Corría el mes de noviembre de 1991 y en Quito, había inquietud por una serie de homicidios. Las víctimas eran asesinadas a sangre fría, y se trataba de taxistas, homosexuales y choferes. Por lo menos 22 personas aparecieron muertas hasta el mes de enero de 1992, y la Policía intentaba dar con los responsables de los crímenes. 

Para el 16 de enero de 1992, la Policía había ubicado al presunto cabecilla de una banda de menores de edad que, fuertemente armados, cometían los homicidios en las noches. Se trataba de un joven de 16 años, Juan Fernando Hermosa Suárez, quien comandaba lo que entonces se denominó "La pandilla del terror". Hermosa vivía con sus padres adoptivos, Olivo Hermosa Fonseca y Zoila Amada Suárez Mejía en una casa al norte de Quito. 

Esa madrugada, cerca de las 04:30, efectivos del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) de la Policía Nacional, al mando del mayor Fausto Terán Bustillos, allanaron el domicilio de la familia Hermosa Suárez, ubicado en la América y Diguja. Juan Fernando Hermosa se encontraba durmiendo en la misma cama junto a su madre adoptiva.

En el instante en que tuvo lugar el operativo, reinó la confusión. Los vecinos empezaron a escuchar el sonido de disparos e, inclusive, estalló una granada en el ingreso a la vivienda. Cuando el humo se disipó, Amada Suárez había muerto, y en su cuerpo se encontraron 11 impactos de bala, mientras que Hermosa fue capturado ileso en momentos en que intentaba escapar por una ventana posterior.

Según la información de la Policía, en manos del joven se encontraron armas de grueso calibre, entre estas, una subametralladora que él habría disparado en contra de la Fuerza Pública. La Policía dijo también que la granada que estalló la había accionado el presunto asesino múltiple. 

Tras su captura, y dado que era menor de edad, Hermosa fue procesado con la legislación vigente en la época, y aunque admitió los homicidios, responsabilizó de la autoría intelectual de los crímenes a un ex oficial del Ejército. En 1993 huyó del centro de rehabilitación de menores Virgilio Guerrero, matando a sangre fría a un policía, y tras ser recapturado, fue condenado a cuatro años de cárcel.

Tras cumplir su pena, en 1996, Hermosa se fue a vivir a la provincia de Sucumbíos, en la finca de su padre, pero fue asesinado por desconocidos y su cadáver, con signos de tortura, apareció a orillas del río Aguarico. 

¿Ejecución extrajudicial?

Pero desde esa época, la muerte de la mujer en el operativo despertó sospechas. La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) que dirige la misionera católica Elsie Monge, elaboró un documento en el que precisó que “El asesinato, se presenta, desde el principio, con muchos vacíos acusatorios contra la Comisaría Cuarta y la Policía Nacional. En efecto, no hubo levantamiento del cadáver en el sitio, pues varios testigos vieron sacar el cadáver de la señora Zoila de Hermosa a otro lugar”.

Olivo Hermosa Fonseca, quien tenía una propiedad en Shushufindi, no se encontraba en el lugar al momento del allanamiento, y fue a la morgue de la Policía a reclamar el cuerpo de su mujer. 

Hermosa Fonseca dijo a la CEDHU que “la policía en un primer momento indicó que el asesinato de su esposa se trató de una equivocación. Pero inmediatamente denuncié -debido a las implicaciones que fueron de conocimiento público- que la eliminación física de mi mujer, respondía a un premeditado objetivo de asesinarla para eliminar la principal testigo sobre los militares que llegaban a casa de mi esposa -entre los que se destacaba el general Joffre Lima- para actuar y organizar las bandas que asolaban de muerte a los taxistas y homosexuales de Quito”.

Añade que: “se decía -por parte de la Policía- que no había ningún lazo entre los jóvenes delincuentes y algunos militares, que todo [lo que hacían los jóvenes] respondía a intentos simples y llanos de robo. Es el militar nombrado el principal responsable de estos hechos de sangre, [en] que los chicos no participaron, sino como anzuelo pero que eran militares los que eliminaban a los taxistas. En una segunda declaración se retractó debido a las presiones de la Policía que, al mando del mayor Fausto Terán Bustillos, quería ocultar todo lo narrado y dejar impunes los crímenes y sin que se conozcan los motivos”.

La CEDHU también tomó la declaración de Juan Fernando Hermosa Suárez, quien dijo “si yo era el que mataba, supuestamente, por qué no me dispararon a mí. Sino que le dispararon a mi madre, para silenciarla de todo y que ella no pueda decir nada”.

Según la CEDHU, Hermosa dijo que “trabajaba para militares. Le iban a pagar 10 millones de sucres". El militar en servicio pasivo aludido por Hermosa, sin embargo, desvirtuaría las acusaciones en su contra por parte del joven. 

El caso forma parte del Informe de la Comisión de la Verdad, que fue creada por el Gobierno en 2007 para investigar las violaciones a derechos humanos cometidas, fundamentalmente, durante el Gobierno del ex presidente León Febres Cordero. Los comisionados para la elaboración del Informe fueron la misionera Elsie Monge Yoder (Presidenta), el abogado Julio César Trujillo Vásquez, el obispo católico Luis Alberto Luna Tobar, y el activista Pedro Restrepo Bermúdez, padre de los hermanos Restrepo. Un Comité de Soporte estuvo integrado por Clara Merino, Francisco Acosta, Gabriela Espinoza, Mireya Cárdenas y Ramiro Ávila.

En la página 371 del resumen ejecutivo del Informe, signado como el caso número 77 y con el expediente 412025 aparece la muerte de Amada Suárez con la siguiente descripción: "Madre de supuesto delincuente juvenil ejecutada por miembros de la Policía mientras dormía junto a su hijo Juan Fernando Hermosa, presunto delincuente juvenil y jefe de un grupo delincuencial. El hecho se produjo en la ciudad de Quito en enero 1992". A renglón seguido, el informe precisa que los presuntos responsables serían "1. Lima Iglesias Joffre Gaitán, 2. Terán Bustillos Fausto Marcelo".

El Informe, que fue hecho público en 2010, contiene el estudio de 118 casos, de los que siete han sido judicializados por la Fiscalía General del Estado. 

El proceso

El 25 de septiembre de 2015, la Fiscalía concurrió a una audiencia de formulación de cargos en contra de ocho ex policías, a los que la fiscal Paola Gallardo sindicó como posibles involucrados en  lo que el Ministerio Público, acogiendo la recomendación de la Comisión de la Verdad, llama una ejecución extrajudicial. Para diciembre de ese mismo año, cinco personas más fueron vinculadas a la investigación, que actualmente tiene por lo menos trece procesados. 

Fue el propio fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, quien acudió a la Corte Nacional de Justicia para pedir la vinculación al caso de Lenin V., comandante general de la Policía en 1992, Jorge Z., comandante del GIR para 1992, Efraín R., jefe de la Oficina de la Investigación del Delito en 1992, de los comisarios segundo y cuarto de Pichincha de la época; y de tres integrantes del GIR que fueron parte del operativo. También está sindicado el entonces capitán Juan R. quien llegó al grado de general inspector en la Policía y quien participó en el operativo. 

La Fiscalía argumenta que la muerte de Amada Suárez es una ejecución extrajudicial, cometida por agentes del Estado (en este caso policías) por lo que sería imprescriptible y podría ser investigada a pesar del tiempo transcurrido.  Otro elemento para calificar de esta forma al presunto delito cometido es que no se le permite a la víctima el derecho a la legítima defensa, ni la muerte ha ocurrido en el marco de un conflicto armado. 

La indagación se cerró y la audiencia para formulación de cargos está prevista para el 11 de marzo. El presunto delito consta en el nuevo Código Penal pero no en las normas penales vigentes en la época. 

Las tesis de la defensa

El abogado Ramiro García defiende al general (r) Juan R. Para el jurista, se incluyó de manera indebida el caso de Amada Suárez en el Informe de la Comisión de la Verdad. García recuerda que el plazo de prescripción de los delitos, con el anterior Código Penal, era de diez años, pero solo los casos de delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. Para García, la muerte de Amada Suárez no es un caso de un delito de lesa humanidad ni un caso de una grave violación de derechos. 

García recordó que Hermosa cometió 22 asesinatos, por lo que era un "asesino serial, que actuaba con sangre fría y crueldad". También sostiene que Hermosa usaba armamento prohibido, como balas con punta hueca tipo dum-dum, que inclusive están prohibidas por la Convención de Ginebra y que no usa la Policía. Según el abogado, en varios de los asesinados por Hermosa se encontraron este tipo de balas de uso prohibido. 

Según la versión de la defensa, la Policía ingresó a la casa de Hermosa y fue recibida a tiros y con una granada. La espoleta de la granada fue encontrada en el interior de la casa. El joven habría disparado con un subametralladora, mientras que la Policía no hizo disparos. Hermosa fue detenido mientras disparaba para huir, y, estima García, "no fue necesario" que la fuerza pública abra fuego. El abogado precisa que las balas encontradas en el cuerpo de la madre de Hermosa eran del mismo tipo de bala expansiva que tenía el joven homicida, y que no se trataba del armamento de dotación policial. 

Un testigo presentado por la Fiscalía sería uno de los integrantes de la banda de Hermosa, quien luego se retractó de su violación. Para García, no se ha demostrado que la Policía haya cometido un homicidio, pues no habría indicios de los disparos cometidos por la Policía, sino más bien, que Amada Suárez fue alcanzada por los disparos hechos por el propio Juan Fernando Hermosa en su intento de huir. 

Sobre el concepto de ejecución extrajudicial, García sostiene que no se puede hablar de que se haya cometido dicho delito. En su opinión, el Informe de la Comisión de la Verdad es "poco serio en lo jurídico", mientras que afirma que la Fiscalía "mezcla paja con heno",  ya que el Ministerio Público pretende aparecer como un defensor de derechos humanos. 

Mientras la Fiscalía ha declarado que hasta la muerte del presidente Jaime Roldós puede haber sido una "ejecución extrajudicial", García sostiene que la muerte de una persona puede tener distintas valoraciones según las circunstancias. Para que haya "ejecución extrajudicial" debería haber un estado doloso de someter a la víctima a indefensión, pues no sería necesario solamente que la muerte haya sido cometida por empleados del Estado.

Para el abogado, hay motivaciones políticas en el proceso en contra de los 13 ex oficiales de Policía, pues si una persona murió fortuitamente en medio de un cruce de balas no se podría considerar que hubo una ejecución extrajudicial. 

"La hipótesis de la Fiscalía es delirante", pues la trama de los crímenes de Juan Fernando Hermosa se trata, por una parte, de un caso de delincuencia común -una banda dedicada a robar y matar- y por otra, de un operativo policial para detener a dicha banda, concluye García.