Al dejar el Gobierno por un "cambio de visión" sobre los derechos humanos, la ex secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, declaró de manera enfática que uno de sus logros fue "posicionar al Ecuador junto a 62 países del mundo en construir la política pública para la población LGBTI, convirtiéndonos en una democracia más justa".

Pero a renglón seguido, la ex funcionaria destacó que la postura actual del Gobierno "dista del objetivo inicial de construir un país de oportunidades y de encontrarnos por los derechos". Con ella renunció Felipe Ochoa, a quien el Gobierno nombró como titular de la Subsecretaría de la Diversidad, una instancia creada en el seno de la Secretaría, sin asignación presupuestaria, a fines del año 2021.

Ochoa se presentó con un evento especial en el patio norte del Centro Cultural Metropolitano, en donde manifestó su intención de conversar con los distintos sectores del activismo LGBTI sobre la construcción de una política pública que debería reemplazar a una que se trabajó -pero nunca se aprobó- durante el gobierno de Rafael Correa, y que fue simplemente archivada durante la gestión de Lenin Moreno, en cuyo Gabinete había resistencia a cualquier acercamiento con la diversidad sexual dada su popularidad sobre todo en sectores conservadores de Quito y Guayaquil.

Bernarda Ordóñez y Ricardo Chica acompañaron al nuevo funcionario Felipe Ochoa en la presentación.
Foto: Archivo PlanV

En su rendición de cuentas, los ex funcionarios de la secretaría de Derechos Humanos destacaron una serie de reuniones con organizaciones de la diversidad sexual para la preparación de las políticas públicas y también acercamientos con el Registro Civil para la inscripción de hijos de parejas homoparentales. También destacaron contactos con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos para que incluya algunas preguntas que permitan recopilar información sobre la comunidad LGBTI en futuras encuestas nacionales, en donde nunca se han aplicado de manera sistemática. 

El exámen periódico universal y la comunidad LGBTI

Hasta la salida de Ordóñez, la política pública para la comunidad LGBTI no fue presentada, a diferencia de la que se adoptó sobre la rehabilitación social, que fue anunciada por el propio presidente Lasso. Lo que sí quedó institucionalizado fue la Subsecretaría, que era una de las observaciones recurrentes al Ecuador en los últimos exámenes periódicos universales del Comité de los Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. En esa instancia se había observado la permanente negativa de los gobiernos ecuatorianos de crear una instancia pública que canalizara las demandas de la población LGBTI. 

Esta instancia internacional realiza, cada cinco años, un examen a los estados sobre el cumplimiento de los derechos humanos en su territorio. Los diplomáticos de cada país explican ante sus pares la situación de los derechos humanos, planteando generalmente las posturas de sus gobiernos y sus estados. En ese marco, organizaciones de la sociedad civil presentan los informes sombra, que permiten conocer con mayor independencia, las problemáticas sociales en cada país.

Para el examen que tendrá lugar en este año, varias organizaciones de la sociedad civil, entre ellas, Diálogo Diverso, formaron parte de un colectivo que ha presentado un informe sombra sobre la situación de miles de inmigrantes venezolanos en Ecuador, que además de su situación de vulnerabilidad humana, deben sumar la discriminación sistémica por ser parte de la diversidad sexo genérica. 

En su informe sombra, la organización Diálogo Diverso enfocó dos aspectos: en primer lugar, la situación de los migrantes LGBTI que provienen, en especial, de Venezuela, y, por otro, el incumplimiento de las recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos de la comunidad LGBTI que ya ha recibido el Ecuador en el pasado.

La diversidad sexual en Ecuador continúa teniendo varios problemas relacionados con discriminación. Foto: Luis Argüello. PlanV

Según el informe, la crisis económica producto de la pandemia en Ecuador afectó a la comunidad migrante en nuestro país, reduciendo sus posibilidades de encontrar trabajo. Las dificultades para lograr regularizarse en Ecuador o para obtener un contrato de arrendamiento también son destacadas en el informe sombra de esa organización.

Una situación que el informe destaca tiene relación con el trabajo sexual como forma de supervivencia en la comunidad LGBTI, en especial, de la que proviene de olas migratorias en el Ecuador. "Otro pivote de influjo en las vulneraciones, es el trabajo sexual por sobrevivencia. En la mayoría de los casos, las personas que se someten a la prostitución como una forma para generar recursos económicos, se encuentran al desamparo y se ven amenazadxs por redes de trata de personas".

La problemática afecta sobre todo a hombres gais venezolanos y a mujeres trans de la misma nacionalidad: "el trabajo sexual se convierte durante el trayecto migratorio en una alternativa de ingreso y subsistencia para hombres gais, que lo ejercen principalmente en las zonas urbanas cuando llegan a Colombia y durante el trayecto hacia Ecuador, pero que antes de salir de Venezuela refieren no haberlo hecho, es la crisis económica lo que les ha llevado a ejercer el trabajo sexual y/o prostitución".

Para Diálogo Diverso, la creación de la Subsecretaría de Diversidades en el Gobierno "es un aliciente, pero no existe una hoja de ruta política que diagrame los ejes inmediatos de acción. El propio ejercicio de la política pública demanda de un aparataje propio como recursos económicos, la ejecución de normativas, la capacitación y sensibilización de funcionarios públicos, de este modo, se alentarán cambios en beneficio de las poblaciones vulnerables".

Pero hay otros aspectos que no han sido atendidos a pesar de estar mencionados en recomendaciones de años pasados. Uno de ellos es el funcionamiento de "clínicas de deshomosexualización" que suelen estar vinculadas a grupos religiosos e iglesias pentecostales sobre todo en provincias de la Costa como Manabí, Los Ríos, Guayas y Santo Domingo. 

Ante la falta de información estatal sobre la comunidad -el informe destaca que el Instituto de Estadísticas y Censos, INEC, tiene pocos datos al respecto, la organización pone de relieve investigaciones y consultorías propias sobre todo de colectivos en situación de movilidad humana. 

"El país no ha configurado respuestas que tomen en cuenta las intersecciones de las diversidades sexogenéricas y el desplazamiento social, pues existe una mirada binaria hombre-mujer que invisibiliza a las demás diversidades", advierte el colectivo en su informe sombra.

La historia de Gabriela, una migrante trans

Tiene 28 años y es de Barinas, una región de Venezuela en donde la crisis nacional que desató el modelo chavista empezó a golpear fuerte hace pocos años. Ella es una mujer trans que vive de la prostitución desde los 14 años, en su pueblo natal. Hace tres años, la crisis económica, la falta de ingresos y la situación de su familia la expulsaron del país caribeño y ahora está instalada en Ecuador.

Gabriela es una mujer trans venezolana. Llegó al Ecuador tras una peripecia para cruzar Colombia. Fotos: Luis Argüello. PlanV

La mujer luce una minifalda, sandalías y un pequeño saco negro que la cubre del frío una mañana más bien lluviosa en Quito. Lleva por lo menos dos años en las calles de la capital ecuatoriana, dedicada al trabajo sexual, siempre bajo el temor de que organizaciones criminales que contralan las esquinas, sobretodo, en La Mariscal, la agredan o extorsionen.

La crisis en su país la motivó a migrar, destaca la mujer trans, quien recuerda que en 2019 la falta de dinero impedía comprar lo necesario como ropa, alimentos o medicación. "Ningún tipo de trabajo daba para vivir en Venezuela", dice, mientras recuerda que su familia empezó a alimentarse solo de arepas y otros productos de bajo precio. Un día, dice la joven, la precaria situación de su madre, que empezó a padecer por la falta de alimentos, la motivó a dejar Barinas.

Junto con otra chica trans salieron de Barinas hacia Cúcuta, en la frontera con Colombia y una vez en el país vecino "nos venimos caminando, de mochileras", explica. Pero su propósito no era quedarse en el Ecuador sino migrar a otros países, como España o Estados Unidos "así sea por la montaña", dice con una expresión de resolución en el rostro. La joven ya ha estudiado la ruta: salír hacia Medellín y desde ahí alcanzar Panamá y luego los Estados Unidos. 

Pero hay algo que la detiene: en su viaje al Ecuador, Gabriela ya pasó hambre, sed y frío, y debió vivir de la caridad de algunas personas y también de su oficio para poder llegar hasta nuestro país. El cruce de Colombia, en donde se internó en la amazonía del país vecino hasta llegar al Ecuador por La Hormiga y Lago Agrio, estuvo lleno de peligros y violencias que la mujer, con la dureza que da la calle, relata con absoluta tranquilidad. 

"Muchos se aprovecharon de mi orientación sexual y en varias ocasiones tuve que regalar mi cuerpo para comer", dice la joven, recordando su aventura al cruzar el territorio colombiano. Varias veces durmieron bajo las bancas de un parque hasta que lograron llegar a la frontera amazónica del Ecuador, no sin antes evadir a grupos armados y personas agresivas que las rechazaban por su identidad de género.

"Además de las guerrillas hay otras bandas en Colombia y son muy homofóbicas", explica, mientras recuerda que logró cruzar al Ecuador con los pies destrozados de tanto caminar. Ya en nuestro país, ella y su compañera de viaje fueron auxiliadas con vituallas y una pequeña cantidad de dinero por una organización no gubernamental.

Gabriela y su compañera se alojaran en Quito en el albergue católico San Juan de Dios, en el Centro Histórico, en donde no se sintieron bien tratadas por las trabajadoras sociales del lugar.

Con la ayuda de otra organización no gubernamental, que le dio $60, la mujer logró alquilar un cuarto por $40 mensuales y con el resto compró comida. Así empezó a instalarse en el circuito de la prostitución callejera en Quito, pues sostiene que es la única forma de subsistencia que conoce. 

Pero el trabajo sexual  en Quito está controlado por mafias que extorsionan a las mujeres trans. Para instalarse en el sector de la Plaza Foch hay que pagarles una  "entrada" de $150 a las bandas que controlan las esquinas, y hay que abonarles una "renta" de $50 a la semana para que les permitan trabajar. Esto ha expulsado a las transexuales hacia otros sitios del norte de la ciudad, en donde no operan estas mafias. Los grupos son agresivos y ella y otras de sus colegas, temen ser víctimas de agresiones físicas sino pagan las tarifas que les pretenden imponer.

La ayuda que ha recibido en Ecuador ha sido de organizaciones no gubernamentales, nunca del Estado, aunque cuando ha tenido problemas de salud ha recurrido a un centro de salud en el Centro de Quito en donde, destaca, ha tenido buena atención de los médicos.

"No se puede ahorrar en este país", dice la joven, que se ha dado modos para enviar dinero a su madre en Barinas a pesar de que en varias ocasiones ha tenido que dejar de comer. En algunos de sus familiares, explica, hay la creencia de que porque es soltera y vive en un país donde hay dólares como el Ecuador "estos caen del cielo". Asegura que hay mucha violencia por parte de los clientes de la prostitución trans en nuestro país. "Soy venezolana y siempre he trabajado en prostitución", destaca, "pero allá nunca vi cosas así", pues en varios de sus servicios sexuales ha tenido clientes tan violentos que ha llegado a temer por su vida.

Gabriela recibe ayuda de organizaciones no gubernamentales y subsiste de lo que consigue en su trabajo cotidiano. Pero no abandona su sueño de dejar el Ecuador e instalarse en otro país en busca de mejores días y de más recursos para poder ayudar a su madre en Barinas.

    Análisis    

Diálogo Diverso es una organización que trabaja con la diversidad sexual. Jorge Medranda es su coordinador. Fotos: Luis Argüello. PlanV

Jorge Medranda

Diálogo Diverso

Jorge Medranda es el coordinador de Protección de Derechos de Diálogo Diverso. Desde fines de 2021, y por invitación de Fundamedios, la organización empezó a participar en el proceso de elaboración del informe sombra en el ámbito de la diversidad sexual. Pero se encontraron con un primer obstáculo, que es la falta de información sobre los temas LGBTI en nuestro país. Esta, destaca Medranda, es una de las falancias del Estado ecuatoriano, que simplemente no ha levantado información de manera sistemática, por lo que no hay datos certeros. 

Eso motivó a Diálogo Diverso a usar los datos que habían levantado sus propias investigaciones, centrados sobre todo en la migración venezolana LGBTI. Un aspecto que llama la atención, destaca Medranda, es que la dura forma en la que el sistema trata a muchas personas de la diversidad sexual no les permite darse cuenta de las violaciones y agresiones de las que son víctimas. 

La organización ha levantado algunas cifras que evidencian falta de acceso a salud, trabajo y vivienda digna en la comunidad migrante LGBTI.  Medranda destaca que la gran mayoría de personas migrantes no están "en tránsito" como se dice desde el Estado, sino que ya son residentes en nuestro país y deben ser atendidos. 

"De entre todas las personas en movilidad humana, las LGBTI son las menos favorecidas por las interseccionalidad de varios factores", destaca Medranda, quien asegura que son pocas las organizaciones que atienden migración que brindan apoyo especializado.  Sin embargo, Medranda admite que los esfuerzos de las organizaciones no gubernamentales no son suficientes dada la magnitud de la problemática. 

En cuatro años, Diálogo Diverso ha atendido a por lo menos 25 mil personas, pero el número de personas LGBTI entre los por lo menos 500 mil migrantes venezolanos que se han instalado en Ecuador en los últimos años es incierto, destaca el experto.

"El Estado no hace nada al respecto, al momento no hay una política sobre las personas en movilidad humana y muchos menos en estas particularidades y especificidades", explica Medranda, quien destaca que en el primer año de Lasso la Subsecretaría de Diversidades no hizo más que anuncios que no se concretaron.

Medranda sostiene que es positivo que el actual Gobierno haya creado esa oficina, pero que ésta "aún no da frutos" mientras que los acercamientos con el INEC no son nuevos, pues el Instituto ha tenido diálogos con organizaciones de la sociedad civil desde hace por lo menos tres o cuatro años. Lo mismo ha ocurrido con la nueva política pública LGBTI que no se concentra hasta el momento.

Para el activista es importante destacar que ha habido algunos cumplimientos del Ecuador de las recomendaciones de los exámenes periódicos universales pasados. Por ejemplo, la implementación del matrimonio igualitario y la creación de una oficina especializada como la Subsecretaría de Diversidades. 

Pero hay otros temas reiterativos que el Estado no quiere cumplir: por ejemplo, desde 2014 que el Registro Civil insiste en emitir una cédula de indentidad para las personas transexuales, que es un documento "difícil de utilizar y francamente discriminatorio".

Medranda dice que la principal observación es que en el Ecuador, sobre todo en la Costa, siguen operando las "clínicas de deshomosexualización", casi siempre vinculadas a cultos religiosos. El experto sostiene que las clínicas se han multiplicado en el país desde 2013 y continúan habiendo reportes de personas internadas contra su voluntad en clínicas que Medranda considera "centros de tortura". El Ministerio de Salud se dedica a controlar las infraestructuras, pero sigue habiendo personas internadas ahí sin ningún tipo de patología mental.

Medranda cree que los problemas que se destacan en el exámen periódico universal se solucionarían con educación sobre la diversidad sexo genérica en las escuelas y colegios.