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29 de Marzo del 2022
Historias
Lectura: 11 minutos
29 de Marzo del 2022
Redacción Plan V
El polémico contrato "a dedo" para servicios conexos del mayor proyecto eólico del país
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Un proyecto similar, pero más grande, como el del Villonaco, Loja (foto) se levanta en la misma provincia. Es el proyecto Minas de Huascachaca, en Saraguro.  Fotos: Juan Carlos Calderón.

 

Un contrato de servicios conexos firmado en torno al proyecto eólico más grande del país es duramente cuestionado por la Cámara de Transporte Pesado del Ecuador. Los transportistas denunciaron que se les ha excluido como proveedores, violando la ley, dicen. Presentaron un recurso de amparo que fue aceptada en la Corte Provincial del Azuay que echa abajo el contrato. Pero el juez ponente de la Sala de lo Civil hace graves denuncias de presunta manipulación para favorecer a Elecaustro y la empresa china contratista del proyecto.


Lo que empezó como un reclamo de los afiliados a la Cámara de Transporte Pesado del Ecuador —por una supuesta exclusión del gremio en un contrato entre la eléctrica Elecaustro y la empresa china Dongfang International para la construcción del proyecto eólico Minas de Huascachaca, en el cantón Saraguro, provincia de Loja— ha terminado en una denuncia de presunta manipulación de la justicia y ahora bajo investigación de la Asamblea Nacional. Huascachaca es considerado el mayor proyecto eólico de país. Oficialmente, la inversión es de USD 90 millones.

Según la información oficial, Minas de Huascachaca comprende dos fases; la primera, que ya está concluida, contempló la construcción, mejoramiento y adecuación de las vías, desde la derivación de la vía Girón–Pasaje, vía Puente–Uchucay, puente sobre el río Jubones y escombrera de 6,5 km de vías, incluido el puente.


Vias y puente de las vías que conducen al proyecto, en Saraguro, Loja. Foto: Elec Austro

En la segunda fase, el pasado 27 de junio del 2021, Elecaustro y la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) Unidad de Negocio Transelectric, energizaron las Subestaciones La Paz y Uchucay, además de la Línea de Transmisión, que constituye la futura interconexión del Parque Eólico Minas de Huascachaca.

En septiembre del año pasado se encontraba en marcha la fase de construcción y puesta en operación del Parque Eólico Minas de Huascachaca de 50 MW, para los 14 aerogeneradores de 3,571 MW cada uno, vías de acceso en su eje tres, plataformas y cimentaciones de aerogeneradores.

El 24 de enero del 2022 llegaron a puerto Bolívar 14 aerogeneradores desde China. Y ahí se expresó el problema, porque el contrato estipulaba que las piezas gigantescas serían entregadas en puerto. Y el transporte de las mismas sería objeto de otro contrato. Fue entonces que la Cámara Nacional de Transporte Pesado y Medio Ambiente reclamó que la empresa china había firmado con Elecaustro un contrato de Servicios Conexos, en julio del 2021, por USD 11 millones, cuyo rubro para transporte era de USD 7 millones.

El 22 de febrero, los dirigentes de la Cámara se presentaron ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, para denunciar algunas presuntas irregularidades en este contrato de Servicios Conexos, porque este habría violado la ley y la Constitución al no priorizar la contratación de los proveedores nacionales.


El proyecto generaría 50 MW a un costo final de USD 101 millones, es decir a dos millones de dólares el megavatio. Fotos: Elec Austro

Para la segunda fase, a pedido de esta empresa, entregó el manejo en el puerto, transporte terrestre, montaje, instalación, puesta en marcha, a Dongfang. S.A.,  empresa ecuatoriana creada recientemente.

La denuncia presentada ante la Comisión de Fiscalización, que incorpora la sentencia de la Sala de la Corte Provincial, donde se aceptaba el recurso y se echaba abajo el contrato de Servicios Conexos Ver PDF

Según denunciaron, Elecaustro, habría, por cuenta propia, dividido un contrato integral en dos fases: una es la provisión de los aerogeneradores que no se producen en el país y que contrató con Dongfang International. "Para la segunda fase, a pedido de esta empresa, entregó el manejo en el puerto, transporte terrestre, montaje, instalación, puesta en marcha, a Dongfang. S.A., empresa ecuatoriana creada recientemente y así, dijeron los dirigentes, se excluyó directamente a la industria nacional". Dongfang S.A. fue declarado proveedor único, pero al no estar en capacidad de ejecutar el servicio, "subcontrató con un consorcio extranjero meses antes de firmar el contrato de servicios conexos con Elecaustro, situación denunciada también por la Canatrape en lo que se presume constituye un perjuicio al Estado ecuatoriano".

El abogado de la Cámara, Francisco Peralvo, dijo que el proyecto está concebido como integral, esto es, la fabricación de los aerogeneradores, que no se fabrican en el Ecuador, y los servicios conexos. Estos son el transporte desde el puerto ecuatoriano hasta el sitio de emplazamiento del proyecto, además de la operación y mantenimiento del parque eólico. Cuando Elecaustro hace una evaluación de producción nacional y señala que no existe, pero para la producción de aerogeneradores, pero para el transporte, instalación y mantenimiento sí existe y por tanto se violentan los derechos de la industria nacional". El abogado Peralvo aseguró que cuando la empresa eléctrica realizó el proceso de convocatoria internacional dividió en dos esta contratación y dejó a un lado los servicios conexos. En ese contrato internacional Elecaustro estableció que la empresa china era la que designaría o establecería a futuro si era esta la que realiza los servicios conexos o designan a un tercero. "Si el proyecto es integral no puede ser mutilado", y es la empresa internacional la que entregaría los contratos de servicios conexos basada en una garantía técnica, que es la que cubre bienes por defectos de fábrica, dijo, y no puede servir para la contratación de servicios conexos.

La contratación de servicios conexos se hizo a través del sistema de régimen especial. Elecaustro firmó un contrato de régimen especial "incumpliendo lo que establece el artículo 95 del Reglamento de la Ley Orgánica de Contratación Pública, donde se establece de manera taxativa los elementos a considerar para un régimen especial de proveedor único".

La empresa china estableció que quien iba a hacer los servicios conexos era una empresa llamada Dongfang Electric Ecuador S.A. Y con una simple carta, dijo el abogado de la Cámara, Elecaustro declara a esa empresa como proveedor único, y exclusivamente se invita a esa empresa para que presente una oferta para los contratos de servicios conexos. Para el abogado de la Cámara de Transporte esta empresa no cumple las normas establecidas por el Sercop, no tiene existencia legal mínima. La norma establece que para ser contratados por el monto de USD 11,4 millones se debe tener al menos de tres años de existencia legal, "y al momento de contratar esta empresa no tenía ni un año de existencia legal". La norma establece que una empresa para contratar en estas condiciones debe tener un patrimonio de USD 1,5 millones al menos "y Dongfang Ecuador tiene cero". Además, según la ley, para ejercer el servicio de transporte en el Ecuador se debe contar con un titulo habilitante "y esta empresa no lo tiene; por tanto se contrató a dedo a una empresa que no estaba habilitada para ello", dijo el abogado. Además, para la actividad de transporte pesado hay muchos proveedores en el Ecuador, no se puede pretender que haya un proveedor único en el tema del transporte, se precisó.


Este es el Proyecto Villonaco, también en la provincia de Loja. Foto: Juan Carlos Calderón.

La sentencia de primera instancia, al negar la acción de protección, había determinado que este contrato era una acción administrativa y no violaba ningún derecho constitucional y que el reclamo de la Cámara de Transporte debía hacerse por la vÍa ordinaria.

Por esta contratación, la Cámara Nacional de Transporte presentó una acción de protección en contra de Elecaustro, la cual fue declarada sin lugar, es decir no fue aceptada. La Cámara apeló. La apelación fue conocida por la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial del Azuay. El juez ponente fue Fernando Larriva González.

La sentencia de primera instancia, al negar la acción de protección, había determinado que este contrato era una acción administrativa y no violaba ningún derecho constitucional y que el reclamo de la Cámara de Transporte debía hacerse por la vía ordinaria. Argumento que había sido sustentado tanto por la empresa Elecaustro, la empresa Dongfang y la Procuraduría General del Estado. Pero la Corte Provincial, con dos votos contra uno en la Sala de lo Civil y Mercantil, revocó la sentencia de primera instancia y concedió el recurso de ampara a la Cámara Nacional de Transporte Pesado. Además, suspendió la ejecución del contrato de Servicios Conexos, lo dejó sin efecto y ordenó a la entidad accionada a realizar un nuevo contrato que incluyera proveedores ecuatorianos.

Los jueces provinciales Fernando Larriva y Fernando Moreno Morejón dieron mayoría en la decisión, que tuvo el voto salvado de la jueza Martha Guevara. Como juez ponente, Larriva debía notificar las partes. Pero según la denuncia por escrito que este juez provincial presentó ante el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, Fernando Villavicencio, el juez ponente no pudo notificar, y luego el juez Moreno le habría dicho que cambiaba de opinión, lo cual, según Larriva no se puede hacer. Luego de algunos problemas y varias semanas, Larriva dice que los jueces Moreno y Guevara emitieron otra sentencia, y asegura que se usó su firma electrónica en la nueva sentencia sin su autorización. En esta nueva sentencia se negó el recurso de apelación de la Cámara Nacional de Transporte Terrestre y se dejó firme el rechazo a la acción de protección. El magistrado ha pedido que se investigue todo el procedimiento y dijo adjuntar todas las pruebas que sustentan su denuncia. 

Pedido de la Asamblea al presidente encargado del CNJ para que investigue esta denuncia. Ver PDF

El presidente de la Comisión envió un oficio al presidente encargado del Consejo Nacional de la Judicatura, Juan José Murillo, donde le dice que "El trasunto esencial de la presente denuncia, está circunscrito a la abrupta decisión de no notificar una sentencia dentro de un recurso de apelación presentado en una Acción de Protección, signada con el N. 01333-2021-09938; conducta ilegal que está siendo atribuida a los jueces: Doctor Fernando Moreno Morejón y Doctora Martha Guevara Baculima, jueces de la Sala integrada para absolver y resolver la referida acción constitucional".

 

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