribuir al empresario mexicano Ángel González, conocido como el “Fantasma”, fueron 18 empresas que postularon para 104 frecuencias, 60 de TV y 44 de radio FM y una de radio AM.  Finalmente, del grupo C, que se atribuye al empresario manabita Lenín Andrade, se mencionó que 5 empresas postularon para 13 frecuencias, de estas, 11 de FM y 2 de TV (seis matrices en la provincia de Manabí).

La Contraloría también informó que se detectaron cambios en estructuras gerenciales sin autorizaciones de la  Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), así como una “dispersión de documentos” que dificulta la verificación.

Tras el informe, la Contraloría determinó la realización de una nueva auditoría a la adjudicación de frecuencias, que no fueron parte de este examen especial, y que deberá realizarse en 90 días. También añadió que “si existen derechos adquiridos generados por efecto de la emisión del título habilitante, deberán analizarse los casos individualmente”.

A la posición de Najas, de Tele Sucesos, se sumaron decenas de propietarios de medios, de los cuales más de 350 estaban ya en situación de contratos prorrogados. Por el contrario, para la nueva directiva de AER, encabezada por el radiodifusor guayaquileño, Klever Chica (radio Huancavilca), lo que corresponde ahora no es la evaluación de cada uno de los contratos sino  la renovación automática de todas las frecuencias que estaban en vigencia antes del concurso de frecuencias. Es decir, durante el primer trimestre del 2016.

Renovación automática por diez años: ¿frecuencias de por vida?

Según reportó diario El Comercio, "los radiodifusores, solicitan que en el proceso de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), se incluya una disposición transitoria con el fin de garantizar los espacios en el radio espectro. El texto propuesto es el siguiente: “Disposición Transitoria.- A efectos de garantizar la recuperación plena del derecho a la libertad expresión, así como para reparar los perjuicios y agresiones que sufrieron los trabajadores de la comunicación en el pasado reciente, y garantizar su derecho al trabajo en el futuro inmediato, quedan renovadas automáticamente, por una sola ocasión, todas las concesiones de frecuencias de radio y televisión cuyo plazo haya vencido previo a la fecha en que se promulgue la presente Ley Reformatoria”. Esta propuesta ya fue presentada, el pasado martes 14 de agosto, al asambleísta Jorge Corozo, presidente de la Comisión de Derechos Colectivos, que está a cargo del trámite legislativo del proyecto de cambios enviado por el Ejecutivo. Los radiodifusores confían en que esta disposición transitoria será incorporada en el informe para primer debate que presentará dicha Comisión al Pleno de la Asamblea, después de que culmine la vacancia legislativa, el 29 de agosto. Está previsto que el informe se aprueba la primera semana de septiembre", dijo el rotativo quiteño.

La directiva de AER no ha escatimado en conseguir padrinos políticos. Uno de ellos se concretó en Guayaquil, cuando el presidente del bloque legislativo del movimiento político SUMA, Guillermo Celi, ofreció su apoyo en la Asamblea para el primer y segundo debates de las reformas a la Ley de Comunicación.

El informe de Édison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión, de la CIDH, luego de su visita oficial de cinco días a Quito, a mediados de agosto del 2018, destacó que sin perjuicio de que en distintos sectores de la comunicación existe coincidencia en que existieron irregularidades en algunas de las ofertas tramitadas en el concurso de frecuencias la suspensión del mismo, "ha generado inquietud e inseguridad jurídica en los medios de comunicación privados y también en sector comunitario. Algunos de estos actores participaron de buena fe en el concurso, cumplieron sus obligaciones y en algunos casos ya accedieron a títulos habilitantes para funcionar; así como otros medios incurrieron en los gastos de rigor y entienden que se suspende el concurso por responsabilidad estatal".

El relator Lanza reconoció en varias reuniones con gente vinculada a la industria de medios y autoridades del sector, lo difícil y enredado de la situación. Y recomendó al Estado, en su informe oficial preliminar, establecer un espacio o consejo de consulta de todos los actores involucrados —medios públicos, privados, comerciales y comunitarios— para establecer un diálogo sobre el marco general de distribución del espectro, la revisión caso por caso de los títulos ya otorgados para incluir a los beneficiarios de buena fe, y el establecimiento de nuevos procesos de asignación de frecuencias. La Relatoría ofreció al Estado y a los actores de la comunicación su asesoramiento técnico para afrontar este proceso.

Sin embargo, la Relatoría consignó su apoyo al sector comunitario y recomendó al Estado ecuatoriano a "mantener la reserva de espectro para el sector comunitario y de los pueblos indígenas. Pero advirtió la necesidad de que a la nueva ley de comunicación se incorpore una definición estricta de lo que es un medio comunitario, así como las condiciones "equitativas" de acceso a licencias, que diferencien las realidades distintas de los medios privados no comerciales.

Pescar a río revuelto...

Fundamedios reaccionó en duros términos frente al pedio de la directiva nacional de AER: "es claro que una renovación automática de frecuencias por un lapso de 10 años violaría de forma severa los principios de libertad de expresión, por lo cual la Asamblea debe abstenerse de conocer o de aprobar la propuesta de transitoria presentada por algún sector de la radiodifusión comercial y cumplir estrictamente el compromiso de ajustar las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación a los estándares internacionales. Hacemos un llamado a todos los sectores a deponer agendas particulares y pensar en este momento de transición de un régimen autoritario a un modelo democrático a la construcción de sólidas instituciones basadas en el diálogo y el consenso, y no en la imposición de medidas que benefician a un sector en desmedro de otros".

La organización, que dirige el periodista César Ricaurte, cuestionó "la pasividad" del Estado en este tema. Dos meses después, somos testigos de la pasividad, incapacidad y negligencia de las autoridades de Arcotel, que no han dado respuestas ante las recomendaciones de Contraloría. Esto ha causado que la situación se transforme en un problema que crece día a día como una bola de nieve, admitió la ONG.

El comunicado público señaló que:

"Arcotel está en la obligación de informar inmediatamente sobre las medidas que tomará para subsanar las irregularidades del concurso anterior y anunciar la convocatoria a uno nuevo, apenas se aprueben las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). El proceso se debe realizar a través de un diálogo público y transparente con todos los sectores involucrados. Hasta el momento, la respuesta ha sido la opuesta; es decir, no dar respuestas, negarse a entregar información y a entrevistas como las que continuamente Fundamedios ha pedido con el Presidente de la Agencia.

"Ante la inacción estatal, la respuesta de otros grupos ha sido la pesca a río revuelto, tratando de introducir una disposición transitoria de última hora en las reformas a la LOC para que se renueven automáticamente las frecuencias de radio y TV. Fundamedios rechaza y denuncia este hecho de un craso oportunismo, antidemocrático y que significa regresar al manejo arbitrario de un recurso público como es el espectro radioeléctrico.

"No es dable que este tipo de prebendas se presenten como una medida de reparación ante la persecución que sufrieron periodistas y medios de comunicación durante el régimen autoritario de Rafael Correa. El asunto de la memoria y reparación no debe ser tratado a este nivel de frivolidad. Las medidas de reparación no pueden darse sobre la vulneración de principios fundamentales de la dimensión social de la libertad de expresión como el pluralismo y la diversidad y contrariando estándares internacionales".