Quesos, leche en polvo, carne, derivados lácteos, verduras, aceitunas, cebollas, manzanas, naranjas, duraznos, café, te de todo tipo, canela, arroz, aceites, azúcar, cacao y sus derivados, maíz, trigo, pan,  soya, productos de higiene como toallas sanitarias, útiles escolares…; solo basta ver buena parte de la lista de los 2800 productos y materias primas, en el plano de alimentos, tecnología o insumos, para darse cuenta del impacto que tendrán las medidas en la vida de los ecuatorianos. Estas salvaguardias vienen camufladas con el salmón, caviar y botas para esquiar, y con la mención constante a estos productos de lujo, el gobierno ha extrapolado los reclamos para decir que el paquetazo es para los “pelucones” que están protestando porque no pueden comprar ahora sus productos gourmet. El presidente Correa preguntó en el Enlace Ciudadano del sábado último si en la Amazonía se comía salmón del Pacífico. Muy probablemente no, pero se usan vehículos, llantas, se consumen artículos de limpieza, se usan útiles escolares en las escuelas y se comen manzanas. Las manzanas chilenas y peruanas constituyen la dieta del 90% de los ecuatorianos, porque la producción nacional no abastece.

Julio Prado produjo un informe interactivo sobre la situación económica del Ecuador.

“La sobretasa afecta solo a los pelucones que comen carne uruguaya y salmón noruego”, dijo Correa en su informe semanal, en el cual aseveró también que la sobretasa a los 2.800 productos solo afecta a las personas de clase alta.  Su tesis se basa en tres argumentos, sintetizó el grupo guayaquileño Investigación Estratégica, IE, en su tradicional análisis de los enlaces: Primero,  fue la tesis del presidente, los productos de primera necesidad que consumen las personas de clase baja y afectados por la sobretasa, como los alimentos, se producen nacionalmente. Segundo, los productos a los que se les ha agregado la sobretasa que no se producen en el país, como electrodomésticos y teléfonos, no son perecibles y por tanto se puede esperar 15 meses (que es lo que dura la medida) para comprarlos. Y tercero, que los demás bienes afectados, son bienes suntuarios que solo compran los ricos. “La economía no se verá mayormente afectada”, continuó el  presidente, citado por la misma IE, quien mostró que la oferta de productos del país es de USD 128 millones, de los cuales solo USD 27 millones son importados. Es decir, solo 22% de la oferta nacional son productos importados. De ese 22% importado, solo se le ha puesto salvaguardia a la tercera parte. Esto significa, según el Presidente, que solo afecta al 6,9% de la oferta nacional.

Así, el gobierno llevó una medida económica, calificada como una de las más graves en tiempos de la república por la Cámara de Comercio de Quito, al terreno político y de la propaganda, donde basa sus fortalezas.  Pero no es tan simple, aunque el régimen persista en simplificar el debate y descalificar a los debatientes, la realidad supera la ficción.

El mismo IE señaló en su informe que  “El consumidor en general se verá afectado. Decir que solo afecta a la clase alta es omitir las consecuencias no intencionadas que provocará el alza del arancel. La restricción de importaciones reduce tanto la variedad como la cantidad de productos disponibles en el mercado. Esto distorsiona la competencia, disminuye la oferta de productos y provoca un incremento en los precios (inflación). El presidente en sus afirmaciones no ha tomado en cuenta el encarecimiento de precio de los servicios que resultará a causa de la sobretasa a los bienes. Todas estas secuelas afectan la soberanía y el bienestar general del consumidor. Los ricos podrán seguir pagando sin que se afecte su calidad de vida pero la clase media y baja tendrá que modificar sus hábitos de consumo.

“Nada asegura que la medida dure 15 meses, dice IE. A pesar que el Presidente afirma que la medida durará 15 meses, la Resolución no especifica la fecha de expiración, solo establece que es de “carácter temporal”. El Presidente también dijo que se estableció el límite de 15 meses porque es el máximo permitido por la OMC. Sin embargo, el límite al que probablemente se refiere Correa, es el plazo de 15 meses que da la Organización para que los países apliquen las resoluciones que la OMC dicta cuando hay alguna diferencia entre países. Dicho plazo se cuenta a partir de cuando la OMC hace la recomendación. Este plazo no es totalmente definitivo según el Entendimiento sobre Solución de Diferencias de la OMC: “…El plazo prudencial [de 15 meses] puede ser más corto o más largo, según las circunstancias del caso” (Art. 21 apartado c).

¿Y si se daña? Decir que se puede esperar 15 meses para comprar productos porque no son perecibles es generalizar. Hay productos de primera necesidad que no durarán 15 meses más. Refrigeradoras, ropa y teléfonos son productos básicos que no se podrán reemplazar sin pagar la tasa. ¿Qué pasa si la refrigeradora de una familia pobre se daña en ese plazo de tiempo?

Pero el problema central, según analistas económicos no está tan solo en la caída del precio del petróleo, la fortaleza del dólar y la balanza de pagos en rojo. Está en que la economía ecuatoriana está en la práctica sometida a los vaivenes de un Estado cuyo tamaño supera el 50% del PIB y que distorsiona la economía y que no produce un centavo, solo consume y gasta. 

Como dijo  en El Universo el director de investigaciones económicas de la Universidad San Francisco de Quito, la más grande universidad privada del Ecuador, Pablo Lucio Paredes:  “Cuando el Gobierno contrata a decenas de personas para controlar a los medios de información privados, genera actividad (sueldos que se pagan, oficinas que se adecuan, compra de equipos), pero no hay aumento de productividad (posiblemente decrecimiento) porque esta actividad nada aporta a la mejora de la calidad de la producción ni de la vida en el país (salvo de los involucrados y sus jefes)”.

La afirmación del economista Paredes tiene cifras: el Programa Anual de Inversiones para el 2015, aprobado por la Asamblea Nacional contempla la implementación de una plataforma de tecnología de monitoreo de medios de comunicación con alcance nacional, por USD 2’333.500.  El asambleísta Ramiro Aguilar, como parte de la Comisión Económica de la Asamblea denunció gasto corriente disfrazado de inversión por USD 1200 millones.

Es más, el Plan de Inversiones contempla, por ejemplo, un proyecto del Consejo Nacional de la Judicatura para “combatir la impunidad de los delitos a nivel nacional”, por USD  63 millones; o USD 1,5 millones para el “fortalecimiento de la Dirección de Comunicación Social” del Ministerio del Interior, o los USD 107 millones para la “implementación de proyectos inmobiliarios para la distribución nacional de las instituciones a nivel nacional” a cargo de Inmobiliar o los USD 9,6 millones que el secretario de la Administración Pública tendrá este año para “desarrollo e implementación de mecanismos de difusión de la imagen gubernamental y relacionamiento ciudadano”, y los USD 6 millones que pretenden gastarse en la Secretaría de Comunicación en la “implementación y fortalecimiento del programa radial Habla Ecuador en el territorio nacional en internacional”, y en la misma Secretaría la inversión de USD 3 millones para implementar el canal de televisión de la Función Ejecutiva, o los USD 167 millones destinados a la Secretaría Nacional de Educación Superior para  el “fortalecimiento de conocimiento y talento humano”.  La lista incluye otras inversiones en la Cancillería como "Apoyo al proceso de consolidación de la Unasur", por USD 8,3 millones; o los USD 15 millones destinados para posicionar la Marca País a cargo del Ministerio de Comercio Exterior o el USD 1,2 millones que la Secretaría  Nacional de la Gestión Política dice que invertirá en un Programa de Pensamiento Político. O el Ministerio de Turismo debiera explicar a los contribuyentes por qué es una inversión prioritaria los USD 18 millones que se destinarán este año para el "Programa nacional de destinos turísticos de excelencia" o en qué consiste el Programa Ecuador Potencia Turística, el cual gastará USD 42 millones o los USD 76 millones que se destinarán al proyecto Ciudad del Conocimiento o Yachay. La lista ocupa 26 páginas y el monto global supera los USD 8100 millones.

“El problema de la economía ecuatoriana, por más que el Presidente Correa lo niegue una y otra vez, es que tiene un muy importante déficit público, fruto del aumento desproporcionado del gasto que se ha producido en los años del gobierno de la Revolución Ciudadana. Gasto favorecido por los excepcionalmente altos precios del petróleo a nivel internacional”, afirmó de su parte Luis Espinosa Goded, profesor de la Universidad San Francisco, en su post llamado “Salvaguardas a la prosperidad”. 

Y continua: ahora que el Gobierno no tiene esos ingresos extras, y acostumbrado a la irresponsabilidad fiscal que supone equilibrar gastos permanentes -como son los del funcionamiento del gobierno- con ingresos no permanentes -como son los derivados de los altos precios del petróleo- se enfrenta a la realidad de un gasto insostenible. Sumado a una economía que no es muy productiva (ni tan siquiera significativamente más productiva que hace ocho años) pues el modelo de crecimiento estaba basado en el gasto público, no en la producción o el comercio.

“Ahora bien, llegados a esta situación es bien difícil una solución. Las deudas asumidas hay que pagarlas, y ni los precios del petróleo ni la productividad del Ecuador son suficientes para hacerlo, por lo que hay que tomar una decisión que haga cambiar el modelo económico. La decisión más evidente es reducir el gasto público. El Gobierno ya ha anunciado una reducción de 1420 millones de dólares, lo que viene a ser un 3,7% del presupuesto público. Considerando el aumento producido en estos ocho años de la Revolución Ciudadana de hasta un 250% (no ajustado a inflación), se entenderá que no es tan significativo el “sacrificio”. Pero estas medidas son contrarias a la ideología socialista de este gobierno, a lo que ha hecho durante todos estos años, amén de muy impopulares políticamente.

Es por ello que Rafael Correa ha optado por la medida políticamente más cómoda y rentable, culpar de los problemas a los demás (literalmente a todo el resto del mundo por “devaluar“ sus monedas frente a Ecuador), dice Espinosa,  y hacer soportar la carga del ajuste a los consumidores a través de una medida que hasta niega que sean “impuestos”.

Pero lo políticamente rentable no es -de hecho suele ser lo opuesto- lo económicamente conveniente. Y estas medidas afectarán a la producción y productividad de la economía ecuatoriana, impedirán la innovación y la competencia, y por tanto harán que en el medio plazo se sea más pobre (o menos rica)”.

El economista Pablo Zambrano, de la Universidad Católica, también va por la misma línea; sostiene que “se trata de una estrategia de tipo comercial, porque el régimen está convencido de que nuestro problema es la falta de divisas y que nada tiene que ver el gigantesco gasto público (cercano al 40% de lo que producimos nacionalmente, cuando éste no supera el 30% en economías más libres, menos intervenidas y más desarrolladas). ¿Se pudo haber hecho algo para evitar este ‘paquetazo’ que impactará en los bolsillos de los ecuatorianos? Por supuesto que sí. Se debió haber ahorrado solo el 5% de los más de USD 200 000 millones manejados presupuestariamente por este gobierno (habríamos tenido un “neoliberal, ortodoxo, conservador y prudente” fondo de USD 10 000 millones). Se debió haber firmado más acuerdos comerciales con EE.UU., Canadá, Corea del Sur, con lo cual habríamos atraído más inversión extranjera a nuestro territorio.

"No se lo hizo y ahora la factura la pagaremos todos los consumidores ecuatorianos. Porque hay que decirlo claramente: al haber menos competencia de productos importados, habrá monopolios locales de productores nacionales que podrían encarecer el precio de los bienes al consumidor, por más controles socialistas que se realicen”.