La Comisión Ocasional Aampetra aprobó el viernes 16 de febrero su informe parcial sobre los 42 casos que conoció en más de siete meses de existencia acerca de hechos de violencia sexual contra menores en unidades educativas. El grupo de 10 legisladores que adoptaron el nombre de una unidad educativa del sur de Quito, donde se registró el abuso a 41 menores por parte de su profesor, levantó con ayuda de la sociedad civil, padres de familia y entidades públicas la información de esos casos donde se repiten omisiones de las autoridades, falta de diligencia en el ámbito judicial y de sanciones por parte del Ministerio de Educación.

Uno de los rasgos que más se repiten es la falta de denuncia en la Fiscalía por parte de los rectores de los planteles y su negligencias al separar al docente apenas se conoce de un caso de agresión sexual. Asimismo aparecen identificados fiscales y jueces que han dilatado procesos o fallaron, sin motivación, a favor de los acusados. Se relata también casos como el de una madre que tuvo que encontrar ella misma al acusado para que este sea detenido. O el hallazgo de pornografía infantil en manos de profesores sin que eso haya motivado a la Fiscalía a ampliar la investigación a posibles conexiones con la delincuencia organizada. O los “donativos” que recibiera un funcionario del Ministerio de Educación por parte de la escuela Aampetra.

La Comisión presentó en su informe 29 recomendaciones orientadas a la prevención, a la detección y atención de los casos, a la reparación de las víctimas y a la reforma de normativas. Sin embargo, aunque padres y representantes de la sociedad civil se muestran satisfechos con el trabajo de la Comisión, hay voces como las de Sybel Martínez, del grupo Rescate Escolar, que plantea dudas Esta organización tiene 22 casos adicionales a los investigados por Aampetra. Martínez se pregunta: ¿y ahora qué?, ¿quién hará seguimiento a este informe y su cumplimiento? (Vea la entrevista más abajo).

Estas son las faltas que encontró la Comisión en seis casos de abuso sexual en planteles del país.

Aampetra

Entre 2010 y 2011, 41 estudiantes fueron abusados sexualmente por el profesor José Luis Negrete en la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari (Aampetra), en el sur de Quito. En este caso, la Comisión detectó 19 faltas tanto de autoridades educativas como de las judiciales. La institución no solo no denunció sino que no ayudó en la investigación de los hechos. Según el informe, pretendieron negar los hechos, contradecir a las víctimas, minimizar lo sucedido, impedir que se lleve a cabo el reconocimiento del lugar de los hechos, entre otras omisiones. Tampoco protegieron a las víctimas, al no haber separado definitivamente al docente. Ni hubo un apoyo psicológico adecuado.

Sobre la contratación del profesor, el informe dice que este ingresó por recomendaciones más no por controles internos. Las autoridades de la institución además se resistieron a cumplir la sentencia para la reparación de derechos de las víctimas. Al día de hoy, dice el informe, hay irregularidades en el funcionamiento de Aampetra.

El 20 de junio de 2017, padres de las víctimas de Aampetra acudieron a la institución para exigir la reparación simbólica dispuesta por la justicia. Esta consistía en una placa en el aula donde los alumnos fueron abusados por un profesor. 

El viceministro de Educación, Álvaro Sáenz, en la colocación de la placa en un aula de Aampetra.

Sobre las autoridades de Educación, el informe señala a directores provinciales, funcionarios de esa instancia y del Distrito Educativo que no investigaron los hechos ni sancionaron a Aampetra por no haber denunciado. Menciona, por ejemplo, que el supervisor educativo Nelson Fonseca no realizó una evaluación externa de la unidad educativa Aampetra luego de los hechos ocurridos, y en el 2015 fue acusado de recibir “donativos” por parte de esta institución educativa. Pese a los hechos, a Aampetra se le permitió ampliar su negocio y el funcionamiento de niveles iniciales. Es más se le ha autorizado subir las pensiones sin que se haya conocido que ha mejorado sus niveles de seguridad para sus estudiantes.

Sobre la actuación de las autoridades judiciales, afirma que hubo demoras injustificadas. Dejó que el profesor Negrete esté prófugo por cuatro años aunque vivía cerca a la institución. La Comisión hizo un llamado de atención a la Fiscalía porque no investigó otros hechos que pudieron estar relacionados como delincuencia organizada o pornografía infantil. En el domicilio del profesor fue hallada una gran cantidad de CDs de pornografía, incluido pornografía infantil.

También se señala que no investigó la falta de disculpa pública ordenada en la sentencia contra Aampetra y que tardó cuatro años en incluir a las víctimas en el Sistema de Protección a Víctimas y Testigos. En el Registro Civil, el profesor se mantiene como un ciudadano con derechos. Según el informe no se registra como interdicto y ni la pérdida de sus derechos, “lo cual fue declarado en las sentencias en su contra. Este aspecto es modificado en las personas contra las cuales se dicta sentencia ejecutoriada”. Negrete fue sentenciado por violación y atentado al pudor.

Mushuk Pakari

En la institución intercultural Mushuk Pakari, ubicada en Calderón en el norte de Quito,84 niños entre 12 y 14 años fueron abusados por su profesor. Al igual que en Aampetra, las autoridades educativas no denunciaron el hecho ante la Fiscalía. El director de Consejería Estudiantil fue quien presentó la denuncia, más no el rector. El informe señala que hubo negligencias por parte de las autoridades del Ministerio de Educación al no dictar medidas preventivas que permitían el contacto entre las víctimas y el posible agresor. La Junta Distrital además archivó el caso por falta de pruebas y restituyó al docente poniendo en peligro a los estudiantes.

En la Unidad Mushuk Pakari, 84 estudiantes fueron abusados sexualmente. El profesor negó los cargos. 

La Comisión señala como falencia que los padres o familiares de las víctimas no puedan apelar la decisión del Distrito por no ser parte procesal. Solo después de que el abuso se hiciera público por la prensa, la Subsecretaría de Educación del Distrito Metropolitano de Quito y la Dirección Distrital tomaron acciones como remover al rector y al director del Distrito. Sobre las autoridades judiciales, el informe dice que aún no se han presentado todas las denuncias de abuso, pero resalta que la Fiscalía ha actuado con celeridad en el caso.

En el Réplica Aguirre Abad

En la Unidad Educativa Réplica Aguirre Abad, de Guayaquil, decenas de estudiantes habrían sido víctimas de abuso sexual por cuatro profesores. Los niños tienen entre 6 y 8 años y la denuncia se hizo en el 2017. En este caso, la falta de acción de las autoridades del plantel también se hizo presente. La exrectora Patricia Cuenca no presentó la denuncia en la Fiscalía, además de obstaculizar la labor de la justicia. Por ejemplo, no permitió el paso de la Policía y de la Fiscalía para que capturen a los sospechosos.

De su lado, las autoridades educativas no brindaron protección inmediata a las víctimas. Hubo sumarios administrativos contra uno de los docentes acusados, pero no se conoce su resolución. Al momento, la Unidad está intervenida.

El campo judicial, la Comisión destacada que el Juez, a pedido del Fiscal, dispusiera la prisión preventiva para garantizar la presencia de los procesados. Uno de los docentes que estaba prófugo fue incluido en la lista de “Los más buscados”, lo cual permitió su captura. Al igual que en Aampetra, la Comisión señala que es necesario que se investigue sobre la posible existencia de una red delictiva.

Asegura que hay inconsistencias en el número de casos en la institución, pues se llegó a hablar de al menos cien. Por eso exhorta a las autoridades a dar información oportuna. Asimismo dice que en este caso solo se han presentado cinco denuncias. “Lo cual evidentemente promueve la impunidad de los delincuentes”.

Dos menores agredidos en la Condamine

Un profesor de natación fue procesado por el delito de agresión sexual contra un menor en el colegio La Condamine, ubicado en el norte de Quito. A este caso de lo conoció con el del “Principito”. Los hechos ocurrieron en el 2014. En este caso, la Comisión también halló que las autoridades incumplieron con su obligación de denunciar ante la Fiscalía, ni poner el caso en conocimiento de Junta Distrital Intercultural de Resolución de Conflictos. No se informó tampoco al Departamento de Consejería Estudiantil (DECE). No hubo medidas de protección a favor del menor.

En el ámbito de las autoridades educativas, la Junta Distrital de Resolución de Conflictos no resolvió ninguna sanción a nivel administrativo ni dispuso medidas de protección. También señala que la Subsecretaría de Educación del Distrito Metropolitano de Quito no ha realizado seguimiento del caso, ni cuenta con información del mismo. Dice que los delegados del Ministerio de Educación que trabajan en la institución fueron negligentes, porque no informaron a las autoridades educativas respecto a este hecho de violencia sexual.

Familiares y amigos del "Principito" en una protesta afuera de la Corte Provincial de Pichincha. 

En lo judicial, la Comisión afirma que hubo irregularidades en la actuación del juez de primera instancia, Oswaldo Vayas, al dictar el sobreseimiento de forma no motivada. También encontró que se ha vulnerado el debido proceso, ya que el juez no notificó a las partes sobre el sobreseimiento y dejó en libertad al acusado. El procesado además no cumplió con la medida de presentarse periódicamente ante el juez y una funcionaria judicial no informó sobre este falta. La actuación del juez, dice la Comisión, permitió que el profesor se fugara cuando ya se dispuso su prisión preventiva. Finalmente, el Consejo de la Judicatura dictó medidas disciplinarias contra el juez Jaime Oswaldo Vayas Machado.

En esa misma institución, una niña de 12 años fue abusada por otro profesor. La actuación de las autoridades del plantel fue similar. No denunciaron el caso ante la Fiscalía, ni otras instancias para asegurar su protección. Pero en este caso, dice la Comisión, se violó la privacidad de la niña. Para la separación del docente de la Unidad se acudió al Ministerio de Relaciones Laborales donde se utilizó como prueba los mensajes que era emitidos por el docente hacia la alumna.

En ambos casos, el colegio La Condamine permitió acudir a un grupo de docentes a las audiencias para respaldar al acusado, lo cual es evidencia de su falta de "imparcialidad".

Unidad Educativa CEBI de Ambato

Un profesor fue acusado por estupro contra una menor de 15 años. En este caso se repiten las misma omisiones que en los anteriores. Las autoridades no separaron al docente ni protegieron a la víctima. Y la rectora no denunció ante la Fiscalía. El Distrito de Ambato tampoco impuso una sanción a la institución por esas faltas. Recién en el 2017, cuatro años después, se abrió un proceso sancionador.

La Comisión señala que no existe normativa que impida a presuntos agresores sexuales seguir como docentes en otras instituciones. En el caso del CEBI, el agresor pasó a la institución PIO X donde estuvo otra vez a cargo de menores.

En lo judicial, el juez Juan Carlos Vayas no acogió el dictamen fiscal acusatorio y dictó el sobreseimiento a favor del acusado. La Fiscalía apeló y revirtió la decisión. Pero el juez Vayas emitió la boleta de captura 10 meses después de que fue dispuesta. Apunta además que tampoco se subió la boleta de captura al Sistema de la Policía Judicial, por lo cual, para la captura fue la propia madre de la víctima la que halló al procesado y solicitó la colaboración del personal del ECU-911. Y aunque el profesor fue condenado a tres años de prisión se declaró la prescripción de la acción penal y el acusado está libre. Justamente la madre la víctima pidió en la sesión de la Comisión del viernes pasado protección para los padres de familia de las víctimas porque son también amenazados.

Academia de Ballet Guadalupe Chávez y el Ballet Ecuatoriano de Cámara

Tres alumnas de ballet fueron víctimas de acoso sexual por parte de un profesor que laboraba en las dos academias. En la sesión del viernes 16 de febrero, cuando se aprobó el informe, los legisladores consideraron importante incluir este caso aunque no tuviera que ver con centros educativos. Aseguran que ninguna institución educativa controla y regula las academias y centros de ballet, artísticos, deportivos, culturales, de formación complementaria, con lo cual no se garantiza la seguridad de los menores que asisten a ellos.

También identificaron que las academias y demás centros de formación complementaria, al igual que las instituciones educativas particulares, no cuentan con normativa que les permita desvincular a sus trabajadores por violencia sexual contra sus estudiantes y si lo hacen más bien pueden ser sancionados. De ahí que creen importante una reforma al Código de Trabajo.

En este caso se repite que la rectora de la academia de Ballet Guadalupe Chávez no denunció los hechos y que el denunciado sigue dando clases a otros niños. En el proceso penal hubo demoras y postergamiento de audiencias.

  ENTREVISTA  

“La impunidad perpetúa el abuso”
Sybel Martínez, directora del Grupo Rescate Escolar

¿Cuál es su opinión sobre este informe?

No podemos desmerecer el trabajo que han hecho, pero creo que falta mucho. ¿Después del informe y de las recomendaciones qué? Esa es la pregunta que me hago. Porque exhortos y recomendaciones no van a cambiar la realidad de nuestro sistema educativo. Parece que la violencia se ha convertido en una forma de relación entre adultos y niños. No en vano la cifra de maltrato de padres a hijos se ha incrementado en nueve puntos en los últimos 10 años. Una de las recomendaciones es que el Ministerio de Educación garantizará que las instituciones cumplan con los protocolos y denunciar en menos de 24 horas. Pero si esto no ocurrió obviamente debemos buscar quién no cumplió esto para establecer responsabilidades y sanciones porque la impunidad perpetúa el abuso. Hay cosas que son obvias que no se cumplieron.

¿Tal vez es necesario incluir sanciones para quienes no cumplan esas recomendaciones?

Exactamente. Porque además nos quedamos cortos. Llegamos hasta los subsecretarios, pero nada hablamos de los ministros que en su momento sabían lo que pasaba. Entonces a mí me quedan debiendo. Y no por buscar al chivo expiatorio pero debemos ser claros. Hubo omisiones claras.

Es decir que hay una Comisión que trabajó desde hace más de 7 meses y otra vez no hay responsables.

Y tampoco hay respuestas eficientes y eficaces. Porque después de esto, lo obvio, es implementarse un plan de prevención de la violencia sexual a escala nacional. Debería exigirse a los colegios que así como tienen bachillerato internacional tengan mecanismos y sistemas de prevención de todo tipo de violencia. La mejor forma de proteger a los niños es un sistema integral que obstaculice al agresor. Eso es algo que con este informe se demuestra que no está pasando. Y no es falta de norma aunque se ha hablado de la imprescriptibilidad de los delitos. Pero si yo hago lo que debo no debería ser necesaria.

Creo que también faltó investigación. Nosotros tenemos más casos. Y no hablamos de 42 sino de 919 si somos exactos con el Ministerio de Educación. Allí hay otro aspecto que cuestionamos, el Ministerio hace su estudio y sigue siendo juez y parte.

¿Quién debería investigarlos?

La Fiscalía en términos generales. Mal podríamos esperar que el Ministerio se investigue y se sancione. Es tan simple como coger una hoja del expediente y ver qué ha pasado. En el caso de los niños abusados en una escuela en Chunchi se sugirió negociar una violación. Lastimosamente el Ministerio aún no ha sido saneado, las mismas personas que decidieron poner bajo la alfombra una denuncia siguen allí.

O han sido removidos.

Y otras veces tiene voz en las mesas interinstitucionales.

¿Las acciones de la Comisión se articulan con otras instancias?

No están siendo articuladas. En el informe se dice que se recomienda a la mesa interinstitucional dar medidas eficaces frente a este tema. Pero vemos también que se duplican esfuerzos. Por un lado está la comisión Aampetra y por otro la mesa liderada por el Ministerio de Educación. Es decir, seguimos trabajando de la misma forma. Porque lo que sabía Educación no sabía Fiscalía ni la Judicatura. Eso propició que en la desestructura que existía ocurran más agresiones. Pueden haber buenos protocolos, pero en la medida que sigan aislados no sirven de nada.

Y esto se prueba recién en un caso de Santo Domingo. Es un caso de enero donde hay pornografía infantil. La madre pone la denuncia en la Dinapen y pasa a la Fiscalía. Y no encuentran mejor cosa que citarle al profesor en el aula y el agresor increpa a las niñas para que le diga quién lo denunció. El hombre, antes de ser separado, se subió a los buses para amenazarlas varias veces. Una de las razones de la demora es que no se le ha tomado la versión al agresor porque la Judicatura dice que está lleno el servicio. Seguimos igual: es lo mismo que le roben un celular a una persona a que violen a un niño.

Nosotros insistimos en que existen más de 500 víctimas directas y hay además víctimas indirectas. Hay niñas que siendo abusadas en el aula, el resto de niños ven o son maltratados para que no digan nada.

Me parece importante hablar sobre el plan de prevención de violencia sexual para trabajar en tres niveles. El primero: los niños que no han sido abusados y sus familias y todo profesional que interviene en su formación. El segundo aquellos niños que están en riesgos, los que viven en la calle, tienen enfermedades catastróficas o una discapacidad. Y el tercero tiene que ver con los niños abusados que según las estadísticas pueden volver a ser abusados. Es un trabajo mancomunado, pero yo no acepto las recomendaciones de la Comisión.

¿Por qué?

Porque la Comisión dijo que iba a hacer un control político, pero yo quiero saber qué institución del gobierno es la encargada de controlar las políticas públicas en este país. ¿Quién va a coger ese informe y hacerlo suyo? Los meses que tiene la Comisión para hacer reformas por ejemplo al Código de la Niñez son pocos.