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24 de Octubre del 2022
Historias
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24 de Octubre del 2022
Redacción Plan V
El proceso anticorrupción del Gobierno de Lasso ya tiene agenda hasta 2025
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El presidente Guillermo Lasso y su secretario anticorrupción, Luis Verdesoto.  Foto: Presidencia de la República

 

El Gobierno presentará esta semana la instancia de coordinación interinstitucional que deberá promover la integridad en el manejo de lo público. La Secretaría de Prevención de la Corrupción concluyó las actividades de su plan de acción para el corto y mediano plazo. Se definieron los objetivos y actividades hasta 2025.


El Gobierno de Guillermo Lasso está en la recta final de su proceso de implementar un mecanismo de prevención de los hechos de corrupción en la administración pública. Para este martes 25 de octubre de 2022 se ha convocado a la Instancia Interinstitucional de Prevención de la Corrupción que agrupa a los poderes del Estado y que se reunirá por primera vez en el Salón de Banquetes de Palacio de Carondelet. 

El Plan de Acción de la Estrategia Anticorrupción. Ver PDF

Aunque en un principio se había propuesto que se llame Comisión Nacional Anticorrupción, el mismo nombre que tiene un colectivo de la sociedad civil, fuentes de Palacio dijeron que se prefirió más bien plantearla como una instancia de coordinación. El secretario anticorrupción, Luis Verdesoto, anunciará mañana, luego de la cita, los principales acuerdos a los que se llegue en la materia. Al evento asistirá el presidente de la República, Guillermo Lasso. 

Según precisó la Secretaría Anticorrupción, la Instancia Interinstitucional de Prevención de la Corrupción estará conformada por 10 miembros, 8 observadores estatales y 4 observadores no estatales. 

Los miembros son la Presidencia de la República, la Función Judicial, la Asamblea Nacional, la Función Electoral, la Función de Transparencia y Control Social, el Procurador General del Estado, el Contralor General del Estado, el Defensor del Pueblo, la Asociación de Municipalidades del Ecuador, y el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales. 

Los observadores estatales son el Servicio Nacional de Compras Públicas, la Unidad de Análisis Económico y Financiero, el Servicio de Rentas Internas, la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Control del Suelo y Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

Los observadores no estatales son Sociedad Civil, Prensa, Academia y Gremios de Empresarios y Trabajadores. Se espera que esta instancia permita generar una hoja de ruta interinstitucional y hasta 2025 realizar acciones de coordinación. 

El concepto de integridad

En la Secretaría Anticorrupción, por otro lado, se promueve el concepto de integridad, mucho más amplio que la simple persecución de delitos o de investigaciones de carácter judicial. En el pasado, la Secretaría Anticorrupción  de la Presidencia fue entendida como una suerte de fiscalía paralela, lo que motivó su supresión por pedido de la Fiscalía General del Estado en la administración de Lenin Moreno.

Pero el concepto de la actual administración sobre corrupción tiene muy poco del énfasis policial que caracterizó a gestiones anteriores y más allá de las consabidas denuncias en la Fiscalía, busca crear todo un cambio cultural. La Secretaría organizó la semana pasada un encuentro con varios expertos internacionales, que llegaron al país con el auspicio de la cooperación alemana. 

Fiorella Mayaute de la Cooperación Alemana.  Foto: PlanV

Fiorella Mayaute es la representante de la cooperación alemana en Ecuador, y destaca varias iniciativas para luchar contra la corrupción que superan lo meramente judicial. Habla de aspectos como evidenciar que hay estructuras que privilegian la corrupción, y la necesidad de apertura y rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos.  Si bien destaca que países como Ecuador deben decidir su política de acuerdo con su cultura y sus propias experiencias, es importante que se tomen insumos de otros países.

En la Secretaría Anticorrupción, se promueve el concepto de integridad, mucho más amplio que la simple persecución de delitos o de investigaciones de carácter judicial. En el pasado, la Secretaría Anticorrupción  de la Presidencia fue entendida como una suerte de fiscalía paralela.

Frederic Boehm es director de integridad pública de  la OCDE.  Foto: PlanV

Por su parte, Frederic Boehm, director de integridad pública de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) una organización que agrupa a 38 países en el mundo, entre ellos México. Costa Rica, Colombia y Chile, sostuvo durante el encuentro en Quito que se promueven a nivel internacional buenas prácticas y estándares internacionales, pero ninguna organización puede promover "soluciones mágicas". En 2017, la OCDE presentó sus 13 principios de integridad pública.

La organización define la integridad pública como "la alineación consistente y la adhesión a valores, principios y normas éticos compartidos para mantener y priorizar el interés público sobre los intereses privados en el sector público". La propuesta de la OCDE tiene tres pilares: Tener un sistema para reducir las oportunidades por comportamiento corrupto, Cambiar la cultura para hacer que la corrupción sea inaceptable socialmente y una rendición de cuentas que permita que que la gente sea responsable de sus acciones. 

La OCDE recomienda también evitar que las políticas públicas sean capturadas por intereses privados: "La captura de políticas, donde las decisiones públicas sobre las políticas se dirigen lejos del interés público hacia un interés especial, puede exacerbar las desigualdades y socavar los valores democráticos, el crecimiento económico y la confianza en el gobierno". También, ponerle especial atención a la contratación pública, que representa hasta un 13% del PIB de la OCDE. Ahí recomienda mantener "los principios y mecanismos para garantizar la integridad y frenar la corrupción en las compras públicas (integridad, transparencia, participación de los interesados, accesibilidad, compras electrónicas, y supervisión y control)". Se recomienda también una mayor transparencia en infraestructura pública.

Boehm explicó que se deben analizar las vulnerabilidades y cerrar las brechas por donde ocurren hechos de corrupción y que el concepto de integridad pública supera la ética personal. Para el experto, las narrativas en este tema tienen que apuntar hacia la integridad, pues hablar de corrupción tiene un efecto negativo que inclusive cambia el punto de referencia moral de cada persona. 

Boehm sostuvo también que en el caso ecuatoriano debe haber coherencia entre la labor de varias instituciones y una visión estratégica que permita comprometer a las entidades nacionales y locales.  En 2021, la OCDE realizó un estudio sobre integridad pública en Ecuador. 

Susana Silva, ex secretaria de integridad de Perú.  Foto: PlanV

Susana Silva fue secretaria de Integridad Pública en Perú y actualmente trabaja en la Defensoría del Pueblo del país vecino. La funcionaria peruana destaca el rol de los medios en las denuncias de corrupción en sus países, pues la mayoría de casos se conocen gracias a denuncias periodísticas. Inclusive, en Perú hay mecanismos de seguimiento de denuncias en conjunto con los medios y la participación del Consejo de la Prensa peruana. 

Aspectos como los conflictos de interés de los funcionarios -que deberían declararlos- las políticas sobre regalos y favores en el sector público,  y el nombramiento de oficiales de integridad en las instituciones son algunas de las medidas que destacó la experta peruana. Mencionó también el registro y control de las visitas a funcionarios públicos empezando por el presidente de la República, que son de acceso público y han permitido hacer cruces que han revelado tramas de corrupción en Perú. 

Carmen Paz es funcionaris de integridad de Chile.  Foto: PlanV

Carmen Paz, funcionaria de integridad del Gobierno de Chile, destacó que su país está bien evaluado en los rankings de lucha contra la corrupción en la región, pero eso ha evidenciado un cierto estancamiento. En su país se ha desarrollado una estrategia de integridad pública, pues no se puede destinar todos los recursos solo a sancionar. La estrategia adoptada en Chile toma en cuenta que algunos aspectos de corrupción se relacionan con el crimen organizado, y toma en cuenta a varios grupos y colectivos, como las mujeres y los migrantes, las universidades y los medios de comunicación, así como al sector privado.

Algunas de las herramientas usadas en Chile son son las declaraciones de intereses y patrimonio de los funcionarios, así como la regulación del cabildeo. Actualmente, funciona en Chile una plataforma en internet en la cual se deben registrar todos los llamados gestores de intereses, aun cuando lo hagan ad honorem. En cada dependencia pública debe haber gestión de integridad, mientras que se dede asegurar la protección al denunciante.

Para Paz, otro elemento clave es conocer los beneficiarios finales de la obra pública, aún cuando se trate de fideicomisos y entramados societarios. Finalmente, destaca la importancia del rol de la prensa y sostiene que se tiene que fomentar la integridad en el sector privado.

La acción anticorrupción en el corto y mediano plazo

Hasta el momento, la gestión anticorrupción del actual Gobierno se sustenta en varios documentos, producidos por el secretario Luis Verdesoto y su equipo.

El documento principal es la Estrategia Nacional Anticorrupción, así como los Lineamientos de la Política Nacional Anticorrupción y el Plan de Acción de la Estrategia Nacional Anticorrupción hasta 2025.

Las acciones estarán agrupadas, según se reseña en el Plan de Acción, en 11 grandes temas. Uno de los más importantes es la concientización de las dimensiones de la corrupción, sus causas y consecuencias, para lo cual se propone en este año diseñar 36 módulos de auto capacitación en la problemática que estarán disponibles en un aula virtual. En 2023 se subirán tres módulos más. Hasta 2025 se harán campañas de difusión de esos contenidos.

El proceso también llegará a las aulas y en 2023 se realizarán cuatro guías para los textos escolares y una capacitación masiva para los docentes, proceso que continuará hasta 2025. Así mismo, entre 2022 y 2025 se realizarán ciclos temáticos de conversatorios y conferencias con apoyo de la cooperación internacional. En lo comunicativo, se planifican actividades hasta 2025 como la difusión del glosario de términos y campañas comunicativas sobre la temáticas varias veces al año.

Otro eje que se destaca en el documento es la competencia compartida entre múltiples actores del sector público y la definición de estrategias institucionales anticorrupción. De ahí que entre 2023 y 2025 se espera elaborar 15 estrategias institucionales y sectoriales anticorrupción. En ese mismo periodo, se espera que por lo menos 20 gobiernos seccionales se adhieran a las estrategia nacional.

En el caso del sector privado, hasta 2025 se propone una mesa anual y un acuerdo colaborativo con el sector privado. Se promoverá en las instituciones un programa de buenas prácticas anticorrupción, que entregará hasta 2025 42 reconocimientos a instituciones que las cumplan. Igualmente se creará un reconocimiento para actos éticos de los funcionarios y se espera entregar 55 antes de que termine la actual administración.

En los próximos tres años, se harán igual número de mesas de trabajo con la participación de la sociedad civil, medios de comunicación y universidades que producirán un estudio temático al año.

Un eje clave tiene que ver con la lucha focalizada contra la corrupción en determinados ámbitos de la sociedad ecuatoriana. Ahí se podrán en práctica grupos de tarea encabezados por expertos internacionales en áreas clave de los sectores en donde se pueden producir más actos de corrupción.

Un eje clave tiene que ver con la lucha focalizada contra la corrupción en determinados ámbitos de la sociedad ecuatoriana. Ahí se podrán en práctica grupos de tarea encabezados por expertos internacionales en áreas clave de los sectores en donde se pueden producir más actos de corrupción.

En Petroecuador habrá tres grupos de tarea anticorrupción.  Foto: Petroecuador

Por ejemplo, se preveén tres equipos en Petroecuador en áreas como Exploración, Refinación y Comercio Internacional. 

En el Ministerio de Energía, en los contratos y servicios de explotación de hidrocarburos. En Telecomunicaciones, en áreas como el Espectro 5G, las radios y la concesión de telecomunicaciones. En Salud, en la contratación y provisión de medicamentos. En el IESS, la contratación de medicamentos. En Energía y Minas, en las áreas de nuevos proyectos de generación eléctrica, pérdidas negras en comercialización de energía, y concesión de áreas mineras. Finalmente, en el Ministerio de Finanzas habrá un equipo en el área de financiamiento y banca pública. En total, se contará con 11 expertos internacionales y 35 expertos nacionales. Hasta 2025, se espera ejecutar por lo menos 22 intervenciones en estos sectores. Paralelamente, se harán diagnósticos y mapas de riesgos de cada una de las instituciones priorizadas hasta 2025.

Sobre el narcotráfico, el Plan establece que entre 2023 y 2025 se elaborará un estudio de posibles riegos de corrupción derivados del narcotráfico, que debería concluir con una estrategia específica de riesgos del narcotráfico en 2025.

Buena parte de la propuesta se implementará por medio de un portal, que tendrá acceso a información pública sobre el progreso de la gestión anticorrupción y una parte de acceso restringuido solo a funcionarios.

 

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